IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL SE AVOQUE A SU ESTUDIO NO BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA SEÑALE DE MANERA DOGMÁTICA, SINO QUE DEBE EXPONER LAS RAZONES O MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA SU ACTUALIZACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 484/2005. SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS.
CONSIDERANDO:
SEXTO. De las constancias glosadas en el juicio de garantías, específicamente del informe justificado rendido por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se advierte que éste manifestó lo siguiente:
"... operan las causales de improcedencia previstas en el artículo 73, fracciones V y VI de la Ley de Amparo, por ello solicito atentamente que, con fundamento artículo (sic) 74, fracción III, de la ley de la materia, se decrete el sobreseimiento de este juicio constitucional ..." (foja 93 del expediente de amparo).
En torno al argumento transcrito, la Juez de Distrito no emitió pronunciamiento alguno. Consecuentemente, este Tribunal Colegiado se ocupa del mismo en los términos siguientes:
Son inatendibles las causas de improcedencia invocadas por la referida autoridad responsable, toda vez que dicha responsable no hace más que señalar de manera dogmática que operan las causas de improcedencia contenidas en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Empero, no basta que la responsable señale que se actualizan determinadas fracciones o numerales en que se contienen diversas causas de improcedencia, sino que es necesario que exponga las razones o motivos por los cuales considera que tales supuestos se actualizan, para que este órgano colegiado esté en posibilidad de estudiar las mismas.
Considerando la amplia gama de supuestos que pueden contenerse en una sola de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo, no se sabría con exactitud cuál de ellas pretende invocar la responsable y, además, de considerar que es suficiente la simple cita de la fracción en que se contiene alguna de las causas de improcedencia aducidas para proceder al estudio de las mismas, cuando no se ha expuesto ningún argumento encaminado a acreditar la actualización de tal supuesto, sería tanto como suplir la deficiencia de la autoridad, quien tiene la obligación de exponer en el informe justificado las razones por las cuales considera que se actualiza determinada causa de improcedencia, además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes.
Resulta aplicable al respecto el criterio sustentado en este Tribunal Colegiado en la jurisprudencia número (TC0150079AK5) J/5, pendiente de publicar, que dice:
" No basta que la autoridad responsable señale de manera dogmática que se actualizan ciertas causas de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo para que el órgano jurisdiccional se avoque a su estudio, sino que es necesario que aquella exponga las razones o motivos por los cuales considera que en el caso tales supuestos se actualizan. Lo anterior es así, toda vez que, considerando la amplia gama de supuestos que pueden contenerse en una sola de las fracciones del numeral antes invocado, no se sabría con exactitud cuál de ellas pretende invocar la responsable y, además, de considerar que es suficiente la simple cita de la fracción en que se contiene alguna de las causas de improcedencia aducidas, para proceder a su estudio, cuando no se ha expuesto algún argumento tendente a acreditar la actualización de tal supuesto, sería tanto como suplir la deficiencia de la autoridad, quien en su informe justificado tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza determinada causa de improcedencia, además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes."
En tales términos ha quedado analizado el argumento de improcedencia que omitió la Juez de Distrito.
SÉPTIMO. Considerando que en el presente asunto no subsiste problema en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, al no advertirse oficiosamente la actualización de alguna hipótesis de improcedencia, ni existir pendientes de análisis las invocadas por las partes, resta únicamente hacer el examen de las cuestiones de constitucionalidad y legalidad planteadas por la autoridad recurrente, toda vez que respecto del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos vigente en dos mil cinco, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia sobre el tema de fondo del asunto.
En tales condiciones, este Tribunal Colegiado procede al examen de los agravios de la revisión hechos valer por la autoridad recurrente, en lo referente a los aspectos de fondo del asunto.
OCTAVO. Son ineficaces los argumentos que la autoridad recurrente hace valer en el primer agravio del recurso de revisión, en lo que concierne a los aspectos de constitucionalidad, atentas las consideraciones que se exponen a continuación.
En los motivos de inconformidad contenidos en el primer concepto de agravio, la autoridad recurrente sostiene en lo medular que el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos no es violatorio de garantías, pues considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el principio de proporcionalidad y equidad se determina por la razonable correlación entre el costo del servicio y el monto de la cuota, pero que este criterio no es aplicable para todos los tipos de derechos; que la cuota a que se alude en el artículo reclamado, al establecer una tasa de 8 al millar sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación, no debe atender a los principios de proporcionalidad y equidad, ya que el monto de la cuota se encuentra determinado en función del valor que tengan los bienes que al efecto esté importando el contribuyente, lo cual será directamente proporcional a las posibilidades económicas y sociales del mismo (foja 11 del toca).
Resultan ineficaces los argumentos en estudio, porque con los mismos se pretende combatir una cuestión que ya quedó debidamente dilucidada mediante jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; siendo que lo así determinado por ese Alto Tribunal es de observancia obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo.
Luego, debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte combatida, en que se concedió el amparo a la quejosa en contra del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, vigente a partir de dos mil cinco (foja 203 del expediente de amparo).
Para conceder la protección federal solicitada, la Juez de Distrito expuso en lo medular que por establecer un derecho en función del valor del bien importado, transgrede en perjuicio de la quejosa el artículo 31, fracción IV, constitucional, atento a que no existe una relación entre el costo que le implica al Gobierno Federal el trámite aduanero, con el valor del bien (foja 201 del expediente de amparo).
Por otra parte, en relación con el texto del propio acto reclamado consistente en el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, vigente a partir del primero de enero de dos mil cinco, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó establecido que viola los principios de proporcionalidad y equidad tributarias consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tal determinación es posible corroborarla de la lectura de la tesis de jurisprudencia 129/2005, sustentada por la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43, Tomo XXII, septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"DERECHOS. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005, QUE ESTABLECE UNA CUOTA DE 8 (OCHO) AL MILLAR SOBRE EL VALOR DE LAS MERCANCÍAS SUJETAS AL TRÁMITE ADUANERO CORRESPONDIENTE, ES VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumplen, en los derechos por servicios, cuando el monto de la cuota guarda congruencia razonable con el costo que para el Estado tenga la realización del servicio prestado, además de que sea igual para los que reciben idéntico servicio, ya que el objeto real de la actividad pública se traduce en la realización de actos que exigen de la administración un esfuerzo uniforme. Por tanto, si el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos impone a los contribuyentes la obligación de pagar el derecho de trámite aduanero por las operaciones realizadas al amparo de un pedimento en términos de la Ley Aduanera, con una cuota del 8 (ocho) al millar, sobre el valor de las mercancías correspondientes, viola los citados principios constitucionales, en virtud de que para su cálculo no se atiende al tipo de servicio prestado ni a su costo, sino a elementos ajenos a éste, como lo es el valor de los bienes importados objeto del pedimento, lo que ocasiona que el monto de la cuota impuesta no guarde relación directa con el costo del servicio, recibiendo los gobernados un trato distinto por un mismo servicio, habida cuenta que la referencia del valor de las mercancías no es un elemento válido adicional para establecer el monto de la cuota respectiva."
De conformidad con lo resuelto en la jurisprudencia 129/2005, el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos vigente a partir del primero de enero de dos mil cinco, al imponer a los contribuyentes la obligación de pagar el derecho de trámite aduanero por las operaciones realizadas al amparo de un pedimento en términos de la Ley Aduanera, con una cuota del 8 al millar sobre el valor de las mercancías correspondientes, viola los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, porque para su cálculo no se atiende al tipo de servicio prestado ni a su costo sino a elementos ajenos a éste, como lo es el valor de los bienes importados objeto del pedimento, lo que ocasiona que el monto de la cuota impuesta no guarde relación directa con el costo del servicio, recibiendo los gobernados un trato distinto por un mismo servicio, porque la referencia del valor de las mercancías no es un elemento válido adicional para establecer el monto de la cuota respectiva.
Por otra parte, en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se señalan los requisitos para formar jurisprudencia por reiteración, en los términos literales siguientes:
"Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
"Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por ocho Ministros, si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro Ministros en los casos de jurisprudencia de las Salas.
"También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de Salas y Tribunales Colegiados."
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 transcrito, la jurisprudencia que establezca el Pleno de la Suprema Corte de Justicia es obligatoria para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
En el precepto aludido se dispone también que las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario.
En la especie, se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 192 de la Ley de Amparo, toda vez que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por unanimidad de votos los juicios de amparo en revisión números 882/2005, 976/2005, 1009/2005, 1042/2005 y 1043/2005, ha integrado jurisprudencia por reiteración en los términos ya precisados.
Así las cosas, si la sentencia recurrida fue dictada con estricto apego a lo establecido en el criterio jurisprudencial de referencia, por más que la recurrente aduzca en los conceptos de agravio que el precepto legal combatido no transgrede el artículo 31, fracción IV, constitucional; lo cierto es que el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, vigente a partir del primero de enero de dos mil cinco, ya fue declarado inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
NOVENO. En cambio, son esencialmente fundados los motivos de inconformidad que la recurrente formula en el segundo agravio del recurso de revisión, en que aduce lo siguiente:
Que la Juez de Distrito se excedió en sus facultades; que no se puede devolver la cantidad total respecto del pago realizado con motivo del pedimento de importación de que se trata; que el pago por concepto de trámite aduanero únicamente representa el 8% de dicho pago; y, que sólo se debe reintegrar al quejoso el remanente que resulte de restar los pagos realizados por concepto de los servicios a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, así como el impuesto al valor agregado, al pago realizado por concepto de trámite aduanero (fojas 21, 24, 25 y 27 del toca).
Resultan fundados los motivos de inconformidad en estudio porque al señalar los efectos de la sentencia concesoria del amparo, la Juez de Distrito no precisó adecuadamente el alcance de la concesión.
La Juez de Distrito señaló como efectos del amparo, los siguientes:
"... Deben declararse fundados los argumentos expuestos por la impetrante de garantías y evidenciada la transgresión al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conceder el amparo solicitado contra el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, que establece el mecanismo para calcular la base gravable del derecho por trámite aduanero ahí previsto; para el efecto de que no se le aplique ese precepto legal hasta en tanto sea reformado.
"Asimismo, la protección constitucional otorgada implica que se devuelva la cantidad que la quejosa acreditó pagar en concepto del derecho por trámite aduanero previsto en el artículo reclamado, respecto del pedimento de importación número 05 47 3817 5000107, del tres de enero de dos mil cinco ..." (foja 203 del expediente de amparo).
Como puede advertirse de la transcripción precedente, la Juez de Distrito concedió el amparo para el efecto de que no se aplique en perjuicio de la quejosa el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, y como consecuencia la autoridad le devuelva la cantidad pagada por concepto del derecho por el trámite aduanero, respecto del pedimento 05 47 3817 5000107 del tres de enero de dos mil cinco.
La determinación aludida resulta incorrecta, pues existe criterio jurídico definido sustentado por la Primera Sala del Máximo Tribunal interprete de leyes en el sentido de que, en casos como el presente en el cual se otorgó el amparo respecto del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, los efectos de la concesión únicamente consistirán en que se devuelva a la quejosa la cantidad que en estricto sentido constituya el derecho por el trámite aduanero previsto en la fracción I citada, pero sin incluir las cantidades que de conformidad con el artículo 16 de la Ley Aduanera, correspondan al particular autorizado para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, así como el impuesto al valor agregado que corresponda a dicha prestación de servicios; cuenta habida de que estos dos últimos conceptos no forman parte del pago del derecho de trámite aduanero por el que se concedió el amparo.
La jurisprudencia señalada es la número 1a./J. 130/2005, misma que aparece publicada en la página 21, Tomo XXII, septiembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"DERECHOS DE TRÁMITE ADUANERO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DEL DERECHO RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2005). El artículo 16 de la Ley Aduanera, en relación con el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, establece que los derechos de trámite aduanero deberán enterarse conjuntamente con las cantidades que los importadores deben cubrir a los particulares autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, necesarios para prestar el despacho aduanero y que dicho pago, incluyendo el impuesto al valor agregado trasladado con motivo de la contraprestación, se acreditará contra el monto de los derechos de trámite aduanero. En consecuencia, cuando se conceda el amparo por considerar que la fracción I del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos es violatoria de las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias al establecer una cuota de 8 (ocho) al millar sobre el valor de las mercancías sujetas al trámite aduanero correspondiente, los efectos de dicha concesión serán que se devuelva al quejoso la cantidad que en estricto sentido constituya el derecho por el trámite aduanero previsto en la fracción antes citada, sin que dicha devolución deba incluir las cantidades que de conformidad con el artículo 16 de la Ley Aduanera en comento, correspondan al particular autorizado para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, así como el impuesto al valor agregado que corresponda a dicha prestación de servicios, pues estos dos últimos conceptos no forman parte del pago del derecho de trámite aduanero por el que se concedió el amparo. Esto es, la devolución a la que tiene derecho la impetrante de garantías se constituye, exclusivamente, por el monto del derecho de trámite aduanero efectivamente pagado, disminuido con el monto que corresponda a la contraprestación del servicio de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados a que hace referencia el artículo 16 de la Ley Aduanera y el impuesto al valor agregado que se cause por dicha prestación de servicios."
De ahí que resulten fundados los planteamientos en estudio de la autoridad recurrente, toda vez que como lo sostiene y en términos del criterio jurisprudencial reproducido, los efectos del fallo protector no deben extenderse a la devolución total del pago que se refleja en el pedimento de fecha tres de enero de dos mil cinco, sino que a ésta deben restarse las cantidades a las que ya se hizo referencia.
En tal virtud, las consecuencias jurídicas del otorgamiento del amparo se traducen en que se devuelva a la quejosa únicamente el monto del derecho de trámite aduanero pagado mediante el pedimento de importación de fecha tres de enero de dos mil cinco; de tal manera que, se reitera, deberá restarse de la cantidad pagada que refleja dicho pedimento, el monto correspondiente a la contraprestación del servicio de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados previstos en el artículo 16 de la Ley Aduanera, y el impuesto al valor agregado causado por dicha prestación de servicios; ello en términos de la jurisprudencia número 130/2005 antes transcrita.
Al haber resultado parcialmente fundados los agravios en examen, lo que procede, en la materia de la revisión, es modificar la sentencia recurrida y conceder la protección federal solicitada.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76 al 80, 91 y relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-En la materia de la revisión, se modifica la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Ericsson Telecom, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los términos indicados en la sentencia recurrida y en esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidenta María Rocío Ruiz Rodríguez, César Thomé González y Urbano Martínez Hernández lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19326-8795d92c/improcedencia-del-juicio-de-amparo-para-que-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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