PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, CUANDO SE IMPUGNEN RESOLUCIONES QUE ÚNICAMENTE IMPONGAN MULTAS POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES EN ESA MATERIA. PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE, ADEMÁS DE IMPONER MULTA POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES EN ESA MATERIA, DETERMINEN LA CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO Y LA PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO) RECURSO O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/99. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
VISTOS; y
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito recibido el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, hizo del conocimiento del presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte, la posible contradicción entre las tesis sustentadas por el citado tribunal, al resolver el amparo en revisión 337/98, promovido por Surtidora Interoceánica, Sociedad Anónima de Capital Variable, y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 213/98, promovido por René Clay Bernal.
SEGUNDO. En auto de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por denunciada la contradicción de tesis y acordó pedir al presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la remisión de copia certificada de la ejecutoria dictada en el expediente en que sustentó su criterio.
En posterior acuerdo de seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, se determinó que la Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción, así como dar vista al procurador general de la República, quien no formuló pedimento.
Por proveído de seis de julio de mil novecientos noventa y nueve, se turnó el asunto al Ministro Mariano Azuela Güitrón para que formulara proyecto de resolución, recibiéndose el expediente el nueve de dicho mes y año.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 1/1995, puntos primero y segundo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de febrero de mil novecientos noventa y cinco, dado que se trata de la denuncia de posible contradicción entre tesis que en diversos juicios de amparo en materia administrativa sustentaron el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, según se advierte del resultando primero de esta resolución.
SEGUNDO. Las consideraciones que sustentan la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 213/98, promovido por René Clay Bernal, son las que a continuación se transcriben:
"II. Es innecesario transcribir y analizar las consideraciones en que se sustenta la sentencia recurrida, y los agravios que en su contra expresan tanto el apoderado de la empresa tercera perjudicada ‘Mossimo Inc.’, como las autoridades responsables el director de Protección a la Propiedad Industrial y el jefe del Departamento de Ediciones y Publicaciones, ambas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues, como enseguida se verá, este órgano colegiado advierte que en el caso se actualiza una causal de improcedencia del juicio de garantías, cuyo análisis se aborda de manera oficiosa, en acatamiento del artículo 73, último párrafo de la Ley de Amparo, que obliga a revocar dicho juicio. Según puede advertirse de la transcripción a que se contrae el resultando primero de este fallo, del análisis integral de su demanda de garantías y de las constancias que obran agregadas a fojas veinticuatro a cuarenta del expediente de amparo, el quejoso señaló como actos reclamados, la resolución contenida en el oficio número 000650, de diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, a través de la cual el director de Protección a la Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ordena clausurar, por treinta días, el establecimiento propiedad del quejoso, ubicado en la calle Díaz Ordaz número 774, en Puerto Vallarta, Jalisco, y le impone una multa equivalente a cuatro mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que podría adicionarse hasta el importe de quinientos días similares, por cada uno en que persista la infracción; su publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas; y la ejecución de tal sanción. Ahora bien, en contra de la citada resolución, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11, párrafo primero, fracción III, 27, 28 fracción IV, 30 y 31, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en relación con el 116, 117 y 120 del Código Fiscal de la Federación, el quejoso debió ocurrir en juicio de nulidad ante la Sala Regional de Occidente del Tribunal Fiscal de la Federación, a hacer valer sus correspondientes pretensiones, ya que a través de ese medio ordinario de defensa pudieron modificarse, revocarse o nulificarse los referidos actos reclamados, puesto que el indicado juicio fiscal, según las disposiciones invocadas, procede, entre otras, contra las resoluciones definitivas que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales, entendiendo por éstas, las que no admitan recurso administrativo, o que su interposición sea optativa (cual es el caso del recurso de revocación), y, en la especie, como se vio, el oficio que contiene la resolución impugnada, se contrae precisamente a un fallo definitivo que impone al quejoso una multa y además la clausura por 30 días en su establecimiento, por infracción a las normas administrativas federales en materia de propiedad industrial (que ni siquiera admite el aludido recurso de revocación). Empero, al no cumplirse en la especie con el principio de definitividad, es incuestionable la improcedencia del presente juicio de amparo, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo cual da lugar a modificar la recurrida, para sobreseer en el juicio, con fundamento en la fracción III del artículo 74, y 91 fracción III, del mismo ordenamiento legal. Es pertinente advertir que no se está en los casos de excepción previstos en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, toda vez que, por su parte, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 144, prevé la suspensión de los actos combatidos, sin exigir mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la propia Ley de Amparo. Además el oficio reclamado no carece de fundamentación, pues en él se citan, entre otros, los artículos 1o., 2o., fracciones V y VI, 6o. fracción V, 7o. y 7o. bis 2, 92, 130, 187, 192, 192 bis, 203 al 208, 213 fracciones XVIII y XIX, 214, 215 al 217, de la Ley de la Propiedad Industrial; 1o., 3o. fracción IX, 6o. y 10 del Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1o., 3o., 4o., 7o. fracción XXVI, 10 fracción II, y 62 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y 79, 81, 129, 133, 197, 202, 203, 332 y 348 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria."
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 337/98, promovido por Surtidora Interoceánica, Sociedad Anónima de Capital Variable, sostuvo como consideraciones las que se transcriben a continuación, en su parte conducente:
"CUARTO. Los agravios son sustancialmente fundados. Según se vio de lo transcrito y se desprende del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran de la foja 24 a la 43 del juicio de amparo, los actos reclamados se hicieron consistir en la resolución contenida en el oficio número 000670, de diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, a través de la cual el director de Protección a la Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ordenó la clausura por treinta días al establecimiento de la quejosa, ubicado en Avenida Vallarta número 3233, local 14-E en Zapopan, Jalisco; le impuso una multa equivalente a cuatro mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que podría adicionarse hasta por el importe de quinientos días similares por cada uno en que persista la infracción, su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial y la ejecución de esas sanciones. Como también ya se vio de lo transcrito, la Juez de Distrito decretó el sobreseimiento del juicio (sic) respecto de los actos atribuidos al subdirector de Prevención de la Competencia Desleal y al jefe del Departamento de Infracción y Delitos, ambos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al estimar que la quejosa no desvirtuó la negación de certeza contenida en sus informes justificados. Esta consideración no se controvierte en los agravios, por lo que debe quedar firme y seguir rigiendo su sentido. La misma Juez de Distrito determinó que son ciertos los actos atribuidos al director de Protección a la Propiedad Industrial, por así reconocerlo en su informe justificado y respecto del jefe de Ediciones y Publicaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, consideró inminentes los actos que se les atribuyen; sin embargo, estimó que la quejosa debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación antes de acudir ‘a esta instancia constitucional’ pues que a través de ese medio ordinario pudo lograr la modificación, revocación o nulificación de los actos reclamados, ya que el citado juicio de nulidad procede contra resoluciones definitivas que impongan multas por infracciones a las normas administrativas federales, contra las cuales no proceda recurso administrativo alguno o su interposición resulte optativa para el afectado y que lo reclamado es una resolución definitiva en la que se impone una multa y clausura temporal del establecimiento de la quejosa por infracción a la Ley de la Propiedad Industrial que es un ordenamiento federal, por lo que resultaba optativo acudir al recurso de revocación o impugnarla directamente ante el Tribunal Fiscal de la Federación, pero que como no lo hizo, no acató el principio de definitividad por lo que procedía decretar el sobreseimiento del juicio (sic). La misma Juez de Distrito agregó que no se está en los casos de excepción que prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque la resolución reclamada se encuentra fundamentada y porque el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación establece la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos por la Ley de Amparo. En apoyo a la citada determinación, la Juez de Distrito invocó la jurisprudencia que transcribió con el rubro ‘MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.’. Asimismo, invocó el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, al resolver el recurso de revocación 213/98, el que transcribió parcialmente. Pues bien, como lo sostiene la inconforme en sus agravios, resulta incorrecta la determinación de sobreseer el juicio por el no agotamiento del juicio de nulidad previo a la promoción del amparo, pues la Ley del Procedimiento Industrial no contiene ningún medio de defensa a través del cual pueda combatirse una resolución que declare actualizadas infracciones administrativas e imponga sanciones por esas infracciones como son la multa, la clausura temporal de un establecimiento comercial y la publicación de la resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Y para que la existencia de un medio de defensa haga improcedente el juicio de garantías, dicho medio de defensa debe estar previsto en la ley aplicada en el acto reclamado y no en un ordenamiento distinto como lo es el Código Fiscal de la Federación. Tienen aplicación los criterios emitidos por las Salas Segunda y Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparecen publicadas respectivamente, en la página 64, Volumen VIII, Tercera Parte, Séptima Época y en la página 415, Volúmenes 175-180, Séptima Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo los rubros y textos siguientes: ‘RECURSOS ORDINARIOS QUE NO DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Los recursos ordinarios que deben agotarse, para evitar la improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, son aquellos que se encuentran establecidos en la ley del acto reclamado o que tienen una relación íntima con él, pero no los previstos en alguna otra ley u ordenamiento, que no tengan esa relación.’ y ‘RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LEY DIVERSA A LA QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO. SU FALTA DE AGOTAMIENTO NO HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Si en los casos en que se deja de hacer valer un recurso previsto por la ley que se estima inconstitucional no resulta, con motivo de dicha omisión, la improcedencia del juicio de garantías relativo, es de estimarse, por mayoría de razón, que tampoco puede ser improcedente un juicio de amparo en la hipótesis de que, previamente al ejercicio de la acción constitucional, no se haga valer un recurso ordinario previsto por una ley diversa a la que se considera violatoria de garantías.’. Más aún, el sobreseimiento decretado resulta incorrecto porque aun considerando que resultara procedente el juicio de nulidad por lo que ve a la imposición de la multa, porque se pudiera sostener que deriva de infracción a las normas administrativas federales, como es la Ley de Propiedad Industrial, es claro que el Tribunal Fiscal de la Federación resulta incompetente para resolver respecto de la actualización de las infracciones que originaron esa multa y por lo que ve a la clausura del establecimiento comercial y la publicación de la resolución reclamada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, pues la ley orgánica de ese tribunal no le confiere competencia para conocer de esos actos. Luego, como no es válido dividir la continencia de la causa, resulta claro que lo que procede en contra de la totalidad de los actos reclamados es el juicio de amparo indirecto. Con relación a lo anterior, este Tribunal Colegiado sostuvo similar criterio al resolver la revisión principal 62/98, por acuerdo de dos de julio de mil novecientos noventa y ocho. En conclusión, contra la resolución que determina infracciones administrativas previstas en la Ley de Propiedad Industrial, e impone sanciones al presunto infractor consistentes en multa, clausura de un establecimiento comercial y la publicación de esa resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, primero porque el mencionado juicio de nulidad se prevé en un ordenamiento distinto (Código Fiscal de la Federación) al aplicable a la ley que rige el acto reclamado, y segundo, porque el aludido Tribunal Fiscal de la Federación no tiene competencia legal, conforme a su ley orgánica, para conocer de la totalidad de ese tipo de actos. Por las anteriores razones, este tribunal no comparte el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito que se transcribe parcialmente en la sentencia recurrida y que coincide sustancialmente con lo expresado en la propia sentencia. Por lo que ve a la jurisprudencia que se citó en la resolución combatida con el rubro: ‘MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.’, no resulta aplicable porque, como ya se dijo, en el presente caso no sólo se impugna la multa impuesta a la quejosa."
Derivada de la ejecutoria transcrita, se redactó la tesis III.2o.A.48 A, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente a febrero de 1999, página 515, que dice:
"JUICIO DE NULIDAD. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE RESOLUCIONES QUE DETERMINAN INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Contra la resolución que determina infracciones administrativas previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, e impone sanciones al presunto infractor consistente en multa, clausura de un establecimiento comercial y la publicación de esa resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, primero porque el mencionado juicio de nulidad se prevé en un ordenamiento distinto (Código Fiscal de la Federación) al aplicable a la ley que rige el acto reclamado, y segundo, porque el aludido Tribunal Fiscal de la Federación no tiene competencia legal, conforme a su ley orgánica, para conocer de la totalidad de ese tipo de actos."
CUARTO. A continuación, debe establecerse si efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada.
Si bien la Ley de Amparo establece el procedimiento para que las Salas o, en su caso, el Pleno de este Alto Tribunal decidan qué criterio debe prevalecer, con rango de jurisprudencia, respecto de tesis contradictorias, la propia ley no define cuándo se está en presencia de una contradicción de tesis; sin embargo, esta Sala considera que para ello es presupuesto indispensable que las tesis confrontadas se hayan externado en ejecutorias en las que se examinen situaciones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes, al analizar u omitir analizar los mismos elementos o al interpretar los mismos preceptos legales, ante casos concretos que se encuentren en similar situación jurídica, respecto al tema controvertido.
Apoyan la conclusión anterior, el contenido de las tesis sustentadas por las anteriores Tercera y Cuarta Salas de este Alto Tribunal, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI-Febrero, página 7 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 58, octubre de 1992, página 22, que respectivamente dicen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción XIII constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, previenen la contradicción de tesis como una forma o sistema de integración de jurisprudencia. Así, siendo la tesis el criterio jurídico de carácter general que sustenta el órgano jurisdiccional al examinar un punto de derecho controvertido en el asunto que se resuelve, para que exista dicha contradicción es indispensable que se presente una oposición de criterios en torno a un mismo problema jurídico, de tal suerte que, interpretando y fundándose los tribunales en iguales o coincidentes disposiciones legales, uno afirme lo que otro niega o viceversa. De no darse estos supuestos es manifiesta la improcedencia de la contradicción que al respecto se plantee."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Sentado lo anterior, para decidir sobre la existencia o inexistencia de la contradicción denunciada, debe realizarse un extracto de las consideraciones fundamentales en que se apoyan los fallos a examen.
Los razonamientos expuestos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 213/98, promovido por René Clay Bernal, se hicieron consistir, en que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, párrafo primero, fracción III, 27, 28, fracción IV, 30 y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, en relación con el 116, 117 y 120 del Código Fiscal de la Federación, contra las resoluciones emitidas por el director de Protección a la Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en que ordena la clausura del establecimiento, impone multa al transgresor de las disposiciones en esa materia y ordena la publicación de la resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial, es procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, dado que se trata de una resolución definitiva por infracción a normas administrativas federales en materia de propiedad industrial, con lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al preverse la suspensión sin exigir mayores requisitos que los consignados en el invocado ordenamiento para conceder la suspensión definitiva, atento a lo dispuesto en el artículo 144 del código tributario referido con antelación, además de que el oficio reclamado en la especie no carece de fundamentación, al haberse citado los preceptos legales conducentes.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 337/98, promovido por Surtidora Interoceánica, Sociedad Anónima de Capital Variable, determinó, en la parte que interesa, que no es procedente decretar el sobreseimiento contra la resolución que ordenó la clausura de la negociación defendida por la referida persona moral, le impuso una multa por infracción a la Ley de la Propiedad Industrial y ordenó la publicación de la resolución en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dado que dicha norma legal no contiene ningún medio de defensa a través del cual pueda combatirse aquella decisión, siendo que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, es necesario que el recurso o medio ordinario de defensa deba estar previsto en la ley aplicada en el acto reclamado y no en ordenamiento distinto como lo es el Código Fiscal de la Federación, apoyando su criterio en tesis sustentadas por las anteriores Salas Auxiliar y Segunda de este Alto Tribunal.
Agregó que aun de considerarse procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, por lo que hace a la multa impuesta, dicho órgano jurisdiccional es incompetente respecto de la actualización de las infracciones que motivaron la sanción pecuniaria, así como respecto de la clausura impuesta al establecimiento comercial, dado que su ley orgánica no le confiere competencia para conocer de esos actos, siendo que no es válido dividir la continencia de la causa, por lo que concluyó que el citado juicio contencioso administrativo no es procedente contra la totalidad de los actos reclamados en el referido amparo, determinando revocar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito.
El resumen de los razonamientos expresados por los citados Tribunales Colegiados en las resoluciones y tesis correspondientes, evidencia que llegaron a conclusiones discrepantes sobre el mismo tema debatido, ya que uno de ellos sostiene que el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación constituye un medio de defensa procedente contra las resoluciones de autoridades en materia de propiedad industrial que impongan multa al particular, decreten la clausura del establecimiento mercantil respectivo y ordenen la publicación del fallo en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin establecer mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos por la Ley de Amparo en relación con la suspensión definitiva, por lo que su falta de agotamiento provoca la improcedencia del juicio de garantías, en términos del artículo 73, fracción XV, del último ordenamiento en cita; mientras que el otro concluye lo contrario, al estimar que los medios de defensa susceptibles de actualizar la citada causal deben encontrarse previstos en la misma ley que sustenta el acto reclamado y que, aun de no considerarse así, el juicio contencioso administrativo federal no contempla la competencia del Tribunal Fiscal para conocer de las causas infracciones generadoras de las multas ni de las clausuras impuestas por infracciones a la regulación de la propiedad industrial, lo que lleva a estimar existente la contradicción de tesis denunciada, debiendo esta Sala proceder a fijar el criterio que debe prevalecer.
QUINTO. Para determinar si el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación es un medio de defensa apto para revocar, modificar o nulificar las resoluciones que en materia de propiedad industrial imponen multas por infracciones administrativas, decretan el estado de clausura al establecimiento mercantil y ordenan la publicación en la gaceta respectiva, que sea susceptible de provocar la improcedencia del amparo por falta de cumplimiento al principio de definitividad, resulta necesario, en primer término, atender al contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que respectivamente dicen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión."
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación."
El texto de los preceptos transcritos consagra la improcedencia del juicio de amparo en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva.
El principio de definitividad que rige al juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ejemplo de lo anterior son las tesis jurisprudenciales sustentadas por el Pleno y la anterior Segunda Sala de este Alto Tribunal, visibles en la compilación de 1995, Tomo I, página 319 y Tomo III, página 104, cuyo texto literal es el siguiente:
"AMPARO CONTRA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. RECURSOS ORDINARIOS. Antes de acudir al amparo no existe obligación de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley del acto, cuando se reclama principalmente la anticonstitucionalidad de ésta, ya que sería contrario a los principios de derecho, el que se obligara a los quejosos a que se sometieran a las disposiciones de esa ley, cuya obligatoriedad impugnan, por conceptuarla contraria a los textos de la Constitución."
"RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5930-c374f3ce/propiedad-industrial-el-juicio-de-nulidad-ante-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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