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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. EL ANÁLISIS OFICIOSO SOBRE SU PROCEDENCIA OPERA EN CUANTO A LA CITA DE LA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDA, PERO NO ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE EXPRESAR LOS ARGUMENTOS NECESARIOS AL RESPECTO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 195/2010. · Registro digital (IUS): 22499
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DIRECTOR GENERAL DE LO CONTENCIOSO Y DE RECURSOS DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, , Pág. 1393.

REVISIÓN FISCAL 195/2010. DIRECTOR GENERAL DE LO CONTENCIOSO Y DE RECURSOS DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Este medio de defensa resulta improcedente.

La autoridad justifica la procedencia del recurso con base en lo siguiente:

"Importancia. El presente asunto es importante, en razón de que su conocimiento implica el estudio de un tema novedoso que, por lo general no es planteado en los recursos de revisión fiscal que son del conocimiento de este órgano colegiado, relativo a dilucidar si en la especie el jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Guanajuato de esta Procuraduría Federal del Consumidor fundamentó debidamente su competencia territorial en un acto ajeno a la litis planteada en el juicio de nulidad. Asimismo, este medio de defensa es de suma importancia, toda vez que la autoridad emisora de la sentencia hoy recurrida declara ilegalmente que el jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Guanajuato de esta Procuraduría Federal del Consumidor no fundamentó debidamente su competencia territorial en el acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete, el cual es ajeno a la litis planteada en el juicio contencioso, lo que redunda en perjuicio de los intereses de los consumidores, y dicho criterio es contrario al espíritu del legislador, en los términos de los artículos 1o., 20, 22 y 24, fracciones XXIV y XIV de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y contrario a lo establecido por el Poder Ejecutivo en los artículos 3, 4, fracción XXVI y último párrafo, 19, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, X, XII, XVI y 20, fracción I, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, 14, fracción X, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, en relación con el artículo único, fracción X, del Acuerdo que establece la circunscripción territorial de las delegaciones y subdelegaciones de esta institución, en virtud de que esta institución es la encargada de promover y proteger los derechos e intereses de los consumidores, y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, por lo que su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la ley de la materia, su reglamento y su estatuto orgánico, los cuales señalan que la Procuraduría Federal del Consumidor se organizará de manera desconcentrada para el despacho de los asuntos a su cargo, con oficinas convenientes, entre las cuales se encuentra la Delegación Guanajuato, a la que se encuentra adscrito el jefe de departamento de servicios, siendo ésta la única delegación de esta institución en dicha entidad federativa, por lo cual, tiene injerencia en todo el Estado. En efecto, el asunto que nos ocupa es importante porque se observa claramente un serio perjuicio a los intereses de la institución que hoy represento, además de que se afectaría el interés general colectivo que debe pesar más que el individual del proveedor, en virtud de que a la sociedad le preocupa que los proveedores cumplan con la máxima transparencia y honestidad, de conformidad con la Ley Federal de Protección al Consumidor (la cual se inspiró en los principios de nuestra Constitución que desde 1917 establece, al lado de los derechos de libertad, un conjunto de derechos sociales encaminados a asegurar el imperio de la justicia en las relaciones entre los particulares, y se afirmó así que ambos valores, son derechos fundamentales del ser humano ante la colectividad y que los dos deben ser principios básicos de nuestra organización política), pues es necesario que exista la confianza de la población en el respeto y cumplimiento de dicha ley que es de orden público e interés social y de observancia en toda la República, siendo sus disposiciones irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas o estipulaciones en contrario, ya que es prioritario el interés general que se afectaría si no se admite el presente recurso, dado que el interés colectivo pesa más que el interés particular. Es fundamental recalcar la importancia del presente asunto, ya que de no admitirse el recurso, se pueden ocasionar perjuicios irreversibles al interés general, puesto que la sentencia impugnada iría en contra del orden público y de los fines para los cuales la ley fue creada, al advertirse que en el acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete, se citó a la proveedora para que compareciera a la audiencia en la que se impusieron tres multas por su desacato a los mandatos de autoridad, consistentes en no presentarse a la audiencia de conciliación, de fecha treinta de enero de dos mil ocho, así como por no rendir el informe y extracto que le fueron requeridos, por lo que constituyen actos de interés social y público en contra de la cual no basta con que la Sala responsable señale en la sentencia que se impugna que: ‘... la autoridad emisora del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil siete estaba obligada, a fin de fundar debidamente su competencia territorial, a transcribir el párrafo -de la fracción X del artículo único del Acuerdo que establece la circunscripción territorial de las delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor- que indicara expresamente la jurisdicción de la unidad administrativa a la que se encuentra adscrita. ... Al no haber acontecido así, el acuerdo de mérito adolece de insuficiente fundamentación y, por ende, la autoridad que lo emitió resulta totalmente incompetente al no acreditar ni fundar debidamente que su actuación se dio dentro del ámbito de su jurisdicción ...’, en tanto que se involucra el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad social, aunado a que se pronunció sobre un acuerdo distinto al impugnado en el juicio de marras. Cabe resaltar que uno de los tantos motivos por los que la Ley Federal de Protección al Consumidor fue creada, es para poner remedio a aquellas prácticas desleales o abusivas que de manera frecuente lesionan los intereses de los consumidores, y es de vital importancia admitir el presente medio de impugnación, porque de lo contrario la eficacia de esta institución estaría incompleta, ya que no contribuiría de manera eficaz en la defensa de los consumidores en cuanto a la protección contra métodos comerciales, coercitivos y desleales en el abastecimiento de productos y servicios. Por último, en relación con todo lo anteriormente planteado, es necesario señalar que el presente asunto debe considerarse importante, en razón de que con el criterio de la Sala responsable, las actuaciones y diligencias del jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Guanajuato de esta institución estarían afectadas de nulidad al no haber sido señaladas sus facultades con apego a derecho dentro del marco jurídico de nuestra Constitución Federal, cuando en realidad sí fundamentó debidamente su competencia territorial, máxime que tiene facultades para actuar en toda la entidad al ser la única delegación de esta institución en ese Estado, en vista de lo anterior, el conocimiento del medio de defensa que se hace valer implica el estudio de un tema novedoso que, por lo general, no es planteado en los recursos de revisión fiscal que son del conocimiento de ese H. Órgano colegiado que debe resolver que el jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Guanajuato, es una autoridad competente y dilucidar si la forma en el Poder Legislativo y Ejecutivo establecieron la competencia de las Unidades Administrativas de la Procuraduría Federal del Consumidor, es apegada al marco de juridicidad de la Constitución Federal. Trascendencia: Resulta procedente mencionar que la sentencia recurrida tiene efectos trascendentes, pues la declaratoria de falta de fundamentación en cuanto a la competencia territorial del jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Guanajuato de esta Procuraduría Federal del Consumidor, dado que, por una parte, impedirían el desenvolvimiento de las atribuciones con que cuenta el citado jefe de departamento, para con esto proteger los intereses de los consumidores que habitan en el país, situación que originaría una contravención al artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en cuanto a los fines que el Poder Legislativo estableció para el desempeño de esa labor del Estado, consistente en velar por el cuidado de los intereses generales de los consumidores, que pesa más que el interés particular del proveedor y, por otra, que la certeza de los gobernados ante los actos de autoridad, no se vea mermada, situación que debe estar sustentada por el Estado de derecho. Asimismo, independientemente de lo anterior, la sentencia emitida por la H. Sexta Sala Regional Metropolitana, en fecha veintitrés de junio de dos mil nueve, afecta totalmente los intereses jurídicos de la Procuraduría Federal del Consumidor, siendo incuestionable y de notoria trascendencia, ya que de sustentarse uno o varios precedentes de esta categoría, se traducirían en una violación constante a las necesidades apremiantes de nuestra época y a los objetivos que se ha trazado la actual administración para hacer más justa nuestra vida colectiva y para ampliar las normas tutelares a favor de la mayoría, puesto que el a quo continuaría emitiendo sus fallos y declarando la nulidad de los actos de esta Procuraduría Federal del Consumidor, supuestamente porque no se encuentran debidamente fundamentados en cuanto a la competencia territorial del funcionario emisor, cuando dichos actos sí se encuentran debidamente fundados y motivados, además de que la Sala responsable no puede desconocer la competencia territorial del jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Guanajuato, al realizar una transcripción de los preceptos legales citados en el acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete, en los cuales se establece específicamente en la fracción X tanto del artículo 14 del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, como del artículo único del Acuerdo que establece la circunscripción territorial de las delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, y de los cuales se desprende, que el citado jefe de departamento, cuenta con facultades para actuar en todo el Estado de Guanajuato, al ser la única delegación de esta institución en esa entidad federativa. Por otro lado, el presente negocio tiene trascendencia para el organismo descentralizado que hoy represento, ya que resulta ilegal la determinación de la Sala responsable, en la que se establece que se omite fundamentar en el acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete, dentro del expediente administrativo PFC.GTO.B.3/002727-2007, el párrafo específico que le dé competencia territorial al jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Guanajuato de la Procuraduría Federal del Consumidor, para imponer sanciones, violándose con ello, el contenido de los artículos 1o., 20, 22 y 24, fracción XVI, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como lo establecido por el Poder Ejecutivo en los artículos 3o., 4o., 19, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, X, XII, XVI y 20, fracción I, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, disposiciones dentro de las que destaca tanto la estructura orgánica de esta institución como de sus atribuciones, y en el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor en relación con el Acuerdo que establece la circunscripción territorial de las delegaciones y subdelegaciones de esta institución, dejándonos con su actuar en un total estado de indefensión, por cuanto hace a las actividades y facultades del citado jefe de departamento y que consisten en la protección a la sociedad consumidora, violándose con ello el principio de defensa, legalidad y garantía de audiencia consagradas en nuestra Constitución Política Federal, aunado a que el acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete, no era parte de la litis planteada en el juicio de nulidad, ya que como se desprende del acuerdo admisorio de demanda de fecha once de marzo de dos mil ocho, el acuerdo impugnado por la hoy actora era el de fecha treinta de enero de dos mil ocho, en el que se le impusieron tres medidas de apremio, cada una por la cantidad de $500.00. En ese tenor, se manifiesta que corresponde al Estado, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor y de sus diversas unidades administrativ

s, el promover y proteger los derechos de los consumidores, por ello en el artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor se establece que sus preceptos son de orden público y de interés social, y declara que sus disposiciones son irrenunciables para los consumidores, y que no tendrán ningún efecto las disposiciones establecidas por otras leyes, reglamentos, costumbres, usos, estipulaciones o prácticas en contrario. Asimismo, el objeto de esta Procuraduría Federal del Consumidor y de sus unidades administrativas es el de proteger al consumidor contra los abusos de que podría ser víctima y que quizás él mismo pudiera aceptar, impulsado por su necesidad, por su ignorancia, por su mala situación económica, por su inferioridad frente a aquel proveedor, comerciante o prestador de servicios que traten de aprovecharse de esas circunstancias. Por último, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que se estimen satisfechos los requisitos de importancia y trascendencia, el primero, cuando el asunto no es común a los que conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es que se trate de un asunto excepcional, y el segundo cuando la resolución que sobre el particular se dicte tuvieran un resultado o consecuencias de índole grave. Pues bien, en el caso se estima que se surten ambos requisitos, la importancia atendiendo a que la Sala Fiscal determinó en la sentencia que: ‘... la autoridad emisora del acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil siete estaba obligada, a fin de fundar debidamente su competencia territorial, a transcribir el párrafo -de la fracción X del artículo único del Acuerdo que establece la circunscripción territorial de las delegaciones y subdelegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor- que indicara expresamente la jurisdicción de la unidad administrativa a la que se encuentra adscrita ... Al no haber acontecido así, el acuerdo de mérito carece de suficiente fundamentación y, por ende, la autoridad que lo emitió resulta totalmente incompetente al no acreditar ni fundar debidamente que su actuación se dio dentro del ámbito de su jurisdicción ...’, lo que se estima que (sic) declaratoria de falta de la debida fundamentación y la incompetencia, no es un caso común a aquellos que conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y la trascendencia porque al haber decretado la indebida fundamentación y la falta de competencia territorial, cuando el jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Guanajuato, puede actuar en toda la entidad federativa, ya que es la única delegación de esta institución existente en el Estado de Guanajuato, esa sola circunstancia pone de relieve que la misma pudiera tener consecuencias de índole grave, la cual puede entrañar el menoscabo o privación del derecho a interponer el recurso indicado, ya que no tendría la posibilidad de defenderse de dicha resolución que le afecta directamente en cuanto a su competencia legal como autoridad. Amén de lo anterior, la sentencia que se recurre tiene efectos trascendentes, pues ante la declaratoria de que el multicitado jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Guanajuato no invocó completamente los preceptos jurídicos respectivos que prevean el ámbito de competencia para sustanciar procedimientos administrativos en la jurisdicción correspondiente a la referida delegación, pudiera tender a ocasionar resultados que, de consumarse, alterarían gravemente el orden normativo y consecuentemente, el orden público y económico, puesto que, por un lado impedirían el desenvolvimiento de las atribuciones que tiene la procuraduría para proteger los intereses de los consumidores, situación que originaría una grave contravención al artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el que, el único fin del legislador es establecer que dicha dependencia debe desempeñar una de las labores del Estado, consistente en velar por el cuidado de los intereses de los consumidores y por otro lado, que la confianza de los ciudadanos para acudir ante cualquier unidad administrativa de la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de que sean protegidos de los abusos de los comerciantes, productores, proveedores y prestadores de servicios, a través de los procedimientos que sustancia este organismo descentralizado previstos en la ley de la materia, que se vería disminuida en gran medida, propiciando el abuso de los proveedores; situación que desde luego, debe ser evitada y vigilada por el Gobierno Mexicano. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia y la tesis de contradicción 2a./J. 31/93, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, número 542, Tomo III, página 392 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 72, diciembre de 1993, página 27, que a la letra señalan: ‘REVISIÓN FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE. REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA; CUÁNDO SE ESTIMAN SATISFECHOS PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. Los requisitos de importancia y trascendencia deben estimarse satisfechos cuando, a propósito del primero de ellos, la parte recurrente exprese razones que no cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos de que conoce el Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Sala Superior) y pongan, por lo mismo, de manifiesto que se trata de un asunto excepcional; la interpretación que se dé a los artículos 240 y 241 del código tributario reviste gran entidad o consecuencia, ya que dichos preceptos regulan el derecho fundamental de defensa, por parte de las autoridades que mencionan y en los casos a que se refieren al instituir el recurso de revisión ante el Pleno del Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Sala Superior); y en relación con el segundo, tales razones pongan de relieve que la resolución que sobre el particular se dicte trascendería en resultados de índole grave, de entrañar menoscabo o privación del derecho a interponer el recurso indicado.’-‘REVISIÓN FISCAL, PROCEDENCIA DE LA. REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO, NO SE SURTEN POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE CUESTIONE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. Los requisitos de importancia y trascendencia del negocio para que proceda el recurso de revisión fiscal, a que se refiere el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, se consideran satisfechos el primero, cuando el asunto no es común a los de que conoce el Tribunal Fiscal de la Federación, esto es, que se trate de un asunto excepcional; y el segundo, cuando la resolución que sobre el particular se dicte tuviera resultados o consecuencias de índole grave. Luego, si el recurso versa sobre la competencia de la autoridad que emitió el acto impugnado tal cuestionamiento no hace, por sí solo, importante o trascendente el asunto, puesto que de aceptar lo contrario, bastaría que en todo juicio de nulidad se impugnara la competencia de la autoridad, para que se surtieran los mencionados requisitos en un negocio que, por su propia naturaleza, no tiene nada de excepcional.’. Robustecen a lo anterior, por analogía, las tesis VI.2o.A.51 A y I.3o.A.45 A, sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto y Primer Circuitos, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos XVIII, julio de 2003 y XIII, marzo de 2001, Novena Época, páginas 1209 y 1811, respectivamente, que a la letra señalan lo siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL, RECURSO DE. SU PROCEDENCIA CONFORME A LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE. Es procedente el recurso de revisión fiscal establecido en el artículo 248, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por la importancia y trascendencia del asunto en materia de aguas nacionales, cuando los argumentos que expone la autoridad recurrente son suficientes para evidenciar que se provocarían daños irreversibles a los ecosistemas, además de otros casos, por las descargas indiscriminadas de aguas residuales en los ríos o arroyos que alteran sus elementos naturales, lo que conlleva, necesariamente, perjuicios a la sociedad, a la salud pública y a la atmósfera en general; la conducta irresponsable de los infractores en el uso, control y manejo no sólo de aguas residuales, sino también de cualquier contaminante que subsista en el aire, suelo, subsuelo y el agua, constituyen elementos potencialmente dañinos y, en algunos casos, con consecuencias desastrosas y resultados irreparables. Por otra parte, debe estimarse que ante la alarmante deforestación de los bosques (tala inmoderada), el abuso de los recursos naturales, el control deficiente de los desechos tóxicos, el aprovechamiento indebido de las aguas, el tratamiento incorrecto de las aguas negras, la mala canalización de los desperdicios industriales, médico-quirúrgicos y comerciales (generalmente desembocan en los ríos y arroyos), la destrucción de la capa de ozono, entre otros ejemplos, apreciado en conjunto y no en forma aislada, la degradación del medio ambiente es cada vez más alta, incide incluso en los organismos vivos que le sirven como sustrato de su existencia. La sistematización de las conductas que se reprochan como graves no ha logrado las metas que, con seguridad, se propuso el legislador, o sea, una gestión ambiental sana, útil, sensible, responsable del conglomerado humano; se requiere concientizar a éste de la problemática que reviste la protección del entorno ambiental. Es por ello que frente a ese deterioro ambiental, que se puede convertir en un detonante político, económico y social, no es recomendable exigir mayores argumentos, con riesgos de caer en el rigorismo y severidad, para tener por acreditada la importancia y trascendencia de esta índole de asuntos, dada su naturaleza vital para el ser humano, porque con ello va implícito la desatención, descuido y desamparo del medio ambiente que a todos debe preocupar e interesar.’ y ‘REVISIÓN FISCAL, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE. ES IMPORTANTE Y TRASCENDENTE POR TRATARSE DE LA MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE, NO OBSTANTE, LA AUTORIDAD DEBE RAZONARLO. Tratándose de la materia de protección al medio ambiente, se estima que en sí misma reviste importancia y trascendencia, pues la problemática y la dinámica de las circunstancias y necesidades ambientales actuales, respecto de la preservación, aprovechamiento y protección de los recursos naturales, requieren la mayor atención en relación con el cumplimiento a las normas que protejan al medio ambiente y tiendan al equilibrio ecológico. En un Estado de derecho, la única vía para la protección al medio ambiente y de los recursos naturales -como bienes escasos que son y algunos no renovables-, y con ello la protección a la salud a que toda persona tiene derecho, es a través de los ordenamientos jurídicos que los protejan, a que las autoridades administrativas las apliquen estrictamente y las jurisdiccionales resuelvan las controversias que en la materia se presenten, pues como lo establece el quinto párrafo del artículo cuarto constitucional, adicionado en fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y nueve «Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.» Asimismo, el cuidado de la salud pública es de orden público e interés social y, desde luego, una de las formas de protegerla es a través de la protección del medio ambiente y buscando el equilibrio ecológico entre el crecimiento económico y la inversión en relación con la protección al ambiente. Sin embargo, las autoridades recurrentes, de conformidad con el artículo 248, fracción II, del Código Fiscal de la Federación deben acatar dicha disposición legal y razonar en el recurso respectivo, la importancia y trascendencia del mismo, pues si no lo hacen, aun cuando es evidente la importancia y trascendencia de dicha materia, contrarían una disposición normativa y, en ese caso, se procederá a declarar improcedente el recurso de revisión interpuesto.’. Por las razones y argumentos vertidos son por los que se considera legal la interposición del presente recurso de revisión, de tal modo que dicha resolución causa los agravios ..."

Como se observa, la recurrente sustenta la procedencia del recurso en el artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone:

"Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, Sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ... II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso."

De la transcripción relativa a la procedencia del recurso antes realizada, se advierte que la autoridad recurrente hace valer como razones de importancia, en esencia, las siguientes:

Que el asunto es importante en razón de que su conocimiento implica dilucidar si el jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Guanajuato de esa Procuraduría Federal del Consumidor fundamentó debidamente su competencia territorial en un acto ajeno a la litis planteada en el juicio de nulidad.

Que lo anterior redunda en perjuicio de los intereses de los consumidores y es contrario al espíritu del legislador, así como a lo establecido por el Poder Ejecutivo en los artículos 3o., 4o., fracción XXVI y último párrafo, 19, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, X, XII, XVI y 20, fracción I, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; 14, fracción X, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, en relación con el artículo único, fracción X, del Acuerdo que establece la circunscripción territorial de las delegaciones y subdelegaciones de esa institución, en razón de que es la encargada de promover y proteger los derechos e intereses de los consumidores, y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Que el asunto que nos ocupa es importante porque se observa claramente un serio perjuicio a los intereses de la institución, además, se afectaría el interés general colectivo que debe pesar más que el individual del proveedor, en virtud de que a la sociedad le preocupa que los proveedores cumplan con la máxima transparencia y honestidad de conformidad con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Que es importante el asunto, ya que de no admitirse el recurso se pueden ocasionar perjuicios irreversibles al interés general, puesto que la sentencia impugnada iría en contra del orden público y de los fines para los cuales la ley fue creada, al advertirse que en el acuerdo de fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete se citó a la proveedora para que compareciera a la audiencia en la que se impusieron tres multas por su desacato a los mandatos de autoridad, consistente en no presentarse a la audiencia de conciliación de fecha treinta de enero de dos mil ocho, así como por no rendir el informe y extracto que le fueron requeridos, por lo que constituyen actos de interés social y orden público, en tanto que se involucra el bienestar de la población en materia de seguridad social, aunado a que se pronunció sobre un acuerdo distinto al impugnado en el juicio.

Que la Ley Federal de Protección al Consumidor fue creada para poner remedio a aquellas prácticas desleales o abusivas que de manera frecuente lesionan los intereses de los consumidores, por lo que es de vital importancia admitir el recurso.

Que el presente asunto debe considerarse importante, en razón de que el jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Guanajuato sí fundamentó debidamente su competencia territorial, máxime que tiene facultades para actuar en toda la entidad; lo cual implica el estudio de un tema novedoso que, por lo general, no es planteado en los recursos de revisión fiscal, es decir, resolver que si el referido jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Guanajuato es una autoridad competente y dilucidar si la forma en los Poderes Legislativo y Ejecutivo establecieron la competencia de las unidades administrativas de la Procuraduría Federal del Consumidor, es apegada al marco de juridicidad de la Constitución Federal.

En el caso, este tribunal estima que las razones apuntadas resultan insuficientes para considerar que el asunto en estudio reúne el requisito de importancia a que se refiere el artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que invoca como fundamento el director general de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Se llega a tal conclusión, en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22499-e0f980a5/revision-fiscal-el-analisis-oficioso-sobre-su-procedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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