DERECHO DE PETICIÓN. SU RELACIÓN DE SINERGIA CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 360/2010. DIRECTOR DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios hechos valer por la autoridad inconforme son infundados en una parte e inoperantes en otra, en atención a las consideraciones que se vierten a continuación.
Antecedentes.
Mediante escrito presentado el 11 de agosto de 2010 en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Víctor Hugo Ramón Gómez, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaría a bienes de José Antonio Ramón Gómez, promovió juicio de amparo en contra de la autoridad y por el acto que se precisa a continuación:
"Autoridad responsable. Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado."
"Acto reclamado. Éste lo constituye la falta de contestación por parte de la responsable a mi escrito que le formulé de manera pacífica y respetuosa, presentado el día 27 de marzo de 2009 (recurso de inconformidad interpuesto en contra de la resolución de 31 de diciembre de 2008, contenido en el oficio número SP/05503/08, emitido por el subdirector de Pensiones de la Subdirección General)."
Tocó conocer del asunto al Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien lo admitió y registró con el número de expediente 1338/2010.
Sentencia recurrida.
El 13 de septiembre de 2010, el Juez Federal del conocimiento dictó sentencia en la que concedió el amparo solicitado con base en las consideraciones que se vierten a continuación:
I. Que en la especie no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que el silencio de la autoridad de ninguna manera impide al gobernado exigir, mediante la acción constitucional del juicio de amparo, que se dé respuesta expresa a sus peticiones.
II. Que el escrito petitorio del quejoso presentado el 27 de marzo de 2009, se efectuó cumpliendo lo dispuesto por el artículo 8o. constitucional, y que ello obligaba a la responsable a emitir la respuesta por escrito y hacérsela saber al promovente en breve término, lo cual no aconteció, motivo por el cual es notoria la violación a la garantía constitucional consagrada en el numeral en cita.
III. Que lo procedente es otorgar al quejoso el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable, dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la fecha en que la sentencia cause ejecutoria, proceda a contestar, por escrito y de manera congruente la petición formulada por el quejoso, notificándole la respuesta personalmente y siguiendo las formalidades correspondientes.
Agravios.
Inconforme con dicha decisión, la autoridad recurrente hace valer, en su primer motivo de agravio, los siguientes argumentos:
I. Que el Juez Federal del conocimiento no realizó una debida valoración de las constancias que obran en autos, particularmente del escrito formulado por el quejoso, el cual es un ocurso de inconformidad en relación con el cálculo de la cuota diaria de pensión que percibe, por lo que si el escrito de mérito se presentó dentro de un procedimiento administrativo, el cual fue resuelto negativamente, no existe violación alguna al artículo 8o. constitucional.
II. Que el Juez no valoró los razonamientos vertidos en el informe justificado, en los que se señaló que el procedimiento administrativo debe regirse por la normatividad de naturaleza administrativa-fiscal y no por el artículo 8o. constitucional, dado que la pretensión del quejoso es el ajuste de pensión, lo que se suscita dentro del procedimiento administrativo regulado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
III. Que el ámbito de funcionamiento del principio constitucional protector del derecho de petición exige que en la legislación ordinaria materialmente aplicable no existen normas que rijan la instancia o procedimiento interpuesto, esto es, que antes de aplicar el dispositivo constitucional debe regir la ley del acto.
IV. Que el Juez no analizó lo dispuesto por el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el sentido de que las disposiciones de dicha ley son de orden e interés público y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada.
V. Que si la instancia administrativa interpuesta por el quejoso no se rige por el artículo 8o. constitucional, sino por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es evidente que debió agotarse el plazo de tres meses que prevé el artículo 17 del último ordenamiento legal mencionado.
VI. Que en términos del citado numeral, la autoridad resolvió negativamente la petición, por tanto, contrariamente a lo señalado por el juzgador, ya existe una resolución.
VII. Que en la especie se configuró una negativa ficta y no la hipótesis prevista en el artículo 8o. constitucional; por tanto, no existe una violación a este último precepto, máxime que la negativa ficta y el derecho de petición son dos instituciones diferentes, como se advierte de la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES DIFERENTES."
VIII. Que en el presente asunto se actualizó la negativa ficta, pues el escrito se presentó dentro de un procedimiento administrativo y no se resolvió en un plazo de tres meses, motivo por el cual no existe una violación al derecho de petición.
La inconforme sustentó dichos argumentos en los criterios de rubros:
"NEGATIVA FICTA, SE GENERA ANTE EL SILENCIO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, RESPECTO DE SOLICITUDES FORMULADAS POR SUS PENSIONADOS."
"NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA RESPECTO DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES SOMETIDAS A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA."
La recurrente aduce en su segundo agravio, lo siguiente:
I. Que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso, previamente a promover el juicio de amparo, debió presentar la demanda del juicio de nulidad, máxime que no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad.
II. Que el juzgador se limitó a señalar que no es necesario agotar el recurso de revisión, y sin expresar mayor argumento, determinó que no es obligatorio acudir al juicio contencioso administrativo, efectuando indebidamente un análisis parcial de la causal de improcedencia invocada.
III. Que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es el competente para conocer y resolver todo lo relativo a las modificaciones de las pensiones a cargo del indicado instituto, por tanto, es obvio que cuando el derechohabiente o sus beneficiarios no estén de acuerdo con la decisión respectiva, la deben impugnar a través del juicio contencioso administrativo.
La inconforme apoyó dicho argumento en el criterio de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro:
"INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."
IV. Que el artículo 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, concede al propio organismo la facultad para suspender, modificar o revocar un incremento pensionario, en los casos que las normas jurídicas dispongan, sin que se necesite del consenso de los interesados, motivo por el cual no era necesario explicar la modificación pensionaria.
V. Que el Juez debió decretar el sobreseimiento en el juicio, toda vez que en materia pensionaria le corresponde conocer al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
VI. Que la circunstancia de que el promovente haya hecho referencia a la violación al artículo 8o. constitucional, no la releva de la obligación de agotar, en los casos que proceda, los recursos que estatuye la ley.
La inconforme citó, en apoyo de lo anterior, el siguiente criterio:
"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN: ‘LA LEY DEL ACTO’."
Estudio.
Como quedó señalado en la parte inicial del presente considerando, los argumentos previamente sintetizados son infundados en una parte e inoperantes en otra, en atención a las consideraciones que se vierten a continuación.
En primer término, se estiman inoperantes los argumentos en los que la inconforme refiere que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, pues la quejosa debió, previo a promover el juicio de amparo, interponer el juicio de nulidad correspondiente, toda vez que, como se señaló en el considerando precedente, dicha causal no se actualiza en la especie.
Por otra parte, se estima necesario tener presente que el derecho de petición es la garantía individual consignada en el artículo 8o. constitucional, por virtud del cual, cuando un gobernado formule a una determinada autoridad una petición escrita, pacífica y respetuosa, se genera la obligación de ésta de darle respuesta en el lapso más breve que las circunstancias y complejidad del caso lo permitan.
El precepto mencionado establece:
"Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
"A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario."
El numeral transcrito establece como garantía individual el llamado "derecho de petición", que consiste en que todo gobernado pueda dirigirse a las autoridades con la certeza de que recibirá una respuesta por escrito, en breve término, a la solicitud que formula. En términos generales, el derecho de petición se refiere al requerimiento que hace el gobernado para que la autoridad, de modo congruente, atienda y dé contestación por escrito, en breve término, a su solicitud.
Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia P./J. 42/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 126, que dice:
"PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular."
Ahora bien, tanto la negativa ficta como la afirmativa ficta, se sitúan en el ámbito de las relaciones administrativas que surgen entre los gobernados y algunos órganos de la administración pública; en esencia, por disposición del ordenamiento legal, consisten en que al silencio administrativo, es decir, a la conducta omisa en que incurre una autoridad administrativa cuando no contesta una petición que le formulan los administrados, se le atribuye una resolución en cierto sentido que permite su impugnación en los términos legales conducentes.
El silencio de la autoridad a que se hace referencia puede tener un aspecto negativo, cuando a la omisión de la autoridad las leyes le atribuyen la consecuencia de que ese silencio provoca que se presuma que la autoridad resolvió en forma desfavorable la solicitud escrita del peticionario, como acontece con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece que las autoridades administrativas no podrán exceder del término de tres meses para que resuelvan lo que corresponde, y que transcurrido dicho plazo se entenderán sus resoluciones en sentido negativo al promovente.
Sin embargo, la abstención con que se conduce la autoridad respectiva, de ninguna manera impide que el gobernado pueda exigir, mediante la acción constitucional de amparo, que se dé una respuesta expresa a sus peticiones, invocando la violación a la garantía que establece el artículo 8o. constitucional, ya que la figura de la negativa, en este caso, contemplada en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no puede derogar, condicionar ni restringir la eficacia de una garantía constitucional, ni prejuzgar sobre el medio de defensa que interponga el gobernado a fin de combatirla.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 136/99, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, la cual fue invocada por la Juez Federal del conocimiento en la sentencia que se revisa, visible en la página 245 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA. Cuando se reclama en amparo la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, no es procedente sobreseer en el juicio con base en que el silencio de la autoridad constituyó una negativa ficta, por las razones siguientes: 1) porque la aludida garantía constitucional no puede quedar suspendida por la creación o existencia de figuras jurídicas (como la negativa ficta) que la hagan nugatoria, pues ello equivaldría a limitarla, restringirla o disminuirla y a condicionar su vigencia a lo que dispongan las leyes secundarias; 2) porque la negativa ficta es una institución que, por sus características peculiares, es optativa para los particulares, la cual, por surgir debido al transcurso del tiempo, sin respuesta específica y por escrito de la autoridad a la que se planteó la solicitud, no puede satisfacer el objeto primordial que se persigue con la garantía que tutela el artículo 8o. constitucional; y 3) porque el Juez de amparo no puede prejuzgar sobre cuál es el medio de defensa con que debe ser impugnado el silencio de la autoridad, cuando precisamente se le está pidiendo que obligue a esa autoridad a dar una respuesta, como lo exige el artículo constitucional invocado. Lo anterior, sin perjuicio de que cuando el particular optó por impugnar la resolución ficta, ya no puede, válidamente, exigir contestación expresa, pues en tal supuesto clausuró su derecho de petición."
En tal virtud, deben declararse infundados los argumentos hechos valer por la inconforme en tal sentido, pues no obstante que la negativa ficta y el derecho de petición son figuras jurídicas diferentes, en el caso, fue correcto que el Juez Federal analizara el asunto a la luz de la figura del derecho de petición, ya que de la jurisprudencia citada se advierte que la garantía prevista en el artículo 8o. constitucional no puede suspenderse por la creación o existencia de figuras jurídicas que la hagan nugatoria, pues ello equivaldría a limitarla, restringirla o disminuirla y a condicionar su vigencia a lo que dispongan las leyes secundarias.
Por tanto, al haberse acreditado en el juicio de garantías, del que emana el fallo que se revisa, que el quejoso elevó una petición por escrito y de manera respetuosa a la autoridad responsable, el 27 de marzo de 2009, en el cual interpuso recurso de inconformidad en contra de la resolución de 31 de diciembre de 2008, contenida en el oficio número SP/05503/08, emitida por el subdirector de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento a la sentencia de 30 de enero de 2007, emitida por la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 10833/06-17-09-8, mediante la cual se declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada aumentara el monto de la pensión correspondiente en términos de los artículos 15, 23 y 64 de la ley del citado instituto, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo ni de la emisión de la sentencia recurrida se hubiera emitido respuesta en relación con la solicitud que dicho impetrante formuló, es evidente que la autoridad violó en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8o. constitucional.
Finalmente, no es dable considerar aplicable al caso que nos ocupa, el término de tres meses previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece la figura jurídica de la negativa ficta, toda vez que ésta no tiene como finalidad obligar a las autoridades a resolver en forma expresa una solicitud, sino que, ante la falta de contestación de las autoridades por más de tres meses a una instancia o petición, se considerará por ficción de ley, como una resolución negativa.
Por tanto, la negativa ficta y el derecho de petición son figuras jurídicas de naturaleza distinta, puesto que la primera, ante el silencio de la autoridad de dar contestación en determinado término a una instancia, genera como consecuencia una respuesta tácita en forma desfavorable a los intereses del peticionario; en cambio, la respuesta que debe dar la autoridad al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, no necesariamente debe ser en sentido desfavorable, esto es, que la respuesta únicamente debe ser congruente con lo solicitado, independientemente del sentido de la respuesta que emita la autoridad, puesto que tal garantía se satisface cuando la responsable da respuesta por escrito en breve término y la hace del conocimiento del interesado.
En ese sentido, la ley no establece en forma genérica que el término con que las autoridades cuentan para dar respuesta a una petición formulada con apoyo en el artículo 8o. constitucional, sea de tres meses. Por el contrario, se enfatiza que ésta debe producirse en "breve término", lo cual, si bien se trata de una expresión que no brinda un dato preciso respecto de la extensión del lapso para dar respuesta, ello obedece a que habrá de considerarse en cada caso, de acuerdo a sus particularidades, la razonabilidad de la demora.
De ahí que ante un concepto jurídico indeterminado en cuanto al plazo a que se encuentra sujeta la obligación de la autoridad omisa para contestar lo pedido por el quejoso, éste debe ser el mínimo, atendiendo precisamente al "breve término" consignado en el texto constitucional, puesto que lo pedido no es algo complejo y, por ende, resulta que la dilación ocurrida excede el plazo aludido.
Bajo ese contexto, son infundados los agravios de la inconforme, toda vez que como lo estimó el Juez de Distrito, la quejosa colmó los requisitos previstos en el artículo 8o. constitucional, consistentes en que su petición la formuló por escrito, de manera pacífica y respetuosa, por lo que la autoridad recurrente quedó ineludiblemente constreñida a dar por escrito una contestación a dicha solicitud, de manera congruente con lo pedido, misma que debió hacer saber al interesado en breve término, según lo expuesto con antelación.
Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis I.7o.A.112 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el que este tribunal comparte criterio, consultable en la página 2256, del Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO NO DEPENDE DE QUE SE HAYA INTERPUESTO SIN SUJETARSE A UN PLAZO FIJO NI PREDETERMINADO RESPECTO DEL MOMENTO EN QUE EL QUEJOSO ELEVÓ SU PETICIÓN A LA AUTORIDAD, YA QUE CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CALIFICAR EL ‘BREVE TÉRMINO’ QUE TUTELA EL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN CADA CASO CONCRETO.-El derecho de petición no puede vincularse a un plazo fijo ni predeterminado para que la autoridad emita su contestación, como puede ser el de cuatro meses; esto es así, porque de aceptarlo se llegaría al extremo de que cualquier solicitud, sin importar su simplicidad o complejidad, deba ser contestada siempre en ese lapso; en ese entendido, corresponde al Juez de Distrito que conozca del amparo indirecto promovido por violación al citado precepto constitucional, calificar el ‘breve término’ que tutela el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto, al conceder o negar la protección de la Justicia Federal solicitada, ya que en ocasiones un plazo fijo puede ser demasiado para que la autoridad dé una respuesta, o poco tiempo para responder a cuestiones extremadamente complejas. Por tanto, el hecho de que la demanda relativa se haya promovido sin sujetarse a un plazo fijo ni predeterminado respecto del momento en que el quejoso elevó su petición a la responsable, no conlleva la improcedencia del juicio de garantías, ya que, por las razones apuntadas, aquélla puede presentarse en cualquier tiempo."
Por tanto, se estima que fue correcta la determinación de conceder el amparo solicitado, dado que las consideraciones del Juez de Distrito son acertadas, pues con la actitud omisa de la autoridad responsable se conculcó la garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional en perjuicio de la quejosa, que constriñe a las autoridades a resolver en breve tiempo las peticiones formuladas ante ellas.
Asimismo, cabe señalar que el derecho de petición se vincula y relaciona con el diverso derecho a la información, ambos plenamente reconocidos en la Constitución, artículos 8o. y 6o., tratados respectivos y leyes reglamentarias, por lo que es evidente que la promovente tiene el derecho a que se le conteste en un breve plazo, con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer la autoridad, pues se trata de un derecho fundamental, tanto de la sociedad como de los individuos.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.435 A de este tribunal, visible en la página 1589, Tomo XX, agosto de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece:
"-El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional implica la obligación de las autoridades de dictar a una petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por su parte, el artículo 6o. de la propia Constitución Federal establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Ambos derechos, reconocidos además en tratados internacionales y leyes reglamentarias, se encuentran vinculados y relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho, no sólo a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término, sino que se haga con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer la autoridad, lo que constituye un derecho fundamental tanto de los individuos como de la sociedad."
En esas condiciones, al haber resultado infundados en una parte e inoperantes en otra los argumentos hechos valer por la parte recurrente en su pliego de agravios, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida.
Finalmente, cabe destacar que, en términos generales, similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad de votos, en sesiones de 23 de abril, 21 de noviembre de 2008, 14 de enero y 27 de agosto de 2009, respectivamente, los amparos en revisión números 134/2008, 416/2008, 466/2008 y 281/2009, interpuestos por el delegado del subdirector general de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como por el propio subdirector general referido, siendo ponentes, respectivamente, el Magistrado Jean Claude Tron Petit, en el segundo de ellos y en los restantes el Magistrado Patricio González-Loyola Pérez.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos del 76 a 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia engrosada el 13 de septiembre de 2010, emitida por el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el expediente 1338/2010.
SEGUNDO.-No se sobresee en el juicio de garantías 1338/2010, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en términos del último considerando de la presente ejecutoria.
TERCERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Víctor Hugo Ramón Ríos, en su carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes de José Antonio Ramón Gómez, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de la sentencia que se revisa.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados Jesús Antonio Nazar Sevilla (presidente), Jean Claude Tron Petit y Patricio González-Loyola Pérez, por unanimidad de votos. Fue ponente el último de los antes mencionados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22668-71c4fc81/derecho-de-peticion-su-relacion-de-sinergia-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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