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Modo: Corpus Pro

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CORRESPONDE AL PATRÓN DESVIRTUAR LOS AVISOS DE AFILIACIÓN EXHIBIDOS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CUANDO AQUÉL NIEGUE LISA Y LLANAMENTE LA RELACIÓN LABORAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 175/2003-SS. · Registro digital (IUS): 18532
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, , Pág. 672.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 175/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. En virtud de que por auto del presidente de la Segunda Sala correspondiente al once de noviembre de dos mil tres, se amplió la materia de la contradicción de tesis, es necesario señalar que tal actuación, incidente en la materia de estudio de esta sentencia, se ajustó a la situación descrita en la siguiente tesis aislada:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVI, julio de 2002

"Tesis: 2a. LXXVIII/2002

"Página: 447

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL EXPEDIENTE RELATIVO DEBE QUEDAR INTEGRADO TANTO POR LOS CRITERIOS CONTRADICTORIOS MENCIONADOS EN LA DENUNCIA ORIGINAL COMO POR LOS SEÑALADOS POR EL PRESIDENTE DE ALGUNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINÓ LA COMPETENCIA DE AQUÉLLA PARA CONOCER DEL ASUNTO. Aun cuando en el oficio de denuncia de una posible contradicción de tesis aparezca que ésta deriva de los criterios sustentados por determinados Tribunales Colegiados de Circuito, si del contenido del acuerdo emitido por el presidente de una de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determinó la competencia de aquélla para conocer del asunto, se aprecia que éste consideró también la posible contradicción con los criterios sustentados por otros tribunales no mencionados en la denuncia original, es indudable que, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, debe tenerse por hecha la denuncia respectiva en ese sentido, ya que los Ministros del Máximo Tribunal de la República están facultados para denunciar la contradicción de tesis que estimen existe, por lo que el expediente de contradicción de tesis debe quedar integrado con todos los criterios considerados como contradictorios."

CUARTO. A continuación se procederá a hacer relación del criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que se contiene en las ejecutorias a que se refieren los siguientes asuntos:

a) Revisión fiscal RF. 253/2003,

b) Amparo directo AD. 2807/93,

c) Amparo directo AD. 1762/93,

d) Amparo directo AD. 3262/92,

e) Revisión fiscal RF. 262/93, y

f) Revisión fiscal RF. 482/90.

Los antecedentes y consideraciones de la ejecutoria dictada en el toca revisión fiscal RF. 253/2003, fueron los siguientes:

1. Por escrito presentado el doce de julio de dos mil dos en la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la persona moral denominada Grupo Prolesa, Sociedad Anónima de Capital Variable demandó, en la vía contenciosa administrativa, la nulidad de la resolución administrativa de veinte de marzo de dos mil dos, dictada en el expediente 1114/2002, emitida por el Consejo Consultivo Delegacional 1 Noroeste del Distrito Federal, mediante la cual se declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto contra el crédito fiscal 969005270.

2. Por razón de turno, de la demanda correspondió conocer a la Décima Primera Sala Regional Metropolitana del mencionado tribunal administrativo, donde se formó el expediente 11977/02-17-11-3.

3. En la demanda, la actora manifestó, entre otras cosas, que el recurso administrativo fue ilegalmente resuelto en virtud de que no se tomó en consideración que el crédito fiscal fue fincado por una supuesta falta de pago de cuotas obrero-patronales respecto de personas consideradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social como trabajadores de Grupo Prolesa, y esta empresa "negó lisa y llanamente" la relación laboral y afiliación de tales trabajadores.

4. Al contestar la demanda, el Instituto Mexicano del Seguro Social pretendió desvirtuar la negativa lisa y llana de la actora mediante la exhibición de las constancias relativas a los avisos afiliatorios al seguro social de los trabajadores, cuya relación e inscripción fue negada por la actora. Al ponerse a la vista los documentos exhibidos, el actor se limitó a decir que la firma impuesta en ellos no era suya ni de sus representantes.

5. Seguido el juicio contencioso administrativo en sus trámites, el ocho de abril de dos mil tres, la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana dictó sentencia en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada.

6. Inconforme con la resolución anterior, el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación 1 Noroeste del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social interpuso recurso de revisión en términos de los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal y 248 del Código Fiscal.

7. Por razón de turno, de la revisión correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se formó el toca RF. 253/2003, y en sesión de dicho órgano jurisdiccional correspondiente al diecisiete de octubre de dos mil tres, se dictó sentencia que revocó la recurrida, cuyas consideraciones, en lo que para el caso interesa, fueron las siguientes:

"SEXTO. En el único agravio formulado por la autoridad recurrente, sostiene que se viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, pues la Sala Fiscal declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al considerar que la autoridad demandada no acreditó la relación laboral que le atribuyó a la actora, en atención a que su representante legal negó en forma lisa y llana haber firmado los avisos de afiliación; pero pasó por alto que la actora no negó haber presentado los referidos documentos y, por tanto, éstos hacen prueba plena al no ubicarse en la hipótesis de lo previsto por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, la Sala Fiscal al resolver en el sentido en que lo hizo, manifestó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en su fracción I que interesa, señala que el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Consideró que no se actualizaba el citado supuesto, en atención a que en los avisos afiliatorios en su gran mayoría solamente aparecían rúbricas o firmas ilegibles que, por sí mismas, no identifican quién es su suscriptor (nombre y apellidos), ni con ellos se acredita el carácter de dichas personas, y si las firmas estampadas coinciden con las registradas en la afiliación de patrones del Instituto Mexicano del Seguro Social y, además, que la firma que contienen no es de la persona quien suscribió la demanda de nulidad. Que, por tanto, la negativa lisa y llana de la actora respecto a la relación laboral, así como la autenticidad de las firmas que calzan los avisos de afiliación que presentó la autoridad ahora recurrente, al contestar la demanda de nulidad, no envuelve afirmación alguna, lo que llevó a considerar que es al Instituto Mexicano del Seguro Social a quien correspondía demostrar la autenticidad de firma de los avisos de afiliación aportados en el juicio. De ahí que concluyó que la parte actora no estaba obligada a acreditar la autenticidad de los avisos afiliatorios. Lo anterior se corrobora con lo manifestado por la Sala Fiscal al emitir la sentencia materia de este recurso que, en la parte que interesa, dice: ‘... Precisado lo anterior, esta juzgadora considera que son esencialmente fundados los argumentos en análisis planteados por la parte actora, toda vez que ésta no sólo negó la relación laboral al formular su demanda de nulidad, sino también en el escrito en el que la amplió, una vez que conoció el contenido de los avisos afiliatorios exhibidos por las autoridades, situación ante la cual la carga de la prueba de la relación laboral no pesaba ya sobre la parte demandante, pues de esa manera se le obligaría a demostrar un hecho de carácter negativo, es decir, que las personas que aparecen en la cédula de liquidación aludida no son sus trabajadores, lo cual es contrario a lo dispuesto en el artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria al Código Fiscal de la Federación, por disposición de su artículo 197, primer párrafo. En efecto, el citado artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en su fracción I que interesa, señala que el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; sin embargo, en el caso, la negativa de la hoy actora respecto a la autenticidad de las firmas que calzan los avisos de afiliación en la ampliación de la demanda de nulidad, no envuelve afirmación alguna, de lo que se infiere, como ya se dijo, que al Instituto Mexicano del Seguro Social correspondía demostrar la autenticidad de firma de los avisos de afiliación aportados en el juicio. En esa virtud, la parte actora no tenía por qué acreditar cuáles eran sus trabajadores o, en su defecto, acompañar los avisos de afiliación de ellos, pues la litis en el presente asunto era determinar la relación laboral entre la hoy actora y precisamente las personas que aparecen enlistadas en la resolución inicialmente recurrida, relación que tenían que acreditar fehacientemente las autoridades ante la negativa lisa y llana formulada al respecto por la demandante. Asimismo, la actora no tenía porqué acreditar que no tenía relación laboral alguna con las personas que se mencionan en la cédula de liquidación de cuotas obrero-patronales correspondientes al 4o. bimestre de 1994, que en copia certificada obra en autos a folios 46 a 133, haciendo prueba plena en términos de lo dispuesto por los artículos 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, sino que lejos de ello, resulta que correspondía a la parte demandada demostrar que los avisos de afiliación que exhibieron, que no corresponden a todos los trabajadores enlistados en la liquidación, fueron presentados por apoderado o representante legal de la empresa actora, ya que en tales avisos, que en copias certificadas obran a folios 135 a 457 de autos, valorándose en términos de lo dispuesto por los artículos 234, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, 133, 203 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en su gran mayoría solamente aparecen rúbricas o firmas ilegibles que, por sí mismas, no identifican quién es su suscriptor (nombre y apellidos), ni con ellos se acredita el carácter de dichas personas, y si las firmas estampadas coinciden con las registradas en la afiliación de patrones del Instituto Mexicano del Seguro Social, máxime que en ninguno de tales avisos aparece el nombre de quien suscribió la demanda de nulidad como representante legal de Grupo Prolesa, S.A. de C.V. ...’. Por su parte, el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación establece: ‘Artículo 68.’ (se transcribe el texto de dicho artículo). Ahora bien, en el caso a estudio, la actora negó en forma lisa y llana la relación laboral; sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social exhibió en el juicio de nulidad avisos de afiliación en los que aparecen firmas que se dice son del representante legal de la empresa actora; luego, si ésta negó haber firmado los referidos avisos, es porque considera que las firmas que contienen dichos documentos son falsas; de ahí que la carga de la prueba se revierta al actor, pues a éste corresponde demostrar que las firmas no son auténticas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de este Tribunal Colegiado, publicada en la Octava Época, visible en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Tomo III, Parte TCC, tesis 744, página 556 que, al respecto, dice: ‘SEGURO SOCIAL. AUTENTICIDAD DE LA FIRMA PUESTA EN LOS AVISOS DE AFILIACIÓN. CARGA PROBATORIA DE LA.’ (se transcribe el texto de dicha jurisprudencia). En ese sentido, al resultar jurídicamente eficaz el agravio en estudio, procede declarar fundado este recurso. SÉPTIMO. Finalmente, como la Sala Fiscal para apoyar el sentido de su resolución, aplicó la jurisprudencia número I.6o.A. J/6, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 672, bajo el rubro siguiente: ‘CÉDULAS DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES. CUANDO EN EL ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA LA PARTE ACTORA INSISTE EN DESCONOCER LOS AVISOS DE AFILIACIÓN PORQUE LA FIRMA NO CORRESPONDE A SU REPRESENTANTE LEGAL, PESA A LA AUTORIDAD LA CARGA DE LA PRUEBA DE ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL.’, en la que dice que cuando la parte actora negó la relación laboral y una vez que conoció el contenido de los avisos afiliatorios, insiste en que éstos no fueron firmados por persona autorizada por ella y considera que la carga de la prueba pesa sobre la parte demandada, ya que, de otra manera, se obligaría a la parte actora a demostrar un hecho de carácter negativo. Criterio diferente al que sostiene este Tribunal Colegiado, por lo que, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se procede a denunciar la presente contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que decida lo que conforme a derecho corresponda."

Resulta conveniente señalar que en el texto de su ejecutoria, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito invocó la siguiente jurisprudencia:

"Octava Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

"Fuente: Apéndice 2000

"Tomo: III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

"Tesis: 454

"Página: 503

"SEGURO SOCIAL. AUTENTICIDAD DE LA FIRMA PUESTA EN LOS AVISOS DE AFILIACIÓN. CARGA PROBATORIA DE LA. En términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales, salvo que el afectado niegue lisa y llanamente los hechos que los motiven, pues entonces a la autoridad le corresponde probarlos. Ahora bien, si el Instituto Mexicano del Seguro Social, para desvirtuar la negativa lisa y llana de la parte actora, exhibe en el juicio de anulación los avisos de afiliación firmados por el patrón o su representante legal; no obstante que el actor insista al ampliar su demanda, en negar la relación laboral porque las firmas que aparecen en los avisos no son suyas ni de su representante legal, la carga de la prueba se revierte al actor, pues es a éste a quien le corresponde demostrar que los avisos son falsos."

Ahora bien, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo y con la finalidad de facilitar la solución de la cuestión efectivamente planteada en esta denuncia de contradicción de tesis, es necesario poner de manifiesto que después de practicar una revisión preliminar atenta y detallada del contenido de las ejecutorias y antecedentes a las mismas, es evidente que los hechos y argumentaciones judiciales asentadas son sustancialmente idénticos a los relacionados en el cuerpo de esta consideración; por tanto, se estima innecesario hacer la relación de dichos elementos con el objeto de no entorpecer el dictado de la resolución, de obviar en reiteraciones y evitar el dictado de una sentencia injustificadamente extensa, bastando para ilustrar ese aspecto la presente mención, atento a que con ello queda fielmente reflejado el criterio del Tribunal Colegiado relativo a este considerando, además de que la materia de análisis permanece incólume y no se ve modificada por la falta de relación de las demás ejecutorias en esta resolución, incluso considerando la ampliación de la materia de estudio, la cual fue detallada en los términos asentados en el auto del presidente de la Segunda Sala y de conformidad con las razones expuestas en el considerando que antecede.

QUINTO. Por otra parte, se procederá a hacer relación del criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que se contiene en las ejecutorias a que se refieren los siguientes asuntos:

i) Amparo directo AD. 5706/97,

ii) Amparo directo AD. 6766/97,

iii) Amparo directo AD. 16/99,

iv) Amparo directo AD. 2926/99, y

v) Revisión fiscal R. 1886/2000.

En el último de los asuntos antes listados se presentaron los antecedentes y consideraciones que a continuación se describen:

A) Por escrito presentado el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve en la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas del otrora Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la persona moral denominada M.C.B. de México, Sociedad Anónima demandó, en la vía contenciosa administrativa, la nulidad de la resolución administrativa de veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el expediente CCDF 11560/98-497-II, emitida por el Consejo Consultivo Delegacional 1 Noroeste del Distrito Federal, mediante la cual se declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto contra el crédito fiscal 989006746.

B) Por razón de turno, de la demanda correspondió conocer a la Séptima Sala Regional Metropolitana del mencionado tribunal administrativo, donde se formó el expediente 1448/99-11-07-3.

C) En la demanda la actora manifestó, entre otras cosas, que el recurso administrativo fue ilegalmente resuelto, en virtud de que no se tomó en consideración que el crédito fiscal fue fincado por una supuesta falta de pago de cuotas obrero-patronales respecto de personas consideradas por el Instituto Mexicano del Seguro Social como trabajadores de M.C.B. México, y esta empresa "negó lisa y llanamente" la relación laboral y afiliación de tales trabajadores.

D) Al contestar la demanda, el Instituto Mexicano del Seguro Social pretendió desvirtuar la negativa lisa y llana de la actora mediante la exhibición de las constancias relativas a los avisos afiliatorios al Seguro Social de los trabajadores cuya relación e inscripción fue negada por la actora. Al ponerse a la vista los documentos exhibidos, el actor se limitó a decir que la firma impuesta en ellos no era suya ni de sus representantes.

E) Seguido el juicio contencioso administrativo en sus trámites, el catorce de junio de dos mil, la Séptima Sala Regional Metropolitana dictó sentencia en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada.

F) Inconforme con la resolución anterior, el titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación 1 Noroeste del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, interpuso recurso de revisión en términos de los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal y 248 del Código Fiscal.

G) Por razón de turno, de la revisión correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde se formó el toca RF. 1886/2003, y en sesión de dicho órgano jurisdiccional correspondiente al veintitrés de abril de dos mil uno, se dictó sentencia que confirmó la recurrida declarando infundada la instancia, cuyas consideraciones, en lo que para el caso interesa, fueron las siguientes:

"CUARTO. Es infundado el presente recurso de revisión fiscal de acuerdo con los razonamientos que se vierten a continuación: Debe señalarse en primer lugar, que no es verdad, como lo afirma la autoridad recurrente, que la parte actora M.C.B. de México, Sociedad Anónima, debió acreditar que no tenía relación laboral alguna con las personas que se mencionan en la cédula de liquidación de cuotas obrero-patronales correspondientes al primer bimestre de mil novecientos noventa y tres, que en copias certificadas obran de la foja setenta y cuatro a la setenta y ocho del expediente fiscal. Lo anterior es así, toda vez que la parte actora no sólo negó la relación laboral al formular su demanda de nulidad, sino también en el escrito en el que la amplió, una vez que conoció el contenido de los avisos afiliatorios, de tal suerte que este Tribunal Colegiado considera que la carga de la prueba de la relación laboral pesaba sobre la parte demandante, ya que de otra manera se obligaría a la parte actora a demostrar un hecho de carácter negativo, es decir, que las personas que aparecen en la cédula de liquidación aludida no son sus trabajadores, lo cual es contrario a lo dispuesto en el artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o. Similar criterio ha sido sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos, los juicios de amparo directo DA. 5706/97, Grupo G Impresores S.A. de C.V. (sesión del once de febrero de mil novecientos noventa y ocho); DA. 6766/97 Obras y Proyectos, S.A. de C.V. (sesión del tres de junio de mil novecientos noventa y ocho); DA. 6566/99 Desarrollo Urbano Integral, S.A. de C.V. (sesión de nueve de agosto del año dos mil); y, DA. 16/99 Obras y Proyectos, S.A. de C.V. (sesión de veinticuatro de agosto de dos mil)."

El criterio anterior es sustancialmente idéntico al contenido en las ejecutorias de los juicios de amparo directo AD. 5706/97, AD. 6766/97, AD. 16/99 y AD. 2926/99, lo que se precisa después de practicar un estudio preliminar de dichas ejecutorias; con el objeto de evitar la reproducción de las ejecutorias respectivas, así como de facilitar el estudio de la cuestión efectivamente planteada en esta contradicción de tesis, sólo se hará mención de esta circunstancia a efectos de que conste en esta sentencia.

Igualmente resulta conveniente señalar que con las ejecutorias a que se refieren los asuntos antes señalados, en su oportunidad se integró, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XV, febrero de 2002

"Tesis: I.6o.A. J/6

"Página: 672

"CÉDULAS DE LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES. CUANDO EN EL ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA LA PARTE ACTORA INSISTE EN DESCONOCER LOS AVISOS DE AFILIACIÓN PORQUE LA FIRMA NO CORRESPONDE A SU REPRESENTANTE LEGAL, PESA A LA AUTORIDAD LA CARGA DE LA PRUEBA DE ACREDITAR LA RELACIÓN LABORAL. Debe señalarse en primer lugar que no es verdad, como afirma la autoridad recurrente, que corresponde a la parte actora acreditar que no tenía relación laboral alguna con las personas que se mencionan en la cédula de liquidación de cuotas obrero-patronales cuando como en el caso, la parte actora no sólo negó la relación laboral al formular su demanda de nulidad, sino también en el escrito en el que amplió su demanda, una vez que conoció el contenido de los avisos afiliatorios, insiste en que éstos no fueron firmados por persona autorizada por ella, este Tribunal Colegiado considera que la carga de la prueba de la legalidad de los avisos de afiliación y la firma que calzan son del representante patronal, pesa sobre la parte demandada (autoridad del Seguro Social), ya que de otra manera se obligaría a la parte actora a demostrar un hecho de carácter negativo.

"SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 5706/97. Grupo G Impresores, S.A. de C.V. 11 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Marcos Arturo Nazar Sevilla. Secretaria: Lorena Circe Daniela Ortega Terán.

"Amparo directo 6766/97. Obras y Proyectos, S.A. de C.V. 3 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio García Guillén. Secretaria: Lorena Circe Daniela Ortega Terán.

"Amparo directo 16/99. Obras y Proyectos, S.A. de C.V. 24 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Alejandro Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe de Jesús Hernández Velázquez.

"Amparo directo 2926/99. Eurotricots, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Alejandro Luna Ramos. Secretaria: Ana Rosa Granados Guerrero.

"Revisión fiscal 1886/2000. Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación 1 Noroeste del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Alejandro Luna Ramos. Secretaria: Ana Rosa Granados Guerrero."

SEXTO. Antes de establecer si en el caso existe contradicción de tesis, es necesario mencionar que entre las ejecutorias que integran la materia de análisis en esta sentencia, existen algunas que provienen de la resolución de expedientes de revisión fiscal.

Lo anterior es importante señalarlo, porque el artículo 197-A de la Ley de Amparo aparentemente instituye que la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, sólo es jurídicamente posible respecto de criterios provenientes de juicios de amparo, excluyendo los pronunciamientos efectuados en otra clase de procedimientos distintos al de garantías. Sin embargo, esto no es así, en virtud de que es criterio de la Segunda Sala reconocer la posibilidad de que exista contradicción de tesis en asuntos distintos al juicio de amparo, como puede ocurrir entre ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito provenientes de la solución de recursos de revisión fiscal.

Al respecto resulta aplicable la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVIII, agosto de 2003

"Tesis: 2a./J. 65/2003

"Página: 330

"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA. Toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, de conformidad con lo previsto por los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, es indudable que la Segunda Sala está facultada para resolver la contradicción que se suscita en asuntos de aquella naturaleza."

Asimismo, resultan aplicables las siguientes jurisprudencia de la Segunda Sala y tesis aislada del Tribunal Pleno, respectivamente:

"Octava Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Apéndice 2000

"Tomo: VI, Común, Jurisprudencia SCJN

"Tesis: 117

"Página: 94

"CONTRADICCIÓN DE TESIS, EL PROCEDIMIENTO PARA DIRIMIRLA ES APLICABLE CUANDO UNA DE ELLAS SE HA SUSTENTADO EN AMPARO Y LA OTRA EN REVISIÓN FISCAL. El régimen que establecen los artículos 197 y 197-A de la Ley de Amparo, para decidir cuál es el criterio que en lo futuro ha de prevalecer, no sólo debe aplicarse al caso de contradicción entre dos tesis sustentadas en juicios constitucionales, sino también cuando una de las tesis se ha emitido al resolver uno de amparo, y la otra, al fallar un recurso de revisión fiscal. En efecto, debe tomarse en cuenta la íntima conexión que en ciertas hipótesis puede presentarse entre los temas que propone el recurso de revisión fiscal y los problemas planteados en el juicio de garantías."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XI, junio de 2000

"Tesis: P. LXXXVI/2000

"Página: 22

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS OPUESTOS EMITIDOS POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN PROVENIR NO SÓLO DE LOS JUICIOS DE AMPARO EN REVISIÓN, SINO DE CUALQUIER OTRO RECURSO O PROCEDIMIENTO DE LOS QUE LES CORRESPONDA CONOCER EN ATENCIÓN A SU COMPETENCIA O ATRIBUCIONES. La circunstancia de que una contradicción de tesis tenga su origen, por un lado, en un criterio jurisprudencial sustentado en una sentencia dictada por una Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de una contradicción de tesis y, por el otro, en un criterio aislado emitido en una sentencia dictada por otra Sala, en un juicio de amparo en revisión, no es obstáculo para que este Tribunal Pleno conozca de la contradicción, ya que ante la divergencia de criterios sobre un tema, cuya aplicabilidad puede presentarse en la mayoría de los asuntos, se hace indispensable resolver tal discrepancia a fin de lograr uniformidad y, en consecuencia, la seguridad jurídica en cuanto al criterio que ha de prevalecer en lo subsecuente, ya que debe establecerse el verdadero sentido y alcance de la norma cuya interpretación motivó la denuncia. Además, si bien es cierto que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y el diverso 197 de la Ley de Amparo contemplan la contradicción de tesis emitidas en juicios de amparo, también lo es que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocen no sólo de juicios de amparo en revisión, sino que en atención a la competencia y atribuciones de las que actualmente gozan, también conocen de otros procedimientos y recursos en cuyas resoluciones puede presentarse, de la misma forma que en los juicios de amparo en revisión, divergencia de criterios, en relación con un tema determinado, los cuales deben ser analizados a efecto de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, de suerte tal que, de aceptar que únicamente los criterios emitidos en juicios de amparo en revisión pueden ser susceptibles de configurar la contradicción de tesis, provocaría que el propósito de dicha institución no cumpliera realmente su finalidad, pues q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18532-60f71ad8/contencioso-administrativo-corresponde-al-patron-desvirtuar-los-avisos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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