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Modo: Corpus Pro

POSESIÓN DE PARCELAS EJIDALES Y COMUNALES. EN LOS CONFLICTOS RELATIVOS, EL TRIBUNAL AGRARIO DEBE EXAMINAR SU CAUSA GENERADORA, CUANDO LAS PARTES NO TENGAN TÍTULO AGRARIO QUE AMPARE LOS DERECHOS SOBRE LAS TIERRAS EN DISPUTA. POSESIÓN AGRARIA. LOS CONFLICTOS RELATIVOS DEBEN RESOLVERSE INTERPRETANDO EL SISTEMA JURÍDICO CONFORME AL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. POSESIÓN. DIMENSIONES DE SU TUTELA CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 131/2003-SS. · Registro digital (IUS): 18802
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO, EN CONTRA DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, , Pág. 967.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 131/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO, EN CONTRA DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: FERNANDO SILVA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron. Será necesario, además, hacer una breve referencia a los antecedentes de dichos asuntos para la mejor comprensión de las posturas de dichos tribunales y con el fin de estar en mejores condiciones de analizar si existe o no contradicción de tesis entre tales criterios interpretativos.

Posición 1.

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver por unanimidad de votos los amparos directos 48/2001, 643/2001 y 640/2003; así como por mayoría de votos los amparos directos 590/2000, 698/2000, 306/2002 y 29/2004, tomó una determinada posición en relación con el tema que nos ocupa. En las siguientes líneas se precisará dicha postura interpretativa a partir del amparo directo 590/2000, toda vez que resulta el caso más representativo en tal sentido, porque las circunstancias de dicho asunto condujeron al tribunal a precisar con alguna claridad su posición en lo relativo al tema que nos ocupa.

El amparo directo 590/2000 tuvo origen en una demanda promovida por Filiberta Baldovinos Catalán ante los tribunales agrarios, cuya pretensión era el reconocimiento de la posesión de una parcela (11,368.65 metros cuadrados) ubicada en el ejido de Alpuyeca, Municipio de Xochitepec, amparándose a través de un contrato de cesión de derechos celebrado el quince de mayo de mil novecientos noventa y uno.

La actora manifestó que fue despojada de dichas tierras por los demandados (Antonina Villamar Guzmán y otros), a mediados de julio de mil novecientos noventa y dos, quienes manifestaron en el juicio agrario que tal parcela les fue adjudicada mediante certificado de derechos agrarios número 3949380.

El Tribunal Unitario Agrario del conocimiento, considerando que ninguna de las dos partes acreditó contar con derechos agrarios reconocidos sobre las tierras en pugna, determinó reintegrar en la posesión de la parcela a la parte actora.

A esos efectos, el Tribunal Unitario Agrario desvirtuó las pruebas ofrecidas por los demandados para acreditar su derecho sobre la parcela; otorgó valor probatorio al contrato de cesión de derechos presentado por la actora a efectos del acreditamiento de la posesión de las tierras antes de ser despojada (aun cuando lo declaró nulo y, por ende, no idóneo para acreditar la propiedad de la parcela); y, finalmente, consideró que todo poseedor debe ser mantenido en posesión contra aquel que no ha acreditado tener mejor derecho, con independencia de que dicha posesión sea o no óptima para obtener la titularidad agraria.

La demandada (Antonina Villamar Guzmán) promovió juicio de amparo contra dicha sentencia (amparo directo 590/2000). El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, supliendo la deficiencia de la queja, otorgó la protección constitucional solicitada, al considerar que: "... cuando en un conflicto sobre posesión y goce de una fracción de terreno de naturaleza agraria las partes carecen de derechos agrarios reconocidos ante las autoridades agrarias ... debe estarse a favor de quien ostenta la posesión del inmueble cuestionado". Y, agregó: "... Es pertinente aclarar que para decidir la controversia a favor de la quejosa, no era necesario que ésta probara el justo título o causa generadora de la posesión, ya que, dadas las características de la posesión en materia agraria, basta que el poseedor tenga un poder de hecho personal sobre la cosa, con independencia de que tal posesión sea o no justa ...".

Es importante dejar anotado que por el hecho consistente en que en dicho asunto se controvirtió desde su origen el mejor derecho a la posesión de la parcela respectiva, debe entenderse que la posición del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito consiste en estimar: cuando en un conflicto sobre posesión y goce de una fracción de terreno de naturaleza agraria (parcela ejidal) las partes carezcan de derechos agrarios reconocidos, debe estarse a favor de quien tiene la posesión del inmueble cuestionado, con independencia de que se controvierta precisamente la legitimidad de dicha tenencia y/o con independencia de que el que se considera desposeído argumente contar con interés jurídico para controvertir la tenencia de su contraparte.

Dicho Tribunal Colegiado citó en su sentencia, para reforzar el sentido de sus consideraciones, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que constituye la posición 2 del tema en análisis.

Posición 2.

Una primera aproximación a la posición del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 138/96, en sesión de once de abril de mil novecientos noventa y seis, fallado por unanimidad de votos, puede desprenderse de la tesis aislada VI.3o.22 A, nacida de dicho asunto, publicada en la página 673 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, que dice:

"POSESIÓN Y GOCE. CASO EN EL QUE, PARA RESOLVER EL CONFLICTO, DEBE DETERMINARSE QUIÉN ESTÁ EN POSESIÓN DEL BIEN CONTROVERTIDO. Para dilucidar un conflicto de posesión y goce, lo primero que debe hacer el juzgador es determinar, mediante el análisis de las pruebas ofrecidas por las partes, particularmente los documentos exhibidos por ellas, quién de los contendientes justifica tener derechos agrarios reconocidos como titular del inmueble en conflicto. En el caso de que después de efectuado tal análisis se llegara a la conclusión de que ninguna de las pruebas aportadas por las partes otorga a éstas derechos agrarios posesorios, lo que debe definirse es quién está realmente en posesión del inmueble cuestionado. En efecto, es sabido que en materia agraria la posesión genera derechos; así se desprende del artículo 48 de la ley de la materia. En este sentido, cuando en el juicio de que se trata ninguna de las partes prueba ser titular de derechos agrarios, pero uno de los contendientes demuestra que él es quien realmente se encuentra en posesión del inmueble, la controversia debe decidirse a su favor, pues entre dos personas que no tienen ningún título agrario, debe estimarse que quien mejor derecho tiene a la posesión es el que se encuentra poseyendo el inmueble, pues éste por lo menos tiene una expectativa de derecho para adquirirlo por usucapión."

Para la mejor comprensión de la tesis transcrita, es indispensable hacer referencia a la litis planteada en dicho caso.

El amparo directo 138/96 se originó a partir de una demanda promovida por Juventino León Cortés, cuya pretensión consistió en la declaración de mejor derecho, mantenimiento y respeto a la posesión de un solar urbano ejidal, ubicado en el poblado de San José Tilapa, Municipio de Coxcatlán, Puebla, amparándose para tal efecto en diversos medios de convicción.

El Tribunal Unitario Agrario del conocimiento desvirtuó las pruebas aportadas por el actor tendentes a demostrar la posesión de dichas tierras, así como el supuesto mejor derecho sobre ellas. Asimismo, dicho tribunal otorgó valor probatorio a la inspección ocular practicada en el procedimiento y concluyó que la demandada (Petra Machuca Cortés) es quien tiene la posesión del solar urbano ejidal, la que, a juicio del Tribunal Unitario, acreditó "la legitimidad de la posesión y goce del sitio solar en conflicto" mediante documentales idóneas para acreditar que dichas tierras se las cedió su madre (f. 154-155 exp.).

Inconforme con esa sentencia, el actor (Juventino León Cortés) promovió juicio de amparo (138/96). El Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito declaró infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa y negó la protección constitucional solicitada.

Es importante señalar que el Tribunal Colegiado centró la litis señalando que en ese tipo de asuntos debe determinarse qué parte cuenta con mejor derecho sobre el solar urbano ejidal y no quién posee de facto las tierras en disputa.

Es verdad que, como se indica en la tesis aislada, el tribunal concluye que entre dos personas que no tienen ningún título agrario debe resolverse a favor de quien tiene la posesión del inmueble en razón a que éste tiene una expectativa de derecho para adquirirlo por usucapión.

Sin embargo, por el hecho consistente en que en dicho asunto el actor (quejoso) no probó un interés jurídico en el juicio natural para cuestionar la tenencia de la tierra de su contraparte (haber sido poseedor de las tierras o un mejor derecho de posesión), la posición del Tribunal Colegiado debe entenderse en el sentido de que tratándose de conflictos sobre posesión y goce de una fracción de terreno de naturaleza agraria (solar urbano ejidal), en que las partes carezcan de derechos agrarios reconocidos, debe estarse a favor de quien tiene la posesión del inmueble cuestionado, en los casos en que uno de los contendientes ni siquiera demuestre, preliminarmente, contar un interés para cuestionar la tenencia de hecho de aquél.

Es por ello que en la sentencia que dio origen a la tesis aislada antes transcrita, el Tribunal Colegiado manifestó que:

"Finalmente, se estima innecesario analizar los derechos posesorios de la tercera perjudicada sobre el bien de que se trata, pues independientemente de que las consideraciones que con respecto a este punto se contienen en el acto reclamado, sean o no apegadas a derecho, lo cierto es que esta cuestión en nada afecta al actor pues éste no cuenta con título agrario alguno que lo acredite como titular del inmueble en conflicto, ni justificó ser poseedor del mismo ..." (subrayado añadido).

Posición 3.

El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito resolvió los amparos directos 214/99 y 142/2003, por unanimidad de votos, de los cuales se hará referencia al primero de ellos, en atención a que es susceptible de poner de manifiesto con alguna claridad la posición interpretativa asumida por dicho órgano jurisdiccional en relación con el tema sujeto a debate.

El amparo directo 214/99 se originó a partir de una demanda presentada por María del Pilar América Rivera Labastida contra Alfredo Labastida Ríos y otros, para que se le reconociera mejor derecho a poseer el predio comunal denominado Tecaxi (38,590 metros cuadrados), poblado de Tepoztlán, Morelos, amparándose en una cesión de derechos celebrada con su madre (20 de marzo de 1990) y manifestando que fue desposeída de dichas tierras en mil novecientos noventa y siete.

El tribunal agrario, al considerar que ninguna de las partes acreditó contar con título agrario con respecto a las tierras en disputa, examinó dicho conflicto atendiendo: "... al hecho mismo de la posesión y la calidad con que se ejerce o ejerció, según el caso, aparte de que, el justo título por el cual se poseyó o se haya poseído cobra especial importancia, entendido éste, el justo título, como la causa generadora de la posesión ..." (foja 51 del expediente).

En esencia, el Tribunal Unitario desvirtuó las pruebas aportadas por los demandados para demostrar el "justo título" de la posesión de las tierras; otorgó valor probatorio a distintos testimonios, a la inspección ocular practicada y al contrato de cesión de derechos aportado por la actora (aunque lo declaró inexistente, lo tomó en cuenta para acreditar la causa generadora de la posesión); y resolvió condenar a los demandados a la devolución de las tierras ocupadas.

Los demandados promovieron juicio de amparo (214/99), del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que negó la protección constitucional solicitada.

En dicha sentencia, el Tribunal Colegiado no asumió una posición clara con respecto al tema sujeto a debate. Sin embargo, declaró infundado el concepto de violación dirigido a demostrar la ilegalidad de la consideración del tribunal agrario, consistente en que el conflicto de mérito debe resolverse atendiendo al hecho mismo de la posesión y la calidad con que se ejerce. Y, de esa manera, el Tribunal Colegiado respaldó la consideración del tribunal agrario en forma explícita, estableciendo en la sentencia que: "... el concepto de violación en estudio deviene infundado, pues si bien es cierto que, efectivamente, los demandados poseen el predio en conflicto, no menos cierto es que esa posesión es de manera ilegal dado que la causa generadora de la misma es la desposesión que realizaron en el mes de octubre de mil novecientos noventa y siete, de ahí lo infundado del concepto a estudio ..." (foja 97 del expediente).

Con esa base, es posible indicar que la posición del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito debe entenderse en el sentido de que tratándose de conflictos sobre posesión y goce de una fracción de terreno de naturaleza agraria (parcela comunal) en que las partes carezcan de derechos agrarios reconocidos, debe atenderse a la causa generadora de la posesión.

CUARTO. La contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y cuando, además, la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas requiriéndose, asimismo, que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente iguales.

A ese respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio que establece la tesis de jurisprudencia de la Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, abril de 2001. Tesis P./J. 26/2001, página 76, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

No existe contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (posición 2) y los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Octavo Circuito (posiciones 1 y 3).

Esto es así, en primer término, porque los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Octavo Circuito resolvieron un conflicto sobre posesión y goce de una fracción de terreno de naturaleza agraria en el que las partes no demostraron contar con derechos agrarios reconocidos y estaba en disputa el mejor derecho a la posesión, en virtud de la existencia de dos intereses jurídicos en conflicto, sustentados a través de la invocación y exhibición de pruebas, preliminarmente atendibles e idóneas por cada una de las partes para acreditar una causa generadora de la posesión.

En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito resolvió un conflicto sobre posesión y goce de una fracción de terreno de naturaleza agraria en el que las partes no contaban con derechos agrarios reconocidos, y sólo uno de los contendientes (el poseedor de la tierra) exhibió un título preliminarmente idóneo para justificar dicha tenencia, mientras que su contraparte (el actor) no demostró contar ni siquiera con un interés jurídico idóneo para cuestionar la tenencia de aquél.

Es decir, mientras que a través de las posturas 1 y 3 se resolvió el fondo de un conflicto de posesión en materia agraria (mejor derecho a la posesión); a través de la posición 2 ni siquiera se entró al estudio de fondo de dicha cuestión por falta de interés del actor para cuestionar la tenencia del poseedor de la tierra.

En segundo término, los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Octavo Circuito (posiciones 1 y 3) resolvieron un conflicto sobre la posesión de una parcela ejidal y una parcela comunal, respectivamente y, en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (posición 2) resolvió un conflicto sobre la posesión de un solar urbano ejidal.

Esto último implica también una diferencia relevante entre las posiciones 1 y 3, en relación con la posición 2, ya que el solar urbano ejidal se halla regulado bajo un régimen jurídico distinto a las tierras parceladas ejidales y comunales.

Los solares urbanos se encuentran sujetos a un régimen jurídico distinto al de las parcelas ejidales y comunales, porque, por un lado, antes de su asignación formal, los solares urbanos forman parte de las tierras de asentamiento humano del ejido, cuyo uso y aprovechamiento corresponde a todos los ejidatarios del núcleo de población; a diferencia de lo que ocurre con las parcelas ejidales y comunales, que son terrenos de aprovechamiento individual y, por otro lado, a partir de su asignación formal, los solares urbanos están sujetos a las disposiciones de derecho común, según se desprende de los artículos 68 y 69 de la Ley Agraria, a diferencia de lo que ocurre con las tierras parceladas ejidales y comunales, que son propiedad del núcleo de población ejidal y de las comunidades y, por ende, se encuentran sujetas al régimen de propiedad restringida previsto en la Constitución y en la Ley Agraria, según lo dispone la fracción VII del artículo 27 constitucional.

En efecto, los artículos 68 y 69 de la Ley Agraria establecen:

"Artículo 68. Los solares serán de propiedad plena de sus titulares. Todo ejidatario tendrá derecho a recibir gratuitamente un solar al constituirse, cuando ello sea posible, la zona de urbanización. La extensión del solar se determinará por la asamblea, con la participación del Municipio correspondiente, de conformidad con las leyes aplicables en materia de fraccionamientos y atendiendo a las características, usos y costumbres de cada región.

"La asamblea hará la asignación de solares a los ejidatarios, determinando en forma equitativa la superficie que corresponda a cada uno de ellos. Esta asignación se hará en presencia de un representante de la Procuraduría Agraria y de acuerdo con los solares que resulten del plano aprobado por la misma asamblea e inscrito en el Registro Agrario Nacional. El acta respectiva se inscribirá en dicho registro y los certificados que éste expida de cada solar constituirán los títulos oficiales correspondientes.

"Una vez satisfechas las necesidades de los ejidatarios, los solares excedentes podrán ser arrendados o enajenados por el núcleo de población ejidal a personas que deseen avecindarse.

"Cuando se trate de ejidos en los que ya esté constituida la zona de urbanización y los solares ya hubieren sido asignados, los títulos se expedirán en favor de sus legítimos poseedores."

"Artículo 69. La propiedad de los solares se acreditará con el documento señalado en el artículo anterior y los actos jurídicos subsecuentes serán regulados por el derecho común. Para estos efectos los títulos se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad de la entidad correspondiente."

Asimismo, la fracción VII del artículo 27 constitucional prevé:

"Artículo 27. ...

(Reformada, D.O.F. 6 de enero de 1992)

"VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. ..."

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IX, febrero de 1999

"Tesis: 2a./J. 5/99

"Página: 170

"SOLAR URBANO NO TITULADO, EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS POR SU TENENCIA. De la Ley Agraria en vigor, título tercero, capítulo II, sección cuarta, que comprende los artículos 63 a 69 relativos a las tierras del asentamiento humano, se infiere que una vez consolidado el derecho de propiedad respecto de un solar de la zona de urbanización del ejido, el mismo queda fuera de las prescripciones de las leyes agrarias, como lo confirma la circunstancia que la propia ley prevé, de que procede la prescripción positiva, la enajenación y la embargabilidad de los lotes urbanos de un ejido; de tal suerte, que si se otorgó a una persona el título de propiedad de determinado solar, esta propiedad no se comprende dentro de las previsiones de las leyes agrarias y, en consecuencia, su titular ya se trate de un ejidatario o de quien no tiene ese carácter, en caso de menoscabo o perturbación del dominio no puede recurrir a las autoridades agrarias para obtener la protección de su derecho, sino que debe acudir a las autoridades judiciales del fuero común, mediante el ejercicio de la acción que corresponda. Lo anterior significa que mientras el ejidatario o avecindado únicamente tenga la posesión de un solar sin habérsele expedido aún el título de propiedad correspondiente, tal predio seguirá sujeto al régimen ejidal y, por tanto, los conflictos que deriven del mismo, deben ser legalmente resueltos por los Tribunales Unitarios Agrarios."

En consecuencia, no se genera la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito (posición 2) y los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Octavo Circuito (posiciones 1 y 3), porque dichos asuntos presentan diferencias relevantes.

Sin embargo, sí existe discrepancia entre las posiciones 1 y 3, es decir, entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.

En efecto, mientras que la posición del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito consiste en estimar que cuando en un conflicto sobre posesión y goce de una fracción de terreno de naturaleza agraria (parcela ejidal) las partes carezcan de derechos agrarios reconocidos, debe estarse a favor de quien tiene la posesión del inmueble cuestionado, con independencia de que se controvierta precisamente la legitimidad de dicha tenencia y/o con independencia de que el que se considera desposeído argumente contar con interés jurídico para controvertir la posesión tenencia de su contraparte; en cambio, la posición del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito debe entenderse en el sentido de que tratándose de conflictos sobre posesión y goce de una fracción de terreno de naturaleza agraria (parcela comunal) en que las partes carezcan de derechos agrarios reconocidos, debe atenderse a la causa generadora de la posesión.

No es óbice a lo anterior, el hecho consistente en que el asunto resuelto por dichos tribunales haya tenido como materia distintos tipos de tierras (parcelas ejidales y comunales), toda vez que, por un lado, la resolución de la presente controversia únicamente tiene por objeto determinar si en los conflictos de posesión relativos a esa clase de tierras debe atenderse a la causa generadora de la posesión o no (con independencia de que ésta se acredite de distinta forma según se trate de parcelas ejidales o comunales) y , por otro lado, porque el artículo 107 de la Ley Agraria, en relación con la regulación jurídica de las tierras comunales, remite a las disposiciones que regulan los ejidos en lo que no contravengan las disposiciones relativas al capítulo correspondiente a las comunidades, lo que conduce a estimar que el legislador, en principio, aun reconociendo la distinta naturaleza de las parcelas ejidales y comunales, permite la aplicación subsidiaria en ese ámbito de las normas que regulan lo relativo a los núcleos de población ejidal.

QUINTO. La contradicción ha de resolverse en el sentido de que debe prevalecer el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de las siguientes consideraciones.

La presente contradicción de tesis tiene por objeto determinar si tratándose de un conflicto sobre posesión y goce de una parcela ejidal o comunal en que las partes carecen de derechos agrarios reconocidos, debe estarse a favor, en todos los casos, de quien se encuentra disfrutando en el momento respectivo de los derechos sobre el terreno agrario, o si, con independencia de esa cuestión de hecho, debe atenderse a la causa generadora de la posesión de las partes en disputa.

En esa virtud, la presente contradicción de tesis presenta dos temas íntimamente relacionados, por un lado, la cuestión de si debe atenderse a la causa generadora de la posesión agraria en un conflicto de esa índole; por otro lado, la cuestión de si la mera posesión de hecho en el momento respectivo representa un mejor derecho a la posesión, sin más, aun frente a un contendiente que ostenta contar con título suficiente para dar derecho a poseer.

Antes de abordar el estudio de dicho problema, resulta preciso acotar la materia de la presente contradicción.

El artículo 48 de la Ley Agraria prevé la figura de la prescripción adquisitiva de derechos en el ámbito de las parcelas ejidales:

"Artículo 48. Quien hubiere poseído tierras ejidales, en concepto de titular de derechos de ejidatario, que no sean las destinadas al asentamiento humano ni se trate de bosques o selvas, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe, adquirirá sobre dichas tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela. ..."

En dicho precepto legal el legislador ha previsto la posibilidad de adquirir por el paso del tiempo no la propiedad, sino los derechos de uso y disfrute de las parcelas ejidales, en términos de la posesión calificada prevista en dicho numeral.

Es necesario señalar que los conflictos que originaron la contradicción de criterios no versaron sobre la actualización o no de la prescripción adquisitiva de derechos, sino sobre el tema de la mejor posesión en materia agraria, por lo que aquella cuestión no será abordada en el presente estudio.

También resulta muy importante subrayar que este asunto, relativo a la posesión agraria, debe circunscribirse al ámbito de las parcelas ejidales y comunales, dejando a un lado los problemas de la posesión de otra clase de tierras ejidales y comunales.

Así las cosas, la presente resolución dejará de lado el tema referente a los requisitos y modalidades para la configuración de la prescripción adquisitiva prevista en el numeral antes transcrito, así como el tema relativo a los problemas de la posesión en el ámbito de tierras agrarias distintas de las parcelas ejidales y comunales.

Este Alto Tribunal no debe pronunciarse en forma específica sobre dichos aspectos relacionados con la materia central del tema en estudio, porque la legitimidad de los pronunciamientos jurisprudenciales derivados de la resolución de los asuntos de contradicción de tesis se debe, en gran medida, al debate jurisdiccional de tipo argumentativo que se produce con carácter previo a la denuncia respectiva, siendo que, sobre aquellos aspectos, no existe realmente una posición acabada de los Tribunales Colegiados en los criterios en disputa.

Precisado lo anterior, resulta indispensable realizar una breve referencia al régimen jurídico de las parcelas ejidales y comunales para la mejor comprensión del asunto.

I. Sobre el régimen jurídico de las parcelas ejidales y comunales.

El contenido del artículo 27 constitucional permite entender que la propiedad de tierras y aguas se divide en pública, privada y social. La nación transmite el dominio de tierras y aguas particulares (propiedad privada) a los ejidos y comunidades (propiedad social), y se reserva el dominio directo de ciertos bienes (propiedad pública).

En ese sentido, es posible hablar de la existencia de un régimen de propiedad plena (propiedad privada) y de un régimen de propiedad restringida (propiedad social) en nuestro ordenamiento jurídico.

La propiedad social o restringida se identifica con el régimen jurídico de las tierras ejidales y comunales.

A partir de 1917, por un lado, se creó el ejido como ente jurídico tenedor de tierras rurales y titular de una forma de propiedad especial creada por el Constituyente y, por otro, se establecieron las bases normativas para reconocer otras formas de propiedad restringida que han practicado los pueblos indígenas, que se conocen como comunidades agrarias.

El primer párrafo de la fracción VII del artículo 27 constitucional reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, así como la propiedad sobre sus tierras:

"Artículo 27. ...

(Reformada, D.O.F. 6 de enero de 1992)

"VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. ..."

La propiedad de las tierras ejidales y comunales por parte de los núcleos de población presenta cualidades específicas, son: inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Las tierras ejidales y comunales se dividen en distintas clases de terrenos que, a su vez, presentan una regulación jurídica particular.

El a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18802-453f2d72/posesion-de-parcelas-ejidales-y-comunales-en-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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