EMBARGO PRECAUTORIO. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 145, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 144/2006. SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Por cuestión de método, se analiza en primer lugar el argumento de la autoridad recurrente en el que refiere que la Juez de Distrito omitió hacer un estudio detallado del artículo 145, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, de las pruebas ofrecidas en el juicio de garantías y de los fundamentos legales y jurisprudencias que debieron ser aplicados al momento de emitir la resolución por las autoridades responsables.
El anterior argumento resulta ineficaz, en virtud de las siguientes consideraciones.
En primer lugar, porque la autoridad recurrente no especifica o precisa cuáles son las pruebas, que según su dicho, son las conducentes para tener o no por demostrado el acto reclamado; y en segundo lugar, porque contrario a lo que refiere dicha recurrente, como se advierte de la sentencia impugnada, concretamente del considerando séptimo, la Juez de Distrito realizó un análisis exhaustivo de inconstitucionalidad del artículo 145, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.
Por tanto, contrario a lo que refiere la recurrente, la a quo, sí analizó con claridad el dispositivo aplicado en perjuicio de la impetrante de garantías.
De igual manera, aduce la autoridad recurrente que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener, entre otras cosas, los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien, para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, y para que esto último pueda satisfacerse, es menester que se analicen previamente y en su totalidad, las cuestiones propuestas en los conceptos de violación, lo cual desde luego incluye el estudio de las argumentaciones señaladas por las responsables en la defensa de la constitucionalidad de sus actos, pues de lo contrario, las sentencias serán arbitrarias y parciales; lo que en el caso resulta aplicable, puesto que la Juez de Distrito, no estudió las argumentaciones vertidas por las responsables, pues de haberlo hecho así, no se hubiera basado en una tesis que no resulta acorde al acto reclamado.
Al efecto, la recurrente invocó la tesis cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO ANALIZADOS. OBLIGACIÓN DEL RESOLUTOR DE AMPARO DE ANALIZARLOS EN SU TOTALIDAD."
Son infundados los argumentos en estudio, porque en primer lugar es inexacto que la Juez haya omitido el análisis de los argumentos contenidos en el informe justificado presentado por la autoridad aquí recurrente, ya que de la lectura de la sentencia que se revisa, se advierte que se ocupó del estudio de las causales de improcedencia aducidas por dicha autoridad; y en segundo lugar, porque la a quo no tiene obligación de dar respuesta expresa a todos y cada uno de los argumentos planteados en el informe justificado, pues la pretensión de la recurrente rebasa las disposiciones que rigen el trámite y resolución de los juicios de amparo.
Ello es así, porque no puede considerarse que la autoridad responsable en el juicio de amparo es equiparable a la parte demandada en un juicio ordinario, por lo que basta que se cumpla con el análisis del acto reclamado en términos de los artículos 73, 77 y 78 de la Ley de Amparo, de acuerdo a los conceptos de violación, y se observen las formalidades que se establecen en el capítulo correspondiente al trámite del juicio de amparo, para que la sentencia se encuentre apegada a las normas que rigen el juicio de garantías, sin que pueda exigirse que los Jueces de Distrito hagan una relación pormenorizada de los argumentos que vierten las responsables en sus informes con justificación, y den respuesta expresa a cada uno de ellos, porque esa obligación no se desprende de lo dispuesto tanto en los artículos citados, como en el 149 de la propia Ley de Amparo.
En la inteligencia de que resulta inaplicable la tesis que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO ANALIZADOS. OBLIGACIÓN DEL RESOLUTOR DE AMPARO DE ANALIZARLOS EN SU TOTALIDAD.", toda vez que las manifestaciones realizadas por las autoridades responsables no pueden equipararse a los conceptos de violación formulados por los quejosos, ya que éstos integran la litis constitucionalidad y es en función de ellos como se examina el acto reclamado, mas no así, en relación con los argumentos que invoquen las responsables en su informe con justificación.
Se aplica al caso, la jurisprudencia visible a fojas doscientos treinta y cuatro, Tomo VI, Materia Común, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice:
"INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER LOS ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. A diferencia de lo que sucede con las causas de improcedencia, cuyo estudio es de orden público, en las sentencias de amparo no existe obligación de referirse necesariamente y de manera expresa a las argumentaciones que con el fin de sostener la constitucionalidad del acto reclamado exponen las autoridades responsables en su informe justificado, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que la litis constitucional se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo."
Sigue diciendo la recurrente, que de la sentencia recurrida se aprecia que la a quo incumplió con la obligación de verificar si la tesis que establece la supuesta inconstitucionalidad del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación y que le sirvió de fundamento para dictar tal sentencia, realmente resulta aplicable al caso concreto.
En ese mismo sentido, señala la revisionista, que la sentencia reclamada viola el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la Juez a quo sólo se limitó a transcribir una tesis de jurisprudencia que no resulta aplicable al caso concreto, puesto que el embargo precautorio reclamado, se llevó en un periodo totalmente distinto al que se refiere la jurisprudencia que hizo valer la Juez.
Es infundado el agravio en análisis, ya que en la parte que interesa, la Juez determinó: " ... Ahora bien, el artículo 145, fracción III, que se reclama en el presente juicio de garantías, establece como medida cautelar, el embargo precautorio con el propósito de garantizar el crédito fiscal, autorizando a las autoridades hacendarias a realizarlo cuando se trate de contribuciones que a la fecha en que se practique aquél se encuentren pendientes de determinarse, esto es, antes de que se particularice y cuantifique la obligación a cargo del contribuyente, lo que se traduce en la traba de un aseguramiento respecto de un crédito fiscal cuyo monto aún no ha sido determinado, lo que lleva al conocimiento de que el numeral en cita, en la referida fracción, adolece de los mismos vicios de inconstitucionalidad del artículo 145 que antes de sus reformas fueron declarados inconstitucionales por el Pleno del más Alto Tribunal del país ... la inconstitucionalidad del precepto mencionado deriva del hecho de que en esencia reproduce los mismos vicios que el anterior texto que el precepto establecía, concretamente en lo relativo a autorizar la medida precautoria cuando el crédito fiscal no se encuentra determinado, al dejar al arbitrio de la autoridad la imposición de la medida y al señalar el plazo mayor a un año para dejar sin efecto el embargo trabado por la autoridad ..."; es decir, que la Juez a quo, señaló la razón por la cual consideró inconstitucional el multicitado artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, esto es, por dejar al libre albedrío de la autoridad exactora el monto del embargo, sin estar previamente determinado el crédito fiscal, por lo que se trata de un acto violatorio del artículo 16 constitucional, lo que deja a los particulares en un estado de inseguridad jurídica, al no existir un monto cierto sobre el cual decretar la inmovilización de sus recursos financieros.
Además, no consideró que la jurisprudencia en mención fuera exactamente aplicable al caso, ya que destacó que el numeral en cita, en la referida fracción, adolece de los mismos vicios de inconstitucionalidad del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, que antes de sus reformas fueron declarados inconstitucionales por el Pleno del más Alto Tribunal del país.
Para una mejor comprensión del asunto, se señala el contenido del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, vigente en el año mil novecientos noventa y cuatro (a que se refiere la jurisprudencia P./J. 17/95) y el texto vigente en el año dos mil cinco (que fue materia del juicio de garantías):
Código Fiscal de la Federación (1994)
"Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Se podrá practicar embargo precautorio para asegurar el interés fiscal, antes de la fecha en que el crédito fiscal esté determinado o sea exigible, cuando a juicio de la autoridad hubiera peligro de que el obligado se ausente, enajene u oculte sus bienes, o realice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento. Si el pago se hiciere dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantará el embargo. El embargo quedará sin efecto si la autoridad no emite, dentro del plazo de un año contado desde la fecha en que fue practicado, resolución en la que determine créditos fiscales. Si dentro del plazo señalado la autoridad los determina, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se proseguirá procedimiento administrativo de ejecución conforme a las disposiciones de este capítulo, debiendo dejar constancia de la resolución y de la notificación de la misma en el expediente fiscal, en los términos del artículo 141, se levantará el embargo. El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, se convertirá en definitivo al tiempo de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución. Son aplicables al embargo precautorio a que este artículo se refiere y al previsto por el artículo 41, fracción II, las disposiciones establecidas para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables. En ningún caso se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para cobrar créditos derivados de productos."
Código Fiscal de la Federación (vigente en el año dos mil cinco)
"Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
"Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del contribuyente, para asegurar el interés fiscal, cuando:
"I. El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio.
"II. Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente desaparezca o exista riesgo inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes. ..."
Al realizar una confrontación del contenido del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y cuatro y el vigente en el momento de la emisión del acto reclamado, aparece que éstos son similares en su contenido; por tanto, aun cuando el texto del precepto impugnado haya sufrido reformas, sí resulta aplicable al caso en estudio la tesis de jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad del precepto atacado.
Esto es así, en razón de que el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, vigente en el año mil novecientos noventa y cuatro, al igual que el vigente en el año dos mil cinco, autoriza la traba del embargo precautorio, sin que se haya determinado la obligación de enterar el tributo ni cuantificado éste, siendo que la determinación de una contribución constituye un requisito indispensable para el nacimiento del interés fiscal que se pretende garantizar, lo que implica autorizar la práctica de embargos en abstracto sin la certeza de la existencia de un crédito fiscal, traduciéndose en la existencia de facultades omnímodas a la autoridad, al dejar a su arbitrio la determinación del monto del embargo y de los bienes afectados.
Tales supuestos coinciden en lo fundamental, con el texto anterior del artículo en comento, el cual fue declarado inconstitucional por la jurisprudencia P./J. 17/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto señala que la medida cautelar de referencia puede decretarse para asegurar el interés fiscal, antes de la fecha en que el crédito fiscal esté determinado o sea exigible, cuando a juicio de la autoridad hubiera peligro de que el obligado se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento; pues en ambos casos se autoriza la procedencia del aseguramiento antes de que el crédito fiscal haya sido determinado, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otro lado, argumenta la recurrente que del precepto controvertido se advierte que efectivamente faculta a las autoridades fiscales federales para practicar embargo precautorio a fin de asegurar el interés fiscal, lo que significa que en el caso se establece una medida cautelar, la que, contrariamente a lo afirmado por la Juez de Distrito, no se realizó en abstracto, es decir, sin que exista una determinación previa del crédito fiscal, por lo que no se dejó al libre albedrío de la autoridad administrativa el monto del mismo, además de que hay que considerar que la autoridad queda obligada a dejar sin efectos el embargo precautorio cuando el contribuyente presente el pago de la contribución determinada, quien queda relevado de cubrir los gastos que en su caso hubiese originado la diligencia.
De igual manera, argumenta la recurrente, que al momento en que las autoridades administrativas al concluir las actividades realizadas en el ejercicio de sus facultades de comprobación fiscal y levantar el acta de embargo precautorio especifican en cantidad líquida qué contribuciones se deben enterar al fisco, señalando cuáles impuestos se omitieron pagar y respecto de qué ejercicios fiscales, ocurriendo solamente que dichos créditos aún no son exigibles, entendiéndose por esto que todavía no se ha solicitado formalmente su pago al obligado.
Asimismo, sostiene la autoridad recurrente que del numeral impugnado se desprende que contrariamente a lo señalado por la a quo, no se deja al libre albedrío de las autoridades fiscales el monto del embargo, ya que éste sólo puede ser hasta por el monto de la contribución o contribuciones determinadas y sus accesorios, por lo que el embargo precautorio previsto en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, no viola el principio de legalidad previsto por el numeral 16 de la Ley Fundamental, sobre todo si se considera que queda limitado al monto del crédito fiscal y de los accesorios correspondientes, lo que significa que ya no ha lugar a considerar que en el caso pueda haber una prolongación injustificada que paralice los procedimientos financieros de la empresa con riesgo de su quiebra, pues esto se evitó al limitar el monto respecto del que puede practicarse el embargo precautorio, además de que la autoridad queda obligada a dejar sin efectos el embargo precautorio cuando el contribuyente presente el pago de la contribución determinada, quien queda relevado de cubrir los gastos que en su caso hubiese originado la diligencia.
Agrega la revisionista que si la Juez hubiera realizado un examen exhaustivo del precepto de referencia, habría concluido que el órgano legislativo federal, ha establecido en concordancia con lo que determinó en la jurisprudencia invocada por aquél, que el embargo precautorio sólo procede respecto de créditos que hayan sido determinados, lo que significa que la norma cumple con el criterio sustentado por nuestro más Alto Tribunal, en cuanto a que el embargo precautorio sólo puede llevarse a cabo en atención a los créditos cuantificados y particularizados.
También sostiene la revisionista, que al estudiar armónicamente todas las fracciones que lo integran, hace referencia a que el embargo precautorio puede trabarse tratándose de créditos determinados, aun cuando los mismos no sean exigibles, sin embargo, el hecho de que se otorgue esa facultad para asegurar el interés fiscal, no implica que la norma sea inconstitucional, en razón de que únicamente procede que se trabe el embargo precautorio en ese caso, cuando exista un peligro inminente de que el obligado realice maniobras tendentes a dejar de cubrir el cumplimiento de su obligación de pago, o cuando el contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio.
En ese sentido, aduce la recurrente que el artículo 145 del código tributario, no contraviene el artículo 16 constitucional, toda vez que la actuación de la autoridad al practicar el embargo precautorio sí tiene razones objetivas, por lo que no se deja en estado de incertidumbre al contribuyente, ya que su actuación debe sujetarse a ciertos parámetros que impliquen la necesidad de la medida, como el hecho de que la autoridad detecte y acredite que existen elementos suficientes para considerar que el particular pretende evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de manera que la actuación de la autoridad siempre debe estar sujeta en forma estricta a la ley y fundarse y justificarse adecuadamente, lo que impide que el gobernado quede en estado de indefensión.
Además de que la práctica del embargo precautorio no constituye una facultad omnímoda y arbitraria que deje al gobernado en estado de indefensión, ya que la facultad de las autoridades fiscales se encuentra reglada y está sujeta a que se realicen los extremos que al efecto se establecen para el supuesto que regula, el cual prevé elementos ciertos y objetivos de la actuación de las autoridades fiscales, los que deben encontrarse debida y suficientemente fundados y motivados; además de que la Juez de Distrito perdió de vista que la medida cautelar de mérito no tiene por propósito hacer efectivo un crédito fiscal, sino garantizar el interés de la hacienda pública federal, ante la presencia de elementos objetivos que puedan implicar la ausencia de pago de las contribuciones necesarias para satisfacer el gasto público.
Sigue diciendo la recurrente, que el propósito de los actos precautorios es la salvaguarda de intereses que eventualmente pueden verse afectados en perjuicio de la colectividad, máxime cuando se trate del ingreso para hacer frente al gasto público, cuyo interés es superior al del gobernado, a diferencia de los actos definitivos, como podría ser un embargo liso y llano, e instaurar las bases a que habrá de sujetarse el resarcimiento por la ausencia de pago de un crédito fiscal; destacando que la confusión de esos conceptos llevó a la juzgadora a determinar que el embargo que se practicó al quejoso es un acto definitivo y que, por tanto, sólo es procedente cuando exista un adeudo determinado.
Asimismo, señala la revisionista que no es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se deje a la valoración de la autoridad, la determinación de la existencia de peligro inminente de que el contribuyente realice maniobras tendentes a evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales, puesto que la autoridad fiscal queda igualmente vinculada a señalar los motivos, razones y circunstancias por las cuales considera la presencia de ese peligro inminente en eventual perjuicio del fisco federal, en observancia de lo dispuesto por los artículos 16 constitucional y 145, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; por lo que no se deja al contribuyente en incertidumbre, ya que el precepto reclamado establece claramente los requisitos y condiciones que debe cubrir la autoridad para practicar un embargo precautorio. Destacando que si bien el crédito fiscal no es exigible, existe una obligación fiscal en tanto se ha realizado el hecho generador del tributo, por lo que en los extremos del precepto, se dio ya el vínculo entre el contribuyente y el Estado, siendo infundado que se pretenda tutelar un interés jurídico inexistente.
Asimismo, considera la autoridad que es infundado lo argumentado por el quejoso en el sentido de que el crédito fiscal todavía no existe y menos aún es exigible, puesto que el mismo ya existe aunque todavía no es exigible, por lo cual procedió el embargo precautorio y no el definitivo, por lo que considera que el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, no violó el principio de legalidad derivado del diverso numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En otro orden de ideas, destaca la revisionista que la parte quejosa señaló que el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, prevé una facultad discrecional a favor de la autoridad fiscal, la que le permite ejecutar un embargo precautorio, sin señalar algún parámetro para acreditar que el contribuyente realizará actos tendentes a evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
En ese sentido, y a fin de demostrar lo infundado de tal argumento, la autoridad inconforme destaca que el orden jurídico, en el cual está fundado el actuar de las autoridades, le otorga a los funcionarios administrativos un amplio campo de apreciación para decidir si debe actuar o debe abstenerse; existiendo en el ordenamiento jurídico mexicano, normas que contemplan dos clases de facultades, es decir, las regladas (en las que la actuación de la autoridad debe ceñirse al marco legal fijado por la norma jurídica), y las discrecionales (en las que la ley otorga a la autoridad un margen de libre apreciación para determinar la forma de su actuar, lo que permite que la administración haga una apreciación técnica de los elementos que concurren en un determinado caso), en la inteligencia de que las facultades discrecionales nunca podrán considerarse como arbitrarias, puesto que devienen de un ordenamiento legal que debe respetarse.
De los argumentos que han quedado resumidos en los párrafos precedentes, se puede observar que los mismos están encaminados a demostrar que el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, no otorga a la autoridad administrativa correspondiente una facultad arbitraria para llevar a cabo un embargo precautorio, sino que, la obliga a observar ciertos requisitos como lo son el que el crédito fiscal respectivo esté determinado, que exista peligro inminente de que el obligado realice maniobras tendentes a dejar de cubrir el cumplimiento de su obligación, debiendo fundar y motivar su resolución.
Sin embargo, como se puede apreciar de la simple lectura de la sentencia recurrida, el motivo por el cual la Juez de Distrito consideró inconstitucional la fracción III del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, es porque la hipótesis establecida en dicha fracción, para que proceda el embargo precautorio sobre los bienes o la negociación del contribuyente, permiten que dicho embargo se lleve a cabo antes de que el crédito fiscal haya sido determinado, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, puesto que a pesar de que no se ha reconocido la existencia de un hecho generador de una obligación, se permite a la autoridad administrativa trabar embargo en los bienes del contribuyente.
Por tanto es claro, que los argumentos que aquí se analizan, no están encaminados a controvertir lo resuelto por la Juez de Distrito en la sentencia que se recurre, dado que la autoridad recurrente nada dice respecto de si la hipótesis establecida en la fracción III del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, permite que se lleve a cabo o no el embargo precautorio cuando aún no se ha determinado el crédito fiscal a cargo del contribuyente, sino que, se puede advertir con meridiana claridad que los argumentos que formula, se refieren a lo establecido por el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, pero en su fracción IV, y no en su fracción III, ya que la mencionada en primer término establece lo siguiente:
"... IV. El crédito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el embargo precautorio hasta por un monto equivalente al de la contribución o contribuciones determinadas, incluyendo sus accesorios. Si el pago se hiciera dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantará el embargo."
En efecto, como se dijo, los argumentos que formula la recurrente versan sobre lo establecido por la fracción transcrita, ya que como se puede advertir de la misma, en ella se establece la procedencia del embargo precautorio cuando el crédito fiscal se encuentra determinado pero aún no es exigible; y, en cambio, la a quo determinó que en la diversa fracción III del precepto legal en comento, se establece la procedencia del embargo precautorio aun cuando el crédito fiscal a cargo del contribuyente no haya sido determinado, de donde deriva precisamente su inconstitucionalidad, sin que la aquí recurrente haga alguna alusión al respecto.
Por tanto, las manifestaciones de la autoridad recurrente son inoperantes, porque no están encaminadas a desvirtuar lo resuelto por la Juez de Distrito, de acuerdo a la tesis de jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, página doscientos setenta y siete, que dice:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.-Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."
A mayor abundamiento, cabe precisar que si bien es cierto, la recurrente refiere que la ausencia de determinación del crédito fiscal no implica la falta de interés fiscal por tutelar o proteger, pues el embargo precautorio se trata de una medida cautelar que tiende a la preservación y salvaguarda de una expectativa de cobro, también cierto es que, dicha manifestación es insuficiente para desvirtuar lo resuelto en la sentencia recurrida, pues no basta que la recurrente refiera que con el embargo precautorio se pretende tutelar un interés fiscal, ya que no debe perderse de vista que conforme al artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, el interés fiscal de la autoridad hacendaria para hacer efectiva la recaudación de los tributos tiene, como presupuesto esencial, no sólo el que la obligación tributaria haya sido causada, sino que ésta se encuentre determinada, es decir, que una vez actualizado el hecho imponible, se haya particularizado y cuantificado, bien por el propio contribuyente o por la autoridad administrativa, el monto de la contribución, pues es claro que hasta en tanto ello no se verifique, la obligación fiscal no es susceptible de ser garantizada jurídicamente.
Asimismo, este órgano colegiado considera que tal como lo señaló la Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, la norma cuestionada sí otorga facultad a la autoridad fiscal, al dejar a su libre albedrío el monto del embargo y los bienes motivo del mismo, máxime que, contrario a lo que señala la autoridad recurrente, en la fracción III del precepto reclamado no se establece límite alguno, pues los argumentos de la autoridad recurrente, consistentes en que el embargo precautorio es hasta por el monto equivalente al de la contribución o contribuciones determinadas, sólo aplica, como se dijo, en tratándose de la fracción IV del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación.
Ello aunado a que, para la autoridad fiscal resulta imposible ceñir su actuación al mandato consagrado por el artículo 16 constitucional, es decir, fundar y motivar el acto de autoridad, puesto que ignora el monto del crédito fiscal y si el gobernado contra quien se dirige la medida, está obligado al mismo, lo cual equivale a un embargo en abstracto, que le ocasiona perjuicios respecto de actos con los cuales posiblemente el contribuyente no tenga obligación de cumplir.
No obstan a lo anterior, las condicionantes citadas en el precepto cuestionado, tales como que a juicio de la autoridad hubiere peligro de que el obligado se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice cualquier maniobra tendiente a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19559-be97084d/embargo-precautorio-el-previsto-en-el-articulo-145 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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