REVISIÓN FISCAL. PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO RELATIVO CUANDO SE PRETENDA ACREDITAR LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DE SENTENCIAS QUE DECLARAN LA NULIDAD DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, NO BASTA MENCIONAR COMO REQUISITOS PARA ELLO, LOS FINES PARA LOS QUE ESTA DEPENDENCIA FUE CREADA, NI QUE DE NO COMBATIRSE EL FALLO SE AFECTARÍA SU ACTUACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).
REVISIÓN FISCAL 79/2007. DIRECTOR GENERAL DE LO CONTENCIOSO Y DE RECURSOS DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR.
CONSIDERANDO:
CUARTO. En forma previa al análisis de la procedencia del recurso, se estima conveniente destacar que en términos de lo dispuesto por el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, las resoluciones de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pueden ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, mediante el recurso de revisión, circunstancia que en el presente asunto se acredita, debido a que quien lo promovió fue el director general de lo contencioso y de recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor; en consecuencia, cuenta con legitimación para ello, ya que es precisamente esa dirección, la unidad administrativa, a quien corresponde la defensa legal de las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo, de origen, procurador federal del consumidor y jefe del departamento de verificación y vigilancia de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en el Estado Guerrero, conforme a lo dispuesto en los artículos 12, fracciones I, II y III, del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor; 4o., fracción XVII y 17, fracción XXIII, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, de donde se afirma que la referida revisión fiscal fue promovida por parte legítima.
Apoya lo expuesto, por los principios jurídicos que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 59/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 321, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, que dice:
"REVISIÓN FISCAL. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). De la interpretación causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se advierte que el recurso de revisión se estableció como un mecanismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), a favor de las autoridades que obtuvieran un fallo adverso en los juicios de nulidad. Sin embargo, con el objeto de que dicho medio de impugnación se interpusiera con la formalidad y exhaustividad que requerían los asuntos respectivos y con el fin de asegurar la adecuada defensa de las referidas autoridades, el legislador ordinario estimó necesario que fuera la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica la que promoviera el citado medio de impugnación, por ser ésta la que cuenta con el personal capacitado y con los elementos necesarios para tal efecto, salvo que la resolución reclamada en el juicio de nulidad hubiera sido emitida por entidades federativas coordinadas en ingresos federales pues, en estos casos, el recurso de revisión deberá promoverse por el secretario de Hacienda y Crédito Público, o por quien deba suplirlo en caso de ausencia. Por tanto, es inconcuso que las autoridades demandadas en el juicio de nulidad carecen de legitimación procesal para interponerlo, dado que la facultad que les fue conferida para impugnar la legalidad de las resoluciones definitivas emitidas por las Salas del citado tribunal, necesariamente deben ejercerla por conducto del órgano administrativo encargado de su defensa jurídica."
Precisado lo anterior, cabe realizar ahora al análisis de la procedencia del recurso de revisión fiscal planteado por la autoridad recurrente, lo que se hace conforme a las consideraciones siguientes:
La autoridad recurrente aduce que el presente recurso de revisión fiscal es procedente en términos de la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, que dispone:
"Artículo 248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ... II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. ..."
La disposición legal transcrita prevé que para la procedencia del recurso de revisión en asuntos de cuantía indeterminada o menor a la señalada en su fracción I, se exige la concurrencia de dos requisitos que señala, a saber, la "importancia" y "trascendencia" del negocio de que se trate, por ello, al encontrarse unidos entre sí los referidos términos, por la conjunción copulativa "y", la autoridad recurrente debe razonar ambos requisitos de procedencia, y el Tribunal Colegiado examinarlos por separado; en el entendido de que si falta alguno de ellos, resulta innecesario analizar la presencia del otro.
A efecto de estar en aptitud de examinar la "importancia" y "trascendencia" del presente asunto, como requisito de procedencia, previamente resulta conveniente determinar el alcance y significado de tales vocablos.
En ese sentido se tiene que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su integración anterior al año de mil novecientos noventa y cinco, en diversas jurisprudencias y tesis definió lo que debe entenderse por "importancia" y por "trascendencia", para efectos de la procedencia del recurso de revisión en materia fiscal, destacando el criterio jurisprudencial identificado con el número 541, visible en la página 390, del Apéndice de 1995, Tomo III, Parte SCJN, Sexta Época, Materia Administrativa, de literalidad siguiente:
"REVISIÓN FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE. IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. En los artículos 240, 242 y 244 del Código Fiscal de la Federación se emplean reiteradamente las expresiones ‘importancia y trascendencia’, referidas a los requisitos que deben satisfacer los asuntos cuyas sentencias pueden ser recurridas, respectivamente, las de las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación ante el Pleno del mismo, y las que éste pronuncie en tales recursos, ante la Suprema Corte de Justicia, mediante la revisión fiscal. Pero si las expresiones son las mismas, existe la diferencia de que la calificación de la importancia y trascendencia del asunto, cuando el recurso se interpone ante el Pleno del Tribunal Fiscal, queda al solo criterio de la autoridad legitimada para hacerlo valer, sin que el tribunal ‘ad quem’ tenga facultad legal para examinar si se da la importancia y trascendencia del asunto, a efecto de admitir o rechazar el recurso, pues en todo caso deberá admitirlo si se satisfacen los demás requisitos legales. En cambio, cuando se trate de la revisión fiscal, la Suprema Corte de Justicia sí puede y debe examinar, previamente al estudio del fondo del negocio, si se ha justificado su importancia y trascendencia, y en caso de que a su juicio dichos requisitos no estuvieren satisfechos, desechará el recurso (artículo 244), con la salvedad de que si el valor del negocio es de quinientos mil pesos o más, se considerará que tienen las características requeridas para ser objeto del recurso (artículo 242). Así pues, corresponde a la Suprema Corte, concretamente a esta Segunda Sala, determinar en cada revisión fiscal si el asunto que la motiva es de importancia y trascendencia, teniendo en cuenta las razones expuestas al respecto por las autoridades que interpusieron la revisión. Para ello es preciso, ante todo, dilucidar la acepción gramatical y legal de las referidas expresiones, a falta de texto positivo que precise el alcance. Gramaticalmente, las excepciones que conviene registrar, tomadas de la última edición del diccionario de la Real Academia Española (edición XVIII, año de 1956), son las siguientes: ‘IMPORTANCIA. Calidad de lo que importa, de lo que es muy conveniente o interesante o de mucha entidad o consecuencia’. ‘TRASCENDENCIA. Resultado, consecuencia de índole grave o muy importante’. Como se ve, los dos vocablos expresan ideas, aunque semejantes, diferentes, lo que se concilia con el texto legal, el cual incurriría en redundancia si empleara dos términos del todo sinónimos. Llevadas ambas acepciones al campo de lo legal, la importancia hace referencia al asunto en sí mismo considerado, mientras que la trascendencia mira a la gravedad o importancia de la consecuencia del asunto. De este modo, la importancia del asunto puede quedar en sí misma desligada de la trascendencia del mismo, porque sus consecuencias no sean graves o muy importantes. La ley exige la concurrencia de los dos requisitos (unidos entre sí por la conjunción copulativa ‘y’ no separados por la disyuntiva), en virtud de lo cual la autoridad recurrente deberá razonar uno y otro y la Suprema Corte examinarlos por separado, en la inteligencia de que si faltare uno de ellos sería superfluo investigar la presencia del otro. En la exposición de motivos del vigente Código Fiscal de la Federación, sobre el problema, se dice: ‘se considera que la solución propuesta limita de manera muy efectiva el número de negocios que puedan someterse al más Alto Tribunal, puesto que la capacidad de decisión del Tribunal Fiscal en Pleno no excede de 300 asuntos por año. De este número, los casos en que habrá de interponerse el recurso ante la Suprema Corte de Justicia seguramente serán en cantidad reducida, y ello aliviará de manera importante la situación que ha venido registrándose, y que en parte ha contribuido al rezago porque atraviesa la propia Suprema Corte de Justicia’. Del párrafo que se acaba de transcribir se infiere que la procedencia del recurso de revisión fiscal ante la Corte debe entenderse como excepcional, de suerte que los casos de que conozca la Suprema Corte de Justicia serán ‘en cantidad reducida’ respecto al total de los que lleguen al conocimiento del Tribunal Fiscal en Pleno. Lo excepcional de la procedencia de la revisión fiscal se sustenta, a su vez, en la importancia y trascendencia de cada caso, lo que en otros términos significa que un asunto es excepcional precisamente por ser importante y trascendente. La determinación de cuándo se está en presencia de un asunto excepcional por su importancia y trascendencia, puede hacerse por exclusión, estableciéndose que se encontrarán en esa situación aquellos negocios en que su importancia y trascendencia se puedan justificar mediante razones que no podrían formularse en la mayoría, ni menos en la totalidad de los asuntos, pues en ese caso se trataría de un asunto común y corriente y no de importancia y trascendencia, en el sentido que se establece en la ley. Las consideraciones anteriores, traducidas en forma breve, implican que se estará en presencia de un asunto de ‘importancia y trascendencia’ cuando se expresen razones que demuestren que se reúnen los dos requisitos, o sea que se trata de un asunto excepcional (lo que se advertirá cuando los argumentos no puedan convenir a la mayoría o a la totalidad de asuntos), debido a su importancia por su gran entidad o consecuencia y, además, a que la resolución que se pronuncie trascenderá en resultados de índole grave."
De la lectura del criterio transcrito, se advierte que el alcance gramatical del término "importancia", la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del país, lo determinó como calidad de lo que importa, de lo que es muy conveniente o interesante o de mucha entidad o consecuencia; y la palabra "trascendencia", como el resultado, consecuencia de índole grave o muy importante; haciendo hincapié en que la "importancia" hace referencia al asunto en sí mismo considerado, mientras que la "trascendencia" mira a la gravedad o importancia de la consecuencia del asunto.
Además, nuestro Máximo Órgano, concluyó que se estará en presencia de un asunto de "importancia y trascendencia" cuando se expresen razones que demuestren que en el caso específico se reúnen los dos requisitos, o sea que se trata de un asunto excepcional (lo que se advertirá cuando los argumentos no puedan convenir a la mayoría o a la totalidad de asuntos), debido a su importancia, por su gran entidad o consecuencia y, además, que la resolución que se pronuncie trascenderá en resultados de índole grave.
Explicado lo anterior, en el caso específico, como ya dijo, la autoridad inconforme, director general de lo contencioso y de recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, sustentó la procedencia del recurso de revisión fiscal en la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, pues al respecto razonó lo siguiente:
"Importancia. Este medio de defensa es de suma importancia, toda vez que de prevalecer los criterios como el que hoy se impugna se afectaría gravemente los intereses de la sociedad consumidora, en virtud de que a la sociedad le preocupa que los proveedores cumplan con la máxima transparencia y honestidad la Ley Federal de Protección al Consumidor (la cual se inspiró en los principios de nuestra Constitución que desde 1917 establece, al lado de los derechos de libertad, un conjunto de derechos sociales encaminados a asegurar el imperio de la justicia en las relaciones entre los particulares y se afirmó así que ambos valores son derechos fundamentales del ser humano ante la colectividad y que los dos deben ser principios básicos de nuestra organización política), pues es necesario que exista la confianza de la población en el respeto y cumplimiento de dicha ley, ya que es prioritario el interés general que se afectaría si no se admite el presente recurso. Es necesario recalcar la importancia del presente asunto, ya que de no admitirse el recurso, se pueden ocasionar perjuicios irreversibles al interés general, puesto que no basta que la Sala responsable señale que: ‘No es obstáculo para llegar a la determinación anterior lo aducido por la representación legal de las autoridades demandadas en cuanto a que la orden de visita de origen de la resolución impugnada no es genérica, en razón de que en su rubro claramente se precisa el nombre de la persona a la cual se iba a visitar a fin de practicar la visita de verificación, a saber, Gas de Guerrero, S.A. de C.V., y en este sentido es conveniente mencionar que basta que en el oficio de comisión se encuentren datos que permitan identificar la negociación a visitar como aconteció en la especie. Lo anterior es así, ya que en el caso que nos ocupa no es suficiente con sólo haber indicado el nombre de la persona moral y su domicilio, puesto que como ya se ha dicho, la verificación se llevó a cabo a los recipientes que se encontraban en un vehículo y en este caso sí resultaba necesario que en la orden correspondiente se señalara el número de vehículo a revisar, ya que al ser propietaria la accionante de varios vehículos, únicamente así se puede tener la certeza de que la orden iba dirigida al vehículo que se revisó, pues de lo contrario únicamente se hubiese señalado por la autoridad el domicilio de la actora sin hacer referencia a que se iba a revisar un vehículo’, en tanto que se involucra el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad social. Cabe resaltar que uno de los tantos motivos por los que la Procuraduría Federal del Consumidor fue creada es para poner remedio a aquellas prácticas que, de manera frecuente, lesionan los intereses del consumidor, razón por la cual es de vital importancia admitir el presente medio de impugnación, porque de lo contrario la eficacia de esta institución estaría incompleta, ya que no contribuiría de manera eficaz en la defensa de los consumidores, y más aun está prácticamente desapareciendo a la Procuraduría Federal del Consumidor con sus inflexibles interpretaciones de la ley. Trascendencia. Independientemente de lo anterior, la sentencia emitida por la H. Sala responsable en fecha dos de abril de dos mil seis, afecta totalmente los intereses jurídicos de la Procuraduría Federal del Consumidor, siendo incuestionable y de notoria trascendencia, ya que de sustentarse en un precedente de esta categoría se traduciría en una violación constante a las necesidades apremiantes de nuestra época y a los objetivos que se ha trazado la actual administración para hacer más justa nuestra vida colectiva y para ampliar las normas tutelares a favor de la sociedad mexicana. Por otro lado, el presente negocio tiene trascendencia para la institución que hoy represento, ya que de prevalecer el criterio contenido en la sentencia que se recurre, se afectaría la actuación de esta autoridad, repercutiendo en perjuicio de los consumidores, ya que a la Procuraduría Federal del Consumidor es a la única que le corresponde vigilar y sancionar el incumplimiento a las normas oficiales mexicanas y a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, pues en caso contrario todos serían afectados, ya que los proveedores venderían sus productos sin ningún tipo de control, pues hay que recordar que es a través de las normas oficiales mexicanas que el gobierno tiene un control más eficaz sobre los productos en el mercado, pues la Ley Federal de Protección al Consumidor, aunque prevé un marco jurídico al respecto, éste no es tan específico como el contenido en las referidas normas oficiales mexicanas; razón por la cual el estudio de la ilegal determinación de la H. Sala del conocimiento tiene completa trascendencia en la vida de todos los consumidores y sumado a que corresponde al Estado a través de la Procuraduría Federal del Consumidor y de sus delegaciones, el tutelar a quienes menos poseen, a quienes requieren de la protección de la autoridad, y el expedir normas imperativas que impidan las desigualdades reales en lo económico, por ello, el artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece que sus preceptos son de orden público y de interés social, declara que son irrenunciables para los consumidores y que no tendrán ningún efecto las disposiciones establecidas por otras leyes, reglamentos, costumbres, usos, estipulaciones o prácticas en contrario. El objeto de esta Procuraduría Federal del Consumidor y de sus delegaciones es el de proteger al consumidor contra los abusos de que podría ser víctima y que quizás él mismo pudiera aceptar, impulsado por su necesidad, por su ignorancia, por su mala situación económica, por su inferioridad frente a aquel proveedor o comerciante que traten de aprovecharse de esas circunstancias (como en la especie aconteció en el asunto origen de la resolución impugnada y de la sentencia que hoy se recurre en revisión). En la Ley Federal de Protección al Consumidor se consagran los derechos que se consideran básicos para los consumidores; en primer término, se establece el derecho de una información veraz y suficiente, la prohibición de hacer publicidad que pueda engañar al consumidor sobre el origen, los componentes, las cualidades, las características y el uso de un producto y de la prestación de un servicio como en el asunto origen de la queja presentada por el consumidor. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que se estiman satisfechos los requisitos de importancia y trascendencia, el primero cuando el asunto no es común a los que conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es que se trate de un asunto excepcional; y el segundo cuando la resolución que sobre el particular se dicte tuviera un resultado o consecuencias de índole grave. Pues bien, en el caso se estima que se surten ambos requisitos por las razones antes expuestas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 31/93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el más reciente Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 72, diciembre de 1993, página 27, que a la letra señala lo siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE. REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA; CUANDO SE ESTIMAN SATISFECHOS PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.’ (transcribe). ‘REVISIÓN FISCAL, PROCEDENCIA DE LA. REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO, NO SE SURTEN POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE CUESTIONE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.’ (transcribe). Robustece a lo anterior por analogía, las siguientes tesis VI.2o.A. 51A y I.3o.A. 45 A, sustentadas, respectivamente, por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Administrativas del Sexto y Primer Circuito, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos XVIII, julio de 2003, y XIII, marzo de 2001, Novena Época, páginas 1209 y 1811, que a la letra señalan lo siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL, RECURSO DE. SU PROCEDENCIA CONFORME A LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO EN MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE.’ (transcribe). ‘REVISIÓN FISCAL, PROCEDENCIA DEL RECURSO DE. ES IMPORTANTE Y TRASCENDENTE POR TRATARSE DE LA MATERIA DEL MEDIO AMBIENTE, NO OBSTANTE, LA AUTORIDAD DEBE RAZONARLO.’ (transcribe). Por las razones y argumentos vertidos son por los que se considera legal la interposición del presente recurso de revisión."
Los anteriores argumentos que expone la autoridad recurrente, director general de lo contencioso y de recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, para justificar la importancia y trascendencia del asunto, y con ello, la procedencia del recurso de revisión fiscal en términos del supuesto jurídico a que alude la fracción II del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, en modo alguno se justifican, en atención a las consideraciones que enseguida se exponen.
Señala la autoridad recurrente que el presente asunto es de "importancia", porque de prevalecer criterios como el que reclama, se afectarían gravemente los intereses de la sociedad consumidora, porque a la sociedad le preocupa que los proveedores cumplan con máxima transparencia y honestidad la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que exista la confianza de la población, el respeto y cumplimiento de esa ley, virtud que dice, es prioritario el interés general que se afectaría de no admitirse el presente recurso, en tanto que ocasionaría perjuicios irreversibles que involucran el bienestar del orden social.
Que la Procuraduría Federal del Consumidor fue creada para poner remedio a aquellas prácticas que de manera frecuente lesionan los intereses del consumidor, por lo que, de no admitirse el recurso de revisión, la eficacia de la institución que representa estaría incompleta, porque no contribuiría de manera eficaz a la defensa de los consumidores.
Al respecto, debe decirse que el argumento esgrimido por la autoridad inconforme en los términos resumidos en el párrafo que antecede, no es apto para tener por demostrada la "importancia" del presente asunto, toda vez que el hecho de que la Procuraduría Federal del Consumidor haya sido creada para la defensa de los consumidores cuando se vean lesionados sus intereses, esa circunstancia, para efectos de la procedencia del recurso de revisión fiscal, no vuelve importante al asunto en sí mismo, pues la misma razón habría, en mayor o menor medida, en los casos de esa y otras materias para considerarlos así; es decir, tan importante y trascendente es proteger los intereses de la sociedad consumidora y que se cumpla con la transparencia y honestidad de la Ley Federal de Protección al Consumidor, como la cuestión fiscal, migratoria, etcétera; de ahí que no basta el tipo de la materia sobre la que verse el asunto para que se considere que el caso que nos ocupa sea de "importancia", sino que el asunto en sí, debe guardar particularidades que lo tinten así; y eso es lo que toca demostrar con argumentos suficientes a la autoridad que intenta el recurso de revisión fiscal.
Además, la autoridad inconforme para acreditar la "importancia" en el asunto, omite expresar razonamiento alguno que permita a este Tribunal Colegiado de Circuito, realizar su examen para concluir que en el caso se ha justificado la "importancia" del asunto, porque se trata de un caso excepcional, debido a su "importancia" por su gran entidad o consecuencia, y porque la resolución que se pronuncie trascenderá en resultados de índole grave; por tanto, se reitera, los argumentos esgrimidos por la autoridad inconforme no son idóneos para acreditar la "importancia" del presente asunto, dado que a través de los mismos se concretó a señalar cuestiones relacionadas con los fines para los cuales fue creada la Procuraduría Federal del Consumidor así como los objetivos que ésta persigue frente a la sociedad, tales como que los proveedores cumplan con máxima transparencia y honestidad la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que exista la confianza de la población, el respeto y cumplimiento de esa ley, así como que ésta fue creada para poner remedio a aquellas prácticas que de manera frecuente lesionan los intereses del consumidor, no obstante, es totalmente omisa en exponer argumentos que lleven a determinar por qué considera que dicho asunto en sí mismo considerado reviste la "importancia" que refiere.
En otro aspecto, la autoridad recurrente tampoco justifica la "trascendencia" del asunto, cuando manifiesta que de sustentarse un precedente de esta categoría, se afectaría la actuación de la autoridad que representa, en perjuicio de los consumidores, en tanto que dicha procuraduría es la institución a quien corresponde vigilar y sancionar el incumplimiento a las normas oficiales mexicanas, y a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; pues de lo contrario, los proveedores venderían sus productos sin ningún control sobre los del mercado, razón por la que dice, la determinación de la Sala tiene trascendencia en la vida de los consumidores.
Que corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor y a sus delegaciones, tutelar a quienes menos poseen y requieran de la protección de la autoridad, por lo que en el artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se establece que sus preceptos son de orden público e interés social, irrenunciables para los consumidores y que además, no tendrán ningún efecto las disposiciones que prevean otras leyes, reglamentos, costumbres o prácticas en contrario, en tanto que el objeto de dicha procuraduría, es proteger al consumidor frente a los abusos de que pudiera ser víctima o que él mismo pudiera aceptar impulsado por su necesidad, ignorancia o mala situación económica, como dice, sucedió en el asunto que impugna a través del presente recurso de revisión.
Ello se considera así, en tanto que con los argumentos que expone para justificar la "trascendencia" que como requisito de procedencia exige la fracción II del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, no se determina de qué manera el asunto puesto a consideración a través del recurso de revisión fiscal, tiene efectivamente trascendencia para hacerlo procedente, pues la sola afirmación de que corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor vigilar y sancionar el incumplimiento a las normas oficiales mexicanas, y a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y además, tutelar a quienes menos poseen y requieren de la protección de la autoridad, ello no resulta suficiente para abordar el tema que nos ocupa.
Máxime que los tribunales gozan de la presunción de ser conocedores del derecho, y en el caso no se advierte motivo, y menos evidencia, que revele que dicho órgano jurisdiccional ignora la materia, y si así fuera, lo que no se admite en forma alguna, de cualquier manera ello tampoco haría excepcional y trascendente el asunto, pues en todos y no sólo en éste, habría el problema de desconocer la materia a que se refiere el asunto para que resultare trascendente.
En esas condiciones, si bien el artículo 248, fracción II, del ordenamiento federal tributario, precisa que las autoridades podrán impugnar las resoluciones emitidas por las Salas Regionales, cuando los asuntos sean de importancia y trascendencia, es obligación de la autoridad recurrente razonar esos rubros, lo que significa que no todas las resoluciones emitidas por las Salas pueden ser impugnadas a través del recurso de revisión, sino sólo en aquellos casos en que queden plenamente justificados la importancia y trascendencia que acarrearía de asentar un precedente de tal identidad que los argumentos dados por la autoridad responsable en forma alguna cabrían en la mayoría de los asuntos sometidos a su potestad; lo que no se satisfizo en el presente recurso de revisión, en tanto que los argumentos dados por la autoridad recurrente para apoyar la importancia y trascendencia del asunto, no atribuyen a éste el carácter de "excepcional" que requiere la fracción II del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que se reitera, la "importancia" radica en el asunto en sí mismo considerado y la "trascendencia" en los efectos precisos que ésta produce.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.A. J/6, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 467, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, noviembre de 2001, que este resolutor comparte, la cual establece:
"REVISIÓN FISCAL. EL TIPO DE MATERIA SOBRE LA QUE VERSE EL ASUNTO DE ORIGEN, NO BASTA PARA ACREDITAR LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA, NECESARIAS PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. Si
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20906-976164b5/revision-fiscal-para-la-procedencia-del-recurso-relativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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