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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. LA OMISIÓN DE LA SALA FISCAL DE APLICAR UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, JUSTIFICA LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 103/2010. · Registro digital (IUS): 22883
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIRECTOR CONTENCIOSO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, , Pág. 951.

REVISIÓN FISCAL 103/2010. DIRECTOR CONTENCIOSO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. El recurso de revisión fiscal es procedente en términos del artículo 63, fracciones II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en razón de que se recurre una resolución emitida por la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que reviste importancia y trascendencia para su procedencia, ya que la recurrente aduce el desacato a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual este tribunal considera que debe analizarse en el estudio de fondo correspondiente.

El artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé, en su literalidad, lo siguiente:

"Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:

"...

"II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. ..."

Del contenido del primer párrafo y de la fracción II del precepto transcrito se desprende que son impugnables, a través del recurso de revisión fiscal las resoluciones pronunciadas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que hayan decretado o negado el sobreseimiento del juicio de nulidad, o bien, las sentencias definitivas, siempre que el asunto sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso.

Ahora bien, a fin de determinar si el presente asunto se encuentra en los supuestos señalados, es importante realizar algunas precisiones en relación a los términos de "importancia" y "trascendencia".

En cuanto a la importancia, se puede entender como la calidad de lo que importa, lo que es muy conveniente o interesante o de gran entidad o consecuencia; por su parte, la trascendencia equivale al resultado, consecuencia de índole grave o muy importante. Es de señalar que los dos vocablos expresan ideas, aunque semejantes, diferentes, lo que se concilia con el texto legal, el cual incurriría en redundancia si empleara dos términos del todo sinónimos.

Llevadas ambas acepciones a la procedencia del recurso de revisión fiscal, la importancia hace referencia al asunto considerado en sí mismo, mientras que la trascendencia mira a la gravedad de la consecuencia que genere.

De este modo, la importancia del asunto puede quedar en sí misma desligada de la trascendencia, porque sus consecuencias no sean graves o importantes; además, es de precisar que la ley exige la concurrencia de los dos requisitos (unidos entre sí por la conjunción copulativa y no separados por la disyuntiva). En tal virtud, la autoridad recurrente deberá razonar uno y otro, y los Tribunales Colegiados examinarlos por separado, en la inteligencia de que si faltare uno de ellos sería superfluo confirmar la presencia del otro.

En conclusión, un asunto es importante cuando, dadas sus peculiaridades, sobresale de los comunes que conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; esto es, se trate de un asunto excepcional (lo que se advertirá cuando los argumentos no puedan convenir a la mayoría o a la totalidad de asuntos) debido a su importancia por su gran entidad o consecuencia, y trascendente, cuando la resolución que sobre el particular se dicte tuviera resultados o consecuencias de índole grave.

Es ilustrativa al caso, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 139-144, Tercera Parte, página 208, Séptima Época, cuyos rubro y texto son:

"REVISIÓN FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE. REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA; CUANDO SE ESTIMAN SATISFECHOS PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. Los requisitos de importancia y trascendencia deben estimarse satisfechos cuando, a propósito del primero de ellos, la parte recurrente exprese razones que no cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos de que conoce el Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Sala Superior) y pongan, por lo mismo, de manifiesto que se trata de un asunto excepcional; la interpretación que se dé a los artículos 240 y 241 del código tributario reviste gran entidad o consecuencia, ya que dichos preceptos regulan el derecho fundamental de defensa, por parte de las autoridades que mencionan y en los casos a que se refieren al instituir el recurso de revisión ante el Pleno del Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Sala Superior); y en relación con el segundo, tales razones pongan de relieve que la resolución que sobre el particular se dicte trascendería en resultados de índole grave, de entrañar menoscabo o privación del derecho a interponer el recurso indicado."

Ahora bien, en el caso, la autoridad recurrente sostiene que se surten los requisitos de importancia y trascendencia, al estimar que la Sala Fiscal, al resolver como lo hizo, atendió al criterio de un Tribunal Colegiado que ha sido superado por la jurisprudencia 2a./J. 117/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DIRECCIÓN GENERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EXISTE LEGALMENTE AL HABER SIDO CREADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO MEDIANTE EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA PROPIA COMISIÓN.", cuya observancia vincula a la Sala en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo.

Sobre ello, debe decirse que este Tribunal Colegiado estima que el aludido razonamiento es suficiente para tener por justificada la importancia y trascendencia del presente asunto, que actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que hace procedente el recurso de revisión fiscal que nos ocupa.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes, estableció reiteradamente el criterio consistente en que la interpretación teleológica del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, así como el análisis de la evolución de su contenido, permiten establecer que el recurso de revisión fiscal se creó como un mecanismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas por el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a favor de las autoridades que obtuvieran un fallo adverso en los juicios de nulidad, cuya procedencia está condicionada a la satisfacción de ciertos requisitos formales, que actualmente contempla el aludido artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Cabe precisar que la importancia y trascendencia se prevén como elementos propios y específicos que concurren en un determinado asunto, que lo individualizan y lo distinguen de los demás de su especie, lo que constituye propiamente su característica excepcional por distinguirse del común de los asuntos del mismo tipo, de manera que las citadas importancia y trascendencia son cualidades inherentes a cada caso concreto y, como tales, deben analizarse individualmente en cada revisión interpuesta.

En consecuencia, no basta el tipo de materia sobre la que verse el asunto para que se estime que reúne las características de importante y trascendente, sino que debe guardar particularidades que lo tornen así, toda vez que la finalidad que persigue el artículo en comento es restringir los casos que pueden ser revisados por el Tribunal Colegiado de Circuito, privilegiando los asuntos que sean importantes y trascendentes, lo que desde luego, requiere forzosamente de un estudio profundo del planteamiento realizado al respecto por la autoridad recurrente.

En esas condiciones, como se puede advertir en la sentencia hoy recurrida, la controversia en el juicio de nulidad versó sobre un conflicto de legalidad respecto a si tiene o no existencia legal el director de Arbitraje y Sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios, para haber emitido la resolución impugnada en el juicio de nulidad de origen; sobre ello, la Sala Fiscal estimó que la citada autoridad carecía de existencia legal, en términos de la tesis I.3o.A.51 A, que emitió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). SU DIRECCIÓN GENERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CARECE DE EXISTENCIA LEGAL DEBIDO A QUE SU CREACIÓN DERIVA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE DICHO ORGANISMO Y NO DE UNA LEY O REGLAMENTO EXPEDIDOS PREVIAMENTE.", criterio que, según aduce la recurrente, participó en la contradicción de tesis 97/2008, del índice de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, de cuya ejecutoria derivó la citada jurisprudencia 2a./J. 117/2008.

De ahí que tal cuestionamiento, por sí solo, hace importante el asunto, puesto que no cabría formularlo en la mayoría o en la totalidad de los asuntos de los que conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dado que la regularidad de su actuación jurisdiccional debe regirse y justificarse, so pena de caer en la ilegalidad, a la luz de los ordenamientos legales y jurisprudenciales que resulten aplicables al caso, por virtud de la observancia obligatoria que para estos últimos prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo; asimismo, también se da el requisito de trascendencia, pues de no examinarse la legalidad del criterio adoptado en la sentencia recurrida, subsistiría un precedente que traería como resultado consecuencias que trascienden la propia sentencia, con resultados de índole grave, pues se pasaría por alto la posible omisión de aplicar un criterio vinculante, cuya orientación debe regir la actuación de los tribunales obligados a acatarlo, al constituir una fuente formal del derecho.

En esas condiciones, es claro que los razonamientos esgrimidos por la autoridad recurrente, respecto a la omisión de la Sala Fiscal de aplicar un criterio jurisprudencial de nuestro Máximo Tribunal, colman los requisitos de importancia y trascendencia para la procedencia del presente recurso de revisión fiscal.

SEXTO. En primer término, se considera pertinente puntualizar que la sentencia recurrida se sustenta esencialmente en las siguientes consideraciones:

* Que en atención a las jurisprudencias 2a./J. 218/2007 y 2a./J. 219/2007, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son los siguientes: "COMPETENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO RESPECTO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE SER ANALIZADA POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA."; y "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ESTUDIO CONFORME AL ARTÍCULO 238, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, COINCIDENTE CON EL MISMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL JUICIO DE NULIDAD Y EN JUICIO DE AMPARO DIRECTO.", se considera que la resolución recurrida con número de expediente administrativo **********, de 19 de mayo de 2008, en que se impone una multa por la cantidad de $**********, a la empresa denominada **********, emitida por el director de Arbitraje y Sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros resulta ilegal, toda vez que dicha autoridad omitió fundar debidamente su competencia material para actuar.

* Que lo anterior es así, porque el director de Arbitraje y Sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros que la emitió, es una autoridad que no fue creada por una ley o un reglamento emitido por el Congreso de la Unión, en virtud de que su creación deriva del artículo 3, fracción V, inciso n), del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y que tal cuestión ya ha sido dilucidada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al sostener la tesis I.3o.A.51 A, cuyo rubro es el siguiente: "COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). SU DIRECCIÓN GENERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CARECE DE EXISTENCIA LEGAL DEBIDO A QUE SU CREACIÓN DERIVA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE DICHO ORGANISMO Y NO DE UNA LEY O REGLAMENTO EXPEDIDOS PREVIAMENTE.", donde dicho tribunal ha definido que la Dirección General de Conciliación y Arbitraje de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros carece de existencia legal, en virtud de que su creación deriva del artículo 3, fracción IV, del Estatuto Orgánico de dicha comisión, el cual no goza de las características de una norma creada mediante una ley del Congreso de Unión o por un reglamento presidencial, no obstante que haya sido expedido con base en el artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que establece que en la creación de un organismo descentralizado, como lo es la citada comisión, se establecerá la integración de un estatuto orgánico expedido por el órgano de gobierno respectivo, obligación que debe entenderse como la facultad para fijar la organización administrativa de un organismo descentralizado, respecto de aquellas oficinas, despachos o departamentos que lo integren y establecer las facultades y funciones que les correspondan con base en lo previamente dispuesto en la ley o reglamento respectivos, pero no para crear autoridades y otorgar competencias no establecidas de manera previa y expresa en una ley o reglamento.

* Que si bien la resolución recurrida no fue emitida por el director general de Conciliación y Arbitraje de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, sino por el director de Arbitraje y Sanciones, cuya creación deriva del artículo 3, fracción V, inciso m), del Estatuto Orgánico de dicha comisión, el cual no goza de las características de una norma creada mediante una ley del Congreso de la Unión o por un reglamento presidencial; también lo es, que dicha resolución contenida en el expediente administrativo número **********, de 19 de mayo de 2008, emitida por el director de Arbitraje y Sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, también es ilegal toda vez que fue emitida por una autoridad inexistente, violando con ello lo dispuesto por el artículo 38, fracción V, del Código Fiscal de la Federación.

* Que no puede estimarse que en la resolución recurrida se encuentra debidamente fundada la competencia del director de Arbitraje y Sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, toda vez que como el Tribunal Colegiado en cita, ha determinado, de conformidad con los artículos 73, fracción XI y 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades deben ser creadas o instituidas mediante una ley del Congreso de la Unión o mediante un reglamento expedido por el Presidente de la República; por tanto, si de los preceptos legales citados por dicha autoridad para fundar su competencia para emitir la resolución impugnada, en ninguno de ellos se desprende que tenga plena competencia para emitirla, ya que la cita del artículo 3 del Estatuto Orgánico de dicha comisión es insuficiente para tener por satisfecha la garantía de fundamentación, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su creación fue contraria a derecho.

* Que resultan aplicables por analogía, las tesis I.1o.A.116 A y I.7o.A.227 A, del Primero y Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondientes a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos XIX y XVIII, publicadas en los meses de enero de 2004 y agosto de 2003, cuyos rubros son los siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. SU DIRECTOR CARECE DE FACULTADES PARA EXPEDIR DE MANERA UNILATERAL EL ESTATUTO DE GOBIERNO.", e "INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI). EL ACUERDO QUE DELEGA FACULTADES EN LOS DIRECTORES GENERALES ADJUNTOS, COORDINADOR, DIRECTORES DIVISIONALES, TITULARES DE LAS OFICINAS REGIONALES, SUBDIRECTORES DIVISIONALES, COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y OTROS SUBALTERNOS DE DICHO ORGANISMO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, CARECE DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."

* Que también resulta aplicable, por analogía, la tesis I.2o.A.39 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, cuyo rubro es el siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ES ILEGAL EN TANTO QUE NO FUE APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESA DEPENDENCIA.", así como la tesis I.2o.A.40 A, emitida por el mismo órgano, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, cuyo rubro es el siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL DIRECTOR GENERAL DE ESA DEPENDENCIA CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA EXPEDIR EL ESTATUTO ORGÁNICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE."

* Concluyó que lo procedente era declarar la nulidad de la resolución impugnada, toda vez que confirma un acto ilegal, así como la nulidad lisa y llana de la resolución recurrida, al actualizarse en la especie la fracción I del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque la autoridad que emitió esa última resulta inexistente.

Asimismo, la autoridad recurrente aduce, en el único agravio hecho valer, que:

* La sentencia de fecha treinta de septiembre de dos mil nueve es contraria a lo señalado por los artículos 50, 51, fracción II y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como los artículos 4, 11, fracción XXI, 26, fracción III y 28 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y 3, fracción V, inciso m) y último párrafo del 18 en relación a su fracción XXXVI, del Estatuto Orgánico del propio organismo, ya que la Sala Fiscal incorrectamente declara la nulidad de la resolución impugnada por una supuesta inexistencia legal de la autoridad emisora del oficio sancionatorio, siendo que el Estatuto Orgánico no fue emitido por el presidente de esa comisión nacional, sino por la Junta de Gobierno, de acuerdo con las facultades que le otorgan los artículos 16 y 22, fracción VI, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 15, antepenúltimo y penúltimo párrafos y 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y sólo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Presidente de la CONDUSEF, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, de la ley que rige a este organismo; de ahí la interpretación incorrecta por parte de la Sala responsable de lo ordenado por la Ley de Protección y Defensa al Usurario de Servicios Financieros, al determinar que el estatuto orgánico fue emitido por el presidente de esa comisión.

* Que la Dirección de Arbitraje y Sanciones, responsable de la sanción, cuenta con existencia legal, aunque su creación haya derivado del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

* Que el artículo 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, establece las facultades con las que cuenta ese organismo para el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales se encuentra la de resolver los recurso de revisión e imponer las sanciones establecidas en esta ley de protección, y que el numeral 28 de dicho ordenamiento jurídico igualmente establece que: "El presidente, para el cumplimiento de las facultades que esta ley y demás disposiciones le atribuyen, será auxiliado por los funcionarios que determine el estatuto orgánico."

* Que en el artículo 3 del estatuto orgánico de esa Comisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre de dos mil siete, en sus diferentes fracciones prevé la existencia de las unidades administrativas que conforman a la comisión nacional, dentro de las cuales están la Dirección de Recursos de Revisión y la Dirección de Arbitraje y Sanciones.

* Que, asimismo, conforme lo señalado en los artículos 4 y 13, fracciones V, VII, XI y penúltimo párrafo, de dicho estatuto, se establece que las atribuciones a cargo de los directores generales podrán ser ejercidas por los directores, y conforme al artículo segundo transitorio delega a los funcionarios de esa comisión, por el presidente del organismo, así como también el artículo 18, último párrafo de una manera más concreta faculta a los directores a ejercer las funciones de la Dirección General de Servicios Legales y, por ello, la Dirección de Recursos de Revisión legalmente cuenta con facultades para resolver los recursos administrativos, al igual que la Dirección de Arbitraje y Sanciones para imponer las sanciones a que se refieren los artículos 93 y 94 de la ley de la materia.

* Que si bien es cierto, conforme al referido artículo 26 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, es facultad del presidente de esa comisión el ejercicio de las facultades como en este caso, el imponer sanciones a las que se hagan acreedoras las instituciones financieras, también es cierto que, la citada ley dispone que para el ejercicio de dichas facultades, el presidente podrá ser auxiliado por los funcionarios que determine el estatuto orgánico, hipótesis que se actualiza en el caso concreto a través de las Direcciones de Recursos de Revisión y de Arbitraje y Sanciones.

* Que si el presidente de esa comisión, conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, puede ser auxiliado en el ejercicio de sus funciones, por los funcionarios que determine el estatuto orgánico publicado en el Diario Oficial de la Federación y, este último, a su vez, en los citados artículos 3 y 18 prevé la existencia de la Dirección General de Servicios Legales, así como la facultad para resolver los recursos e imponer las sanciones correspondientes, dichas facultades podrán ser ejercidas, entre otras, por la Dirección de Recursos de Revisión y la Dirección de Arbitraje y Sanciones, y los titulares de estas últimas direcciones evidentemente cuentan con facultades para resolver el recurso e imponer la multa.

* Que el referido estatuto orgánico cuenta con fuerza jurídica suficiente para determinar las facultades que corresponden a la Dirección General de Servicios Legales, puesto que fue emitido por la Junta de Gobierno de esa comisión, de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 22, fracción VI, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

* Que la Junta de Gobierno de ese organismo fue creada por el legislador en el Congreso de la Unión, el cual la dotó de facultades para expedir las bases de organización, así como las facultades y funciones que correspondan a las distintas áreas que la integren como en el caso de la Dirección General de Servicios Legales, la Dirección de Recursos de Revisión y la de Arbitraje y Sanciones, fundamentándose lo anterior, conforme a los artículos 16 y 22, fracción VI, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 15, antepenúltimo y penúltimo párrafos y 58, fracción VIII, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, creándose el multicitado estatuto orgánico, así como las direcciones referidas y dotándose de facultades, en un acto legislativo acorde a las necesidades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

* Que si antes de las reformas a la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el cinco de enero de dos mil, se establecía la existencia del reglamento interior que fue emitido por el Poder Ejecutivo de la Nación, el mismo Congreso de la Unión, que fue quien expidió la ley de la materia, durante dicha reforma, cambió la denominación de Reglamento Interior del Estatuto Orgánico, al ser esta comisión nacional un organismo descentralizado de la administración pública federal, situación que así lo percibió el mismo órgano legislador, tal como se apreció en la exposición de motivos de dicha reforma, en donde textualmente señala que: "Asimismo, se hace indispensable realizar el cambio en todo el documento para concordancia, de reglamento interior a estatuto orgánico, ya que esta comisión no requiere de promulgación por parte del Ejecutivo, al ser un organismo descentralizado, conforme al artículo 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales."

* Que la Junta de Gobierno de esa comisión nacional, que es un órgano de gobierno dotado de facultades por el legislador para expedir las bases de organización de esa comisión, y en ejercicio del artículo 22, fracción VI, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 15, antepenúltimo y penúltimo párrafos y 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil siete, aprobó y acordó expedir las bases de organización, así como las facultades y funciones que corresponden a las distintas áreas que integran el organismo.

* Que el ocho de mayo de dos mil siete, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios, con fundamento en los artículos citados en el párrafo anterior, aprobó su estatuto orgánico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de octubre de dos mil siete, el cual, al ser emitido conforme a derecho, tiene como consecuencia la creación de las direcciones generales y de las direcciones, así como las facultades que respectivamente se les atribuyen en el mismo estatuto.

* Que si la Junta de Gobierno de esa comisión nacional aprobó y acordó expedir las bases de organización, así como las facultades y funciones que corresponden a las distintas áreas que integren el organismo, su estatuto orgánico, lógica y jurídicamente constituye una manifestación de la voluntad legislativa a través de la mencionada ley expedida por el Congreso de la Unión, la cual confiere a una autoridad administrativa diversa al Ejecutivo Federal, la posibilidad de emitir disposiciones de carácter general que determinen órganos internos que ejercerán las facultades otorgadas por la ley, a efecto de hacer posible su cumplimiento.

* Que contrariamente a lo manifestado por la demandante, el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tiene fuerza jurídica suficiente para establecer que corresponde a la Dirección General de Servicios Legales, la facultad de resolver los recursos e imponer las sanciones a las instituciones financieras que no den cumplimiento a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que podrá ser ejercida directamente, entre otras, por las Direcciones de Recursos de Revisión y de Arbitraje y Sanciones.

* Que al ser esa comisión nacional un organismo descentralizado de la administración paraestatal, le es aplicable la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la cual dispone en sus artículos 1o., 2o., 14, 15, 17 y 58, que los organismos descentralizados, de la naturaleza jurídica de esa comisión, se regirán en cuanto a su organización, facultades y funciones en las distintas áreas que la integran, por un estatuto orgánico que se expedirá por el órgano de gobierno, que podrá ser la Junta de Gobierno de este organismo, a la que también corresponde establecer las bases, lineamientos y políticas para el adecuado funcionamiento de esta comisión; supuesto normativo que se actualiza en el artículo 22, fracción VI, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, al señalar que corresponda a la Junta de Gobierno de esta comisión aprobar su Estatuto Orgánico.

* Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, que de acuerdo a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros que crea a esa comisión nacional y la cual fuera expedida por el Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 73 d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22883-21c4dab7/revision-fiscal-la-omision-de-la-sala-fiscal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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