REVISIÓN FISCAL. PROCEDE, CONFORME AL ARTÍCULO 248, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO LA SALA FISCAL DEL CONOCIMIENTO EMITA UNA SENTENCIA DONDE SE RESUELVA SOBRE LA VALIDEZ O NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante oficio número 67 presentado el siete de enero de mil novecientos noventa y nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, comunicó al presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, la posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver las revisiones fiscales 3204/97 y 254/98, y las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Primer Circuito, al resolver las revisiones fiscales números: 347/98, 967/97, 3677/98, 3457/98 y 3977/98, denuncia que se presentó en los términos siguientes:
"Los Magistrados que integran este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, determinaron denunciar, por conducto de su presidente la posible contradicción de criterios existente acerca del tema sobre: ‘Es procedente el recurso de revisión fiscal interpuesto por el director general de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, con apoyo en la fracción IV, del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, si la sentencia fue emitida con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.’.-Dicha contradicción se origina, debido a que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sostiene al respecto el criterio de que sí es procedente, pues en ese sentido resolvió los recursos relativos a las revisiones fiscales números 3204/97 y 254/98 resueltos en las sesiones del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, y seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho. Y este tribunal sostiene un criterio diverso al resolver los recursos de revisión fiscal números: 347/98, 967/97, 3677/98, 3457/98 y 3977/98, fallados en las sesiones de fechas diecinueve de marzo, veintiuno de mayo y doce, dieciocho y veintisiete de noviembre, todos del año en curso. Al efecto de que la Sala esté en condiciones de determinar cuál de los criterios mencionados debe de prevalecer, se remite una copia fotostática certificada de las ejecutorias pronunciadas por este tribunal al resolver los recursos de revisión fiscal multicitados."
SEGUNDO.-Por acuerdo de veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de esta Segunda Sala ordenó la formación y registro de la contradicción de tesis 3/99; tuvo por recibido el oficio de referencia y requirió al presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para que dentro del término de tres días remitiera copia certificada de las ejecutorias dictadas en los expedientes a las revisiones fiscales 3204/97 y 254/98.
TERCERO.-Una vez recibidas las ejecutorias requeridas, mediante acuerdo del presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal de cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, se abocó al conocimiento de la posible contradicción de criterios, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Federal; 29, fracción II y 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; al estar debidamente integrados los autos, dispuso dar vista al procurador general de la República para que, por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que al efecto designara, si lo estimaba pertinente, expusiera su parecer o en su caso devolviera los autos una vez concluido dicho plazo.
CUARTO.-Por diverso acuerdo de siete de junio de mil novecientos noventa y nueve, se turnaron los autos a la ponencia del señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
QUINTO.-El procurador general de la República, no formuló pedimento.
SEXTO.-El presente asunto fue listado para verse en sesión de quince de octubre del año en curso en la que se acordó retirarlo, por lo cual se presenta para nueva sesión.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación al punto segundo del Acuerdo Plenario 1/1997, dictado por el Tribunal Pleno el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, pues el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde específicamente a una de las materias en que se especializa esta Sala, a precisar, la administrativa.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que, al parecer, sustentan tesis contradictorias.
TERCERO.-A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron y que a continuación se transcriben:
Las sentencias dictadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en las cuales se fija el criterio que se denuncia, en lo conducente invocan:
Revisión fiscal 347/98, dictada el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho.
"SEGUNDO.-Previamente al estudio de los agravios hechos valer por el recurrente, se impone analizar la procedencia del recurso de revisión.-En relación a la procedencia del medio de defensa, el ocursante la apoya en los siguientes razonamientos: ‘... con fundamento en lo dispuesto por el artículo 248, fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del 1o. de enero de 1997, en relación con el artículo segundo transitorio, fracción VI de la ley que establece y modifica diversas leyes fiscales, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, con fecha 20 de octubre de 1997, notificada el 24 de noviembre del citado año, en la parte que me es desfavorable.’.-La fracción IV del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, dispone lo que a continuación se transcribe: ‘Artículo 248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ... IV. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.’.-Ahora bien, de la lectura de la sentencia combatida, se advierte que la Sala determinó en esencia que la parte actora había probado los hechos constitutivos de su acción y que en consecuencia, lo que procedía era declarar la nulidad de la resolución impugnada, por considerar que el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, no le da el carácter de autoridad a la Oficina contra Abusos de Policía de la Dirección General de Responsabilidades y Sanciones de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y que en esa virtud, evidentemente carecía de competencia para instaurar el procedimiento administrativo disciplinario previsto en los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (fojas 102 vuelta a 106).-En ese estado de cosas, válidamente se concluye que en la sentencia reclamada no fue cuestionada la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades (sic), toda vez que se decretó la nulidad de la resolución impugnada con apoyo en el único razonamiento de que la oficina aludida en el anterior párrafo, no tenía facultades para instaurar el procedimiento disciplinario, en razón de que no tiene existencia legal.-Consecuentemente, debe inferirse que no se actualiza la hipótesis de procedencia invocada por el agraviado para plantear el recurso de revisión, de lo que resulta que el mismo es improcedente."
Revisión fiscal 967/98, dictada el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y ocho.
"SEGUNDO.-No se analizan los agravios expuestos en atención al sentido que regirá esta resolución.-La autoridad recurrente señala que el presente recurso de revisión es procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 248, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.-El citado precepto establece que las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, cuando se trate de una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-En este caso, en la resolución recurrida la Octava Sala Regional Metropolitana determinó declarar la nulidad de la resolución impugnada en atención a que el director de Responsabilidades y Sanciones de la Contraloría General del Distrito Federal carece de competencia para sancionar a los servidores públicos en sueldo y funciones, en atención a que el artículo 72, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal que invocó para fundamentar su competencia sólo lo faculta para emitir resoluciones relativas a la vigilancia para que se atiendan las quejas y denuncias a que se refiere ese precepto, pero no le confiere facultades para imponer sanciones de inhabilitación a los servidores públicos; y, además porque no citó el acuerdo delegatorio por el cual el jefe del Departamento del Distrito Federal quien tiene atribución de aplicar sanciones, le confirió expresamente la competencia para sancionar (folios 603 y 604).-De lo anterior se hace evidente que no se acredita la procedencia del asunto, pues en este caso la Sala Regional determinó la incompetencia de la entonces autoridad demandada fundándose en lo dispuesto por el artículo 72, fracción V, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, esto es, la sentencia recurrida no fue dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues aun cuando el demandante en el juicio de nulidad es un servidor público, lo cierto es que la sentencia fue emitida en base a un precepto del reglamento invocado.-Consecuentemente se desecha la revisión fiscal interpuesta y se deja firme la sentencia recurrida."
Revisión fiscal 3677/98, dictada el doce de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
"SEGUNDO.-Previamente al estudio de los agravios, se analiza la procedibilidad del recurso de revisión.-En relación a la procedencia del recurso de revisión, la recurrente no señala capítulo especial; sin embargo, en el primer párrafo de su oficio de agravios, aduce que lo promueve ‘... con fundamento en lo dispuesto por el artículo 248 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y siete, por tratarse de una sentencia definitiva dictada por el Tribunal Fiscal de la Federación, cuya controversia tuvo origen con la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ...’.-Por lo que, contrariamente a lo argumentado por el promovente del recurso, es improcedente el medio de impugnación que se plantea por los motivos siguientes.-La fracción IV del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, en que se apoya el promovente del recurso para justificar la procedibilidad del mismo, determina lo siguiente: ‘Artículo 248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ... IV. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.’.-Por otro lado, de las constancias de autos se advierte que la resolución que se impugna, lo es la dictada por la Tercera Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación el treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, por medio de la cual decretó la nulidad de la resolución emitida por el director de Responsabilidades y Sanciones de la Contraloría General del Distrito Federal, el diez de abril de mil novecientos noventa y siete, por considerar que la dirección general antes aludida carecía de facultades para emitir la sanción combatida, por lo que consideró que se actualizaba la causa de nulidad prevista en el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.-De lo antes reseñado, se pone de manifiesto que en la resolución reclamada no se cuestiona la aplicación o no de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, atento a que se decretó la nulidad de una resolución sancionadora, tan sólo por el hecho de estimar que la Dirección de Responsabilidad y Sanciones de la Dirección General de Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal no tenía facultades para pronunciar la resolución sancionadora que fue tildada de nula.-En consecuencia, no se actualiza el supuesto de procedencia en que se apoya la autoridad agraviada para plantear el recurso de revisión fiscal, y por ello, el mismo resulta improcedente."
Revisión fiscal 3457/98, dictada el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
"SEGUNDO.-No es necesario transcribir las consideraciones de la sentencia recurrida, ni los agravios hechos valer por la autoridad recurrente, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte, que el recurso de revisión fiscal es improcedente y debe desecharse por tratarse de un asunto que no se ajusta al supuesto que prevé la fracción IV, del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación.-En efecto, para una mejor comprensión es conveniente transcribir en lo conducente el precepto en comento: ‘Artículo 248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ... IV. Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.’.-Ahora bien, conforme a lo anterior, la autoridad recurrente en relación con la procedencia del recurso expresó lo siguiente: ‘Inconforme con dicha resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 248 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, por este conducto vengo a interponer recurso de revisión.’.-Conforme a lo anterior, el recurso de revisión fiscal que interpone el director general de lo Contencioso y Consultivo de la Procuraduría General de la República es improcedente por las siguientes razones: En efecto, el recurrente para fundar la procedencia del recurso, según se advierte de la transcripción que de ello se hizo, manifiesta que el recurso es procedente porque se interpone de acuerdo a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, es decir, que la resolución se dictó en materia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-Ahora bien, este tribunal considera que el recurso de revisión fiscal es improcedente debido a que, la Sala responsable en la sentencia recurrida declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por haber sido ésta emitida por una autoridad incompetente, como lo es el procurador general de la República; de lo anterior se desprende sin lugar a dudas que la Sala del conocimiento no entró al estudio del fondo del asunto, porque en ningún momento en esa sentencia, se abocó el análisis de si fue o no correcta la determinación de la sanción impuesta al actor por incurrir en responsabilidad administrativa, como elemento de la Procuraduría General de la República.-Lo anterior es así, porque la sentencia de la Sala Fiscal no resuelve el fondo del asunto ante ella planteado, con base en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que si al encontrar una violación formal cometida en la propia resolución de destitución del servidor público, declaró la nulidad de la resolución ante ella impugnada, no existe una determinación de la Sala, que resuelva si es correcta o no la destitución referida, hipótesis a que se refiere la fracción IV del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, que le da competencia al Tribunal Colegiado para analizar los argumentos que se formulen respecto de la procedencia del recurso de revisión fiscal.-Resulta entonces que por los motivos indicados, lo procedente es desechar el presente recurso de revisión fiscal por notoriamente improcedente."
Revisión fiscal 3977/98, dictada el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
"CUARTO.-No se analizan los agravios expuestos en atención al sentido que regirá esta resolución.-La autoridad recurrente señala que el presente recurso de revisión es procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 248, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.-El citado precepto establece que las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, cuando se trate de una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-En la especie, en la resolución recurrida la Séptima Sala Regional Metropolitana determinó declarar la nulidad de la resolución impugnada en atención a que el funcionario que actuó en supuesta representación de la Contraloría Interna del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no acreditó su personalidad, pues no se asentó algún dato del documento con el que se le delegaron facultades para actuar; y que el señor Aurelio Paredes Montes tampoco acreditó el cargo que desempeñaba dentro de la dependencia que decía representar, lo que lo ubicaba nuevamente como una autoridad incompetente para dirigir la audiencia que se prevé dentro del procedimiento a que se refiere el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que dentro del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, no se señala como autoridad competente para esos efectos a dicha persona, lo que deriva en la inexistencia e incompetencia del funcionario que dirigió el acta de dieciséis de junio de mil novecientos noventa y dos (folio 245).-De lo anterior se hace evidente que no se acredita la procedencia del asunto, pues en este caso la Sala Regional determinó la incompetencia del supuesto representante de la Contraloría Interna del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para dirigir las audiencias que se prevén dentro del procedimiento a que se refiere el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, porque dentro del Estatuto Orgánico de ese instituto no se le señala como autoridad competente, es decir, la sentencia recurrida no fue dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-Igual criterio fue sustentado por este Tribunal Colegiado en las revisiones fiscales RF. 347/98 y RF. 967/97 aprobadas en sesión de diecinueve de marzo y veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y ocho.-Consecuentemente es improcedente la revisión fiscal interpuesta."
CUARTO.-Ahora bien, por otra parte las sentencias dictadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo conducente invocan:
Revisión fiscal 3204/97, dictada el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete.
"CUARTO.-Es procedente el presente recurso de revisión fiscal, toda vez que en la especie se combate la sentencia de veinte de mayo de mil novecientos noventa y siete, emitida por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, que le fue favorable a un particular, pues decretó la nulidad de la resolución de diez de septiembre de mil novecientos noventa y seis, que resolvió el procedimiento de responsabilidad administrativa atribuida a José Manuel Ortiz Mora y otros, sustanciado en el expediente administrativo CG/DRS/27/3662/96, ante la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Contraloría General del Departamento del Distrito Federal, mediante la cual se decretó en contra del referido opositor una sanción consistente en la suspensión de su sueldo y funciones por el término de treinta días, por virtud de las faltas que se le imputaron, ya que fueron cometidas en su carácter de policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Departamento del Distrito Federal, con apoyo en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que este tribunal considera que en la especie se actualiza la hipótesis a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 248 del Código Fiscal vigente.-QUINTO.-Es infundado el concepto único de agravio propuesto por la autoridad recurrente, toda vez que si bien es cierto que de las constancias que obran en autos, se pone de manifiesto que la autoridad emisora del acto reclamado lo fue el director de Responsabilidades y Sanciones de la Contraloría General del Distrito Federal, y que para ello se apoyó en la investigación realizada por la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública de esta entidad, también lo es que la autoridad recurrente no demuestra de manera alguna que la existencia de la autoridad que instrumentó el procedimiento de investigación y que lo fue la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública de esta misma ciudad capital, se encuentre prevista por la ley, a fin de que sus actuaciones se deban reconocer como válidas produciendo así todos los efectos jurídicos que le corresponden.-En efecto, es evidente que mientras la existencia de una autoridad no se encuentre fundada en derecho, sus actos no son susceptibles de producir efecto jurídico alguno y menos aún de culminar con la imposición de una sanción en perjuicio de un particular, no obstante que la sanción de que se trata haya sido emitida por una autoridad diversa cuya existencia sí se encuentra apoyada en la ley, como es el caso de la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la Contraloría General del Distrito Federal.-Debe tenerse en cuenta que con entera independencia de que el artículo 2o. del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, prevea la existencia de una Contraloría General, de una Dirección de Responsabilidades y Sanciones y de una Secretaría de Seguridad Pública, lo cierto es que en ningún momento hace alusión a la contraloría interna de tal secretaría y por ello, mientras no se demuestre que la existencia de esta última se encuentra apoyada en derecho, no es factible que sus actos puedan producir esa clase de efectos.-Resulta inexacto que en el caso a estudio la Sala señalada como responsable haya vulnerado lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 198, fracción II, 237 y 238 del Código Fiscal de la Federación, ya que sí se ocupó de todos y cada uno de los temas propuestos por las partes en el juicio de nulidad decretando la ilegalidad de la resolución combatida por no estar establecida legalmente la dirección tramitadora del procedimiento de investigación, debiendo destacarse que a la autoridad recurrente correspondió demostrar su legal existencia, lo que no hizo.-Por otra parte, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado el hecho de que el artículo 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos faculte a la contraloría interna de cada dependencia gubernamental, para imponer sanciones disciplinarias, pues en el propio precepto se establece que tal facultad sólo se llevará a cabo por acuerdo del superior jerárquico, circunstancia que tampoco se justificó en autos por la autoridad agraviada, ya que sólo se concretó a referir, como inatendible, el argumento del promovente del juicio de nulidad, en el sentido de que la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública haya carecido de competencia para instaurar el procedimiento disciplinario en su contra.-Pero en cuanto a la inexistencia legal de la autoridad que instauró el procedimiento de investigación que dio origen a la imposición que denunció el actor y de la sanción reclamada en que se apoyó la Sala responsable sólo dijo que dicha autoridad no emitió la resolución impugnada (fojas 4 de la demanda y 3 de la contestación).-En las relatadas condiciones, al resultar infundado el concepto único de agravio en estudio y por ende, insuficiente para modificar o revocar la resolución emitida por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, se declara infundado el presente recurso de revisión fiscal."
Revisión fiscal 254/98, dictada el seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho.
"QUINTO.-Es infundado el único agravio propuesto por la autoridad recurrente, atento a las siguientes consideraciones: En él aduce que la Sala responsable inobservó los artículos 60 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 198, 237 y 238 del Código Fiscal de la Federación, al estimar que la autoridad que llevó a cabo dicho procedimiento es inexistente y por ende incompetente; que acorde con el artículo 60 ya referido en cada dependencia existe una contraloría, sin que deba establecerse la denominación de la contraloría interna, por tanto, carece de fundamento la determinación de la Sala, pues insiste, en que la Secretaría de Seguridad Pública debe contar con su contraloría interna por ser dependencia gubernativa; que en el artículo 198, fracción II, inciso a), del Código Fiscal de la Federación señala como parte a la autoridad que dictó la resolución impugnada y en el caso, la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública, no fue quien emitió dicha resolución, sino únicamente se concretó a llevar a cabo el procedimiento administrativo que condujo a la resolución, entonces, sólo es anulable la resolución y no el procedimiento del cual deriva; que se violó el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, porque no se dice de qué manera se afectaron las defensas del demandante, por el hecho de haberse iniciado por dicha Contraloría Interna y no por la Dirección de Responsabilidades y Sanciones; que no es cierto que dicha Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública carezca de competencia para instaurar procedimientos disciplinarios como en la especie, ya que el artículo 60 de la Ley Federal de Responsabilidades establece esa facultad, por lo que si el servidor público prestaba servicios en la Secretaría de Seguridad Pública, dicha contraloría tomó conocimiento de los hechos constitutivos de la responsabilidad en que incurrió Eva Valencia Ávalos, y si en ese precepto legal no se especifica a la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública, no es motivo para considerarla inexistente, pues resulta falso que no esté prevista en ningún precepto legal, por lo que no se actualiza la causa de nulidad que adujo la responsable.-Pero con independencia de ello, como se dijo, su agravio es infundado por lo siguiente: Esto es así, toda vez que si bien es cierto que de las constancias que obran en autos, se pone de manifiesto que la autoridad emisora del acto reclamado lo fue el director de Responsabilidades y Sanciones de la Contraloría General del Distrito Federal y para ello se apoyó en la investigación realizada por la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública, también lo es que la autoridad recurrente no demuestra de manera alguna la existencia legal de la Contraloría Interna referida que instrumentó el procedimiento de investigación, esto es, se encuentre prevista por la ley, a fin de que sus actuaciones se deban reconocer como válidas produciendo así todos los efectos jurídicos que le corresponden, pues es evident
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6177-fe9a961d/revision-fiscal-procede-conforme-al-articulo-248-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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