REVISIÓN. ES PROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA LOS ACUERDOS DICTADOS EN LA AUDIENCIA INCIDENTAL EN LA QUE SE DECIDE SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 55/98-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de febrero de dos mil uno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por escrito presentado el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Guillermo Loreto Martínez, presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el tribunal anteriormente citado y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, manifestando:
"En sesión celebrada en este Tribunal Colegiado del día 14 de octubre del año en curso, se falló el recurso de queja número 62/98-I, promovido por María Graciela Maldonado Martínez; y en el cuarto y último considerando de la resolución respectiva, precisamente en la foja 8, se ordenó denunciar a la superioridad la posible contradicción de criterios que existe entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el que informa el citado fallo. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el suscrito presidente de este órgano colegiado denuncio la posible contradicción de tesis que se da entre el criterio sustentado por este tribunal al resolver la queja citada de cuya ejecutoria y tesis aislada se acompaña copia autorizada, y la que sostiene el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es: ‘QUEJA, ES PROCEDENTE EL RECURSO DE, CONTRA LOS ACUERDOS DE TRÁMITE DICTADOS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.’. La que aparece publicada en la página 151, Tomo II, julio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar."
SEGUNDO.-Por acuerdo del presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se ordenó la formación y registro del expediente relativo a la contradicción de tesis denunciada y se requirió al presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para que remitiera copia certificada de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo en revisión 804/91, 1062/91, 1182/91, 1686/94 y 876/95.
TERCERO.-Mediante proveído de presidencia de quince de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se tuvo por cumplido el requerimiento ordenado y se dio vista al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción por un plazo de treinta días.
CUARTO.-Por auto presidencial de esta Suprema Corte de siete de enero de mil novecientos noventa y nueve, se turnaron los autos a la atención de la Ministra ponente para el efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.
El agente del Ministerio Público, no formuló pedimento.
Mediante dictamen emitido el once de febrero de mil novecientos noventa y nueve, la Ministra ponente solicitó se radicara el presente asunto en la Primera Sala, lo que motivó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de doce del mismo mes y año, ordenara su envío para su resolución a dicha Sala. En proveído de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte ordenó la radicación del presente asunto, así como que se pasaran los autos para la elaboración del proyecto de resolución a la Ministra a quien originalmente se habían turnado.
La Ministra ponente el siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve emitió un dictamen solicitando se enviara el presente asunto al Tribunal Pleno, en virtud de ser necesario fijar la tesis que debe prevalecer, lo que motivó que el presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de trece del mismo mes y año, ordenara su envío para su resolución a dicho tribunal.
Por acuerdo de presidencia de veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve, con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo, 10, fracción VIII y 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se enviaron los autos a la Ministra ponente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de tesis que se sustentaron entre diversos Tribunales Colegiados de Circuito respecto de un tema que no se refiere a una materia especializada, sino que es común a todas y es el caso de fijar la tesis que debe prevalecer.
En relación con lo anterior, resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial del Tribunal Pleno, cuyo texto y datos de localización son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, diciembre de 1999
"Tesis: P./J. 136/99
"Página: 5
"COMPETENCIA EN CONTRADICCIÓN DE TESIS EN MATERIA COMÚN. CORRESPONDE AL PLENO Y NO A LAS SALAS.-El artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente a partir del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, no debe interpretarse en el sentido de que la competencia de cada una de las Salas de la Suprema Corte para conocer de las denuncias de contradicción de tesis que en amparos sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, debe determinarse atendiendo a la materia del amparo, sino que debe hacerse en relación con los criterios que entran en contradicción al resolverse. Por razones de la especialidad, compete a las Salas conocer de las contradicciones cuando ambos criterios encontrados se sustentan sobre temas de su especialidad, pero no cuando se establezcan criterios contradictorios sobre otra clase de cuestiones, aunque se den en amparos cuyas materias les compete. Si los criterios en contradicción no caen dentro de la misma competencia especializada de la Sala, sino que se refieren a la materia común, la especialidad de la Sala no justifica la competencia para conocer de este tipo de contradicciones, además de que se abriría la posibilidad de una nueva contradicción entre los criterios que, al respecto, llegaran a sustentar las Salas al resolverlas, con lo que no se superaría la inseguridad jurídica que trata de resolverse mediante la denuncia de contradicción. Por ello, de conformidad con lo previsto por el artículo 10, fracción VIII, de la ley orgánica citada, corresponde al Pleno de la Suprema Corte conocer y resolver las contradicciones de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito sobre cuestiones que ‘no sean de la competencia exclusiva de las Salas’.
"Contradicción de tesis 21/94. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. 2 de marzo de 1995. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Contradicción de tesis 28/93. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 23 de enero de 1996. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 18/95. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 20 de enero de 1997. Once votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Zelonka Vela.
"Contradicción de tesis 18/97. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Noveno Circuito. 4 de noviembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan José Franco Luna.
"Contradicción de tesis 19/95. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 23 de marzo de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número 136/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve."
SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito al fallar el catorce de octubre de mil novecientos noventa y ocho, la queja 62/98-I civil, promovida por María Graciela Maldonado Martínez, en lo conducente consideró:
"CUARTO.-Es infundado el único agravio que hace valer la promovente de esta instancia, pues de acuerdo con las constancias certificadas que se sirvió remitir la Juez Sexto de Distrito en el Estado de Tamaulipas con su informe justificado (fojas 75 a 82), se constata que el desechamiento de las pruebas de inspección ocular ofrecidas por María Graciela Maldonado Martínez, no fue dictado durante el trámite del incidente de suspensión sino en un solo acto procesal que se inició el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho con la audiencia respectiva y culminó el mismo día con la resolución interlocutoria que niega en parte la suspensión definitiva y la concede en otra; por lo que es obvio, que en casos como el de la especie, los acuerdos dictados en la audiencia incidental pueden y deben reclamarse en revisión junto con la sentencia interlocutoria dictada en la misma fecha, pues de sostener el criterio propuesto por la recurrente implicaría atentar contra los principios de concentración, economía y eficacia procesal, rompiéndose así la continencia de la causa con el consiguiente peligro de que se puedan dictar sentencias contradictorias; lo que sin duda sucedería en la hipótesis de declarar fundada la queja, pero infundado el recurso de revisión que se hiciera valer contra la sentencia que concedió o negó la suspensión definitiva, colocando al Juez de Distrito en situación de conflicto al tener que decidir cuál de las dos ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados es la que debe acatar.-Importa destacar, que tratándose de los acuerdos dictados en la audiencia constitucional, por imperativo del artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo, es permitido impugnarlos en revisión junto con la sentencia dictada al respecto, por lo que es obvio que si contra las sentencias dictadas en el incidente de suspensión procede la revisión, igualmente es factible que los acuerdos tomados en la audiencia respectiva también puedan combatirse junto con la interlocutoria pues, donde existe la misma razón debe aplicarse idéntica disposición. Es decir, la razón por la cual, mediante decreto de veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y seis, publicado el veinte de mayo del propio año, en vigor el cuatro de junio siguiente, se adicionó a la fracción IV del artículo 83 de la Ley de Amparo el siguiente párrafo: ‘Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia.’, obedeció precisamente a que antes de esa adición existía la misma confusión como la aquí planteada, con la consecuente violación de los principios jurídicos antes enumerados.-Por todo lo anterior, no se comparte el criterio jurisprudencial sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis de jurisprudencia identificada con el número I.6o.C. J/3, visible en la página 151, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que invoca el promovente, y procede formular la denuncia de contradicción de tesis correspondiente.-En mérito de lo anterior, se impone declarar infundada la presente queja, dejando a salvo el derecho del promovente, para que, de estimarlo prudente, lo haga valer al promover la revisión correspondiente contra la interlocutoria de que antes se ha dado noticia.-Por lo expuesto y con apoyo además, en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo en relación con el 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO.-Se declara infundado el presente recurso de queja.-SEGUNDO.-Hágase la denuncia de contradicción de tesis a que se alude en el cuerpo de esta resolución."
El Tribunal Colegiado se sustentó en la siguiente tesis de jurisprudencia:
"Octava Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 19-21, julio-septiembre de 1989
"Tesis: 1a./J. 5/89
"Página: 63
"RECURSO DE QUEJA, PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN EL TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.-El artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, establece de manera limitada la procedencia del recurso de revisión en contra de las resoluciones de los Jueces de Distrito que concedan o nieguen la suspensión definitiva. El contenido de este dispositivo se relaciona con lo dispuesto por el artículo 95, fracción VI, del mismo ordenamiento, en el cual se reserva el recurso de queja para impugnar las resoluciones dictadas durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el de revisión; por ende, la interpretación correcta de tales preceptos es en el sentido de que el recurso de revisión, procede únicamente en contra de la concesión o negativa de la suspensión definitiva, y el de queja para impugnar los acuerdos dictados en el trámite del incidente de suspensión."
TERCERO.-El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el quince de agosto de mil novecientos noventa y uno el incidente RC. 804/91, promovido por la sucesión intestamentaria a bienes de José Caballero Chamorro, en la parte que interesa consideró:
"CUARTO.-Los agravios formulados por la recurrente resultan inoperantes, como se verá a continuación.-En efecto, como se advierte claramente de los mismos, ésta medularmente se duele de la violación procesal que hizo consistir en que la Juez de Distrito no acordó de conformidad su petición relativa a la compulsa de los documentos que acompañó a la demanda de amparo, las relativas al juicio ordinario civil 251/87, y las del procedimiento intestamentario 1645/83, no obstante haber anexado a aquélla copia simple de la declaración de heredera a bienes de la sucesión intestamentaria de José Caballero Chamorro, sosteniendo la precitada resolutora, que la oferente de la prueba no había exhibido las copias necesarias para la compulsa que solicitó, argumentando la inconforme, en síntesis, que no existe precepto legal que la obligue a exhibir copia de los documentos que requieren compulsarse, ya que la compulsa es un acto jurídico que compete exclusivamente al juzgador, por lo que al imponerle dicha autoridad tal obligación, infringió las reglas fundamentales que norman el procedimiento incidental, dejándola en estado de indefensión, ya que por no desahogarse la compulsa de mérito le fue negada la suspensión definitiva, conculcándose en su perjuicio el artículo 131 de la Ley de Amparo y las tesis cuyos datos y sumario dejó indicados en su escrito de revisión, que aparecen publicadas bajo las voces de: ‘SUSPENSIÓN, PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE.’, ‘PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN CIVIL.’, ‘PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.’ y ‘SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO.’. Por lo que solicitó la revocación de la interlocutoria recurrida y mandar reponer el procedimiento, en términos del artículo 76 bis y 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.-De lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto la inoperancia de los agravios expresados por la recurrente, cuenta habida de que al haberse cometido las violaciones reclamadas en la audiencia incidental y no en la resolución, dichas violaciones debieron combatirse a través del recurso de queja y no del de revisión, en términos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, que establece en lo que interesa que el recurso de queja es procedente contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito durante la tramitación del incidente de suspensión, que no admiten expresamente el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, pueden causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; esto es así, ya que ninguna de las fracciones del artículo 83 de la precitada legislación, dispone en forma expresa que las violaciones cometidas en la audiencia incidental podrán ser combatidas por medio del recurso de revisión, y aunque la fracción IV del numeral en consulta fue reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, permitiendo que a través del recurso de revisión se reclamen no solamente las violaciones cometidas en la sentencia, sino también los acuerdos pronunciados en el transcurso de la audiencia, el supuesto legal en comento se refiere expresamente a las sentencias dictadas en el fondo del amparo, y a las violaciones cometidas en la audiencia constitucional, como se aprecia de su propia disposición textual, que preceptúa que procede el recurso de revisión, entre otros casos, contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley y que al recurrirse tales sentencias podrán impugnarse los acuerdos pronunciados en el curso de la citada audiencia, lo que lleva a la convicción sin lugar a dudas, de que la citada reforma sólo es aplicable al cuaderno principal, por lo que no es admisible que mediante el recurso de revisión puedan examinarse las violaciones cometidas en la audiencia incidental, porque tales actos procesales son impugnables mediante el recurso de queja, con fundamento en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, cuenta habida de que contra ellos, no se admite expresamente el recurso de revisión en ninguna de las fracciones del artículo 83 de la citada ley, y por su naturaleza trascendental y grave, pueden causar daños o perjuicios a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva.-En las relatadas circunstancias, al haber resultado inoperantes los agravios planteados, y no encontrar este Tribunal Colegiado que el caso esté comprendido en alguno de los supuestos que establece el artículo 76 bis de la Ley de Amparo para suplir la queja, procede confirmar la resolución recurrida.-Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.-Se confirma la resolución sujeta a revisión, de diecinueve de abril del año en curso, dictada por la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.-SEGUNDO.-Se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados solicitada por la quejosa."
Al resolver el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y uno el incidente RC. 1062/91, promovido por Carmen Elisa Urbina Sánchez, en lo que interesa consideró:
"CUARTO.-Los agravios formulados por la recurrente resultan inoperantes e infundados, atentos los siguientes razonamientos legales.-Por razón de método, en primer lugar se estudiará la infracción procesal de que se duele por ser un examen de orden preferente, la que hizo consistir en que la Juez de Distrito omitió acordar sobre su petición contenida en su escrito de ofrecimiento de pruebas, consistente en que se requiriera a la tercera perjudicada el original de la copia de la solicitud de compra que exhibió de fecha seis de octubre de mil novecientos noventa y seis, ya que al ofrecer la aludida probanza, manifestó estar imposibilitada para presentar el original porque no obraba en su poder y sí en el de aquélla, omisión que la dejó en estado de indefensión.-Este agravio es inoperante, cuenta habida de que al haberse cometido la infracción de mérito en la audiencia incidental y no en la resolución recurrida, dicha violación debió combatirse a través del recurso de queja y no del de revisión, en términos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, que establece en lo que nos interesa, que el recurso de queja es procedente contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito durante la tramitación del incidente de suspensión y, que por su naturaleza trascendental y grave, pueden causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva; esto es así, ya que ninguna de las fracciones del artículo 83 de la precitada legislación, dispone en forma expresa que las violaciones cometidas en la audiencia incidental podrán ser combatidas por medio del recurso de revisión y aunque la fracción IV del numeral en consulta fue reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, permitiendo que a través del recurso de revisión se reclamen no solamente las violaciones cometidas en la sentencia, sino también los acuerdos pronunciados en el transcurso de la audiencia, el supuesto legal en comento se refiere a las sentencias dictadas en el fondo del amparo y a las violaciones cometidas en la audiencia constitucional, como se aprecia de su propia disposición textual, que preceptúa que procede el recurso de revisión, entre otros casos, contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley y que al recurrirse tales sentencias podrán impugnarse los acuerdos pronunciados en el curso de la citada audiencia, lo que conlleva a la convicción, sin lugar a dudas, de que la citada reforma sólo es aplicable al cuaderno principal, por lo que, como se reitera, no es admisible que mediante el recurso de revisión puedan examinarse las violaciones cometidas en la audiencia incidental, porque tales actos procesales son impugnables mediante el recurso de queja, con fundamento en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, cuenta habida de que contra ellos no se admite expresamente el recurso de revisión en ninguna de las fracciones del artículo 83 de la citada ley, y por su naturaleza trascendental y grave pueden causar daños y perjuicios a alguna de las partes, no reparables en la sentencia definitiva.-El criterio anterior también ha sido sostenido por esta potestad federal al resolver el incidente en revisión RC. 804/91, promovido por la sucesión intestamentaria a bienes de José Caballero Chamorro, el quince de agosto de mil novecientos noventa y uno. Dicho criterio se encuentra contenido en la tesis que es del tenor literal siguiente: ‘RECURSO DE QUEJA. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACUERDOS DE TRÁMITE DICTADOS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.’ (la transcribe).-A continuación se analizará el agravio planteado por la inconforme, tendiente a combatir la interlocutoria recurrida, el que hizo consistir en que carece de fundamentación y motivación jurídica la consideración de la Juez de Distrito de restarle valor probatorio a la copia certificada del acta de matrimonio que exhibió como prueba de su parte, porque la certificación contenida en tal documento, no evidencia que éste obre en el archivo de la autoridad que realizó la certificación, y que hubiera sido expedido en base a un acuerdo judicial o administrativo, en virtud de que ni la Ley de Amparo ni el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a ésta, establecen que los documentos públicos para tener validez deban señalar que obran en el archivo de la autoridad que realizó la certificación, ni se expiden con base a un acuerdo judicial, dado que la calidad de públicos, según lo establece el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso prevengan las leyes. Por tanto, agrega la recurrente, en virtud de que la precitada resolutora no cita el precepto legal en que funda su afirmación, bastan el sello y la firma que contiene la certificación, para que el documento sea considerado como público, con plena validez, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 129. Asimismo, concluyó la agraviada, la jurisprudencia cuyos datos y sumario dejó indicados en su escrito de revisión, que aparece publicada bajo la voz de: ‘DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.’, estatuye que tienen el carácter de documentos públicos, las certificaciones expedidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y hacen prueba plena, por lo que en consecuencia, el atestado de mérito tiene pleno valor probatorio, de donde se desprende que su interés jurídico quedó debidamente acreditado, siendo por tanto procedente la concesión de la suspensión definitiva solicitada.-Este planteamiento resulta infundado, en virtud de que, como correctamente estimó la Juez de Distrito, la copia del acta de matrimonio ofrecida por la quejosa como prueba de su parte en cuyo margen aparece la leyenda de: ‘México, Distrito Federal, a trece de diciembre de mil novecientos noventa.-El licenciado Daniel Remila Aquino, secretario de Acuerdos adscrito a la primera ponencia de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, certifica que la presente copia fotostática concuerda fielmente con su original que tuve a la vista.-Doy fe.’ (foja 18 vuelta del cuaderno incidental), no constituye un documento público con valor probatorio pleno, como erróneamente sostiene la recurrente, cuenta habida de que las certificaciones expedidas por las autoridades sobre asuntos ajenos a sus funciones, como aconteció en la especie, no tienen ningún valor jurídico, toda vez que sólo tienen el carácter de certificaciones oficiales, los documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, como así lo preceptúa el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que dispone que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y que la calidad de público se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes; supuestos legales que no se actualizaron en el presente asunto, en el que la certificación en examen no está encomendada por la ley al funcionario que la expidió, la que tampoco efectuó en ejercicio de sus funciones, por lo que es irrelevante que ésta se encuentre sellada y firmada, lo que no puede originar que la copia del atestado de mérito sea considerada como un documento público, pues ha quedado de manifiesto que no basta tener el carácter de funcionario, para que una certificación tenga validez, sino que es preciso que haya algún precepto legal que autorice a ese funcionario para expedir las certificaciones, pues las autoridades no pueden ejercer más funciones, ni tener más facultades, que las que les encomienden las leyes, acorde a lo establecido en la jurisprudencia número 352 y su primera tesis relacionada, visibles en la página 597, del volumen II, de la Segunda Parte y Tesis Comunes, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyos sumarios rezan: ‘CERTIFICACIONES OFICIALES. VALOR DE LAS.’ (la transcribe) y ‘CERTIFICACIONES OFICIALES.’ (la transcribe).-Finalmente, es de resaltar que la anterior postura se robustece con el contenido de la propia jurisprudencia que invoca la quejosa, que aparece publicada en la página 1166 de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, volumen III, del mencionado Apéndice, bajo el rubro de: ‘DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.’, y cuyo sumario es del tenor literal siguiente: ‘Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.’; en atención a que, en dicho criterio jurisprudencial se reitera la necesidad de que la certificación que expida el funcionario público sea en ejercicio de sus funciones, para que la documental de que se trata tenga la calidad de documento público y por tanto, el valor de prueba plena, hipótesis que como ha quedado visto, no se configuró en la especie.-En las relatadas circunstancias, al haber resultado inoperantes e infundados los agravios planteados, y no encontrar este Tribunal Colegiado que el caso esté comprendido en alguno de los supuestos que establece el artículo 76 bis de la Ley de Amparo para suplir la queja, procede confirmar la resolución recurrida.-Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.-Se confirma la resolución sujeta a revisión, de dos de julio del año en curso, dictada por la Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.-SEGUNDO.-Se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados solicitados por la quejosa."
Al resolver el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno el incidente en revisión RC. 1182/91, promovido po
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7223-d7f5a359/revision-es-procedente-dicho-recurso-contra-los-acuerdos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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