APELACIÓN EXTRAORDINARIA. NO ES UN RECURSO O MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE DEBA INTERPONERSE, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE A ÉSTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho.
VISTOS;Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante oficio número 410/96, de fecha 4 cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito del Estado de San Luis Potosí, denunció ante la presidencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en las tesis de jurisprudencia que a continuación se transcriben:
La tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que deriva de la resolución dictada en el amparo en revisión 193/96, es del tenor literal siguiente:
"RUBRO: APELACIÓN EXTRAORDINARIA. CASO EN EL QUE EL DEMANDADO DEBE AGOTARLA PREVIAMENTE AL AMPARO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).-TEXTO: El artículo 966, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, previene: ‘Será admisible la apelación dentro de los tres meses que sigan al día de la notificación de la sentencia: ... III. Cuando no hubiere sido emplazado el demandado conforme a la ley.’. Este precepto interpretado en relación con los numerales 416 y 968 del citado ordenamiento legal conduce a establecer que el recurso extraordinario de apelación es un medio ordinario de defensa a través del cual la parte demandada puede obtener y hacer valer con toda amplitud sus garantías individuales de audiencia, legalidad y seguridad jurídicas, puesto que está en aptitud de ofrecer y lograr el desahogo de las pruebas que considera pertinentes para justificar los vicios o irregularidades que atribuye al emplazamiento y así obtener la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento a través de la cuestionada diligencia, con todas sus consecuencias jurídicas. De manera pues, que si el demandado tuvo conocimiento del estado procesal que guardaba el juicio civil de origen, cuando a partir de dictada la sentencia no habían transcurrido aún los tres meses de que disponía conforme al precitado artículo 966 para interponer en contra de la misma el recurso de apelación extraordinaria, se concluye que dicho demandado no puede equipararse a un tercer extraño, ya que estaba en aptitud de interponer ese recurso a través del cual pudo lograr el mismo objetivo que pretende a través del juicio de garantías, para que le fuera reparado el daño que dice sufrió con motivo del ilegal emplazamiento del que afirmó fue objeto en el juicio natural. Como no agotó tal recurso contra la sentencia de primer grado, antes de promover el juicio de garantías contra el aludido emplazamiento, incumplió con el principio de definitividad, actualizándose por tanto la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo."
El criterio que antecede tiene como precedente la resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito en comento, en el amparo en revisión número 193/96, en la cual se consideró principalmente, lo siguiente:
"CUARTO.-Con objeto de un mejor entendimiento en el estudio de los agravios aducidos por el quejoso hoy recurrente J. Concepción González Nava, se considera menester precisar que de las constancias existentes en los autos del juicio de amparo 160/96, relacionado con el presente toca, se desprenden los siguientes datos:
"a) Por escrito de fecha once de agosto de mil novecientos noventa y cinco, Felipe Villegas Gómez, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco del Centro, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Multiva Grupo Financiero, en la vía ejecutiva civil, demandó a Gustavo González Nava y, J. Concepción González Nava, por el pago de la cantidad de $15,592.16 y $197,404.00, por concepto de suerte principal y demás prestaciones. En el capítulo de hechos manifestó, que con fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y tres, la institución de referencia celebró con los demandados contrato de apertura de crédito simple, con garantía hipotecaria y prendaria, quienes se obligaron a cubrir el importe de dicho crédito, mediante ochenta y cinco aportaciones mensuales, a partir de la firma del contrato, por la cantidad de $5,000.00 pesos y un último de $3,500.00 pesos; que no obstante que los acreditados han dispuesto de la cantidad de $220,000.00 pesos, solamente han efectuado los pagos, hasta el mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro, razón por la cual se promueve el juicio. A fin de acreditar su acción, la parte actora acompañó documental pública relativa al contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria por la cantidad de $220,000.00 pesos, celebrado con los ahora demandados, Gustavo González Nava por su propio derecho y como apoderado de J. Concepción González Nava. De la documental de mérito, se desprende en lo que al caso atañe: ‘Que el señor Gustavo González Nava acreditó también su personalidad de apoderado del señor J. Concepción González Nava con copia de la escritura pública número 12 del volumen 320 otorgada en esta ciudad ... ante la fe del notario público número 3 ... mediante el cual se le otorgó poder especial pero tan amplio, cumplido y bastante en cuanto a derecho fuera necesario para que en nombre y representación del señor J. Concepción González Nava solicite créditos ante instituciones bancarias, pudiendo gravar un inmueble de su propiedad con superficie de ...’.
"b) Por auto de fecha veintidós de agosto de mil novecientos noventa y cinco, el Juez natural, admitió la demanda de mérito, ordenando requerir a la parte demandada por el pago de las prestaciones reclamadas.
"c) En cumplimiento al indicado proveído, el actuario responsable, el seis de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se constituyó en la calle de Potosí número 10 en la ciudad de Tamuín, San Luis Potosí, con objeto de llevar a cabo el emplazamiento del ahora recurrente y de su codemandado Gustavo González Nava, y al no encontrarlos le dejó citatorio con la persona que dijo llamarse María Elena Bustos para que lo esperara a las diez horas con treinta minutos del siete de diciembre de ese mismo año.
"d) En fecha y hora puntualizados, el actuario se constituyó nuevamente en el domicilio de referencia, y al no encontrar a Gustavo y J. Concepción González Nava entendió la diligencia con Margarita González Nava, a quien le hizo saber el motivo de su presencia y la requirió del pago de las prestaciones reclamadas, habiendo manifestado aquella que no sabía nada sobre el ‘adeudo de sus hermanos’.
"e) Enseguida, el actor manifestó que señala para garantizar el adeudo entre otros bienes, un predio rústico con una superficie de ... posteriormente el diligenciario procedió a emplazar a los demandados y a correrles traslado con la copia de ley y documentos anexos, que dejó en poder de la citada Margarita González Nava.
"f) Por escrito de fecha veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, compareció a juicio Gustavo González Nava, manifestando: ‘que por medio del presente escrito vengo a dar contestación a la demanda interpuesta en mi contra y del señor J. Concepción González Nava ... previo a contestar los hechos de la demanda se procede en primer término a promover el siguiente incidente de nulidad de actuaciones ...’.
"g) Por proveído de veintiocho de diciembre del año próximo pasado el Juez natural determinó entre otras cuestiones que no había lugar a admitir el incidente de nulidad de actuaciones que se planteó ‘toda vez que con su comparecencia se manifiesta en el juicio, sabedora de la providencia purgándose los vicios que pudiesen existir en la notificación que impugna de nula, por otra parte no ha lugar a tenerla por contestando la demanda que se instaura en su contra en razón de ser extemporánea ...’.
"h) Posteriormente, seguidos los trámites legales por resolución de fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis, el Juez responsable declaró la procedencia de la acción aducida por el ahora tercero perjudicado, Banco del Centro, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Multiva Grupo Financiero (fojas 360 a 368 de autos).
"i) Dicha resolución fue notificada a J. Concepción y Gustavo González Nava mediante instructivo el día doce de marzo de mil novecientos noventa y seis (fojas 369 de autos).
"Es pertinente destacar que a pesar de que la sentencia precisada en el inciso anterior no había sido declarada ejecutoriada, el aludido J. Concepción González Nava compareció en demanda del amparo y la protección de la Justicia Federal el doce de abril del año en curso, señalando como acto reclamado del Juez Mixto de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial de Ciudad Valles, San Luis Potosí y otros, la aprobación de la diligencia de emplazamiento practicada en los autos del juicio de origen, diligencia de embargo respecto de un bien inmueble de su propiedad; el avalúo de dicho bien; así como el remate y adjudicación; y la inscripción del embargo en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Ciudad Valles, San Luis Potosí.
"Además es conveniente destacar que el promovente del amparo en el capítulo relativo a los antecedentes de los actos reclamados señaló que desconocía la existencia del citado juicio de origen, aduciendo que el día ocho de abril de mil novecientos noventa y seis, tuvo conocimiento de la demanda interpuesta en su contra, en el que se le embargó un bien de su propiedad y que además, se le emplazó en un diverso domicilio.
"Ahora bien, del contenido de la sentencia recurrida se advierte que fue decretado el sobreseimiento del juicio de garantías de que se trata, en virtud de que el Juez de Distrito estimó que con relación a los señalados actos reclamados concurre la causal de improcedencia prevista por el artículo 73 fracción XVIII, en relación con el 159 fracción I y 160 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, al considerar que ‘... si bien es cierto, el quejoso se duele del indebido emplazamiento y de todo lo actuado, también lo es que aún no se declara ejecutoriada dicha resolución, por lo que el acto reclamado constituye, en todo caso, una violación intraprocesal que afecta la defensa del quejoso y trasciende el resultado del fallo; de manera que es evidente que tal violación no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que aun cuando lo reclamado resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a alguno de los derechos fundamentales del gobernado, sino que se trata de violación de derechos que sólo producen efectos formales dentro del proceso que pueden ser reclamados a través del incidente de nulidad de actuaciones o bien en el recurso correspondiente cuya resolución también es impugnable en amparo uniinstancial. Por tanto, el juicio de garantías procedente no es el indirecto como se pretende, sino el directo en términos de lo dispuesto en los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que se trata de una violación al procedimiento que se debe combatir al impugnarse el amparo directo que contra ella se promueva, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de Amparo ...’.
"Por su parte, el aquí inconforme J. Concepción González Nava, aduce que el Juez a quo, obró equivocadamente al decretar el sobreseimiento del juicio de garantías, pues estima que realizó una indebida aplicación de los numerales 158, 159, fracción I y 161 de la Ley de Amparo: ‘... habida cuenta que, en efecto estas disposiciones previenen la posibilidad de que la violación cuando se hace consistir en que no se cite al gobernado al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley, pueda atacarse hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva a través del recurso correspondiente contra éste en su defecto, mediante el juicio de amparo directo, pero éste es un supuesto normativo, cuya hipótesis se da en los casos en que la violación se ha atacado a través de los recursos ordinarios o bien a través del incidente de nulidad de actuaciones dentro del propio juicio de origen, máxime si se toma en cuenta que el amparo directo por regla general se promueve contra las violaciones a las leyes del procedimiento, estatuye la sujeción a las reglas que en el mismo se indican, tratándose de juicios civiles, cuando las violaciones tengan que reclamarse en vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, dichas reglas establecen que se deberá impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento, mediante el recurso ordinario y dentro del término que la ley respectiva señale, y si la ley no concede dicho recurso o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, en ese caso deberá invocar la violación como agravio en la segunda instancia si se cometió en la primera ...’.
"Precisado lo anterior este órgano colegiado conviene con lo aducido por el recurrente, en sus motivos de inconformidad, sin embargo ello deviene inconducente porque de cualquier manera en el caso que nos ocupa al no haber causado ejecutoria la sentencia de fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y seis, estaba en posibilidad de agotar el medio de defensa que prevé el artículo 966 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, esto es interponer en contra de dicha resolución, el recurso de apelación extraordinaria.
"En efecto, el artículo 73 de la Ley de Amparo, estatuye que el juicio de garantías es improcedente: ‘Fracción XIII. (se transcribe).’.
"Del contenido del precepto transcrito, se desprende que la causal de improcedencia por la inobservancia del principio de definitividad se genera cuando la ley que regula la materia del acto reclamado establece un recurso o medio ordinario de defensa, a través del cual las partes en el juicio natural pueden obtener la revocación, modificación o nulificación del o los actos reclamados.
"Sobre este tema, la entonces Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia que con los números 3a./J. 17/92 y 3a./J. 19/92, emitidas al resolver la contradicción de tesis 6/92, que respectivamente aparecen publicadas en las páginas 15 y 17 de la Gaceta número 58 correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, ha sustentado los criterios que son del tenor literal siguiente: ‘EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL, CASOS EN LOS QUE ÚNICAMENTE ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.-Es cierto que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número 781, en las páginas 1289 y 1290, de la Segunda Parte de la compilación de 1917 a 1988, bajo el rubro «EMPLAZAMIENTO, FALTA DE.», sustentó el criterio siguiente: «Cuando el amparo se pide precisamente porque el quejoso no ha sido oído en juicio por falta de emplazamiento legal, no es procedente por la razón de que existen recursos ordinarios que no hicieron valer, pues precisamente el hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio, hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra, y de ahí que no pueda tomarse como base para el sobreseimiento el hecho de que no se hayan interpuesto los recursos pertinentes.»; sin embargo, tal criterio no debe entenderse en el sentido de que la parte quejosa no estaba obligada a observar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, aunque tenga conocimiento del juicio natural antes de que se dicte sentencia definitiva, toda vez que lo establecido en dicha tesis jurisprudencial al señalarse «... el hecho de el quejoso manifieste que no ha sido oído en juicio hace patente que no estaba en posibilidad de intentar los recursos ordinarios contra el fallo dictado en su contra ...» debe entenderse en el sentido de que cuando se reclama la falta de emplazamiento legal, el juicio de amparo indirecto es procedente aunque existan recursos ordinarios previstos por el Código de Procedimientos Civiles correspondiente, si el quejoso no estuvo en posibilidad de intentarlos por haberse declarado ejecutoriado el fallo que le agravia. Por tanto, sólo se puede entablar el amparo indirecto, en los términos de lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, cuando la parte quejosa tiene conocimiento de la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, después de que la sentencia dictada en un juicio natural cause estado, o en su defecto, cuando el quejoso no es parte en el juicio de que se trate, pues en esas condiciones resulta claro que el quejoso está impedido para hacer valer previamente los recursos ordinarios previstos por el código adjetivo civil respectivo.’.
"‘PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIÉNES TIENEN ESE CARÁCTER EN MATERIA CIVIL.-Tomando en cuenta que tercero extraño es aquel que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve un juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en estas condiciones, como parte en el juicio puede impugnarse la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo.’
"Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso hoy recurrente es parte demandada en el juicio natural, y no puede ser equiparado a un tercero extraño a ese procedimiento, o parte inaudita, como equivocadamente lo afirma en sus agravios.
"El artículo 966, del Código de Procedimientos Civiles local en vigor, que contempla el recurso de apelación extraordinaria, estatuye que: ‘Será admisible la apelación dentro de los tres meses que sigan al día de la notificación de la sentencia: ... III. Cuando no hubiere sido emplazado el demandado conforme a la ley.’.
"A su vez, el artículo 968 del mismo ordenamiento procesal, previene que: ‘En los demás casos del artículo 966 (se incluye la fracción III de este precepto), interpuesto el recurso, el Juez, previo emplazamiento de las partes, remitirá desde luego los autos al Supremo Tribunal y éste oirá a los interesados, siguiendo los trámites del juicio extraordinario, para cuyo efecto servirá como demanda el escrito de interposición del recurso que deberá llenar los requisitos del artículo 253.-Declarada la nulidad, se remitirán los autos al Juez que corresponda, para que reponga el procedimiento.’.
"Por su parte, el artículo 416, del código procesal civil, que regula el procedimiento relativo a los juicios extraordinarios, establece que: ‘En los juicios extraordinarios el término para contestar la demanda será de tres días, el de ofrecimiento de pruebas de cinco, el de recepción de las mismas de quince, el de alegatos de cinco para cada parte y de cinco para que el Juez dicte la sentencia.’.
"De lo preceptuado por los invocados preceptos del Código de Procedimientos Civiles en comento, se desprende que el recurso extraordinario de apelación es un medio ordinario de defensa a través del cual la parte demandada puede obtener y hacer valer con toda amplitud sus garantías individuales de audiencia, legalidad y seguridad jurídicas, puesto que está en aptitud de ofrecer y lograr el desahogo de las pruebas que considera pertinentes para justificar los vicios o irregularidades que atribuye al emplazamiento, y así obtener la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento a partir de la cuestionada diligencia, con todas sus consecuencias jurídicas.
"Consecuentemente, tomando en consideración que el recurrente en su demanda de garantías, expresa: ‘... que desconocía ... la existencia del citado juicio 545/95, aún más, también desconocía sobre la existencia del irregular u omitido emplazamiento pretendidamente verificado al suscrito, incluso que se hubiese dejado algún citatorio de espera. Aún más el desarrollo de ese procedimiento, repito, porque la diligencia primaria en que se dejó el citatorio y verificó el emplazamiento, se practicó en un domicilio que como he apuntado no corresponde al mío, generando mi desconocimiento, y no fue sino hasta el día de ayer (9 de abril de 1996) en que casualmente acudí, a las Oficinas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Valles, S.L.P., a verificar algunos datos de un inmueble de mi propiedad que describo en líneas anteriores, cuando casualmente escuché a una persona, y la vi, cuyo nombre desconozco, que andaba haciendo trámites para inscribir el embargo del mismo bien inmueble de mi propiedad, y al mencionar la misma el número de juicio y juzgado que he señalado como autoridad responsable. Y pude enterarme que se estaba instaurando sendo juicio en mi perjuicio bajo el número de expediente señalado 545/95, y supe hasta ayer que se ha dictado sentencia y que el emplazamiento se llevó a cabo en un domicilio ajeno al mío ...’; es indudable que la indicada manifestación del aquí recurrente y corroborado con las constancias que obran en autos, permite establecer que cuando menos en la fecha de presentación de su demanda de amparo, lo cual ocurrió el día doce de abril de mil novecientos noventa y seis, tuvo conocimiento del estado procesal que guardaba el juicio de origen, esto es, que dicho fallo le fue notificado por medio de instructivo el día doce de marzo del año en curso, que el mismo no había sido declarado ejecutoriado, y que aún no habían transcurrido los tres meses a que se refiere el artículo 966, del Código de Procedimientos Civiles local en vigor, ya que dicho periodo concluía en los primeros días del mes de junio; ello lleva a determinar que el aludido inconforme no puede equipararse a un tercero extraño, ya que estaba en aptitud de interponer el recurso extraordinario de apelación, a través del cual, como antes se dijo, pudo lograr el mismo objetivo que pretende a través del juicio de garantías, es decir la reparación del daño que aduce sufrió con motivo del ilegal emplazamiento de que afirma fue objeto en el juicio de origen, empero, como lo anterior no aconteció y con ello incumplió con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, no puede menos que convenirse en que, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, con base en la cual y con apoyo en lo preceptuado por el artículo 74 fracción III y 91 fracción III, del mismo ordenamiento legal, procede confirmar el sobreseimiento del juicio de garantías de mérito.
"Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial visible a fojas 14, Primera Parte, Volumen 27, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: ‘APELACIÓN EXTRAORDINARIA. LA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 718 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES. RESPETA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.-La apelación extraordinaria se instituyó precisamente para tutelar la garantía de audiencia, permitiendo que los tribunales civiles anulen los procedimientos instaurados en contra del demandado sin darle oportunidad de ser oído.’.
"Ahora bien, tomando en consideración que en la solución de este asunto se sustenta un criterio opuesto al que se contiene en la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que aparece publicada en la página 58 del Tomo VI Segunda Parte, Octava Época, parte relativa a Tribunales Colegiados de Circuito, bajo el rubro: ‘APELACIÓN EXTRAORDINARIA. SU FALTA DE INTERPOSICIÓN NO CONDUCE A LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO.’; en términos de artículo 196, de la Ley de Amparo, lo que procede es enviar los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se resuelva sobre la posible contradicción de tesis planteada.
"Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 82, 83, 85, 88, 90 y 184 y demás relativos de la Ley de Amparo, y 37, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
"PRIMERO.-Se confirma la sentencia que se revisa.
"SEGUNDO.-Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por J. Concepción González Nava. Contra actos que reclama de las autoridades señaladas como responsables, las cuales quedaron precisadas en el resultando primero de esta sentencia y que aquí se dan por reproducidas.
"TERCERO.-Se denuncia la posible contradicción de tesis surgida entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y este Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.
"Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así, por mayoría de votos de los señores Magistrados Juana María Meza López y María del Carmen Torres Medina, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en contra del emitido por el Magistrado Pedro Elías Soto Lara, quien formuló voto particular que consta de tres fojas y que se inserta a esta ejecutoria; siendo ponente la primera de los nombrados. Firman los Magistrados con la intervención del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
"Voto particular del Magistrado Pedro Elías Soto Lara.
"La jurisprudencia 3/93 publicada bajo el rubro: ‘TÉRMINO PARA APELACIÓN EXTRAORDINARIA. SE COMPONE DE DÍAS NATURALES.’, sostenida por la antigua Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que aprobada por mayoría de tres votos de los señores Ministros presidente José Trinidad Lanz Cárdenas, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez y Miguel Montes García, en contra del voto emitido por el Ministro Mariano Azuela Güitrón, consultable a fojas 1459 a 1475 del Tomo IV, Segunda Parte, de Jurisprudencia por Contradicción de Tesis del Semanario Judicial de la Federación, fue emitida al resolver la contradicción de tesis 24/92, entre las sustentadas respectivamente por el Cuarto y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria pronunciada el 18 de enero de 1993, con base en diversas consideraciones de las cuales en lo que al caso interesa, conviene destacar la que aparece en la página 1470 del mencionado libro, que dice: ‘... Tomando en cuenta que la apelación extraordinaria tiene una especial naturaleza, a tal grado que no pocos autores afirman que no constituye un recurso propiamente dicho, sino que incluso la han llegado a calificar como «juicio de nulidad», de aceptarse esta postura, la razón que esta Suprema Corte ha dado para concluir que en los términos procesales propiamente dichos, que según quedó establecido, ordinariamente se otorgan entre otros casos, para hacer valer recursos en estricto sentido, no deben incluirse días inhábiles; no serían aplicables tratándose de la apelación extraordinaria, puesto que el considerar que ésta no constituye un recurso propiamente dicho, sino en esencia, un juicio de nulidad, automáticamente ya no se trataría de un término procesal.-Las razones que doctrinalmente se han esgrimido para concluir que la apelación extraordinaria no constituye un recurso propiamente dicho, sino un juicio de nulidad, esencialmente consiste en que, los recursos en estricto sentido son medios ordinarios de defensa, que por tanto proceden en contra de autos o de sentencias que no tienen la calidad o autoridad de cosa juzgada, y en cambio, el llamado «recurso» de apelación extraordinaria, afecta todo un procedimiento concluido con sentencia pasada en autoridad y cosa juzgada (sic), precisamente porque se considera que aquél está viciado de nulidad de manera insubsanable.’.
"En torno al mismo tema sobre la naturaleza del recurso en cuestión, la antigua Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 15 de abril de 1938, el caso Reyes Zeferino R. estableció el criterio en la página 513 del Tomo LVI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: ‘APELACIÓN EXTRAORDINARIA PENDIENTE PARA LOS EFECTOS DE PROMOVER AMPARO.-No tiene por qué tomarse en cuenta para juzgarse de la procedencia o improcedencia de una demanda de amparo, la posibilidad en que pudiera estar el agraviado; de hacer valer el recurso de apelación extraordinaria, a que se refiere el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Distrito Federal, toda vez que dicho recurso como extraordinario, no puede estimarse comprendido en los preceptos del artículo 73, fracción XIII, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, que sólo se refiere a recursos o medios de defensa ordinarios.’. Los criterios que anteceden contenidos en la jurisprudencia y en la tesis aislada copiadas, los comparto y estimo que debieron ser tomados en cuenta en el caso justiciable, porque conducen a establecer una correcta interpretación del artículo 73, fracción XIII, párrafo primero de la Ley de Amparo, que señala: (se transcribe). Ya que, esta fracción al referi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4857-efe648d8/apelacion-extraordinaria-no-es-un-recurso-o-medio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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