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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN, RECURSO DE. CASO EN QUE TIENE LEGITIMACIÓN LA AUTORIDAD EJECUTORA PARA INTERPONERLO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1019/2002. · Registro digital (IUS): 22110
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, , Pág. 2543.

AMPARO EN REVISIÓN 1019/2002. DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Previo al estudio de los agravios planteados por la recurrente, director general de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, autoridad responsable señalada con el carácter de ejecutora, resulta pertinente determinar si, en el caso en estudio, dicha autoridad se encuentra legitimada para recurrir la sentencia de fecha diez de junio del dos mil dos, dictada dentro de los autos del juicio de amparo indirecto número **********, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, para lo cual cabe precisar lo siguiente:

El recurso de revisión, en los casos a que se refiere el artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo, puede interponerse por cualquiera de las partes en el juicio, según lo dispone el numeral 86 de la mencionada ley, que no establece excepciones de ninguna especie.

Ahora bien, tienen el carácter de partes en el juicio de garantías: el agraviado, las autoridades responsables, el tercero o los terceros perjudicados y el Ministerio Público Federal; institución que, conforme a la fracción IV in fine del numeral 5o. de la ley de la materia, puede interponer los recursos que señala la misma.

Así, debe decirse que, de los dispositivos citados, se advierte que tienen legitimación para hacer valer el recurso de revisión quienes sean "partes" en la controversia constitucional, sin más limitación, en el caso de las autoridades, que las que expresamente les impone en lo medular el artículo 87 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado; esto es, que las responsables y, en general, las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos.

De lo expuesto anteriormente, es dable afirmar que la autoridad responsable aquí recurrente, sí se encuentra legitimada para interponer el presente recurso de revisión, tomando en consideración que la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto antes señalado le afecta directamente. Conclusión a la que se arriba partiendo de la base de que, no obstante que la autoridad responsable, director general de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, en su carácter de ejecutora, al rendir su informe justificado ante el Juez de amparo, negó la existencia del acto reclamado señalando que dentro de sus atribuciones y facultades no se encontraba la de ejecutar el acto reclamado que se le imputó consistente en el cambio de estancia de las quejosas **********, ********** y **********; dicho acto se le tuvo por cierto, bajo el argumento toral de que como la autoridad responsable señalada como ordenadora, Consejo Técnico Interdisciplinario del Reclusorio Preventivo Femenil Norte, en esta ciudad, admitió la existencia del mismo, indudablemente que, por razón de jerarquía, la ejecutora tiene la obligación de darle cumplimiento a la orden por ella emitida, que en el caso resulta ser el cambio de estancia de las aludidas quejosas, apoyando dicho criterio en la tesis de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO."

Sirve de apoyo, además, a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos noventa y uno, Tomo III, Primera Parte, enero-junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"REVISIÓN, LEGITIMACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA PARA INTERPONER EL RECURSO DE.-La autoridad responsable ejecutora está legitimada para interponer el recurso de revisión cuando, mediante él, no pretende sostener la validez de los actos de la ordenadora, sino cuestiones diversas que la afectan directamente."

Así las cosas, al resultar legitimada la aludida autoridad responsable para recurrir la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en los autos del juicio de amparo indirecto número **********, resulta procedente el estudio de los agravios planteados por la misma.

SEXTO.-En principio, cabe señalar que el estudio de los agravios planteados por la autoridad responsable recurrente, director general de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, versará únicamente en cuanto al segundo punto resolutivo y considerandos tercero, parte última, y cuarto que lo rigen, en los que el Juez Primero de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada contra los actos del aludido director, consistente en la ejecución del cambio de estancia (dormitorio) librado en contra de **********, ********** y **********; ya que del análisis del escrito de interposición del recurso y de los agravios se advierte que aquél no impugna los demás pronunciamientos hechos por el Juez federal en la sentencia recurrida, relativos al sobreseimiento en el juicio de garantías respecto del acto reclamado al secretario de Gobernación, así como de la protección constitucional a las referidas quejosas en relación con el acto reclamado al Consejo Técnico Interdisciplinario del Reclusorio Preventivo Femenil Norte y a la jefa del Departamento de Seguridad y Custodia del Reclusorio Preventivo Femenil Norte, por lo que, ante la ausencia de impugnación con respecto a esas determinaciones pronunciadas en la sentencia recurrida, deben quedar intocadas.

Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, el criterio sostenido por la Primera Sala de la otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página mil novecientos veintisiete, Tomo XXX, Segunda Parte, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"SUSPENSIÓN, REVISIÓN DE LA.-Si bien la Ley de Amparo no exige terminantemente la expresión de agravios, cuando se interpone la revisión contra el auto que conceda o niegue la suspensión, es racional y jurídico entender que tal recurso debe concretarse a la parte de la resolución que agravia al recurrente y que, por tanto debe quedar firme el acto del Juez, en los puntos en que no fue recurrido."

Así como la tesis sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil seiscientos cuarenta y nueve, Tomo XXXVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"REVISIÓN EN AMPARO.-La revisión en amparo puede extenderse sólo a los puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando el fallo del Juez de Distrito, firme, en la parte en que no fue impugnada."

SÉPTIMO.-Son sustancialmente fundados y suficientes los agravios que se formulan para modificar la sentencia recurrida, en lo que es materia del recurso, por las razones que se expondrán.

En efecto, el aludido director general de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, aquí recurrente, sostiene que debió sobreseerse en el juicio de amparo indirecto número **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, "... toda vez que no quedó acreditado la existencia del acto atribuido a esta Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal ..."; "... Lo anterior es así -continúa diciendo- en virtud de que el Juez constitucional desatiende las atribuciones que tiene encomendadas esta dirección general a mi cargo, prevista en el artículo 40 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y en las que no se encuentran las de ordenar o ejecutar la clasificación o reclasificación de dormitorios de aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad en alguno de los reclusorios del Distrito Federal, por lo que, evidentemente, se advierte que el juzgador se equivoca al conceder la protección constitucional, por cuanto a esta autoridad se refiere, a razón de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo que claramente dispone que: ‘Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.’; luego entonces se colige que si en el presente juicio constitucional las promoventes señalaron a esta autoridad como ejecutora, que de acuerdo a sus facultades legales no le corresponde la ejecución del acto reclamado, no basta la simple designación de la autoridad para tener por acreditado su actuar, debiéndose actualizar la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII; lo que conduce a sobreseer en el juicio de garantías respecto de esta autoridad, en términos del artículo 74, fracción IV, (sic) de la Ley de Amparo."

Al respecto, debe decirse que le asiste razón a la autoridad recurrente en relación con la referida causal de improcedencia que invoca y que, en el caso particular, se actualiza, prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, pero en relación con el 11 de la propia ley y la fracción III del numeral 74 del ordenamiento legal en consulta, y para así estimarlo, es preciso señalar lo que dichas disposiciones al respecto establecen:

"Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley. ..."

"Artículo 74. Procede el sobreseimiento: ... III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causa de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior; ..."

Con el propósito de poner de manifiesto tal aserto, es necesario tener en cuenta lo que señala el artículo 40 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal:

"Artículo 40. Corresponde a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social: I. Organizar la operación y administración de los reclusorios y centros de readaptación social para arrestados y procesados; II. Aplicar la normatividad sobre readaptación social en los centros de reclusión del Distrito Federal; III. Determinar y coordinar el funcionamiento de los sistemas de seguridad en los reclusorios y centros de readaptación social; IV. Participar en la elaboración y cumplimiento de los convenios de coordinación que se celebren con los gobiernos de las entidades federativas en materia de prevención de la delincuencia; V. Proponer la suscripción de convenios que deba celebrar el Distrito Federal con instituciones académicas públicas y privadas en materia de capacitación, adiestramiento y profesionalización penitenciaria; VI. Coordinar acciones con las instituciones que, dentro del ámbito de su competencia, puedan apoyar la realización de las tareas de prevención de conductas delictivas; VII. Orientar técnicamente y aprobar los proyectos para la construcción y remodelación de establecimientos de readaptación social, teniendo como objetivo, la separación de los procesados con los sentenciados; VIII. Administrar la producción y comercialización de artículos de las unidades industriales o de trabajo, destinadas a capacitar y a proporcionar a los internos estímulos y apoyos a su economía familiar; IX. Vigilar que se proporcione a los internos la atención médica y psicológica necesaria y que se cumplan las reglas de higiene general y personal; X. Establecer los criterios de selección, formación, capacitación, evaluación y promoción del personal que preste sus servicios en las instituciones de readaptación social; XI. Realizar y promover investigaciones científicas relacionadas con conductas delictivas y zonas criminógenas, con el fin de proponer las medidas de prevención social necesarias y, con base en ellas, definir los modelos de organización y tratamiento en los centros de readaptación social; XII. Proporcionar antecedentes penales a las autoridades competentes y expedir, previa solicitud, constancias de los mismos, para el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber legalmente previsto; XIII. Vigilar que todo interno participe en las actividades laborales, educativas y terapéuticas necesarias para su correcta estabilidad psicológica, moral y anímica, así como que se le practiquen con su oportunidad estudios que muestren su esfuerzo y la evaluación de su tratamiento y que mantenga siempre relaciones cercanas con sus familiares y seres queridos; XIV. Proporcionar información sobre los procesados a las autoridades administrativas y electorales que en razón de sus funciones así lo requieran; XV. Establecer la coordinación necesaria con las autoridades de los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, para el mejor ejercicio de las atribuciones que le corresponden conforme a este reglamento y a otras disposiciones legales; XVI. Apoyar los traslados de procesados, nacionales o extranjeros, de acuerdo con lo estipulado en los tratados o convenios internacionales; XVII. Dictar las normas internas y revisar los procedimientos a fin de evitar los fenómenos de corrupción al interior de los centros de readaptación social; XVIII. Vigilar que las condiciones psicológicas, materiales y de seguridad le permitan contar al procesado con los elementos mínimos para su correcta defensa; XIX. Cuidar por la seguridad personal de los procesados, así como vigilar por su correcto equilibrio psicológico, moral y emocional; XX. Cuidar y vigilar siempre por el cumplimiento puntual y absoluto del respeto de los derechos humanos de los procesados; y XXI. Atender los criterios necesarios para la profesionalización y eficiencia del personal técnico de las dependencias, así como ver por su seguridad y capacitación."

A su vez, los artículos 148, 149 y 152, párrafo segundo, del Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, establecen al respecto:

"Artículo 148. Las correcciones disciplinarias aplicables a los internos que incurran en las infracciones previstas en el artículo anterior serán: ... IV. Traslado a otro dormitorio temporal o permanente ..."

"Artículo 149. Las correcciones disciplinarias a que se refiere el artículo anterior, serán impuestas mediante dictamen del Consejo Técnico Interdisciplinario, que se dictará en la sesión inmediata a la comisión de la infracción."

"Artículo 152. ... El Consejo Técnico Interdisciplinario o la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social en su caso, en un término que no excederá de 48 horas, emitirá la resolución que proceda y la comunicará para su ejecución, al director del reclusorio y al interesado."

De los anteriores preceptos legales se desprende con claridad que corresponde al Consejo Técnico Interdisciplinario imponer al interno las medidas y/o las correcciones disciplinarias a que se haga acreedor el mismo, emitiendo para ello una resolución-dictamen que deberá comunicar al director del reclusorio correspondiente para que proceda de inmediato a su ejecución; de tal suerte que, como bien lo ponderó la autoridad responsable, director general de Prevención y Readaptación Social de esta ciudad capital, aun cuando las accionantes del amparo lo señalaron como autoridad responsable ejecutora, de conformidad con el artículo 40 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en relación con los numerales 148, 149 y 152, párrafo segundo, del Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, no se encuentra dentro de sus facultades la de ordenar o, en su caso, como se le pretende atribuir, la de ejecutar el traslado a otro dormitorio de aquellas personas que se encuentren internas en alguno de los reclusorios de esta ciudad.

Desde esa óptica es fácil arribar a la conclusión que, dado que la autoridad responsable, director general de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal, no tiene dentro de sus funciones la de ejecutar el acto que las quejosas **********, ********** y ********** le imputan, consistente en la ejecución del "cambio de estancia que se pretende librar en nuestra contra para modificar la actual situación en que vivimos, cambiándonos a otro dormitorio con las molestias y perjuicios que ello nos acarrearía", se surte en el caso particular la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 11 de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el juicio de garantías respecto del acto reclamado a esta autoridad, con fundamento en lo que dispone el ordinal 74, fracción III, de la mencionada ley.

En consecuencia, ante lo fundado que resultan sustancialmente los agravios aducidos por la autoridad recurrente, lo que procede es modificar la sentencia recurrida en la que fue materia de análisis y sobreseer en el juicio de garantías respecto del acto de ejecución reclamado al director general de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal.

Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II de la Ley de Amparo, así como 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se modifica la sentencia recurrida en lo que fue materia de la revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías promovido por **********, ********** y **********, respecto del acto de ejecución que se reclama al director general de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, al Juez Primero de Distrito "A" de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y envíese copia certificada al director general de Prevención y Readaptación Social en esta ciudad capital; devuélvanse los autos respectivos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Emma Meza Fonseca (presidenta), Humberto Manuel Román Franco y Rafael Remes Ojeda (ponente).

En términos de lo previsto en los artículos 8, 14, fracción IV y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La jurisprudencia de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO." citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, enero-junio de 1989, Segunda Parte-1, página 56.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22110-86b0a635/revision-recurso-de-caso-en-que-tiene-legitimacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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