COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 432 DE LA LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA, ACTUALMENTE ABROGADA, CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN AMPARO DIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.- Mediante oficio de seis de agosto de mil novecientos noventa y seis, recibido el día trece siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, el presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, hizo del conocimiento del presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte, la posible contradicción entre la tesis sustentada por el citado Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión administrativo número 242/96 promovido por Francisco Cruz Reyes, y la sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito al resolver los amparos directos 431/93, 438/93, 451/93, 452/93 y 558/93, promovidos por José Manuel Barrios Reyes, Pedro García Macías, José Luna Cadillo, Jesús González García y Antonio Castro Acuña, respectivamente. Dicho escrito se presentó en los siguientes términos:
"Por acuerdo del Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, de fecha once de julio de mil novecientos noventa y seis, se determinó, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196, fracción III y 197-A, de la Ley de Amparo, denunciar la contradicción de criterios, entre la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, visible a foja 77 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo rubro es: 'COMPETENCIA. CORRESPONDE CONOCER A UN JUEZ DE DISTRITO DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, AL RESOLVER UN RECURSO DE INCONFORMIDAD.'; mismo que resulta contradictorio con el criterio que por unanimidad de votos fue sustentado por este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisión administrativo número 242/96, fallado en sesión del once de julio del año en curso. Para el efecto de que se integre el expediente que legalmente corresponde; se anexa a la presente denuncia, copia del citado criterio, de la ejecutoria de mérito."
SEGUNDO.- Mediante auto de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó formar y registrar el expediente C.T. 49/96 y solicitó al presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito que remitiera copia certificada de las sentencias dictadas en los expedientes en que sustentó su criterio.
TERCERO.- Por auto de once de octubre de mil novecientos noventa y seis, el presidente de esta Segunda Sala tuvo por recibidas las copias certificadas solicitadas, ordenó abocarse al conocimiento de la denuncia de posible contradicción de tesis dando vista al procurador general de la República, para que expusiera su parecer y, una vez cumplido ese requisito, turnarse al Ministro Mariano Azuela Güitrón.
El Ministerio Público Federal adscrito no formuló pedimento.
El expediente fue recibido en la ponencia del Ministro Mariano Azuela Güitrón el tres de enero de mil novecientos noventa y siete.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 1/1995, puntos primero y segundo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de febrero de mil novecientos noventa y cinco, dado que se trata de la denuncia de posible contradicción entre tesis que en amparos directos en materia administrativa, específicamente agraria, sustentaron los Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercer Circuitos, según se advierte del resultando primero de esta resolución.
SEGUNDO.- Las consideraciones en que se basó el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 242/96, promovido por Francisco Cruz Reyes, en la parte que interesa, son las siguientes:
"CUARTO.- En el caso concreto es innecesario analizar los agravios invocados por el revisionista, ni las constancias que sustentan la sentencia recurrida, toda vez que este órgano colegiado advierte que el asunto de que se trata debió tramitarse en única instancia y no en amparo indirecto, según se verá a continuación.- De la demanda de garantías se desprende que el acto reclamado se hizo consistir en una resolución dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Cuarto Distrito, con residencia en Pachuca, Hidalgo, mediante la cual confirmó la diversa emitida por la Comisión Agraria Mixta el catorce de octubre de mil novecientos noventa y uno, dentro del expediente 48N.- (7024), relativo a la privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones de unidades de dotación en el ejido del poblado denominado Santa Ana Ahuehuepán, Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, en la que se decretó la privación de derechos agrarios a Josefina Cruz vda. de Quiroz, privación de sus derechos agrarios sucesorios a José González Jiménez y Olga González Jiménez, respecto de la unidad de dotación amparada con el certificado de derechos agrarios 2498191, y se reconocieron derechos agrarios y adjudicó la unidad de dotación a Sara Jiménez Guerrero.- Ahora bien, si el artículo 158 de la ley de la materia prevé que el juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y procede contra resoluciones definitivas que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales administrativos, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, es obvio que el acto reclamado es susceptible de combatirse en amparo directo, en atención a que, en el caso, la Comisión Agraria Mixta dictó una resolución en la que resolvió la cuestión principal contra la cual el quejoso hizo valer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 432 de la Ley Federal de Reforma Agraria; recurso que, en términos de la legislación agraria, en vigor a partir del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, fue resuelto por el Tribunal Unitario Agrario responsable; en consecuencia, contra este último acto, que es el reclamado, no existe algún otro recurso, solamente puede ser impugnado a través del amparo directo.- Si bien el quejoso, a efecto de sostener la competencia del Juez de Distrito para conocer del presente juicio de garantías, invocó en su escrito de demanda de amparo el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, de rubro: 'COMPETENCIA, CORRESPONDE CONOCER A UN JUEZ DE DISTRITO DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, AL RESOLVER UN RECURSO DE INCONFORMIDAD.'.- (El texto se omite pues el mismo se transcribirá en las páginas dieciséis y diecisiete de esta resolución).- Este órgano colegiado no comparte tal criterio, porque si bien es cierto que, en la especie, se siguió un procedimiento en forma de juicio, también es verdad que mediante la resolución que emitió la Comisión Agraria Mixta, se dirimió la cuestión principal consistente en la privación de derechos de una unidad de dotación, así como el reconocimiento y adjudicación de la misma; y si con apoyo en el artículo 432 de la Ley Federal de Reforma Agraria, entonces vigente, el quejoso interpuso en su contra el recurso de inconformidad, con lo cual agotó el principio de definitividad que rige en materia de amparo, es evidente que la resolución reclamada que pronunció el Tribunal Unitario Agrario, en términos del artículo 44 de la Ley de Amparo, tiene el carácter de definitiva para efectos de la procedencia del amparo uniinstancial, máxime que fue emitida por un tribunal administrativo, con las facultades que le otorgan el artículo 27, fracción XIX, constitucional; el artículo tercero transitorio del decreto mediante el cual se reformó dicho artículo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; el tercero transitorio de la Ley Agraria en vigor; 1o. y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; además, en términos del numeral 193 de la ley reglamentaria del juicio constitucional, el criterio invocado no obliga a este tribunal; por cuya virtud, en términos del artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, es menester denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de criterios, a efecto de que resuelva lo conducente.- Ahora bien, no obstante que la Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo omitió cumplir con lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Amparo, al no declararse incompetente para conocer del juicio de garantías y ordenar remitir el asunto a este tribunal, por tratarse de una resolución definitiva que puso fin al juicio privativo de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones de unidades de dotación, en términos de los artículos 49 y 94 de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, resulta procedente revocar la sentencia recurrida; y tomando en consideración que en autos existen elementos suficientes para abocarse al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, en vía de amparo directo (ya que en autos obra el informe justificado de las autoridades responsables, el emplazamiento a juicio de la tercero perjudicado y no se advierte la existencia de alguna causa de improcedencia) este Tribunal Colegiado se aboca al estudio de los conceptos de violación aducidos por la peticionaria de garantías, sin necesidad de ordenar la tramitación de amparo directo, por las razones expresadas y por economía procesal ..."
TERCERO.- El Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo administrativo número 431/93, promovido por José Manuel Barrios Reyes, en la parte conducente a este estudio, consideró:
"ÚNICO.- En el presente caso a estudio es innecesario transcribir la parte considerativa de la sentencia impugnada, así como los conceptos de violación expresados por José Manuel Barrios Reyes, en atención a que éstos no serán materia de estudio en esta resolución, en virtud de que este Tribunal Colegiado es incompetente para conocer del asunto planteado en esta instancia constitucional.- En efecto, se afirma que este tribunal es incompetente para conocer de la presente litis constitucional, en atención al contenido del artículo 158 de la Ley de Amparo, precepto legal que finca competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito, que literalmente dice:-'Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.- Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho, a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrá hacerse valer el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.'.- La transcripción que antecede, a través de la cual se fija la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, señala que la misma se sustenta en términos de lo establecido por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, por lo que se hace necesario realizar una transcripción en la parte que nos interesa, las que señalan literalmente:-'Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... V.- El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: ... b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal ... VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones; ...'.- De las transcripciones que anteceden se advierte, en esencia, que la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito descansa en tres hipótesis, a saber: a) Que el acto reclamado se trate de una sentencia definitiva o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; b) Que sean dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y c) Que contra dichos actos no proceda ningún recurso ordinario que tenga por efecto modificarlos o revocarlos.- Es decir, para que surja la competencia de los Tribunales Colegiados es requisito indispensable que el acto combatido en la instancia constitucional (amparo directo), encuadre dentro de las tres hipótesis que se manejan, pues al no reunir una de ellas no se surte la competencia.- En el presente caso, el acto reclamado es la resolución emitida el primero de junio último, por el Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito, a través de la cual declaró improcedente el recurso de inconformidad hecho valer por el hoy quejoso en contra de una resolución emitida por la Comisión Agraria Mixta en el procedimiento de privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones tramitado ante su arbitrio.- Al inicio de este considerando se afirmó que la competencia para conocer del asunto que se ventila en este juicio no recae sobre este Tribunal Colegiado y ello encuentra apoyo, precisamente, en los artículos transcritos, pues el acto combatido no fue dictado en un juicio.- En efecto, si bien es cierto que el acto reclamado fue pronunciado por el Tribunal Unitario del Primer Distrito, por lo que, en principio, este tribunal sería competente para conocer del asunto, no menos cierto lo es que no emana de un juicio tramitado ante autoridades judiciales, tribunales administrativos o del trabajo, sino de un procedimiento seguido ante una autoridad administrativa.- Lo anterior se corrobora con las propias constancias de autos de las cuales se advierte lo siguiente:-1) Por oficio 1634 signado por el delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Zacatecas, de fecha diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y uno, se solicitó a la Comisión Agraria Mixta la iniciación del procedimiento de privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones en el poblado de Morelos, Municipio del mismo nombre en este Estado, en la cual aparecía como ejidatario sujeto a privación de derechos agrarios el hoy quejoso;-2) Por acuerdo de la Comisión Agraria Mixta, de veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y uno, se admitió a trámite el procedimiento aludido, señalándose día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos prevista en los artículos 428, 429 y 430 de la Ley Federal de Reforma Agraria (abrogada);-3) Seguido que fue el procedimiento por todas sus fases conducentes, la Comisión Agraria Mixta resolvió el asunto sometido a su competencia el tres de octubre de mil novecientos noventa y uno, decretando la privación de derechos agrarios al hoy peticionario;-4) No conforme José Manuel Barrios Reyes con la determinación de la Comisión Agraria Mixta, el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y uno, interpuso ante la Sala Regional del Cuerpo Consultivo Agrario, con sede en Gómez Palacio, Durango, el recurso de inconformidad previsto en el artículo 432 de la Ley Federal de Reforma Agraria (abrogada); y-5) Por auto dictado el primero de diciembre de mil novecientos noventa y dos, el Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito admitió a trámite el recurso de inconformidad en mención y por fallo pronunciado el primero de junio de este propio año, declaró improcedente el recurso intentado, resolución que constituye el acto combatido en este juicio de amparo directo.- De lo hasta aquí reseñado, se puede advertir con claridad que el acto combatido tuvo su inicio a través de la solicitud de privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones, formulada por el delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Estado de Zacatecas a la Comisión Agraria Mixta, y si bien es cierto, que éste, en términos del artículo 2o. de la Ley Federal de Reforma Agraria (abrogada), es una autoridad administrativa, no menos cierto lo es que como tal no tiene el carácter de autoridad judicial.- Por otra parte, el procedimiento de privación de derechos agrarios y nuevas adjudicaciones no se trata de un juicio, pues éste sólo puede tener tal carácter cuando es ventilado ante autoridades judiciales, o ante tribunales administrativos o del trabajo; por ello, el trámite seguido ante la Comisión Agraria Mixta, si bien es cierto (sic), lo es que tal situación no le da la característica de ser un verdadero juicio.- En esta tesitura, podemos advertir con claridad que la resolución pronunciada por la Comisión Agraria Mixta, que motivó la interposición del recurso de inconformidad previsto en el artículo 432 de la Ley Federal de Reforma Agraria (abrogada), no emana de un juicio y, por tanto, no es una sentencia en presencia (sic) de una resolución dictada en un juicio con la que concluyera éste.- Consecuentemente, si el acto hoy reclamado lo pronunció el Tribunal Unitario Agrario con las facultades que le confiere el artículo 3o. transitorio de la Ley Agraria en vigor y 5o. de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, ello no es circunstancia suficiente para que se ignore la naturaleza del procedimiento de donde emana el acto combatido, el que, como ya se dijo, es un procedimiento esencialmente administrativo tramitado por autoridades administrativas y el cual no constituye un juicio; por lo que la resolución que se reclama no puede ser materia de un juicio de amparo directo, en atención a que no se satisfacen los presupuestos contenidos en el artículo 158 de la Ley de Amparo, que fija la competencia de este Tribunal Colegiado.- En estas condiciones resulta inconcuso que el acto reclamado, aunque fue dictado por un Tribunal Unitario Agrario, proviene de un procedimiento seguido en forma de juicio (sin serlo); por lo que este tribunal es legalmente incompetente para conocer del asunto planteado.- A mayor abundamiento, el artículo 114, fracción II, de la ley de la materia señala: 'Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.- En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia ...'.- Transcripción de la cual se advierte que, en tratándose de resoluciones dictadas en un procedimiento seguido en forma de juicio por autoridades distintas a las judiciales, la competencia para conocer del asunto recaerá, necesariamente, en un Juez de Distrito y tendrá que tramitarse un juicio de amparo biinstancial.- Así las cosas, al carecer de competencia este tribunal y encontrarse la misma en un Juez de Distrito, se ordena remitir el escrito de demanda de garantías y sus anexos a la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que, por su conducto, turnen el asunto al juzgado correspondiente.- No es obstáculo para concluir que este Tribunal Colegiado es incompetente para conocer de la demanda de amparo propuesta por José Manuel Barrios Reyes, el hecho de que por auto de presidencia, dictado el diez de agosto del año en curso, se hubiese admitido a trámite la demanda de mérito, en atención a que los acuerdos de tal naturaleza no causan estado, ya que no involucran a este tribunal, al que es adscrito el presidente y emana de un examen preliminar ..."
Bajo consideraciones análogas a las transcritas, se resolvieron los amparos directos 438/93, 451/93, 452/93 y 558/93, promovidos por Pedro García Macías, José Luna Cadillo, Jesús González García y Antonio Castro Acuña, por lo que, en obvio de repeticiones, se omite su transcripción.
La tesis de jurisprudencia número XXIII. J/2, formulada con motivo de las anteriores resoluciones, visible en la página 77 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 79, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, textualmente dice:
"COMPETENCIA. CORRESPONDE CONOCER A UN JUEZ DE DISTRITO DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA RESOLUCIÓN DICTADA POR UN TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, AL RESOLVER UN RECURSO DE INCONFORMIDAD.- Acorde a lo dispuesto por los artículos 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el precepto 46 de la Ley de Amparo, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del amparo directo de las sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean dictadas en un juicio seguido ante los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Sin embargo, si la resolución fue emitida por un Tribunal Unitario Agrario en un procedimiento seguido en forma de juicio en términos del artículo 3o. transitorio de la Ley Agraria, a través del cual resolvió el recurso de inconformidad a que hacía referencia el artículo 432 de la Ley Federal de la Reforma Agraria (abrogada), interpuesto en contra de una resolución pronunciada por la Comisión Agraria Mixta, esa resolución, aunque la emitió un tribunal administrativo, no emanó de un juicio, sino de un procedimiento seguido en forma de juicio ante una autoridad administrativa, como lo es la Comisión Agraria Mixta, que no tiene el carácter de tribunal, ni puso fin a un juicio, sino a un recurso de inconformidad promovido contra la resolución dictada por la Comisión Agraria Mixta y, por tanto, la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito y no de un Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo."
CUARTO.- Como cuestión previa, debe establecerse si efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada.
Si bien la Ley de Amparo establece el procedimiento para que las Salas o, en su caso, el Pleno de este tribunal decidan qué criterio debe prevalecer con rango de jurisprudencia, respecto de tesis contradictorias, la propia ley no define cuándo se está en presencia de una contradicción de tesis; sin embargo, esta Sala considera que para ello es presupuesto indispensable que las tesis confrontadas se hayan externado en ejecutorias en las que se examinen situaciones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes, al analizar u omitir analizar, los mismos elementos, o al interpretar los mismos preceptos legales, ante casos concretos que se encuentren en similar situación jurídica, respecto al tema controvertido,por lo que se hace necesario realizar un extracto de las consideraciones fundamentales en que se apoyan los fallos a examen.
De la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, se aprecia que dicho órgano jurisdiccional determinó que la resolución dictada por el Tribunal Unitario Agrario, en el recurso de inconformidad previsto en el artículo 432 de la Ley Federal de Reforma Agraria, que confirma una diversa emitida por la Comisión Agraria Mixta en un procedimiento de privación de derechos agrarios, es reclamable a través del amparo directo, dado que la aludida comisión resuelve, en un procedimiento seguido en forma de juicio, la cuestión principal, siendo que contra la resolución del mencionado Tribunal Agrario no existe ningún otro recurso o medio de defensa, por lo que tiene carácter de definitiva para efectos de la procedencia del amparo directo, al haber sido emitida por un tribunal administrativo.
En cambio, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al emitir las resoluciones en los amparos directos que llevaron a la formulación de la tesis de jurisprudencia transcrita, estableció que, aun cuando la resolución al recurso de inconformidad previsto en el artículo 432 de la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria sea emitida por un tribunal administrativo, como no emanó de un juicio, sino de un procedimiento seguido en forma de juicio ante una autoridad administrativa, que no tiene carácter de tribunal, poniendo fin al aludido procedimiento administrativo, la competencia para conocer del amparo en su contra se surte en favor de un Juez de Distrito y no de un Tribunal Colegiado de Circuito.
Lo anterior evidencia que ambos Tribunales Colegiados llegaron a conclusiones discrepantes sobre el mismo tema debatido, ya que mientras el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito sostiene que en contra de la resolución dictada por el Tribunal Unitario Agrario, en el recurso de inconformidad interpuesto en contra de la resolución emitida por la Comisión Agraria Mixta que decidió un procedimiento de privación de derechos agrarios, es reclamable a través del juicio de amparo en vía directa, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito determinó que el procedente es el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito.
En consecuencia, como los aludidos tribunales adoptaron criterios discrepantes al resolver el mismo tema controvertido, se estima existente la contradicción de tesis denunciada.
Ahora bien, debe destacarse que, aunque se encuentre abrogada la Ley Federal de Reforma Agraria, ordenamiento que contempla, en su artículo 432, la procedencia del recurso de inconformidad en contra de las resoluciones dictadas por la Comisión Agraria Mixta, tal circunstancia no implica que resulte ocioso resolver la presente contradicción de criterios, debido a la presumible existencia de recursos de inconformidad que, atento las disposiciones transitorias de la reforma constitucional, publicada el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, se encuentren pendientes de resolución ante los Tribunales Unitarios Agrarios, cuyos fallos serán susceptibles de reclamarse a través del juicio de garantías, presunción que se acentúa aún más si se atiende a la fecha de dictado de la sentencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, la cual data apenas del once de julio de mil novecientos noventa y seis, por lo que las razones descritas hacen necesario determinar si la vía procedente para el reclamo de dichas resoluciones es el juicio de amparo directo o el indirecto.
QUINTO.- Con objeto de determinar la vía para reclamar, a través del juicio de garantías, la resolución recaída al recurso de inconformidad previsto en el artículo 432 de la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria a cargo de los Tribunales Unitarios Agrarios, se hace necesario atender a los preceptos legales que, en lo conducente, regulan la procedencia del amparo directo e indirecto.
El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone la procedencia del amparo indirecto, ante Juez de Distrito, para reclamar resoluciones emanadas de procedimientos seguidos en forma de juicio, provenientes de autoridades administrativas. Dicho precepto establece textualmente:
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:
"...
"II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.- En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia ..."
Por otra parte, de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo se aprecia, en lo que interesa a este estudio, que es procedente el juicio de ampa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4549-ef5fec22/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-promovido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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