COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL. LOS CONVENIOS RELATIVOS CELEBRADOS ENTRE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SÓLO REQUIEREN PARA SU VALIDEZ, QUE SE PUBLIQUEN TANTO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN COMO EN EL PERIÓDICO OFICIAL RESPECTIVO, PERO NO DE SU APROBACIÓN POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES CORRESPONDIENTES.
REVISIÓN FISCAL 44/2007. SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS, EN AUSENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS AUTORIDADES.
CONSIDERANDO:
SEXTO. El agravio propuesto por la autoridad recurrente amerita el análisis siguiente.
En primer lugar, importa destacar que en la sentencia impugnada, la Sala Fiscal decretó la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, así como de la diversa que fue materia del recurso de revocación, en términos de los aplicables artículos 238, fracción II, y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por considerar que en términos de lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, era necesario que se citara en la orden de visita domiciliaria, antecedente de la segunda resolución, la fecha de publicación en los medios oficiales de difusión, del decreto en que el Congreso del Estado de Yucatán aprobó el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal que, entre otros, funda la competencia material de la autoridad fiscal que la emitió, fecha que negó conocer la actora, así como que se hubiera aprobado dicho convenio, lo que hizo evidente la falta de fundamentación de la competencia de la autoridad demandada.
En una parte del agravio propuesto la autoridad recurrente aduce que es ilegal la sentencia recurrida, toda vez que el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, sólo establece que el convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal sea aprobado por la Legislatura del Estado de que se trate, mas no el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, como consideró la Sala Fiscal, que por decreto número trescientos cincuenta y nueve, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 22 veintidós de julio de 1980 mil novecientos ochenta, el Congreso aprobó el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán, fecha de publicación que se citó en el acto de molestia impugnado.
Los argumentos que anteceden son en esencia fundados, por lo siguiente:
En el oficio 0009/2002 de 18 dieciocho de julio de 2002 dos mil dos, emitido por el director de auditoría y fiscalización de la Secretaría de Hacienda del Estado de Yucatán, que contiene la orden de visita domiciliaria que se localiza en los folios 201 a 203 del juicio de nulidad del que deriva la sentencia recurrida, consta que se emitió con fundamento, entre otros dispositivos legales, en la cláusula primera del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 veintiocho de diciembre de 1979 mil novecientos setenta y nueve, y en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 22 veintidós de julio de 1980 mil novecientos ochenta; y en las cláusulas segunda, fracciones I y II, tercera, cuarta, séptima, primer párrafo, y octava, fracción III, del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 veintinueve de noviembre de 1996 mil novecientos noventa y seis, y en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 6 seis de diciembre siguiente, modificado sucesivamente mediante acuerdo de 2 dos de julio de 1997 mil novecientos noventa y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 veintidós de agosto siguiente, y en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 21 veintiuno del mismo mes y año, acuerdo de 5 cinco de noviembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 seis de diciembre siguiente y en el Diario Oficial del Estado el 7 siete del mismo mes y año.
Dichos convenios establecen, en la parte que interesa, lo siguiente:
"Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que en lo sucesivo se le denominará la ‘Secretaría’, representada por su titular, el C. licenciado David Ibarra Muñoz, y el C. licenciado Guillermo Prieto Fortún, subsecretario de ingresos, y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Yucatán, al que en lo sucesivo se le denominará el ‘Estado’, representado por los CC. doctor Francisco Luna Kan, licenciado Mario Bolio Granja y contador público Ana Beatríz Achurra de Vales, en su carácter de gobernador constitucional, secretario general de gobierno y directora general de hacienda del Estado, respectivamente; con fundamento en los siguientes artículos de la legislación federal: 31, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con los artículos 2o., 10, 11 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal; y en la legislación estatal: artículos 55, fracciones I y II, y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 11, 16, fracción III, inciso b) y 19, fracciones I y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del propio Estado; y ...
"Cláusulas:
"Primera. El Estado conviene con la secretaría en adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, de este convenio y de sus anexos, que se consideran formando parte integrante del mismo.
"La Ley de Coordinación Fiscal citada en este documento, es la publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 1978."
Cabe señalar que en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán de 22 veintidós de julio de 1980 mil novecientos ochenta, se publicó el Decreto número 359, que dice:
"Decreto número 359.
"Se aprueba el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán.
"Doctor Francisco Luna Kan, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán a sus habitantes hago saber:
"Que el XLVIII Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán, decreta:
"Se aprueba el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebran el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representada por su titular señor licenciado David Ibarra Muñoz, y el licenciado Guillermo Prieto Fortún, como sub-secretario de ingresos, y el Gobierno del Estado, representado por el gobernador constitucional del mismo, doctor Francisco Luna Kan, licenciado Mario A. Bolio Granja, como secretario de gobierno, y la señora Ana Beatríz Achurra de Vales, como directora general de Hacienda del Gobierno del Estado.
"Artículo Primero. Se aprueba el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representada por su titular señor licenciado David Ibarra Muñoz, y el licenciado Guillermo Prieto Fortún, como sub-secretario de ingresos, y el Gobierno del Estado representado por el gobernador constitucional del mismo, doctor Francisco Luna Kan, licenciado Mario A. Bolio Granja, como secretario de gobierno, y la señora Ana Beatríz Achurra de Vales, como directora general de Hacienda del gobierno del Estado, convenio que a la letra dice:
"...
"Dado en la sede del Poder Legislativo, en Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos a los quince días del mes de julio del año de mil novecientos ochenta. D.P.F. Sarlat S. D.S.A González C. D.S.F. Alpuche G. Rúbricas." y
"Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán.
"El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que en lo sucesivo se denominará la ‘Secretaría’, representada por su titular el C. Dr. Guillermo Ortiz Martínez, y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Yucatán al que en lo sucesivo se denominará el ‘Estado’, representado por los CC. Víctor Manuel Cervera Pacheco, Lic. Mirna Hoyos Schlamme y C.P. Rafael Casellas Fitzmaurice, en su carácter de gobernador constitucional, secretaria general de gobierno y secretario de Hacienda y Planeación del Estado, respectivamente, con fundamento en los siguientes artículos de la legislación federal: 25, 26 y 116 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, fracciones II, XI, XIV, XV y XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 6o., fracción XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación con los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal; y en la legislación estatal, en los artículos: 16, 44, 55, 57, 60, 86 y 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; y 1, 6, 8, 15, 16, 32, fracciones XXV, XXVII y 33, fracciones I, II, III, IV, VI, IX y XXXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del propio Estado, y
"...
"México, D.F., a 25 de octubre de 1996. Por el Estado: el gobernador constitucional, Víctor Manuel Cervera Pacheco. Rúbrica. La secretaria general de gobierno, Mirna Hoyos Schlamme. Rúbrica. El secretario de hacienda y planeación, Rafael Casellas Fitzmaurice. Rúbrica. Por la secretaría: el secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Ortiz. Rúbrica."
Ahora, el artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 veintisiete de diciembre de 1978 mil novecientos setenta y ocho, a que se refiere el convenio de adhesión al sistema Nacional de Coordinación Fiscal aludido, establecía:
"Artículo 10. Los Estados que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que establezca esta ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su Legislatura. También, con autorización de la Legislatura podrán dar por terminado el convenio.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de que se trate, ordenarán la publicación en el ‘Diario Oficial’ de la Federación y en el periódico oficial del Estado, respectivamente, del convenio celebrado, por el cual el Estado se adhiera; del acto por el que se separe del sistema; y de los decretos de la Legislatura del Estado por los cuales se autoricen o aprueben dichos actos, que surtirán efectos a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe en último lugar.
"La adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal deberá llevarse a cabo integralmente y no sólo en relación con algunos de los ingresos de la Federación.
"El Distrito Federal queda incorporado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
"Los Estados que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán en los impuestos especiales a que se refiere el inciso 5o. de la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, en los términos que establecen las leyes respectivas."
A su vez, los artículos 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente al 25 veinticinco de octubre de 1996 mil novecientos noventa y seis, en que se celebró el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán, establecían:
"Artículo 13. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Gobiernos de los Estados que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las entidades o de los Municipios cuando así se pacte expresamente.
"En los convenios a que se refiere este artículo se especificarán los ingresos de que se trate, las facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se publicarán en el periódico oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Federación, y surtirán sus efectos a partir de las fechas que en el propio convenio se establezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"La Federación o el Estado podrán dar por terminados parcial o totalmente los convenios a que se refiere este precepto, terminación que será publicada y tendrá efectos conforme al párrafo anterior.
"El Ejecutivo Federal, mediante acuerdo, coordinará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal, en las materias a que este precepto se refiere. Las facultades que se otorguen al Departamento del Distrito Federal serán ejercidas por las autoridades fiscales del mismo.
"En los convenios y en el acuerdo señalado en este precepto, se fijarán las percepciones que recibirán las entidades o sus Municipios, por las actividades de administración fiscal que realicen."
"Artículo 14. Las autoridades fiscales de las entidades que se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las de sus Municipios, en su caso, serán consideradas, en el ejercicio de las facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, como autoridades fiscales federales. En contra de los actos que realicen cuando actúen de conformidad con este precepto, sólo procederán los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes federales.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conservará la facultad de fijar a las entidades y a sus Municipios los criterios generales de interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de las reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y acuerdos respectivos." y
"Artículo 15. La recaudación de los ingresos federales se hará por las oficinas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas autorizadas por las entidades, según se establezca en los convenios o acuerdos respectivos.
"Cuando la entidad recaude ingresos federales, los concentrará directamente a dicha secretaría y rendirá cuenta pormenorizada de recaudación. La secretaría, también directamente, hará el pago a las entidades de las cantidades que les correspondan en el fondo establecido en el artículo 2o. y pondrá a su disposición la información correspondiente. Se podrá establecer, si existe acuerdo entre las partes interesadas, un procedimiento de compensación permanente.
"Las entidades coordinadas con la Federación en materia de tenencia o uso de vehículos deberán rendir cuenta comprobada por la totalidad de la recaudación que efectúen de este impuesto.
"La falta de entero en los plazos establecidos dará lugar a que las cantidades respectivas se actualicen por inflación y a que se causen, a cargo de la entidad o de la Federación, intereses a la tasa de recargos que establezca anualmente el Congreso de la Unión para los casos de autorizaciones de pago a plazo de contribuciones.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá compensar las cantidades no concentradas por la entidad, con las cantidades que a ésta correspondan en los fondos de participaciones establecidos por esta ley."
De toda esta normatividad se advierte que conforme al artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, los Estados que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que establece dicha ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser aprobado por su Legislatura, debiendo ordenar ambas partes la publicación del aludido convenio de adhesión en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico oficial del Estado de que se trate.
Por su parte, el artículo 13 de la citada ley, prevé que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Gobiernos de los Estados que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, estableciendo como único requisito que sea publicado en el periódico oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Federación.
De donde se sigue que, tal como señala la autoridad recurrente, conforme al artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, sólo el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que celebren la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los Estados, requiere aprobación por su legislatura, el cual deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico oficial del Estado de que se trate, lo que se cumplió respecto del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán, pues consta que el mismo se aprobó por su legislatura mediante decreto número 359 trescientos cincuenta y nueve, así como que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 veintiocho de diciembre de 1979 mil novecientos setenta y nueve, y en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 22 veintidós de julio de 1980 mil novecientos ochenta.
De ahí que resulte inexacta la interpretación que de dicho precepto legal realizó la Sala Fiscal en cuanto a que el convenio de colaboración en materia fiscal federal debe ser aprobado por la Legislatura del Estado de que se trate, pues como se dejó visto, ese requisito sólo debe observarse respecto del convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que establece la Ley de Coordinación Fiscal, mas no del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal.
Es así, ya que conforme al artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Gobiernos de los Estados que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, y establece como único requisito que sea publicado en el periódico oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Federación, lo que se observó con el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Yucatán, que sustenta el oficio de información antecedente de la resolución impugnada, ya que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 veintinueve de noviembre de 1996 mil novecientos noventa y seis, y en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 6 seis de diciembre siguiente, modificado sucesivamente mediante acuerdo de 2 dos de julio de 1997 mil novecientos noventa y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 veintidós de agosto siguiente y en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 21 veintiuno del mismo mes y año, acuerdo de 5 cinco de noviembre de 1999 mil novecientos noventa y nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 seis de diciembre siguiente y en el Diario Oficial del Estado el 7 siete del mismo mes y año.
Así, al quedar demostrado que el convenio de colaboración en materia fiscal federal no requiere de aprobación por la Legislatura del Estado de que se trate, es incorrecto que la Sala Fiscal declarara la nulidad de la resolución impugnada, así como de la diversa que fue materia del recurso de revocación, por la falta de cita en el oficio que contiene la orden de visita domiciliaria, de la fecha de publicación en los medios oficiales de difusión del decreto en el que el Congreso del Estado de Yucatán aprobó dicho convenio de colaboración que, entre otros, funda la competencia material de la autoridad fiscal que la emitió, razón por la cual, procede revocar la sentencia que se revisa, y como existen en la demanda de nulidad diversos argumentos de ilegalidad, respecto de los cuales no se pronunció la Sala Fiscal, se estima necesario devolverle los autos del juicio natural 1448/04-16-01-6, a fin de que se avoque y proceda a analizar los argumentos omitidos y, en consecuencia, reasumiendo su libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda, toda vez que los Tribunales Colegiados Circuito, cuando fungen como revisores en materia fiscal, no están facultados para abordar el estudio de los argumentos no examinados por el órgano de jurisdicción natural, pues en ese supuesto no es aplicable el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/91, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 48, Tomo VIII, noviembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.-El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituyen medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, ‘se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...’, ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas."
Visto el resultado a que se llegó es innecesario que este tribunal analice los restantes argumentos planteados por la recurrente, pues ello a nada práctico conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud de los diversos argumentos que resultaron fundados.
Al caso resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o.A. J/9, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se comparte, consultable en la página 2147, Tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si del análisis de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se analicen los restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada práctico conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud del agravio que resultó fundado."
Finalmente, importa destacar que el criterio inmerso en esta ejecutoria es similar al que sustentó este tribunal el 7 siete de febrero, 22 veintidós, 28 veintiocho de marzo y 3 tres de abril, todos del año en curso, al resolver las revisiones fiscales 203/2006, 9/2007, 7/2007 y 235/2006.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 238, 239 y 248 del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Es procedente y fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por el subprocurador fiscal federal de amparos, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de ingresos, de egresos, del oficial mayor y del procurador fiscal de la Federación.
SEGUNDO.-Se revoca la sentencia recurrida dictada el seis de diciembre de dos mil seis, por la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad 1448/04-16-01-6, para los efectos señalados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria.
Notifíquese como corresponda; anótese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Luis Armando Cortés Escalante como presidente, Elvira Concepción Pasos Magaña y Gabriel Alfonso Ayala Quiñones, siendo ponente el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20289-526b1023/colaboracion-administrativa-en-materia-fiscal-federal-los-convenios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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