AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. EL ACUERDO QUE DICTE LA JUNTA SOBRE LAS QUE ADMITA O DESECHE NO PUEDE SER REVOCADO CON MOTIVO DE LOS VOTOS DE LOS REPRESENTANTES FORMULADOS CON POSTERIORIDAD A DICHA ETAPA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 120/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso transcribir las consideraciones de las ejecutorias respecto de los criterios sustentados por los órganos colegiados en la materia de la contradicción.
Del juicio de amparo directo 6963/2004, promovido por Leonardo Delfino Contla Munguía, fallado en sesión celebrada el catorce de junio de dos mil cuatro, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resolvió en suplencia de la queja otorgar el amparo en contra del laudo dictado por la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al advertir que se violó el procedimiento en perjuicio del quejoso; las consideraciones que derivan de dicha ejecutoria, son las siguientes:
"SEXTO. Los conceptos de violación son fundados. ... resulta innecesario analizar las consideraciones en que se funda el laudo reclamado y los conceptos de violación formulados por el quejoso Leonardo Delfino Contla Munguía, dado que este Tribunal Colegiado advierte que, en la especie, existen violaciones al procedimiento laboral, con lo cual se dejó en estado de indefensión al agraviado, lo que hace necesario en suplencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, ordenar reponer el procedimiento en el juicio laboral. En efecto, en el caso la responsable violó en perjuicio del trabajador quejoso lo previsto en el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a las Juntas a no revocar sus resoluciones. Lo anterior es así, porque el actor, ahora quejoso, ofreció a su favor como prueba VIII la documental consistente en copia fotostática de los estados de la cuenta bancaria 400719890, los que, dijo, correspondían a la cuenta maestra de la institución crediticia denominada Banamex, en donde las demandadas le depositaban la cantidad de tres mil quinientos veintiún pesos por bono mensual, pruebas que fueron admitidas por la Junta mediante acuerdo de diecinueve de abril de dos mil uno; sin embargo, dicha responsable las desechó por diverso acuerdo de veinticuatro de mayo del año acabado de citar, con el argumento de que se anunciaron en original y el oferente de esas pruebas las presentó en copia fotostática simple. Ahora bien, esa determinación es ilegal, porque atendiendo a lo previsto en los artículos 686 y 848 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: ‘Artículo 686. ... Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente ley.’. ‘Artículo 848. Las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso. Las Juntas no pueden revocar sus resoluciones. ...’. De la lectura de los dispositivos acabados de transcribir, conduce a determinar lo siguiente: 1. Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones. 2. Las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso. 3. Las Juntas no pueden revocar sus resoluciones. De acuerdo con lo anterior, aparece en autos que mediante escrito de diecinueve de abril de dos mil uno (fojas 57 a 59), presentado ante la Junta responsable durante la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas de la audiencia de ley (foja 138), el ahora impetrante del amparo, ofreció, entre otras, la prueba número VIII, consistente en diversas copias fotostáticas de los estados de la cuenta bancaria 400719890, los que, dijo, correspondían a la cuenta maestra de la institución crediticia denominada Banamex, como se corrobora con la siguiente cita (foja 58): ‘... VIII. Documental privada consistente en los originales de los estados de cuenta de la cuenta maestra Banamex, No. 400719890, de la sucursal 184, de Huauchinango, Pue., correspondiente a los meses de enero, febrero, agosto y diciembre de 1997; febrero, abril, mayo, julio, septiembre y octubre de 1998; enero, febrero, marzo, junio y julio de 1999. En caso de objeción en cuanto a su literalidad o autenticidad, ofrezco su perfeccionamiento mediante cotejo que se haga con sus originales u otro tanto localizables en dicha sucursal, ubicada en el Portal Ignacio Zaragoza, No. 3, Zona Centro, Huauchinango, Pue., y para lo cual solicito el exhorto correspondiente. Esta probanza se relaciona con lo manifestado por mi parte en el hecho 4 de la demanda ...’. En relación con esos documentos, las paraestatales demandadas los objetaron, argumentando, básicamente, que la parte actora los anunció en su escrito de pruebas que los presentaba en original, siendo inexacto dicho aspecto, pues lo que presentó al juicio laboral sólo fueron copias fotostáticas de los estados de la cuenta bancaria de que se trata, por ese motivo solicitaron a la Junta los desechara (fojas 139 y 140). No obstante lo anterior, el diecinueve de abril de dos mil uno, al proveer sobre la admisión de la aludida prueba VIII y sus anexos, la responsable los admitió con el argumento de que fueron ofrecidos conforme a derecho (foja 140). Empero, por diverso acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil uno, la autoridad responsable desechó la referida prueba VIII y sus anexos, argumentando que los representantes ante la Junta y el auxiliar (sic) emitieron sendos votos particulares contra el anterior acuerdo en el que ya se había admitido la referida prueba VIII. El desechamiento de que se trata, fue por los motivos que enseguida se precisan (fojas 144 in fine y 145): ‘... En contra (sic) respecto de que en el acuerdo se tuvo por ofrecida la documental VIII de la actora en los términos de su escrito de pruebas, y sin embargo, de las pruebas ofrecidas por la actora que obran en autos sólo se exhiben las copias simples y no en originales, aclarar (sic) el acuerdo en términos del artículo 686, última parte, de la Ley Federal del Trabajo. Con el voto de la auxiliar porque no se ofrecieron las originales de la documental VIII de la actora, por lo que debe desecharse dicha prueba, en consecuencia, vistos los votos antes citados de los representantes con fundamento en el artículo 779 y 780 de la Ley Federal del Trabajo, se desecha la documental VIII de la parte actora para todos los efectos legales a que haya lugar ...’. Ahora bien, fue ilegal el desechamiento de la prueba VIII y sus anexos, porque conforme a lo previsto en el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas no pueden revocar sus resoluciones. Lo anterior es así, porque si el actor ahora quejoso anunció como prueba VIII los estados de la cuenta bancaria correspondientes a la institución de crédito denominada Banamex y la Junta los admitió, pues adujo que fueron ofrecidos conforme a derecho, es inconcuso que la responsable ya no podía desecharlos, ni apoyándose en el voto en contrario de los integrantes de la Junta, pues ello implica que invalidó una determinación que bien o mal dictada ya había causado estado. Efectivamente, en el párrafo tercero, inciso a), fracción II, del artículo 620 de la Ley Federal del Trabajo, se describen las resoluciones que corresponde dictar a las Juntas Especiales como órgano colegiado, esto es, por el presidente o auxiliar, así como por el representante de los patrones y el de los trabajadores, entre las que se encuentra la relativa a la aceptación de pruebas; por ese motivo, al tratarse de una resolución que concierne a los integrantes de la Junta, las pruebas admitidas ya no pueden desecharse en acuerdo posterior, ni con el argumento de los votos en contra de los integrantes de la Junta, pues tal determinación resulta violatoria de lo previsto en el artículo 848 de la ley laboral que prohíbe a las autoridades del trabajo revocar sus resoluciones; como tampoco tiene ese acuerdo revocatorio el propósito de regularizar el procedimiento en el juicio, porque, por un lado, el principio de seguridad jurídica confiere firmeza a las resoluciones, y por el otro, la acción de regularizar se constriñe a enmendar resoluciones de mero trámite, que son aquellas que no conceden o quitan derechos u obligaciones a las partes. En congruencia con lo anterior, se concluye, si bien es cierto que la referida prueba VIII y sus anexos fueron anunciados en original y se presentaron en copia fotostática simple, no menos cierto es que ese aspecto por sí solo deviene insuficiente para desecharlos, pues, por un lado, la Junta ya había admitido esas pruebas y, por el otro, la referida responsable debió advertir que la parte actora ofreció como medio de perfeccionamiento de esas pruebas el cotejo con su original, con lo cual debió admitirlas en los términos en que se presentaron y proveer sobre el medio de perfeccionamiento y no desecharlos, como incorrectamente lo hizo. El anterior criterio difiere de la tesis aislada emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que bajo la voz ‘PROCEDIMIENTO, REGULARIZACIÓN DEL. NO EXISTE REVOCACIÓN DE SUS PROPIAS RESOLUCIONES CUANDO LA JUNTA ACEPTA PRUEBAS EN RAZÓN DE LOS VOTOS EN CONTRA DE SU DESECHAMIENTO.’; que se encuentra publicada con el número I.5o.T.116 L, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 780, en la que el tribunal referido sostiene que ante los votos de oposición de la mayoría de los integrantes de la Junta al rechazo de pruebas, quienes consideran que sí guardan relación con la litis planteada, la autoridad laboral válidamente puede aceptarlas y con ello regularizar el procedimiento, ya que el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo la faculta para corregir irregularidades u omisiones en el juicio, que atañan a cuestiones de trámite, lo que de ningún modo significa revocación de sus propias decisiones; consideraciones que no se comparten por este Tribunal Colegiado, porque con independencia de que la Junta haya admitido o desechado pruebas de una de las partes, no puede en acuerdo posterior revocar la determinación que tomó so pretexto de los votos de oposición de los integrantes de la Junta, toda vez que al ser ese auto una determinación de la Junta como órgano colegiado, se actualiza el principio de seguridad jurídica que confiere firmeza a las resoluciones jurisdiccionales. Por lo que con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procede denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de tesis que se evidencia, para que ese Alto Tribunal decida, en su caso, cuál criterio debe prevalecer. ... En los términos apuntados, el proceder de la responsable violó en perjuicio del reclamante las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que apartándose de las normas esenciales del procedimiento, por una parte, indebidamente desechó la prueba documental VIII consistente en diversos estados de la cuenta bancaria 400719890 expedidos por la institución de crédito denominada Banamex, a pesar de que en un acuerdo anterior las había admitido, con lo cual violó en perjuicio del promovente del amparo lo previsto en el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe a las autoridades del trabajo revocar sus determinaciones. Por otra parte, no envió el oficio concerniente al desahogo de la prueba de informe que debía rendir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; todo ello, con trascendencia al resultado del fallo, pues la Junta consideró que el actor no probó que las demandadas le depositaban la cantidad de tres mil quinientos veintiún pesos por concepto de bono mensual, por lo que se surte el supuesto que prevé el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, siendo fundados los conceptos de violación, procede conceder al quejoso Leonardo Delfino Contla Munguía el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento a fin de que: a) admita la prueba VIII en la cual el actor ofreció diversas copias fotostáticas de los estados de la cuenta bancaria 400719890 expedidos por la institución de crédito denominada Banamex y provea lo que en derecho corresponda sobre el medio de perfeccionamiento; y, b) envíe el oficio ya ordenado en autos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que remita la información acordada ..."
CUARTO. En el juicio de amparo directo 2975/97 (300), promovido por José Ángel Ibarra Vázquez, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resolvió negar el amparo contra el laudo dictado por la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y calificó de infundados los conceptos de violación en los que adujo el quejoso que la responsable violó el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, ya que primero desechó a la demandada determinada prueba documental por no tener relación con la litis y otra más por inútil e intrascendente. Sin embargo, dicho acuerdo fue revocado con uno diverso, visto el voto en contra de la representante del gobierno y de la representante del capital, que coincidieron en que se debieron aceptar las pruebas de la demandada. Las consideraciones del Tribunal Colegiado por lo que hace a la materia de la contradicción, dicen:
"V. Son infundados los conceptos de violación del impetrante. En efecto, no le asiste razón en lo que aduce en relación con que la responsable al aceptar las documentales que indica y que primeramente había desechado, revoca su propia resolución; en virtud de que, en contra de lo que afirma, el actuar de la Junta se estima ajustado a derecho, ya que ante los votos en oposición de la representante del gobierno y de la del capital a dicho rechazo, al considerar que tales pruebas sí guardan relación con la litis planteada, con fundamento en el artículo 686 del código obrero, correctamente regularizó el procedimiento, aceptándolas, dado que el citado numeral le otorga esa facultad para corregir irregularidades u omisiones en el proceso, que atañen a las cuestiones de trámite. ... En las relatadas condiciones, al no acreditarse la conculcación de garantías ni de la codificación laboral, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada, pues aun cuando es el quejoso la parte obrera, no se advierte deficiencia que suplirle."
De la anterior resolución, derivó la tesis I.5o.T.116 L visible en la página 780, Tomo VI, octubre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que textualmente dice:
"PROCEDIMIENTO, REGULARIZACIÓN DEL. NO EXISTE REVOCACIÓN DE SUS PROPIAS RESOLUCIONES CUANDO LA JUNTA ACEPTA PRUEBAS EN RAZÓN DE LOS VOTOS EN CONTRA DE SU DESECHAMIENTO. Ante los votos de oposición de la mayoría de los integrantes de la Junta al rechazo de pruebas, quienes consideran que sí guardan relación con la litis planteada, la autoridad laboral válidamente puede aceptarlas y con ello regularizar el procedimiento, ya que el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo la faculta para corregir irregularidades u omisiones en el juicio, que atañan a cuestiones de trámite, lo que de ningún modo significa revocación de sus propias decisiones.
"Precedente.
"Amparo directo 2975/97. José Rangel Ibarra Vázquez. 3 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Secretaria: Adela Muro Lezama."
QUINTO. Atendiendo las relacionadas ejecutorias, corresponde ahora verificar, previamente, si existe o no la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que han quedado transcritos.
Al respecto, debe tenerse presente que para que exista una contradicción, es necesario que los criterios discrepantes hayan partido de los mismos supuestos esenciales, es decir, de los que originaron las conclusiones que se estiman divergentes.
Es aplicable la tesis jurisprudencial del Tribunal Pleno publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XIII, abril de 2001, identificada con el número P./J. 26/2001, consultable en la página 76, que a la letra dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
SEXTO. A fin de facilitar la resolución del presente asunto, es conveniente sintetizar las ejecutorias concernientes a la denuncia de contradicción de criterios, destacando los aspectos relevantes en que exista coincidencia y aquellos en los que se advierta la diferencia de opinión, para determinar si en realidad incurren en la divergencia acusada.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito para resolver, tomó en cuenta que durante la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas de la audiencia de ley, el actor ofreció la prueba número VIII, consistente en diversas copias fotostáticas de estados de cuenta para demostrar que percibía el concepto bono de incentivo. La parte demandada objetó dichas pruebas argumentando que la parte actora anunció su presentación en original, y las que exhibió fueron copias fotostáticas, por lo que la Junta las debía desechar. Al proveer sobre la admisión de la aludida prueba, la responsable la admitió con el argumento de que fueron ofrecidas conforme a derecho. No obstante, en diverso acuerdo, la autoridad responsable desechó la referida prueba, argumentando que los representantes ante la Junta y el auxiliar emitieron sendos votos particulares en contra del acuerdo que ya había admitido la aludida prueba VIII.
Con base en lo anterior resolvió el citado órgano colegiado, que fue ilegal el desechamiento de la prueba VIII y sus anexos, porque conforme a lo previsto en el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas no pueden revocar sus resoluciones. Si el actor había anunciado como prueba VIII, estados de cuenta bancarios y la Junta responsable los había admitido, era inconcuso que aquélla ya no podía desecharlos, ni apoyándose en el voto en contrario de los integrantes de la Junta, pues ello implicaba que invalidaba su determinación que bien o mal dictada ya había causado estado. Y al haberlo hecho así, su determinación resultaba violatoria de lo previsto en el artículo 848 de la ley laboral, que prohíbe a las autoridades del trabajo revocar sus resoluciones.
Precisó que en el párrafo tercero, inciso a), fracción II, del artículo 620 de la Ley Federal del Trabajo, se describen las resoluciones que corresponden dictar a las Juntas Especiales como órgano colegiado, entre las que se encuentra la relativa a la aceptación de pruebas, por ese motivo, al tratarse de una resolución que concierne a los integrantes de la Junta, las pruebas admitidas ya no pueden desecharse en acuerdo posterior, ni con el argumento de los votos en contra de los integrantes de la Junta, porque con ello revocarían sus determinaciones.
Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consideró que no asiste razón al quejoso en relación con que la responsable al aceptar las documentales que indica y que primeramente había desechado, revocara su propia resolución; en virtud de que, en contra de lo que afirma, el actuar de la Junta se estima ajustado a derecho, ya que ante los votos en oposición de la representante del gobierno y de la del capital a dicho rechazo, al considerar que tales pruebas sí guardan relación con la litis planteada, con fundamento en el artículo 686 del código obrero, correctamente regularizó el procedimiento, aceptándolas, dado que el citado numeral le otorga esa facultad para corregir irregularidades u omisiones en el proceso, que atañen a las cuestiones de trámite.
SÉPTIMO.-De acuerdo a los razonamientos que tuvieron en cuenta los órganos colegiados para resolver, se configura la contradicción de tesis, ya que examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, que provienen del análisis de los mismos elementos de donde derivan los laudos reclamados, y correspondientes al ofrecimiento y admisión de pruebas, en que la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje en un caso admite y en otro desecha pruebas, y posteriormente a dicha etapa, ante los votos de los representantes en cada juicio, deciden lo contrario, es decir, en el primer caso desecha y en el segundo admite pruebas, presentando las consideraciones de los órganos colegiados participantes oposición de criterios ante un problema similar.
Ello es así, en virtud de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostuvo ilegal la actuación de la Junta responsable, porque ya había admitido las pruebas del actor y, por ende, ya no podía desecharlas, ni aun apoyándose en el voto en contra de los integrantes de la Junta, pues ello implicó revocación de sus propias determinaciones con violación al artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, concluyó en sentido opuesto, es decir, que estimó legal la determinación de la responsable al haber aceptado las pruebas documentales de la demandada que primeramente había desechado, considerando que ello no implicaba revocar sus propias resoluciones, pues existían los votos en oposición de los representantes del gobierno y del capital, y con fundamento en el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo, era correcto que regularizara el procedimiento aceptando las pruebas.
Consecuentemente, el punto de contradicción de tesis se constriñe a determinar si es factible que la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje modifique el acuerdo dictado en la audiencia, etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, ante los votos de los representantes que se emiten con posterioridad a dicho acuerdo.
OCTAVO.-Al haberse configurado la contradicción de tesis en los términos precisados, esta Segunda Sala procede a esclarecer el criterio que debe prevalecer con carácter jurisprudencial, de acuerdo con el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
Previamente a dilucidar el punto contradictorio que ya quedó destacado, resulta conveniente precisar que los tribunales al analizar las violaciones procesales, partieron de la base que en cada juicio, fue la Junta quien acordó en un inicio desechar y en otro caso admitir las pruebas, modificando posteriormente dicha determinación.
Precisado lo anterior, debe tenerse presente lo que establece el artículo 620, fracción II, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo.
"Artículo 620. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:
"...
"II. En las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:
"a) Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica, bastará la presencia de su presidente o del auxiliar, quien llevará adelante la audiencia, hasta su terminación.
"Si están presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos.
"Si no está presente ninguno de los representantes, el presidente o el auxiliar dictará las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 726 y sustitución de patrón. El mismo presidente acordará se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones, y si ninguno concurre, dictará la resolución que proceda."
Tratándose de la aceptación de pruebas, conforme a lo previsto en el artículo 620, fracción II, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo, debe emitirse en forma colegiada, por el presidente o auxiliar, y por el o los representantes que concurran; sin embargo, cuando no está presente ninguno de los representantes, el presidente debe citarlos a una audiencia para que participen en la resolución correspondiente, y solamente en la hipótesis de que ninguno asista, podrá el presidente o el auxiliar de la Junta, suscribir la resolución individualmente, haciendo constar los antecedentes antes indicados.
En los casos analizados por los órganos colegiados participantes en esta contradicción, se tomó en consideración que la admisión de pruebas se llevó a cabo por la Junta, de lo que se entiende estaba integrada en términos de los artículos 620, fracción II, inciso a), transcrito en dos párrafos anteriores, 609 y 721 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, por el presidente o auxiliar y los representantes de la Junta, con el secretario que autoriza y da fe, pues las últimas dos disposiciones establecen lo siguiente:
"Artículo 609. Las Juntas Especiales se integrarán:
"I. Con el presidente de la Junta, cuando se trate de conflictos colectivos, o con el presidente de la Junta Especial en los demás casos; y
"II. Con los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones."
"Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo. ..."
Por otra parte, el mismo artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo, regula la formalidad de la autorización, dación de fe y firma de actuaciones del secretario, y destaca que cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente, se entenderá que está conforme con ellas, estableciendo que el secretario dará fe y hará constar lo actuado, pues al respecto dispone:
"Artículo 721. ... Cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente se entenderá que está conforme con ellas. ..."
En principio, el acuerdo de admisión de pruebas debe ser colegiado, y, en su caso, decidido por la mayoría, pero puede acontecer que en dicha actuación no esté presente ninguno de los representantes, para lo cual el presidente debe citarlos para que participen en la resolución correspondiente; y solamente en la hipótesis de que ninguno asista, podrá el presidente o el auxiliar de la Junta, suscribir la resolución individualmente, haciendo constar los antecedentes indicados.
Determinado lo anterior, se debe tener presente que el artículo 880 de la misma ley, dispone la forma en que se desarrollará la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, estableciendo el orden en que las partes las ofrecerán en relación con los hechos controvertidos, la objeción de las mismas, la oportunidad de ofrecer nuevas pruebas y que concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche.
En efecto, el invocado artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo que se refiere a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, dispone lo siguiente:
"Artículo 880. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes:
"I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado;
"II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos;
"III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del capítulo XII de este título; y
"IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche."
Conforme a lo anteriormente expuesto, si en la etapa correspondiente se resolvió por los integrantes de la Junta en los términos antes apuntados sobre las pruebas que admitan o desechen, el acuerdo que recae a esta decisión produce un derecho procesal para la parte que le favorece, consecuentemente, no es posible modificar dicho acuerdo en subsecuentes actuaciones, ni en vista de los votos de los representantes para modificar tales decisiones, que debieron tomarse en las mismas actuaciones al momento de admitir o desechar pruebas, porque se entiende que el acuerdo fue tomado por todos los integrantes de la Junta, o por la mayoría de los que estuvieron presentes o, en su caso, por el presidente o el auxiliar de la Junta individualmente, si ninguno de los representantes estuvo presente, previa constancia de que el presidente los hubiera citado para que participaran en la resolución correspo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18484-4a222d35/audiencia-de-ofrecimiento-y-admision-de-pruebas-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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