TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. REQUISITOS PARA PROBAR TAL CARÁCTER.
AMPARO DIRECTO 1988/2006. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Son inatendibles en una parte, infundados en otra, e inoperantes en un tercer aspecto, los anteriores conceptos de violación.
Corresponde la primera calificativa a los argumentos relativos a que: "... es importante precisar que si alguien incumplió con su obligación fue el actor, pues si bien no estaba de acuerdo con el cambio de adscripción, podía impugnarlo como lo hizo, pero nunca dejar de presentarse a laborar, pues con su actuar sólo ha incurrido en abandono de empleo; sin embargo, la quejosa no ha realizado acción alguna a pesar de que el actor con su omisión ha causado perjuicio a esta dependencia. Lo anterior se refuerza con el siguiente criterio jurisprudencial: (cita datos de localización) ‘ABANDONO DE EMPLEO. CAMBIO DE LUGAR DE ADSCRIPCIÓN.’ (la transcribe y cita precedente) ..."; derivando lo inatendible de lo así alegado, del hecho de que en su contestación a la demanda la hoy quejosa no manifestó que con su actuar el accionante hubiese incurrido en abandono de empleo, pues en términos generales se excepcionó afirmando que el actor ocupaba un puesto de confianza, que nunca ostentó un nombramiento de base y que por ello no tiene derecho a la inamovilidad; por ello, si lo que ahora alega no formó parte de la controversia laboral, tampoco puede serlo de la litis constitucional, de acuerdo con la jurisprudencia de la Séptima Época, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 72, Quinta Parte, página 53, cuyos rubro y texto son como sigue:
"LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA. Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie sólo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional."
En los mismos términos son inatendibles los conceptos de violación en donde se afirma que: "La responsable determina procedente el pago de la prima vacacional, siendo obvio que si no se disfrutaron las vacaciones no procede el pago de la prima en comento, así lo establece el artículo 40, último párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Causa perjuicio al hoy quejoso determinar procedente el pago de la prima adicional, siendo claro que el tercero perjudicado no disfrutó de las vacaciones, por ende, es claro que no procede el pago de la prima vacacional, lo anterior de conformidad con el artículo 40, último párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece que los trabajadores que en los términos del artículo 30 de la referida ley disfruten de los periodos de vacaciones percibirán una prima adicional del treinta por ciento (30%), sobre sueldo o salario que les corresponda durante dichos periodos ...". Lo anterior es así, porque el aspecto de que se trata tampoco se hizo valer en la contestación a la demanda, pues lo único que dijo al respecto fue que las prestaciones accesorias son improcedentes porque corren la misma suerte de la principal, como se ve de la siguiente transcripción: "Es improcedente también el reclamo de las prestaciones accesorias, como son vacaciones, primas vacacionales, aguinaldo e incentivos, toda vez que si las prestaciones principales son improcedentes las accesorias corren la misma suerte, por lo que en su momento se deberá absolver a mi representado del pago de todas y cada una de las prestaciones que se reclaman, y en virtud de que un cambio de adscripción para un empleado de confianza no implica de ninguna manera la terminación de la relación de trabajo por parte de mi representada." (fojas 40 y 41); sin señalar en algún momento que "si no se disfrutaron las vacaciones no procede el pago de la prima". Por tanto, si tal aspecto no formó parte de la controversia laboral tampoco puede serlo de la litis constitucional, de acuerdo con la jurisprudencia antes transcrita, de rubro: "LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA."
Merecen igual calificativa de inatendibles los argumentos que vierte la quejosa en relación con la competencia de la Sala del conocimiento, consistentes en que: "... la autoridad responsable constituye el acto reclamado violando en perjuicio de mi representada las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, así como no fundar ni motivar su actuación, al hacer una inexacta e indebida apreciación de la competencia, al señalar lo siguiente: ‘Esta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es competente para conocer y resolver la presente controversia, atento a lo dispuesto por los artículos 2o., 124, fracción I y 124 «B», fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.’. Del texto anteriormente transcrito se desprende que la Sala responsable hace una inexacta aplicación de la competencia derivada del artículo 124, fracción I, de la ley burocrática, el cual en su parte conducente señala: (lo transcribe) ... es totalmente arbitrario, unilateral y dogmático que funde su determinación para declararse competente de un asunto que por su naturaleza debió declararse incompetente, toda vez que al tratarse de un trabajador de confianza y no de base, no existe controversia alguna, dado a que, como ya se dijo, no cuentan con estabilidad en el empleo, ni mucho menos le es aplicable la inamovilidad ..."; sin embargo, previo a demostrar que corresponde la citada calificativa a dichos argumentos, es necesario establecer lo siguiente:
Mediante escrito de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio contestación a la demanda en donde también promovió incidente de incompetencia en los siguientes términos: "Incidente de incompetencia de previo y especial pronunciamiento. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 139 y 141 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, promuevo incidente de incompetencia para que conozca ese H. Tribunal de la presente controversia laboral, toda vez que el actor del presente juicio laboral es un empleado con la calidad de confianza, tal y como se desprende de la simple lectura que se realice de la constancia de nombramiento y/o asignación de remuneraciones con número 728-10005, de fecha 15 de mayo del 2005, en el puesto de profesional ejecutivo de servicios especializados, nivel 27 C, así como el prefijo CF, que única y exclusivamente se refieren a los trabajadores de confianza y la clave del puesto referido, cuya denominación es la de CF21864, por lo que tanto el cambio de adscripción, no necesariamente debe encontrarse fundado y motivado, ya que los trabajadores de confianza no tienen estabilidad en el empleo, habida cuenta que el actor se encontraba habilitado para desempeñar funciones de manejo y/o custodia de fondos federales." (foja 38); respecto de lo cual la Sala del conocimiento se pronunció mediante acuerdo plenario de fecha cinco de junio de dos mil dos, declarándose competente para conocer del juicio laboral que nos ocupa, como se ve de la siguiente transcripción: "Respecto al incidente de incompetencia a que se refiere el demandado, porque el actor se desempeñaba en un cargo de confianza; dígase al promovente que en jurisprudencia visible a fojas 383, marcada con el número 1970, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, Volumen II, de la compilación 1917-1988, que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje es competente para conocer de los conflictos derivados de la relación laboral de los trabajadores al servicio del Estado, no pudiendo declarar su incompetencia, porque el trabajador quedaría en estado de indefensión, ya que no se podría probar los extremos de su demanda y, por consiguiente, no se podría remitir el expediente a otra autoridad, porque el tribunal es el único competente para dirimir los conflictos laborales de los trabajadores al servicio del Estado, además de que el argumento de que el trabajador se desempeñaba en un puesto de confianza, no constituye un presupuesto procesal de incompetencia, sino una excepción de fondo que se resolverá al dictarse el laudo respectivo; consecuentemente, se desecha la excepción de incompetencia que interpuso el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el escrito de cuenta, y este tribunal se declara competente para conocer del presente juicio, todo ello con fundamento en los artículos 123, apartado ‘B’, de la Constitución General de la República, 124, fracción I y 124-B, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado." (fojas 69 frente y vuelta).
Ahora bien, lo inatendible de los argumentos antes transcritos deriva del hecho de que la quejosa, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consintió la resolución incidental de fecha cinco de junio de dos mil dos (foja 69), en donde la Sala del conocimiento declaró improcedente el incidente de incompetencia promovido por dicha secretaría; consentimiento que se establece en virtud de que ésta no promovió juicio de amparo indirecto en contra de la citada resolución, como correspondía, por haberse fijado en ella la ley y el trámite conforme a los cuales se resolvería el conflicto; aspectos que ya no pueden ser materia de estudio en este juicio de amparo directo, de conformidad con la tesis aislada de la Séptima Época, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 22, Quinta Parte, página 13, que a la letra dice:
"COMPETENCIA JURISDICCIONAL, INCIDENTE DE. CONTRA SU RESOLUCIÓN PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución pronunciada en un incidente de competencia jurisdiccional, constituye un acto dentro del juicio, susceptible de ser atacado por medio del amparo indirecto, en los términos de la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, ya que su ejecución es inmediata e irreparable, pues no existe recurso ordinario en su contra y sus efectos consisten en que la Junta de Conciliación y Arbitraje o la de Conciliación únicamente, ante quien se presentó la demanda laboral, se abstenga de conocer del conflicto y de actuar en él."
Por otra parte, son infundados los conceptos de violación consistentes en: "La actuación de la autoridad responsable, a través de lo que hoy constituye el acto reclamado, viola en perjuicio de mi representada las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no valorar correctamente la excepción de prescripción planteada por la quejosa en el sentido de que el C. Amatón Díaz Ramón tenía un mes, con fundamento en el artículo 113, fracción I, inciso a), para solicitar la nulidad del cambio de adscripción o bien del nombramiento ... la autoridad responsable emite el acto reclamado no cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento al no estudiar fehacientemente la excepción de prescripción, por lo que al dictar el laudo que hoy se combate no está dictado a verdad sabida y buena fe guardada, tal y como era su obligación ... la responsable hace una mala y deficiente apreciación y estudio de la excepción de prescripción hecha valer por mi representada en el escrito de contestación a la demanda, porque la excepción planteada fue en el sentido que el puesto consignado en la constancia de nombramiento y/o asignación de remuneraciones, mismo que ostentaba para realizar sus funciones y que no estaba de acuerdo con las condiciones del nombramiento señalado, es decir, que si desempeñaba un puesto de confianza la hoy quejosa tiene facultades de cambiar de adscripción a su personal cuando por necesidades del servicio, señalado es así en el oficio del cambio de adscripción, se requiera, cabe señalar que no es aplicable el razonamiento lógico-jurídico empleado por la autoridad responsable, el cual causa grave perjuicio porque el artículo 16, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala que cuando sea por necesidades del servicio debe justificarse; en el caso que nos ocupa, tratándose de trabajadores de confianza, con fundamento en el artículo 8o. de la ley de la materia, señala que los trabajadores de confianza quedan excluidos del régimen y aplicación de la ley mencionada, luego entonces, es claro que el artículo en el cual funda su determinación la responsable, en el precepto 16, fracción I, de la ley burocrática, no es aplicable al trabajador de confianza al excluirlo del régimen de la ley, en ese sentido, es claro que el acto reclamado no está dictado aplicando el principio de congruencia, por ende, se está ante la presencia de un laudo incongruente violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica al no fundar y aplicar correctamente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por otra parte, el tercero perjudicado a partir de la fecha en que firmó la documental multirreferida debió haberlo combatido dentro del término de un mes, tal y como lo señala el artículo 113, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, consintió el acto en el sentido de que el puesto de profesional ejecutivo de servicios especializados que ostentaba y desempeñaba, es de los catalogados de confianza, por ende, al ser de confianza no es aplicable las condiciones generales de trabajo, ni la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ... si bien es cierto está solicitando la nulidad del oficio de cambio de adscripción, ello por no tener el derecho a la inamovilidad del artículo 6o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ello por desempeñarse en un puesto con funciones de confianza, por ende y al no tener el carácter de trabajador de base, es claro que no tiene derecho a solicitar la nulidad del oficio antes mencionado, en ese orden, por ese motivo, es aplicable la excepción de prescripción, toda vez que si no hubiera estado de acuerdo al firmar su nombramiento de confianza, tenía un mes para solicitar su nulidad con fundamento en el artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por ello es aplicable, por analogía, porque el cambio de adscripción deriva del nombramiento, en virtud de ser trabajador de confianza y no de base, situación que no toma en consideración la responsable al momento de analizar la excepción planteada ...". Lo infundado de lo así alegado deriva de que, contra lo que aduce la secretaría quejosa, es justificado que la Sala del conocimiento declarara infundada la excepción de prescripción opuesta por la demandada en los siguientes términos: "... desde este momento se opone la excepción de prescripción contenida en los artículos 112 y 113, fracciones I, inciso a) y II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que si no estaba conforme con el tipo de nombramiento expedido debió de haber solicitado su nulidad dentro del término de un mes contado a partir de la fecha de expedición del primero, que fue el 15 de mayo de 2000, en el cual se estableció que era personal de confianza, con una clave presupuestal de igual índole." (foja 39); inoperancia que determinó bajo los siguientes argumentos: "IV. En cuanto a la excepción de prescripción que opone el demandado (foja 39), contenida en los artículos 112 y 113, fracción I, inciso a) y II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que si no estaba el actor conforme con el tipo de nombramiento expedido debió de haber solicitado su nulidad dentro del término de un mes, contado a partir de la fecha de expedición del mencionado nombramiento, que fue el 15 de mayo de 2000, en el cual se estableció que era personal de confianza. Es de estimarse que la citada excepción de prescripción es inoperante, toda vez que vistas las prestaciones solicitadas por el actor en su escrito inicial de demanda, se desprende que en ninguna de ellas solicita la nulidad de su nombramiento, razón por la cual no es aplicable el artículo 113, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado." (foja 187). Ahora bien, se dice que lo alegado al respecto es infundado, porque tal como lo sostuvo la autoridad responsable, si el actor no demandó la nulidad de su nombramiento es evidente que no podía operar la excepción de prescripción prevista en el artículo 113, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que a la letra dice: "Artículo 113. Prescriben: I. En un mes: a) Las acciones para pedir la nulidad de un nombramiento."; o sea, que si la disposición legal en cita es clara en el sentido de que la prescripción en ella prevista opera tratándose de acciones para pedir la nulidad de un nombramiento, no es válido pretender, como lo hace la quejosa, que tal prescripción opere aun en los casos en que no se ejerza la referida acción, pues ello es contrario a lo que establece la disposición legal en cita; de ahí lo infundado de lo que se alega al respecto.
También son infundados todos los conceptos de violación que vierte la solicitante del amparo tendientes a convencer de que se encuentra acreditada la calidad de confianza del puesto de trabajo que ocupaba el actor, así como de que éste tenía la carga de probar que ostentaba un puesto de base; argumentos que se resumen en lo siguiente: "... al no estar exento de la carga de la prueba, con fundamento en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el actor del juicio, el C. Amatón Díaz Ramón, debió acreditar con prueba idónea y fehaciente que el puesto que desempeñaba es de base y no de confianza, por lo que al no ofrecer medio de prueba que robustezca la calidad de base, de manera unilateral y sin soporte de documental alguna, no se puede determinar que se trata de un trabajador de base cuando nunca fue acreditado ... no valora a conciencia la probanza consistente en la constancia de nombramiento y/o asignación de remuneraciones que obra a fojas 63 de autos del juicio natural, dándole valor probatorio para acreditar que la relación laboral, con vigencia del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2000, con adscripción a la Aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, tipo de empleo de confianza, en el puesto de profesional ejecutivo de servicios especializados, situación que al momento de dictar el laudo no tomó en consideración, dejando en completo estado de indefensión, dado a que si lo hubiera tomado en consideración, adminiculando entre sí con las demás pruebas, llegaría a la conclusión que se trata de un trabajador de confianza y, por lo tanto, no se trata de un despido injustificado del que se duele el actor por el oficio de cambio de adscripción, lo anterior es así, dado a que al tratarse de un trabajador de confianza no cuenta con estabilidad en el empleo e inamovilidad en el mismo, por tal motivo, al ser de confianza la quejosa, si requiere de sus servicios en otra aduana es procedente se cambie de adscripción ... ‘el que afirma está obligado a probar’ y si el actor del juicio no acredita que el puesto que desempeña es de base, luego entonces, por demás endeble, la responsable no debió condenar a mi representada a las prestaciones reclamadas ... el actor desde su ingreso fue trabajador de confianza y las funciones a desarrollar de igual forma son de confianza, mismas que se encuentran previstas en el artículo 5o., fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo cual conforme al artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y, por lo tanto, no es aplicable ni la ley de la materia ni las condiciones generales del trabajo vigentes en la dependencia ...". Lo infundado de lo así alegado deriva de que, contrario a ello, no correspondía al actor acreditar que ostentaba una categoría de base, pues aparte de que éste no introdujo ese aspecto como parte de la litis laboral, lo cierto es que a la secretaría demandada correspondía demostrar que dicho actor efectivamente se desempeñaba en un puesto de confianza y que entre las funciones que realizaba se encontraba la de "manejar fondos y valores", dado que fue ella quien afirmó esos aspectos en la contestación a la demanda; aspectos que la Sala del conocimiento estimó no fueron acreditados por la secretaría con ninguna de sus pruebas; y aunque tratando de combatir esa determinación de la responsable la inconforme alega la demostración del carácter de confianza invocando diverso material probatorio, lo así alegado resulta inoperante, si se toma en cuenta que habiendo establecido finalmente la responsable que el carácter de confianza no se acreditó porque "... el titular demandado no demuestra su afirmación de que el accionante manejaba fondos y valores federales y además que ello implicara la facultad de disponer de ellos, disponiendo su aplicación y destino, como lo señala el artículo 5o., fracción II, inciso c), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Siendo insuficiente para demostrar esos extremos el contenido del oficio 326-SAT-IV-2.3, pues si bien es cierto que de su contenido se desprende que se comisiona al actor ‘para desempeñar funciones de manejo y/o custodia de fondos federales’, también lo es que del mismo no se infiere que se le esté otorgando la facultad legal de disponer de estos valores ...", es el caso que la quejosa ningún argumento produce tendiente a combatir esas consideraciones de la responsable, esto es, no alega que con alguna de las pruebas existentes en autos se hubiese demostrado que el actor, en sus funciones de manejo y/o custodia de fondos federales, contara con la facultad legal de disponer de dichos fondos; en virtud de lo cual es inoperante todo lo que alega en torno al carácter de confianza del actor, precisamente porque la omisión en que incurrió origina que subsista y siga rigiendo en el laudo reclamado la consideración de la responsable en el sentido de que no se demostró que el actor contara con la facultad de disponer de los fondos cuyo manejo y/o custodia se le encomendó; circunstancia omisiva esa que, sin embargo, no impide a este Tribunal Colegiado advertir que, si bien es cierto: a) que de los recibos de pago exhibidos por el actor y que la demandada hizo suyos, no aparece que el actor aportara cuota sindical; b) que del nombramiento respectivo (foja 63) aparece que el nombre del puesto es: "profesional ejecutivo de servs. espdos." y en donde dice: "tipo de empleo", se encuentra marcado: "De confianza"; y c) que del catálogo de puestos (foja 64), se desprende que al de "profesional ejecutivo de servicios especializados" le corresponde el código "0 CF 21864", nivel salarial 27C (anterior y actual), no menos cierto lo es también, que como lo asentó la autoridad responsable: "lo que demuestra la confianza de un trabajador es la naturaleza de las funciones desempeñadas" (foja 190 vuelta), atento a lo establecido en la jurisprudencia número P./J. 36/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 10, que a la letra dice:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL.-De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que ‘la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza’, se desprende que el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza. Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo."
Incluso, así lo ha sostenido este Tribunal Colegiado en la tesis aislada número I.8o.T.10 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1894, cuyos rubro y texto son como sigue:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. REQUISITOS PARA PROBAR SU CARÁCTER DE CONFIANZA.-El carácter de confianza de un trabajador al servicio del Estado no depende de la denominación del puesto o de la clave que ostente el mismo, así como tampoco de que el puesto esté en los catálogos incluido como de confianza, sino del hecho de que el trabajador desempeñe funciones que, conforme a los catálogos a que se refiere el artículo 20 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sean de confianza; en consecuencia, cuando el titular de una dependencia se excepciona afirmando que un trabajador al servicio del Estado es de confianza, resulta necesario que en la contestación a la demanda precise cuáles son las funciones que el trabajador venía desempeñando, así como que en el juicio laboral pruebe, en primer término, que efectivamente desempeñó las funciones que señaló; y, en segundo lugar, que las mismas estén catalogadas como de confianza, ya que de no cumplir con lo anterior la Sala resolutora considerará, ipso facto, que se trata de un trabajador de base, pues el artículo 4o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado sólo establece dos categorías: de base y de confianza, y si no se prueba que el trabajador hubiera tenido este último carácter, evidentemente que debe ser considerado como de base."
Por tanto, aun cuando de acuerdo con los documentos mencionados con anterioridad, exhibidos por la demandada, el puesto de "profesional ejecutivo de servicios especializados" se encuentre contemplado como puesto de confianza y que, incluso, como afirma la quejosa, en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado estén establecidas las actividades que afirmó desempeñaba el actor (manejar fondos y valores), como se ve de la siguiente transcripción: "Artículo 5o. Son trabajadores de confianza: ... II. En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades comprendidas dentro del régimen del apartado ‘B’ del artículo 123 constitucional, que desempeñan funciones que conforme a los catálogos a que alude el artículo 20 de esta ley sean de: ... c) Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal de disponer de éstos, determinando su aplicación o destino. El personal de apoyo queda excluido.", ya se ha dicho, y aquí se reitera, que es justificado que la Sala del conocimiento determinara que no se acreditó la naturaleza de confianza del puesto del actor, porque para tener por acreditado tal aspecto es insuficiente el oficio número 326.SAT.09.700-IV.1.2.1, de fecha seis de junio de dos mil, ya que del mismo únicamente se desprende que se comisionó al actor "para desempeñar funciones de manejo y/o custodia de fondos federales", pero no se le está otorgando la facultad de disponer de esos valores, lo cual era necesario para que, en su caso, pudiera establecerse que el actor se encuentra en el supuesto establecido en el inciso c) del apartado II del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado antes transcrito; debido a que el citado carácter de confianza, para los que realizan actividades de manejo de fondos o valores, se encuentra condicionado al hecho de que esas funciones impliquen la facultad de disponer de dichos fondos, determinando su aplicación o destino, que es precisamente lo que no se encuentra acreditado en autos, el documento de que se habla es del siguiente tenor (foja 65).
Ver documento
En otro aspecto, también son infundados los conceptos de violación en donde afirma que: "... la hoy quejosa no se está obligando a demostrar las necesidades del servicio porque son subjetivas y no objetivas, por tal razón, al tener el carácter de trabajador de confianza el C. Amatón Díaz Ramón, es claro que no tiene estabilidad en el empleo e inamovilidad, por ende, se podrá solicitar sus servicios en la aduana que así lo requiera, ello para poder cubrir las necesidades del servicio que debe cumplir mi representada con las funciones, objetivos, entre otras funciones a realizar en la Administración General de Aduanas, siendo ésta la general, destacando que la misma tiene diversas ciudades ... el acto reclamado es violatorio de garantías de legalidad y seguridad jurídica al no fundar y motivar las razones particulares y causas inmediatas para no considerar el artículo 1o., de la que se desprende que las mencionadas únicamente son aplicables a los trabajadores de base y no de confianza, por lo que tratándose de un trabajador de confianza no es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19493-9af6521e/trabajadores-de-confianza-al-servicio-del-estado-requisitos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEBE PRECISAR EN LA COMUNI (AMPARO EN REVISIÓN)
- VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. SI EN EL PADRÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVO APARECE EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA A QUIEN SE (AMPARO EN REVISIÓN)
- REVISIÓN. SI QUIEN INTERPONE EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE AMPARO NO ACREDITA LA REPRESENTACIÓN CON QUE SE OSTENTA, ÉSTE DEBE DESECHARSE. (AMPARO EN REVISIÓN)
- DERECHO DE PETICIÓN. SU RELACIÓN DE SINERGIA CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN. (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- GOBERNADOR DEL DISTRITO. (s/clave)
- APODERADO EN JUICIO. (s/clave)
- GOBIERNO FEDERAL. (s/clave)
- ACREEDORES AUSENTES. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis