PETRÓLEOS MEXICANOS, JUBILACIÓN DE SUS TRABAJADORES DE CONFIANZA. EL BONO O INCENTIVO POR COMPENSACIÓN FORMA PARTE INTEGRANTE DEL SALARIO PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 95/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de junio de mil novecientos noventa y nueve.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Mediante escrito recibido el veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la titular de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, hizo del conocimiento del presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte, la posible contradicción entre las tesis sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 4156/98, promovido por Petróleos Mexicanos y otra, y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver los amparos directos números 308/96, 642/95, 653/96, 725/96 y 722/97, promovidos, el segundo y quinto, por Rodolfo Montalvo Tello y Noé López Martínez, respectivamente, y por Petróleos Mexicanos los restantes.
SEGUNDO.-En auto de diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordó pedir a los presidentes de los Tribunales Colegiados mencionados en el resultando anterior, la remisión de copia certificada de las ejecutorias dictadas en los expedientes respectivos.
En posterior acuerdo de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, se determinó denunciar la posible contradicción de tesis y turnar el asunto al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia para que formulara el proyecto de resolución.
Por proveído de once de febrero de mil novecientos noventa y nueve, dictado con fundamento en la fracción XXIV del Acuerdo Plenario 2/1998 de diez de marzo de mil novecientos noventa y ocho, reformado en el diverso 1/99, de catorce de enero de mil novecientos noventa y nueve, se returnó el asunto al Ministro Mariano Azuela Güitrón.
El procurador general de la República no formuló pedimento.
El expediente fue recibido en la ponencia del Ministro Mariano Azuela Güitrón el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 1/1995, puntos primero y segundo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de febrero de mil novecientos noventa y cinco, dado que se trata de la denuncia de posible contradicción entre tesis que en diversos juicios de amparo en materia laboral sustentaron el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, según se advierte del resultando primero de esta resolución.
SEGUNDO.-Las consideraciones que sustentan la resolución emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo directo 4156/98, son las que a continuación se transcriben:
"TERCERO.-El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente: La parte quejosa aduce, que la autoridad responsable viola las garantías individuales, ya que la condena del laudo impugnado no se funda y motiva debidamente; que la responsable le otorga pleno valor probatorio a la documental ofrecida en el apartado VII del escrito de pruebas de la parte actora consistente en una copia autógrafa de la solicitud del informe dirigido a la sucursal número 627 de Banamex, S.A., aun y cuando se trata de un documento de elaboración unilateral por parte del reclamante, el cual fue debidamente objetado, que de manera infundada consideró que con el informe rendido por el banco, resultó procedente la acción intentada, determinando que es prueba suficiente acreditar que por concepto de bono mensual se le cubrían las cantidades de $3,768.00 de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, a julio de mil novecientos noventa y cinco, y de $3,900.00 correspondientes a agosto de mil novecientos noventa y cinco; también señaló la parte quejosa que es incorrecto, que la constancia del informe que rindió Antonio Calderón del Banco Nacional de México, S.A., responde de manera inductiva a la solicitud realizada por el actor y que la responsable le otorgó un valor del cual carece sin tomar en consideración la objeción realizada en el sentido que de dicho documento no se deriva que las cantidades que señala corresponden a depósitos por concepto de bono y que no se puede acreditar la procedencia del pago de tal concepto.-Lo anterior es infundado, toda vez que es verdad que la autoridad responsable se apoyó para resolver en los términos aducidos en la copia autógrafa de la solicitud del informe pedido al Banco Nacional de México, sucursal 627; en la contestación de la solicitud que rindió el señor Antonio Calderón, asesor de atención a clientes del Banco Nacional de México, pruebas a las que les concedió valor aduciendo que únicamente fueron objetadas en cuanto al alcance y valor probatorio, objeción que de ninguna manera desvirtúan el valor que pudieran merecer dichas documentales, puesto que la misma se fundamentó por la objetante en que rindió el banco, dice que las cantidades que se depositaron al actor por Petróleos Mexicanos no señala los conceptos por los que las hicieron; sin embargo de dicho informe así como de los estados de cuenta que rindió el actor, se acredita que efectivamente Petróleos Mexicanos depositaba al hoy tercero perjudicado las cantidades de $3,768.00 durante los meses de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, a julio de mil novecientos noventa y cinco, y de agosto de mil novecientos noventa y cinco, a octubre de ese año, por la cantidad de $3,900.00, aun cuando en el informe en cuestión, ni en los estados de cuenta, se especifique que esos depósitos fueron por concepto del bono de actuación, opera la presunción en favor de la parte actora porque se comprobó el mismo por las cantidades aducidas, además que del informe del banco se advierte que los depósitos de mérito se realizaron por transferencia electrónica de pago controlado por Petróleos Mexicanos, y que utilizó para realizar pagos preestablecidos por los conceptos de nóminas, bonos, compensaciones, etc., presunción que se corrobora con la copia del acuerdo del director de Petróleos Mexicanos, por el que se autorizó el aumento a las cuotas de compensación a incentivos al desempeño por el periodo del primero de agosto, al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, como se señaló, en la tabla que al nivel 36 correspondía N$3,900.00 el cual ostenta el actor, se adminicula a la presunción que los depósitos realizados al actor por la demandada, fueron por el concepto del bono que adujo, por lo que las consideraciones de la autoridad responsable en que se apoyó al resolver el laudo impugnado fueron correctas, máxime que la hoy quejosa en ningún momento, al oponer excepción respecto al concepto reclamado, negó haber efectuado los depósitos, ni adujo que los mismos fueran por otro concepto, y no por el que manifestó el actor, de tal manera que lo alegado en los conceptos de violación en el sentido de que ‘... de ninguna manera se acredita que sea por concepto de bono mensual, ya que el actor pudo haber percibido tales cantidades por otros conceptos ...’ son inatendibles porque de esa manera no se excepcionó el demandado; sin que obste a lo anterior el hecho que el quejoso señala que no se debe conceder valor probatorio a la documental consistente en la autorización del incremento de las cuotas al bono de actuación, porque ese documento no hace referencia específica al actor; toda vez que dicha documental hace referencia al nivel 36 que como ya se dijo con anterioridad ostentaba el actor.-En otro orden de ideas la parte quejosa, aduce que la responsable, omite considerar que el actor no acreditó con ninguna de sus pruebas que el concepto de bono deba integrar la pensión jubilatoria, al igual que omitió el análisis y aplicación de los criterios, y jurisprudencias a que hizo referencia al dar contestación a la demanda; cabe decirse que al haberse determinado que el trabajador se encontraba en el supuesto de la cláusula 82 fracción I, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, no tenía obligación de acreditar que el bono reclamado formaba parte del salario para cuantificar la pensión jubilatoria, puesto que para cuantificar la misma debe acatarse lo dispuesto en el precepto y fracción citados que disponen: ‘Artículo 82. El patrón podrá jubilar a su personal de confianza de planta, en los siguientes términos: I. Cuando acrediten 25 -veinticinco- años de servicios y 55 -cincuenta y cinco- de edad con una pensión equivalente al 80% -ochenta por ciento- del promedio de los salarios que hubiere percibido en puestos permanentes en el último año de servicios y en proporción al tiempo laborado en cada uno de ellos, salvo que el último puesto de planta lo hubiere adquirido 60 -sesenta- días antes de su jubilación.’ (folio 145).-Por otra parte, alega el organismo quejoso que la resolución combatida, condena a integrar el concepto de bono mensual a la jubilación, lo que es inexacto, porque la última contratación del actor fue en la categoría de sin clasificar (tabulador), clasificación 36.99.99, nivel 36 jornada diurna con vigencia a partir del 8 de septiembre de 1995, habiéndolo acreditado con la documental consistente en la tarjeta de trabajo de confianza, en que se demostró el último salario ordinario del actor por la cantidad de $119.85, sin que se desprenda haber percibido un mayor salario; y que la fracción I del artículo 82 del reglamento de mérito hace referencia al salario promedio y que no se acreditó que se efectuara pago alguno por concepto de bono mensual. También señala que con la prueba de inspección acreditó el salario ordinario diario que percibió el hoy tercero perjudicado, y que no existe elemento que determine la existencia de un pago por la cantidad de $3,900.00; que el actor no acreditó que conforme al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza, a la jubilación se le debe integrar con el bono de actuación.-Lo anterior es inoperante, toda vez que si bien es cierto que, la autoridad responsable no valora la prueba documental consistente en la tarjeta de trabajo del actor, así como la inspección, también lo es, que si se ordenara valorar dichas pruebas, se llegaría al mismo resultado, puesto que lo que se debió acreditar y se hizo, fue que el bono de compensación integraría la pensión de jubilación en términos de la fracción I del artículo 82 del reglamento ya citado, que como quedó analizado con anterioridad, el actor acreditó que se le depositaba dicho bono, y como consecuencia de ello al ser periódica, formó parte del salario percibido por el actor, y por consiguiente debe integrar la pensión jubilatoria como lo aseguró la autoridad responsable.-En consecuencia, al no haberse acreditado la ilegalidad del laudo reclamado, lo procedente es negar el amparo y protección que de la Justicia Federal se solicita."
Con motivo de la aludida resolución, se elaboró la tesis número I.6o.T.46 L, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, correspondiente a septiembre de 1998, página 1190, cuyo rubro y texto son los siguientes:
"PETRÓLEOS MEXICANOS, TRABAJADORES DE CONFIANZA. BONOS DE ACTUACIÓN O DE COMPENSACIÓN QUE PERCIBEN LOS, INTEGRAN SU SALARIO PARA EFECTOS DE JUBILACIÓN CUANDO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 82 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DE TRABAJO QUE LOS RIGE.-La fracción I del artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios establece: ‘El patrón podrá jubilar a su personal de confianza de planta, en los siguientes términos: I. Cuando acredite 25 -veinticinco- años de servicios y 55 -cincuenta y cinco- de edad con una pensión equivalente al 80% -ochenta por ciento- del promedio de los salarios que hubiere percibido en puestos permanentes en el último año de servicios y en proporción al tiempo laborado en cada uno de ellos, salvo que el último puesto de planta lo hubiere adquirido 60 -sesenta- días antes de su jubilación.’. Consecuentemente, si se acredita en juicio que un trabajador de confianza de Petróleos Mexicanos cumple con el supuesto del artículo antes transcrito, y que percibía en forma periódica bonos, ya sea de actuación o de compensación, su monto debe integrarse al salario, puesto que dicho numeral está referido a los salarios, dentro de los cuales deben considerarse esas prestaciones."
TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, sostuvo como consideraciones en los juicios de amparo directo números 642/95, 308/96, 653/96, 725/96 y 722/97, las que se transcriben a continuación, en su parte conducente:
a) Amparo directo 642/95:
"VI. Son infundados los conceptos de violación que hace valer el promovente los cuales, atendiendo a su íntima relación se estudian en su conjunto. Para mayor comprensión del problema, debe decirse que Rodolfo Montalvo Tello demandó de Petróleos Mexicanos el pago de la cantidad de $387'476,362.00 (hoy N$387,476.36) por concepto de diferencias entre lo pagado al recibir el beneficio de la jubilación y el que le correspondía como salario integrado con el bono mensual, tiempo extra iguala, tiempo extra adicional, el pago de cuatro meses de salario, veinte días por cada uno de los años de servicio prestado, veinte días por concepto de prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, tomando como base el salario integrado; el incremento de su pensión jubilatoria con el bono mensual, compensación mensual, el tiempo extra ocasional, igual y adicional; y los incrementos salariales que beneficien a los trabajadores jubilados. Por su parte, el licenciado Sergio Alberto Tavera Alvarado apoderado de Petróleos Mexicanos al contestar la demanda manifestó que el actor carece de derecho y acción porque fue indemnizado en términos de las cláusulas primera fracción XX, 21 y 134 fracción I del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y jubilado al cien por ciento (100%) del salario ordinario de acuerdo al nivel treinta y siete a partir del veinte de abril de mil novecientos noventa y dos. En esas condiciones, todos sus conceptos de violación están encaminados a la indebida valoración de las pruebas, por estimar el quejoso que fueron suficientes para probar la procedencia del pago de las diferencias reclamadas; sin embargo, debe decirse que aun cuando Petróleos Mexicanos reconoció que celebró el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y dos con el hoy quejoso convenio administrativo sindical número 1-5447/92 por reducción de personal, por disminución de la materia de trabajo y canceló la plaza de Rodolfo Montalvo Tello, consta que éste aceptó voluntariamente su liquidación en términos de la cláusula 21 del contrato colectivo de trabajo; que según desglosa del salario ordinario dicha indemnización se integró de la siguiente manera: salario tabulado, fondo de ahorro cuota variable y fija, tiempo extra ocasional y compensación mensual, y en esas condiciones la Junta responsable estuvo en lo correcto al estimar legal la indemnización del quejoso, así como el monto de su jubilación en relación al salario ordinario. En efecto, consta que Petróleos Mexicanos convino con el trabajador su indemnización por cancelación de la plaza en términos de la cláusula 21 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, circunstancia que en modo alguno agravia al trabajador, ni tampoco significa renuncia de derechos porque las prestaciones que se incluyeron para el pago de su indemnización son superiores a las previstas para ese supuesto por la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, el trabajador pretende se incluyan tanto en su indemnización como en su jubilación el bono mensual, compensación mensual, tiempo extra iguala, ocasional y adicional, prestaciones que le fueron cubiertas en forma mensual, ya que el tiempo extra en sus tres modalidades sí fueron incluidos en su indemnización y por lo que hace al bono y compensación mensual éstos resultan improcedentes porque la cláusula 21 en relación con la primera, fracción XX del contrato colectivo de trabajo, que rige las relaciones entre los trabajadores sindicalizados o de planta, no prevé que dichas prestaciones deban integrar el salario ordinario para fijar el monto de la indemnización y la jubilación. Así también, debe desestimarse la pretensión del quejoso en el sentido de que por ser trabajador de confianza no le es aplicable la cláusula 21 del multicitado contrato colectivo, sino el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, porque ello equivaldría a que por una parte reconociera el contrato colectivo en cuanto al beneficio de la jubilación y lo desconociera en cuanto a las prestaciones que integran el monto de su pago porque fue hasta el primero de agosto de mil novecientos noventa y tres, fecha en que entró en vigor el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos, cuando se estableció el derecho que tiene el trabajador de confianza a ser jubilado, lo cual implica que lejos de perjudicarle, le beneficia, porque se le otorgó el trece de abril de mil novecientos noventa y dos su jubilación y dicho reglamento en su artículo 82 fracción IV, párrafo segundo, establece claramente que el salario base de tal prestación es el que se detalla en el capítulo quinto que comprende los artículos 43 y 47 por los conceptos de ayuda para la despensa, fondo de ahorro y renta de casa. En el caso, resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 270 visible en la página 177, Tomo V del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘JUBILACIÓN, PERCEPCIONES QUE NO FORMAN PARTE DEL SALARIO EN CASO DE.-Las pensiones jubilatorias constituyen un acto voluntario de los patrones por lo que si no se obligan en forma expresa a incluir dentro de su monto determinadas percepciones, no pueden formar éstas parte en esos casos del salario ordinario del trabajador, para efectos de la jubilación.’.-Este tribunal sostuvo igual criterio al resolver los juicios de amparo números 66/95, 185/95 y 308/96, el tres de julio de mil novecientos noventa y seis, veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco y nueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, respectivamente."
b) Amparo directo 308/96:
"QUINTO.-Son fundados, en esencia, el primero y segundo de los conceptos de violación antes transcritos y para una mayor comprensión del problema jurídico planteado y de la solución a que habrá de arribarse, es menester destacar que Ernesto Peña Garza es un trabajador de confianza jubilado y demandó de la empresa quejosa que a la pensión que tiene se añada como parte integrante de su salario la cifra que corresponda al bono del incentivo al desempeño que en forma normal y constante se le cubrió durante el tiempo que duró la relación laboral; así como el pago retroactivo de esa prestación a partir del siete de agosto de mil novecientos noventa y cinco en que fue jubilado al cien por ciento de su salario; basándose para ello en el hecho de que al momento de ser pensionado no se tomó en cuenta esa prestación; añadiendo que a su juicio es procedente lo que pide porque la relación laboral en Petróleos Mexicanos quedó sin reglamentación durante el periodo comprendido de agosto de mil novecientos noventa y uno a agosto de mil novecientos noventa y tres; por lo que en la fecha en que se decretó su jubilación debió aplicarse el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo para la integración del salario.-A su vez, la entidad demandada manifestó que era improcedente el pago de dicha prestación, porque nunca la recibió el obrero, siendo falso que en el periodo a que alude hubiere existido un vacío normativo, ya que desde el dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y cuatro entró en vigor el acuerdo número trescientos doce del director general del organismo descentralizado, por el cual se establecieron las normas de trato al personal de confianza, mismo que estuvo vigente hasta el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y tres en que ese normativo quedó sustituido por el Reglamento de Trabajo Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, cuya vigencia comenzó a partir del primero de agosto del mismo año, por así disponerlo el artículo primero transitorio del mismo.-Ahora bien, al hacer examen de la acción intentada por el obrero, la Junta responsable estableció que era procedente porque consideró que el vacío normativo a que alude el actor en su escrito de demanda era cierto, por lo que ante esa situación debía aplicarse a su favor lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo y procedía incorporar al salario base de la jubilación el bono de incentivo al trabajo, ya que la empresa no había probado que esa prestación no la percibía el obrero y aun cuando así fuera no integraba la pensión jubilatoria como alegó; máxime que el trabajador, con las pruebas que aportó, sí justificó que la empresa le cubría periódicamente el renglón en comento; por lo que a su juicio se trataba de un derecho adquirido.-Sentado lo anterior, es necesario destacar en primer término que el tribunal obrero aprecia incorrectamente las constancias de autos y ello lo conduce a conclusiones equivocadas; pues basta analizar el acuerdo número trescientos doce que contiene las normas de trato al personal de confianza (fojas 128 a 157 del juicio natural), para constatar que estuvo en vigor desde el dieciocho de marzo de mil novecientos setenta y cuatro al treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y tres en que fue sustituido por el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que entró en vigor el primero de agosto del mismo año, por así disponerlo el artículo primero transitorio del propio normativo que textualmente reza: ‘El presente reglamento iniciará su vigencia el día primero de agosto de mil novecientos noventa y tres, y deja sin efecto las normas de trato al personal de confianza de Petróleos Mexicanos emitidas el 18 de marzo de 1974, así como todas las disposiciones sobre la materia que se hayan emitido con anterioridad.’ (foja 124). Luego entonces, si como lo admite expresamente el obrero y se corrobora con las constancias de autos, éste fue jubilado el siete de agosto de mil novecientos noventa y cinco, habrá de convenirse que en esa oportunidad no existió ningún vicio en lo que atañe a la regulación de las relaciones laborales de los trabajadores de confianza con la paraestatal de referencia, ya que estaba en pleno vigor el reglamento antes precisado, amén de que tampoco lo hubo con anterioridad pues de mil novecientos setenta y cuatro al treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y tres rigieron las normas de trato al personal de confianza, por lo que es sofístico y apartado de la realidad el argumento del obrero que fue acogido por la responsable.-Luego entonces, tratándose en la especie de una prestación extralegal, habrá de convenirse que ésta no se rige por la Ley Federal del Trabajo, como erróneamente apreció el tribunal obrero, ni mucho menos por el contrato colectivo de trabajo, porque en el momento en que Ernesto Peña Garza obtuvo su jubilación (agosto de mil novecientos noventa y cinco) ya estaba vigente el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, en cuyo artículo 82 se establece el derecho que tienen los obreros de confianza a ser jubilados y, en la fracción IV, párrafo segundo, se establece claramente que el salario base de tal prestación es el que se detalla en el capítulo quinto del propio normativo que comprende los artículos 43 a 476 en los que sólo se incluyen como base del salario para la jubilación los siguientes conceptos: a) Ayuda para despensa; b) Fondo de ahorros; y, c) Renta de casa. Es decir, que en ninguna parte de ese capítulo se incluye la prestación que exige el trabajador.-Importa añadir que tratándose en el caso justiciable de una prestación no contemplada en el artículo 123 de la Constitución Federal ni en la Ley Federal del Trabajo, habrá de convenirse que es de naturaleza extralegal y en tales hipótesis la carga de la prueba corresponde al obrero y no al patrón; por lo que al estimar lo contrario la Junta responsable desacata la siguiente jurisprudencia establecida por este tribunal que le es obligatoria en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo: ‘PRESTACIONES EXTRALEGALES. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE.-Tratándose de prestaciones extralegales o extracontractuales, quien aduce su otorgamiento debe acreditar su procedencia, pues sería absurdo pretender que quien otorga una gracia debe además justificar que el beneficiario tiene derecho a recibirla. Ésta es la razón por la que, en casos como el presente, no tienen aplicación los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo; de suerte que las Juntas no tienen ninguna obligación de requerir al patrón para que exhiba la documentación respectiva.’ (página 73, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 54, junio de 1992).-Luego entonces, como la conducta de la responsable atenta no sólo contra lo que ordenan los artículos de la ley secundaria antes invocados, sino también contra las garantías que a favor de la quejosa consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, ello obliga a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal que se insta, para el solo efecto de que se deje insubsistente el laudo combatido y se dicte otro que se ajuste a los lineamientos de esta ejecutoria."
c) Amparo directo 653/96:
"SEXTO.-Son fundados en lo esencial los conceptos de violación que hace valer la paraestatal quejosa, encaminados a combatir los razonamientos que tuvo el tribunal obrero para condenarlo a integrar en la pensión jubilatoria otorgada al actor, los conceptos de bono de desempeño, tiempo extra adicional, renta de vehículo, gas, gasolina y canasta básica. Se afirma lo anterior porque tratándose en la especie de una prestación extralegal, que desde luego no se rige por la Ley Federal del Trabajo, como inexactamente lo apreció la Junta responsable sino, como acertadamente lo alega la quejosa, por el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, en cuyo artículo 82 se establece el derecho que tienen los obreros de confianza a ser jubilados, como es el caso del aquí tercero perjudicado y, tomando en cuenta que en la fracción IV, párrafo segundo, se consigna claramente que el salario base de tal prestación es el ordinario que se detalla en el artículo 42 en relación con los diversos 43 a 47 del propio normativo en los que sólo se incluyen como base del salario para la jubilación, los conceptos de salario tabulado; cuota fija y variable de fondo de ahorros; ayuda para despensa; fondo de ahorros y renta de casa, mismos que fueron considerados en la pensión jubilatoria (foja 130); es inconcuso que ningún derecho le asiste al actor de reclamar aquellos conceptos, simple y sencillamente porque en ninguna parte del citado capítulo quinto del reglamento de trabajo se incluyen éstos. Respalda el criterio anterior, la tesis que bajo el rubro de ‘BONO DE INCENTIVO AL DESEMPEÑO. NO SE INCLUYE EN EL SALARIO BASE PARA LA JUBILACIÓN DE TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PEMEX.’, sostuvo este cuerpo colegiado al fallar los juicios de amparo números 642/95 y 308/96 en sesiones de fechas veinticinco de septiembre y nueve de agosto del año en curso, respectivamente.-Importa destacar que es antijurídica por errónea y contraria a los principios de verdad sabida y buena fe guardada la interpretación que hace la Junta responsable de los artículos 396 y 184 de la Ley Federal del Trabajo pues omite considerar que el contrato colectivo de trabajo aplicable al caso, en su cláusula tercera, excluye de su regulación a los trabajadores de confianza; por lo que es ilegal la aplicación extensiva hecha por la responsable.-En congruencia con todo lo expuesto, habrá de convenirse que el laudo reclamado viola en perjuicio de la paraestatal quejosa, los principios de verdad sabida, buena fe guardada, seguridad jurídica y debido proceso, inmersos en los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, así como sus garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que obliga a otorgar la protección federal que se insta, para el solo efecto de que se deje insubsistente el acto reclamado y dicte otro que se ajuste a los lineamientos de esta ejecutoria."
d) Amparo directo 725/96:
"SEXTO.-Son fundados en lo esencial los conceptos de violación que hace valer la paraestatal quejosa, encaminados a combatir los razonamientos que tuvo el tribunal obrero para condenarlo a integrar en la pensión jubilatoria otorgada al actor, los conceptos de bono de desempeño, tiempo extra adicional, renta de vehículo, gas, gasolina y canasta básica. Se afirma lo anterior, porque tratándose en la especie de un trabajador de confianza y de prestaciones extralegales, es obvio que las relaciones de ese tipo de obreros con las empresas no se rigen por la Ley Federal del Trabajo como incorrectamente apreció la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5708-13fa5be2/petroleos-mexicanos-jubilacion-de-sus-trabajadores-de-confianza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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