ALEGATOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR INFRACCIONES A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL PLAZO PARA PRESENTARLOS NO ESTÁ SUJETO A QUE LA AUTORIDAD DICTE UNA RESOLUCIÓN DONDE LO OTORGUE, POR LO QUE LA CADUCIDAD CORRE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EXISTA O NO UN ACUERDO EXPRESO AL RESPECTO.
REVISIÓN FISCAL 500/2010. DIRECTOR GENERAL DE LO CONTENCIOSO Y DE RECURSOS DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Los agravios son, por una parte, inoperantes y, por otra, infundados.
Resultan inoperantes los agravios en los que la recurrente aduce que la autoridad cuenta con un plazo de cincuenta y cinco días para emitir y notificar su resolución, ya que debe de tomarse en consideración que tiene quince días para emitirla, diez para notificarla y treinta días para que opere la caducidad; lo anterior, en virtud de que con ello no desvirtúa la consideración de la Sala, consistente en que, en el caso, la caducidad operó en razón de que la autoridad injustificadamente otorgó el término de alegatos hasta el cuatro de febrero de dos mil nueve, siendo que debió otorgarse del veintinueve de septiembre al dos de octubre de dos mil ocho; en razón de ello, la recurrente se limita a enfatizar que en el caso, la caducidad opera después de cincuenta y cinco días a partir de que expira el plazo para dictar la resolución correspondiente, pero con ello no ataca la consideración consistente en que el otorgamiento del plazo para alegatos se prolongó de manera ilegal, ya que se contravino lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, motivo por el cual la resolución impugnada era ilegal.
En ese sentido, resulta infundado el argumento consistente en que la resolución administrativa impugnada en el juicio de origen, se dictó dentro del término previsto para tal efecto, y en que no se actualiza el supuesto de caducidad al que hace referencia el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
A efecto de corroborar lo anterior, conviene traer el contenido del artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor:
"Artículo 123. Para determinar el incumplimiento de esta ley y en su caso para la imposición de las sanciones a que se refiere la misma, la procuraduría notificará al presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento y le otorgará un término de diez días hábiles para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no rendirlas, la procuraduría resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga.
"Cuando la procuraduría detecte violaciones a normas oficiales mexicanas e inicie el procedimiento a que se refiere este precepto en contra de un proveedor por la comercialización de bienes o productos que no cumplan con dichas normas, notificará también al fabricante, productor o importador de tales bienes o productos el inicio del procedimiento previsto en este artículo. La procuraduría determinará las sanciones que procedan una vez concluidos los procedimientos en cuestión.
"La procuraduría admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo podrá solicitar del presunto infractor o de terceros las demás pruebas que estime necesarias.
"Concluido el desahogo de las pruebas, la procuraduría notificará al presunto infractor para que presente sus alegatos dentro de los dos días hábiles siguientes.
"La procuraduría resolverá dentro de los quince días hábiles siguientes."
De la anterior transcripción se tiene que, para los procedimientos por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la procuraduría deberá notificar al presunto infractor de los hechos motivo del procedimiento, así como concederle un término de diez días hábiles para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga; una vez ocurrido lo anterior, si el infractor hizo uso de su derecho, la procuraduría admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo, de lo contrario, en caso de no rendirlas, resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga; concluido el desahogo de las pruebas, se notificará al presunto infractor para que presente sus alegatos dentro de los dos días hábiles siguientes y resolverá dentro de los quince días hábiles posteriores.
En el caso a estudio, el doce de septiembre de dos mil ocho, se emplazó a la actora respecto de los hechos motivo del procedimiento (foja 121 del juicio de nulidad), y se le concedió un término de diez días hábiles para que rindiera pruebas y manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera; dicho plazo venció el veintinueve de septiembre de dos mil ocho, conforme a los artículos 28 y 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria al caso concreto, de conformidad con el artículo 124 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo que en la especie fue acordado hasta el cuatro de febrero de dos mil nueve, cuando el jefe de Departamento de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor declaró precluido el derecho de la empresa para formular manifestaciones y ofrecer pruebas, ordenando su respectiva notificación (foja 125 del juicio de nulidad); entonces, es a partir de esta última actuación, la de veintinueve de septiembre de dos mil ocho, cuando empezó a correr el término de la autoridad para notificar al presunto infractor a efecto de que presentara sus alegatos dentro de los dos días hábiles siguientes y dictar resolución dentro de los quince posteriores; y, si es el caso, que el acuerdo por el que se otorgó el plazo para la presentación de alegatos se dictó el cuatro de febrero de dos mil nueve (foja 126 del juicio de nulidad) y que la resolución dictada en el procedimiento aconteció el diecinueve de febrero de dos mil nueve, debe concluirse que habían transcurrido en exceso los términos previstos por el artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y cobraba aplicación lo previsto por el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el sentido de operar la figura de la caducidad en el procedimiento administrativo iniciado. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a./J. 187/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 317, de contenido siguiente: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, QUE PREVÉ LA CADUCIDAD, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL PROCEDIMIENTO POR INFRACCIONES A LA LEY E IMPOSICIÓN DE SANCIONES QUE AQUÉLLA LLEVA A CABO.-De los artículos 124 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como 1o. y 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se advierte que es aplicable supletoriamente lo dispuesto en esa legislación adjetiva al procedimiento por infracciones a la ley e imposición de sanciones llevado a cabo por la Procuraduría Federal del Consumidor; consecuentemente, el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo puede aplicarse válidamente al referido procedimiento sancionador, y la consecuencia será que la autoridad deberá decretar su caducidad, a solicitud de parte interesada o de oficio, dentro de los 30 días contados a partir del vencimiento del plazo para que la Procuraduría Federal del Consumidor emita su resolución (15 días hábiles siguientes a la presentación de los alegatos por el infractor)."; de ahí que el argumento consistente en que la Sala tuvo indebidamente como fecha de notificación de la resolución impugnada el ocho de junio de dos mil nueve sea inoperante, pues con ello no desvirtúa que la ilegalidad deviene por no haber respetado los plazos establecidos en los preceptos antes mencionados y no por haberse practicado la notificación hasta el ocho de junio de dos mil nueve.
De la misma forma, resulta incorrecto el argumento hecho valer, en el sentido de que el cómputo de dos días para formular alegatos dentro del procedimiento corre hasta que la procuraduría dicte una actuación donde otorgue tal derecho, al no prever el artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor un término que deba transcurrir entre que se declaró concluido el periodo de desahogo de pruebas y la presentación de alegatos del infractor, pues lo anterior traería como consecuencia que se perdiera el sentido de la figura jurídica de la caducidad, pues ésta es una forma de dar por concluido el procedimiento administrativo, atendiendo a la actitud pasiva de la autoridad que omite dictar la resolución correspondiente en el tiempo que fija la ley; además, si se dejara al arbitrio de la autoridad el momento en que empiece a correr el plazo para dictar la resolución, traería inseguridad jurídica al administrado, que no podría saber cuándo operaría la caducidad en caso de no notificársele la resolución correspondiente; de ahí que -contrario a lo que alega la recurrente-, no puede considerarse que no exista un plazo determinado ni que el cuatro de febrero de dos mil nueve sea la fecha a partir de la cual la autoridad contaba con el plazo de quince días para dictar su resolución.
Respecto de las tesis invocadas por el recurrente, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, este tribunal no se encuentra obligado a observarlas, porque no son jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Similares consideraciones sostuvo este órgano colegiado al resolver el recurso de revisión fiscal 597/2009, en sesión de dieciocho de febrero de dos mil diez.
En esas condiciones, no estando demostrado que la sentencia impugnada sea ilegal, debe declararse infundado el recurso de revisión.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Es procedente pero infundado el recurso de revisión.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala de origen; háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: Luz María Díaz Barriga de Silva (presidenta), Amanda Roberta García González y Germán Eduardo Baltazar Robles (ponente).
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22941-08cb8936/alegatos-en-el-procedimiento-administrativo-por-infracciones-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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