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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS TIENEN LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONERLA, CUANDO HAYAN SIDO DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 160/2003-SS. · Registro digital (IUS): 18481
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, , Pág. 385.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 160/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MARTHA YOLANDA GARCÍA VERDUZCO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito resolvió el recurso de revisión fiscal 93/99, promovido por el procurador fiscal del Estado de Guanajuato en representación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de esa entidad, en sesión de veintinueve de junio del año dos mil, fallado por unanimidad de votos, en el que se declaró improcedente; la parte medular de las consideraciones que sostuvo dicho órgano colegiado son las siguientes:

"SEGUNDO. El procurador fiscal del Estado de Guanajuato se encuentra legitimado para interponer el presente recurso de revisión fiscal, en representación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno de esta entidad, autoridad demandada en el juicio de origen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 del Código Fiscal de la Federación; 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; 1o., 2o., fracción IV, 3o. y 12, fracciones II, V y XXVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado. Carácter que además le fue reconocido por la Primera Sala Regional del Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, mediante acuerdo de fecha dieciséis de abril de mil novecientos noventa y nueve. En el presente caso, el recurso de revisión fiscal de que se trata ha sido interpuesto dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, dado que la sentencia combatida se notificó a la autoridad recurrente el día veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en tanto que el escrito de agravios se presentó el siete de septiembre del propio año, esto es, el recurso se interpuso dentro del octavo día hábil, no habiéndose computado el día veintiséis de agosto mencionado, por ser la fecha en que surtió efectos la notificación que le fuera practicada un día anterior, como tampoco los días veintiocho, veintinueve de agosto, cuatro y cinco de septiembre, por ser inhábiles. TERCERO. La autoridad recurrente expuso las siguientes consideraciones justificativas de la procedencia del recurso: ‘(se transcribe)’. Contrariamente a lo argumentado por la recurrente, el recurso de revisión fiscal es improcedente, por las siguientes razones: El artículo 248 del Código Fiscal de la Federación dispone: ‘Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: I. Sea de cuantía que exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente al momento de la emisión de la resolución o sentencia. En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente por doce. II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. III. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a: a) Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa. b) La determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones. c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación. d) Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo. e) Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias. f) Las que afecten el interés fiscal de la Federación. IV. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. V. Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para los efectos del seguro de riesgos del trabajo. El recurso de revisión también será procedente contra resoluciones o sentencias que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los casos de atracción a que se refiere el artículo 239-A de este código. En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.’. Conforme a la transcrita redacción del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, en los casos en que el recurso de revisión no es interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien no verse sobre aportaciones de seguridad social o no es una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuyos supuestos se establecen requisitos o razones especiales para su procedencia, cualquier autoridad que lo interponga debe expresar como razones de procedencia bien la cuantía del asunto, la que deberá ser superior a la que fija la primera fracción del precepto en comento, o bien si es inferior a dicha cuantía o es de cuantía indeterminada, la importancia y trascendencia del negocio del que deriva el recurso conforme a la segunda fracción del precepto en cita, caso éste en el que la autoridad recurrente deberá razonar los requisitos de importancia y trascendencia del asunto que considere que deba ser sujeto de revisión. En efecto, en tratándose de recursos interpuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público basta para su procedencia que la sentencia impugnada derive de resoluciones emitidas por la citada dependencia hacendaria y que el recurso sea interpuesto dentro del término de quince días posteriores a la fecha en que haya surtido efectos la notificación correspondiente. Así lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia visible en la página 240, Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘REVISIÓN FISCAL. PROCEDE, CONFORME AL ARTÍCULO 248, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1997, POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES Y SIEMPRE QUE SE INTERPONGA DENTRO DEL PLAZO LEGAL.’ (se transcribe). Por cuanto ve a los supuestos de procedencia a que aluden las fracciones IV y V del precepto legal en cita, éstos son específicos y claros, pues sólo debe atenderse a que se traten de resoluciones dictadas en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, o sean resoluciones en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que integren la base de cotización o sobre el grado de riesgos de las empresas para los efectos del seguro de riesgos de trabajo. En cambio, como se dijo, en los casos en que el recurso de revisión no se ha interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien no verse sobre aportaciones de seguridad social o no sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la autoridad recurrente que interponga la revisión deberá, atento a lo que establecen las fracciones I y II del referido numeral 248 del código tributario en consulta, expresar como razones de procedencia, bien la cuantía del asunto, la que deberá ser superior a la que fija el primer párrafo del precepto en comento, o bien si es inferior a dicha cuantía, o el valor del negocio es de cuantía indeterminada, la importancia y trascendencia del asunto del que deriva el recurso, caso éste en el que la autoridad recurrente deberá razonar los requisitos de importancia y trascendencia del asunto que considere deba ser sujeto de revisión. En el caso a estudio, la autoridad que interpone el recurso de revisión lo es la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, por conducto del procurador fiscal de esta entidad federativa. Cabe señalar que el punto de controversia a dilucidar por la Sala resolutora consistió en determinar la nulidad o validez del requerimiento de pago contenido en el oficio 1758, de fecha veinte de octubre de mil novecientos noventa y ocho, formulado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Guanajuato. A efecto de hacer efectiva la póliza de fianza que otorgó ‘Afianzadora Sofimex, S.A.’, por la cantidad de treinta y cinco mil setecientos sesenta y siete pesos con veintidós centavos, para garantizar que la persona moral denominada ‘Constructora Arcos Corona, S.A. de C.V.’, cumpliera con el contrato de obra pública número SDUOP/CAPCE/SJ/97-011, de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete. En ese orden de ideas, al no tratarse la autoridad recurrente de una unidad administrativa de defensa jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni que la resolución impugnada derive de una resolución emitida por esta última dependencia pública; como tampoco se trata de resolución dictada por autoridad local coordinada con la aludida secretaría federal en la captación de ingresos federales y, por lo demás, tampoco el asunto versa sobre aportaciones de seguridad social o de aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; por tanto, el recurso en cuestión debe justificar su procedencia, porque la cuantía del negocio sea superior a tres mil quinientas veces el salario mínimo general en el Distrito Federal, vigente a la fecha de emisión de la sentencia impugnada o, bien porque siendo menor al equivalente de esa suma o sea de cuantía indeterminada, la autoridad revisionista demuestre que el asunto sujeto a revisión es importante y trascendente. Lo primero no está justificado porque, como se dijo anteriormente, la cuantía del objeto litigioso asciende a treinta y cinco mil setecientos setenta y siete pesos con veintidós centavos, suma que no supera los tres mil quinientos días de salario mínimo general referidos. Lo anterior es así porque para el día diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve, fecha en que se dictó la sentencia impugnada, el salario mínimo general para la capital del país ascendió a treinta y cuatro pesos con cuarenta y cinco centavos, los cuales multiplicados por tres mil quinientas unidades a que alude la primera fracción del multicitado artículo 248, da un total de ciento veinte mil quinientos setenta y cinco pesos, cantidad que rebasa considerablemente la cuantía del negocio objeto de debate en el juicio de origen. En ese orden de ideas, para la procedencia del recurso, la autoridad recurrente tenía que justificar la importancia y trascendencia del asunto, lo que a juicio de este órgano jurisdiccional tampoco se satisfizo. En efecto, el requisito de importancia antes aludido se demuestra cuando las razones que expresa el recurrente como tales para la procedencia del recurso no son comunes a la mayoría o totalidad de los asuntos del conocimiento del Tribunal Fiscal de la Federación y, en cambio, el requisito de trascendencia se surte cuando los razonamientos que alude al respecto el revisionista ponen de manifiesto que la resolución impugnada en la revisión trae resultados de índole grave; aún más la trascendencia mira a lo grave de las consecuencias de la resolución que se combate y la importancia hace referencia a la citada resolución en comparación a las normales que se emiten, poniéndose de relieve que se trata de asuntos no comunes sino excepcionales. Lo anterior encuentra apoyo en las acepciones gramaticales que el Diccionario de la Real Academia Española da a los términos de importancia y trascendencia, que son las siguientes: ‘Importancia: Calidad de lo que importa, de lo que es muy conveniente o interesante o de mucha entidad o consecuencia. Trascendencia: Resultado, consecuencia de índole grave o muy importante.’ Estas acepciones dan como resultado que deba considerarse que se está en presencia de un asunto que reúna los requisitos de importancia y trascendencia en aquel negocio respecto del cual se pueda justificar la necesidad de ser revisado en segunda instancia, mediante razones que no puedan ni podrían formularse en la mayoría de los negocios y menos en la totalidad de los asuntos, porque de aceptar lo contrario se trataría de un asunto común y corriente, no de importancia y trascendencia en el sentido que establece la ley. En el caso a estudio, la recurrente expone como argumentaciones justificativas de la procedencia de su impugnación el que la Sala resolutora, a su juicio, haya realizado una incorrecta interpretación del artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Agrega que es de evidente relevancia el alcance y significado de las expresiones que integran el texto del precepto legal aludido a efecto de desentrañar su espíritu, máxime que se trata de una ley federal cuya aplicación abarca a todo el territorio nacional. Que además el asunto es equiparable por razón e identidad jurídica sustancial a los asuntos que los Tribunales Colegiados conocen en materia de amparo directo en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo. No le asiste razón jurídica a la autoridad inconforme. En efecto, la interpretación de un precepto legal no puede ser motivo suficiente para considerar que un asunto tenga la característica de excepcional y que por ello se le considere importante y trascendente sobre el resto de los asuntos que se ventilan en un Tribunal Colegiado, y por ello deba ser motivo de revisión, puesto que cotidianamente los órganos colegiados realizan labores exegéticas a efecto de encontrar el verdadero sentido de los textos legales, sean éstos del orden federal o estatal y respecto de cualquier materia. De ahí que además de señalarse que un asunto reviste especial importancia y trascendencia, no basta que se señale que ello es así por encontrarse un precepto legal sujeto a interpretación, sino que es menester demostrar cuáles otras razones imperan para sostener fundadamente que un asunto es especialmente relevante y trascendente en los términos que se apuntaron anteriormente para que el Tribunal Colegiado deba pronunciarse sobre el mismo, pues no debe olvidarse que el recurso de revisión fiscal desde sus orígenes tiene un carácter excepcional y, por lo mismo, no ha lugar a conocer de aquellos asuntos que no se encuentren revestidos de las mencionadas características a que alude la fracción II del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación. De acuerdo con los razonamientos expresados, debe considerarse que el presente recurso de revisión no cumple con los requisitos de procedibilidad, por lo que con apoyo en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación debe declararse improcedente. En las condiciones apuntadas, es irrelevante el hecho de que el presidente de este Primer Tribunal Colegiado hubiera admitido el recurso, ya que, en todo caso, el auto respectivo no causa estado, en virtud de que sólo lo admitió a trámite, sin que esto impida al Pleno de este propio tribunal calificar la procedencia del aludido medio de impugnación. Sirve de apoyo a esta conclusión, en lo conducente, la jurisprudencia número 57 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 37 de la Gaceta Número 28, correspondiente al mes de abril de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘REVISIÓN. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, LA ADMISIÓN DEL MISMO POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE. La admisión del recurso de revisión por el presidente de la Suprema Corte no es definitiva ni causa estado pues deriva de un examen preliminar, en consecuencia la Sala está facultada para constatar la personalidad de quien interpone el recurso y, cuando advierta que carece de ésta, resolver su desechamiento.’."

CUARTO. De las copias certificadas de las ejecutorias pronunciadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver los recursos de revisión fiscal 4/2000 y 25/2003, promovidos por el tesorero general del Estado de Michoacán de Ocampo y el director de lo contencioso adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, respectivamente, fallados por mayoría de votos, en los que se declaró improcedente el recurso de revisión fiscal, se aprecia que el sentido de dichos fallos se sustentó en las mismas consideraciones esenciales, de tal manera que sólo se transcribe la segunda de dichas ejecutorias que en la parte conducente dice:

"CUARTO. No obstante la transcripción de la parte considerativa de la sentencia recurrida y de los agravios enderezados en su contra, ni una ni otros habrán de ser motivo de examen, habida cuenta que el recurso de revisión fiscal interpuesto por el director de lo contencioso adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato es improcedente. El artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en lo que aquí interesa, literalmente lo siguiente: ‘Corresponde a los tribunales de la Federación conocer: ... I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes ...’. Por su parte, la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Carta Magna establece que el Congreso tiene facultad para, entre otras cosas, ‘... expedir leyes que instituyan Tribunales de lo Contencioso Administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones ...’. De lo transcrito se advierte que los tribunales de la Federación -en la especie los Tribunales Colegiados de Circuito- son competentes para conocer, entre otros casos, de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas pronunciadas por los tribunales administrativos que resuelvan controversias entre los particulares y la administración pública federal. En este orden de ideas, en el caso concreto no se está dirimiendo una controversia entre la administración pública federal y un particular, toda vez que la autoridad recurrente no tiene aquel carácter, esto es, el director de lo contencioso adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Guanajuato no es una autoridad federal. En tal virtud, dicha autoridad no se encuentra legitimada para intentar válidamente el recurso de revisión de que se trata. Conviene mencionar que el último párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación dispone que el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito es procedente cuando: ‘En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.’. Sin embargo, el mencionado director, en el presente negocio, no actúa en coordinación con la Federación en relación con el cobro de un ingreso federal, toda vez que en el caso la referida autoridad estatal requirió a la institución actora en el juicio de nulidad sobre el pago de las pólizas de fianza por ella otorgadas, a efecto de garantizar el cumplimiento del contrato de obra y el anticipo dado por el Gobierno del Estado para el inicio de la construcción encomendada. En las anotadas condiciones, la exigibilidad del cobro de una fianza de tal naturaleza no implica que la autoridad exactora -aquí recurrente- esté coordinada con la Federación para el cobro de un ingreso federal, sino únicamente actúa en ejercicio de las atribuciones que le confieren las leyes y reglamentos locales que regulan su creación y funcionamiento; lo cual hace improcedente el recurso de revisión que se intenta. Similar criterio fue sostenido por este órgano colegiado al desechar en sesión del veintiuno de junio del año dos mil, por mayoría de votos de los señores Magistrados Ángel Michel Sánchez y Javier Pons Liceaga, contra el emitido por el Magistrado Froylán Guzmán Guzmán, el recurso de revisión fiscal 4/2000. Por consiguiente, el proyecto se presenta atendiendo al mencionado criterio mayoritario en contra del ponente Magistrado Froylán Guzmán Guzmán."

QUINTO. A continuación se procede a determinar si en el caso existe contradicción de tesis; al respecto, el artículo 197-A de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Para determinar cuándo existe contradicción de tesis es necesario tener presente que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio que se establece en la tesis de jurisprudencia de la Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76, que a la letra dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Asimismo, es aplicable la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 27/2001, página 77, del tenor literal siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

En la especie, los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Sexto Circuito examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se pronunciaron sobre un mismo tema, que consiste en determinar si una autoridad del Gobierno del Estado de Guanajuato está legitimada para interponer el recurso de revisión fiscal o sólo puede interponerlo una autoridad federal.

Asimismo, ambos Tribunales Colegiados, aun cuando analizaron el mismo problema jurídico, llegaron a diferentes conclusiones, lo anterior porque mientras el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito sostiene, en esencia, que el procurador fiscal del Estado de Guanajuato está legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal, por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito considera que el director de lo contencioso adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato no es una autoridad federal y, por tanto, no se encuentra legitimado para intentar válidamente el recurso de revisión fiscal.

Luego, aun cuando en ambos juicios se abordó el mismo tema, llegaron a conclusiones diversas, por lo que debe concluirse que sí existe contradicción de tesis.

SEXTO. La contradicción ha de resolverse declarando que sobre el tema a debate debe prevalecer el criterio que sienta esta Sala, el cual coincide con el que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al tenor de las siguientes consideraciones:

En principio se estima necesario precisar que el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el catorce de enero de mil novecientos ochenta y nueve, en su parte que interesa, textualmente establecía lo siguiente:

"Artículo 248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, serán recurribles por las autoridades ante la Sala Superior, cuando el asunto sea de importancia y trascendencia, a juicio del titular de la Secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado a que el asunto corresponda. ...."

Ahora bien, de la exposición de motivos que se acompañó el seis de abril de mil novecientos ochenta y siete al proyecto de reformas a la Constitución General de la República, que entraron en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se advierte en relación con este tema lo siguiente:

"Se propone la adición de la fracción I-B al artículo 104, con similar contenido de los párrafos tercero y cuarto de la fracción I del artículo 104 vigente, para que los tribunales de la Federación conozcan de los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo a que se refiere la fracción XXXIX-G del artículo 73. Por ello, se propone la derogación de los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción I del citado artículo 104.

"Los recursos de revisión en contra de resoluciones definitivas de los mencionados Tribunales de lo Contencioso Administrativo, se ha otorgado para que los órganos del Estado puedan proponer a la Justicia Federal las cuestiones que presentan problemas de control de la legalidad, modificando la competencia que para conocer de los mismos tiene actualmente la Suprema Corte de Justicia, propuestas que son congruentes con los propósitos centrales de esta iniciativa.

"Se propone que estos recursos sean de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por plantear siempre problemas de legalidad, modificando la competencia que para conocer de las mismas tiene actualmente la Suprema Corte de Justicia, propuestas que son congruentes con los propósitos cent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18481-18c4fcf5/revision-fiscal-las-autoridades-de-los-estados-tienen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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