PRUEBA CONFESIONAL EN MATERIA DE TRABAJO. SALVO EL CASO DE QUE EJERZAN FUNCIONES DE DIRECCION Y ADMINISTRACION, LOS VIGILANTES Y JEFES DE SEGURIDAD NO PUEDEN CITARSE A ABSOLVER POSICIONES EN NOMBRE DE LA PARTE PATRONAL.
CONTRADICCION DE TESIS 46/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día nueve de junio de mil novecientos noventa y cinco.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio recibido el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo 263/94, promovido por Jaime Agustín Sánchez Arce, remitió dicho expediente a fin de que se tramitara la posible contradicción entre la tesis sustentada por ese tribunal en la ejecutoria especificada y la establecida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, al resolver el amparo directo 784/88.
SEGUNDO. Por acuerdo de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, el presidente de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mandó formar y registrar el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis y solicitó del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito la remisión del expediente de amparo directo número 784/88.
Por auto de fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, el propio presidente de la entonces Cuarta Sala tuvo por recibido el expediente solicitado y ordenó pasar los autos al Procurador General de la República para que, por sí o por conducto del agente que designara, expusiera su parecer dentro del plazo de treinta días; y, devuelto que fuera, turnarse el asunto al Ministro Felipe López Contreras para que formulara el proyecto respectivo.
El agente del Ministerio Público Federal solicitó que se declare que debe prevalecer el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
Con motivo de la nueva integración de las Salas de este alto Tribunal, por acuerdo de veinticuatro de abril del año en curso, el presidente de esta Segunda Sala ordenó turnar el asunto al Ministro Mariano Azuela Güitrón, habiéndose recibido en su ponencia el diez de mayo siguiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 1/1995, puntos primero y segundo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de trece de febrero de mil novecientos noventa y cinco, dado que se trata de la denuncia de contradicción entre tesis que en amparos en materia laboral sustentaron el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.
SEGUNDO. Las consideraciones en que se basó el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo A.D. 263/94, el día cinco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, en lo que es materia de la contradicción que se denuncia, son las siguientes:
"TERCERO. El estudio de los anteriores conceptos de violación permite arribar a las siguientes consideraciones:
"El artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo textualmente señala: `Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios, y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos'. Pues bien, de lo que dispone tal norma jurídica es fácil entender que para que pueda citarse a alguien a absolver posiciones y que su dicho pueda vincular a la patronal, no basta que tal persona haya intervenido en los hechos que dieron origen al conflicto, ni que por razones de sus funciones les deban ser conocidos, sino que es menester que los absolventes ejerzan alguno de los cargos que tal precepto enuncia; luego, en el caso, no fue suficiente que Antonio May López, según relato del accionante, hubiera intervenido en los actos que estimó constitutivos del despido que narró, ya que dicha persona, por el puesto que desempeñaba en la empresa demandada -jefe de seguridad-, no ostentaba ninguno de los que prevé el transcrito artículo 787 de la ley de la materia. Más aún, si se tiene presente que las funciones concernientes al cargo de jefe de seguridad, manifiestamente, por su propia naturaleza, tampoco pueden estimarse como de aquellas que impliquen la dirección o administración de la fuente laboral, entonces debe considerarse que la apreciación que hizo la responsable para negar eficacia demostrativa a lo externado en el juicio por Antonio May López, no puede perjudicar a la empresa, aunque su declaración se haya obtenido a través de una prueba confesional, ya que un elemento de convicción recibido en contra de lo que manda la ley no produce beneficio alguno a su oferente, según la Jurisprudencia número 22 sustentada por este órgano colegiado, que puede consultarse en la Gaceta número 45 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: `PRUEBAS, CARECEN DE VALOR SI SE RECIBEN CONTRA EL TENOR DE LA LEY. Una prueba desahogada en contra de lo que manda la ley, no reporta beneficio a su oferente y así, su resultado no puede ser tomado en cuenta en apoyo a sus pretensiones'. Y como quiera que, lo plasmado en la presente ejecutoria, acerca de que no basta que a un empleado de la empresa en que laboraba el accionante se le impute haber intervenido en los hechos materia del conflicto, para que su declaración se reciba a través de una prueba confesional, sino que, para que su dicho se obtenga de tal manera y pueda obligar a la patronal, es menester que el absolvente desempeñe alguno de los cargos que refiere el artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo, difiere del criterio que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis que luego se transcribirá, procede, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 197-A, de la Ley de Amparo, denunciar la contradicción de tesis advertida. La tesis con la que se está en desacuerdo, invocada como apoyo de los conceptos de violación, aparece publicada en la página 713 del Informe correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, y textualmente dice: `CONFESIONAL EN MATERIA DE TRABAJO, A CARGO DE LOS VIGILANTES Y JEFES DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA, DEBE ADMITIRSE SI SE LES IMPUTARON HECHOS PROPIOS. Es ilegal el acuerdo que niega la admisión de la prueba confesional a cargo de los vigilantes y jefe de seguridad de una empresa demandada, si de los autos del juicio se desprende que el actor les imputó hechos propios, pues esto es suficiente para la admisión de la prueba, en términos de lo previsto por el artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo, sin que obste que los nombrados solamente ostenten las calidades precisadas, ya que la recta interpretación de la norma invocada lleva a concluir que es dable su citación aun cuando no sean directores, administradores o gerentes, siendo necesario únicamente que se les atribuyan hechos propios en la demanda'.
"En tal orden de ideas, se repite, si lo declarado en el juicio por Antonio May López, a través de una prueba que indebidamente se desahogó como confesional, sin que procediera su admisión en los términos propuestos y su resultado ningún beneficio le reporta al oferente, es claro que el proceder de la responsable, de negarle valor probatorio a tal probanza, no origina violación de garantías, ya que, se insiste, con base en su resultado no podía condenarse a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas con motivo del despido argüido.
"En otro aspecto,...".
TERCERO. La parte considerativa de la resolución pronunciada el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y nueve, por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en el amparo directo número 784/88, señala:
"CUARTO. El concepto de violación inicial, que refiere diversas infracciones de carácter procesal, es infundado en una parte, y fundado en otra, por lo siguiente:
"En principio, ninguna violación de garantías ocasiona al quejoso la determinación de la Junta que ordena recibir la confesión de la empresa demandada por conducto de su representante legal, y no a través de la persona propuesta por el actor oferente; toda vez que como se establece en el acuerdo del veinte de junio del año próximo pasado, no existe constancia en el sumario de que Arnoldo Sosa Olmeda ostente el cargo imputado por el demandante; al contrario, del testimonio allegado por el apoderado de la empresa patrona (fojas de la diez a la trece), se desprende que el cargo de representante legal recae en el ingeniero Miguel S. Morales Montemayor, quien finalmente es la persona que acude al desahogo de la prueba, y como de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 786 de la Ley Federal del Trabajo, la prueba confesional de las personas morales ha de recibirse por conducto de su representante legal, resulta apegado a derecho el proceder de la responsable a este respecto.
"Igual consideración amerita la decisión que desecha la prueba de inspección que refiere el quejoso, en tanto que si de acuerdo con los términos de su proposición (foja treinta y tres frente), dicho elemento de convicción tiende a acreditar la ubicación y distribución de los departamentos de vigilancia, de proyectos y de personal en la empresa demandada, es indiscutible, que su resultado ningún dato aportaría para demostrar si se ejerció o no la coacción moral y física alegada por el oferente, siendo intrascendente por tanto, en los términos de lo previsto por el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo.
"En cambio, como lo sostiene el quejoso en otra parte del motivo de inconformidad hecho valer, la responsable no está en lo justo al desechar las pruebas confesionales a cargo del gerente general, gerente de proyectos y gerente de recursos humanos de la empresa demandada, así como las relativas a los vigilantes y jefe de seguridad de la misma, toda vez que es inexacto que a las nombradas personas no se les impute hecho propio alguno, pues si bien se examina el escrito inicial de demanda, ha de advertirse la manifestación del trabajador en el sentido de que estuvo bajo la subordinación de los primeros, interviniendo los segundos en los hechos que afirma sucedieron el seis de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, según aclaración formulada en la audiencia de arbitraje (fojas uno y veintinueve), de ahí que si los absolventes propuestos reúnen las calidades de gerentes y se les imputan hechos propios en la demanda, en los términos de lo preceptuado por el artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo, deviene indiscutible la admisión de las pruebas anotadas, sin que obste para ello que el oferente no haya indicado el nombre del gerente general al proponer la prueba, pues contrario a lo estimado por la Junta, ello no constituye un requisito para la admisión de la prueba confesional, siendo erróneo también que la imputación de hechos propios a los absolventes se haya efectuado extemporáneamente, visto que como se ha establecido, los hechos aparecen en la demanda y en la primera intervención del actor en la audiencia de arbitraje, tendiente a aclarar el escrito inicial, y por ende, forman parte de la contienda.
"Cabe precisar, finalmente, que la circunstancia de que las últimas de las personas propuestas para absolver posiciones, ostentan las calidades de vigilantes y jefe de seguridad en la empresa demandada, no representa obstáculo alguno para la admisión de la prueba, por cuanto que la recta interpretación del contenido del artículo 787 de la ley laboral, permite concluir que es dable su citación aun cuando no sean directores, administradores o gerentes, ni ejerzan las funciones indicadas en la disposición; si, como sucede en el caso, se les atribuye hechos propios en la demanda.
"Al no haberlo determinado así la responsable, incurrió en la violación procesal contenida en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, afectando las defensas del quejoso, con trascendencia al laudo reclamado, pues al repararse la violación, existe la posibilidad de variar el sentido de éste, mismo que ahora le es adverso al trabajador.
"Por ello, como a virtud de la violación procesal en que incurrió la responsable, por su trascendencia que tuvo en el laudo, éste no se aviene a lo dispuesto por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, lo que implica además la violación de los artículos 14 y 16 constitucionales, en perjuicio del quejoso, sin necesidad de entrar al estudio del restante concepto de violación, por referirse al fondo del asunto, debe concederse el amparo solicitado para el efecto de que la Junta responsable reponga el procedimiento del juicio laboral, y proveyendo lo que corresponda para la admisión y recepción de la prueba confesional a cargo del gerente general, del gerente de proyectos y del gerente de recursos humanos de la empresa demandada, así como para las ofrecidas a cargo de los vigilantes y jefe de seguridad de la misma, con vista en el resultado, en nuevo laudo, resuelva lo que proceda en derecho en relación a las prestaciones reclamadas por el actor."
La anterior resolución del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito se emitió por mayoría de votos de los Magistrados Felipe García Cárdenas y Ernesto Rosas Ruiz, que fue el ponente, en contra del emitido por el Magistrado Leandro Fernández Castillo, quien lo hizo en los siguientes términos:
"Disiento de la mayoría en la parte de la ejecutoria que sostiene que la Junta responsable violó las reglas del procedimiento al desestimar las confesionales del jefe de seguridad y de los vigilantes de la empresa demandada, virtud a `que la recta interpretación del contenido del artículo 787 de la ley laboral, permite concluir que es dable la citación aun cuando no sean directores administrativos o gerentes, ni ejerzan las funciones indicadas en la disposición; si, como sucede en el caso, se les atribuyen hechos propios de la demanda'. Por una parte, se da un alcance indebido a la disposición supracitada, la cual otorga facultad a las partes para solicitar se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento. Y, por otra parte, se toma como premisa para el ejercicio válido de esa facultad el que se atribuya hechos propios a los posibles absolventes, no obstante que el numeral de referencia establece expresamente que procederá la citación cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos. En realidad, el artículo 787 no admite más interpretación que la derivada de su texto; es decir, que las partes podrán solicitar se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento. Luego, fuera de esos casos no procede la confesional. Esto tiene su razón de ser, en que la empresa, en sus relaciones con sus trabajadores, está representada únicamente por los citados funcionarios, y por ese motivo sólo la confesión de ellos le resultaría perjudicial a la misma como si hubiera sido la propia. De ahí que el artículo 11 de la ley laboral, al cual debe relacionarse el 787, prevea que los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. Considero, pues, que la responsable se ajustó a derecho al desestimar las confesionales del jefe de seguridad y de los vigilantes de la empresa demandada, que había ofrecido el aquí quejoso".
CUARTO. Como cuestión previa, debe establecerse si efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada.
Del análisis de las partes considerativas de las ejecutorias dictadas por los dos Tribunales Colegiados para apoyar sus criterios, se llega a la convicción que sí existe la contradicción de tesis denunciada.
En principio, si bien la Ley de Amparo prevé el procedimiento para que las Salas o, en su caso, el Pleno de este Tribunal decidan qué criterio debe prevalecer, con rango de jurisprudencia, respecto de tesis contradictorias, la propia ley no define o establece cuando se está en presencia de una contradicción de tesis; sin embargo, esta Sala considera que para ello es presupuesto indispensable que las tesis confrontadas se hayan externado en ejecutorias en las que se examinen situaciones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes, al analizar u omitir analizar los mismos elementos o al interpretar los mismos preceptos legales, ante casos concretos que se encuentren en similar situación jurídica, respecto al tema controvertido.
Luego, tomando en consideración que en los asuntos motivo de esta denuncia, ambos tribunales al interpretar los alcances del artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo llegan a conclusiones contradictorias, se está en el caso de dilucidar el criterio que debe prevalecer, puesto que mientras el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito sustenta que debe admitirse la prueba confesional a cargo de los vigilantes y jefes de seguridad de la empresa patronal, si se les imputan hechos propios, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito afirma que no basta que a los vigilantes o jefe de seguridad, de la empresa en que laboraba el accionante, se les impute haber intervenido en los hechos materia del conflicto, para que su declaración se reciba a través de una prueba confesional, sino que, para que su dicho se obtenga de tal manera y pueda obligar a la patronal, es menester que el absolvente desempeñe alguno de los cargos que refiere el artículo 787 de la Ley Federal del Trabajo.
Precisado lo anterior, este órgano colegiado considera que el criterio que debe prevalecer es el sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
En efecto, la prueba confesional en materia laboral se encuentra regulada en los artículos del 786 al 794 de la Ley Federal del Trabajo; los cuatro primeros, entre los que se encuentra el cuestionado, disponen:
"Artículo 786. Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para que concurra a absolver posiciones.
"Tratándose de personas morales la confesional se desahogará por conducto de su representante legal; salvo el caso a que se refiere el siguiente artículo."
"Artículo 787. Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios, y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser conocidos."
"Artículo 788. La Junta ordenará se cite a los absolventes personalmente o por conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que si no concurren el día y hora señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen."
"Artículo 789. Si la persona citada para absolver posiciones, no concurre en la fecha y hora señalada, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo anterior y se le declarará confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales."
De los preceptos legales transcritos se infiere que la referida ley autoriza a las partes a solicitar se cite a la contraria a absolver posiciones, estableciendo, como es lógico, que si se trata de personas morales dicha prueba se desahogue por conducto del representante legal, lo que constituye la regla general; además, como salvedad, admite citar a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, y a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios, y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razón de sus funciones les deban ser conocidos, con la sanción de que, satisfechos los requisitos legales, de no concurrir a su desahogo, se les declarará confesos de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales.
Todo lo anterior es congruente con la propia naturaleza de la prueba confesional, toda vez que sólo se puede ofrecer a cargo de la contraparte y si el trabajador es el oferente aquélla sólo podrá ser desahogada por la litigante patronal, entre quienes la ley incluye a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios, o que por razón de sus funciones les deban ser conocidos.
Lo precedente se encuentra acorde con los artículos 10 y 11 de la propia ley, que establecen quién es la parte patronal, y que a la letra dicen:
"Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.
"Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos."
"Artículo 11. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores".
Se sigue de lo anterior que si los vigilantes y jefes de seguridad de una empresa no ejercen funciones de dirección y administración, no pueden ser considerados representantes del patrón, por más que su labor sea cuidar los intereses patrimoniales de éste y que se les hayan atribuido los hechos que dieron origen al conflicto o bien que por razón de sus funciones les deban ser conocidos, puesto que su actuación no puede obligar al patrón; máxime, si se toma en cuenta que es un hecho notorio que existen empresas especializadas en prestar a otras el servicio de seguridad y vigilancia, por lo que su patrón inmediato puede no ser el demandado y de que, en caso de admitirse dicha probanza, de no concurrir a su desahogo se declararían confesos de las posiciones que se les hubieren articulado y calificado de legales, esto obviamente, no en su perjuicio sino en perjuicio de la parte patronal, lo cual desnaturalizaría la prueba en cuestión.
En efecto, siguiendo los principios fundamentales del derecho romano, donde existía el proloquio de que "el que confiesa se condena a sí mismo", la Ley Federal del Trabajo admite la prueba confesional, como el reconocimiento expreso o tácito, que hace una de las partes de hechos que le son propios, relativos a las cuestiones controvertidas y que le perjudican, a diferencia de las declaraciones de testigos, que, como no son parte en el juicio, su testimonio no produce efectos procesales en su contra y, por lo tanto, para hacerlos comparecer la Junta puede dictar las medidas necesarias.
Atento a todo lo manifestado, esta Sala establece, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, que el criterio que debe regir con carácter de jurisprudencia es el siguiente:
De conformidad con el artículo 786 de la Ley Federal del Trabajo, las partes pueden solicitar se cite a la contraria a absolver posiciones, estableciendo, como es lógico, que si se trata de personas morales, dicha prueba se desahogue por conducto del representante legal, lo que constituye la regla general; además, el artículo 787 permite citar a absolver posiciones personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, así como a los miembrosde la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios, y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razón de sus funciones les deban ser conocidos, lo cual es congruente con la naturaleza de la prueba confesional, toda vez que sólo se puede ofrecer a cargo de la contraparte. Por lo tanto, si los vigilantes y jefes de seguridad de una empresa no ejercen funciones de dirección y administración, no pueden ser considerados representantes del patrón, por más que su labor sea cuidar los intereses patrimoniales de éste y que se les hayan atribuido los hechos que dieron origen al conflicto o bien que por razón de sus funciones les deban ser conocidos; por tanto, su declaración en el juicio no puede, como confesional, obligar a la parte patronal.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto en los artículos 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 197-A de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO. Sí existe la contradicción de tesis denunciada, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.
SEGUNDO. Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en los términos aprobados por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO. Dése a conocer la presente resolución al Tribunal Pleno y a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los Tribunales Colegiados de Circuito de la República; y publíquese íntegramente en el Semanario Judicial de la Federación.
Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución a los tribunales contendientes de la presente contradicción y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente el Ministro Mariano Azuela Güitrón.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3107-bfb15602/prueba-confesional-en-materia-de-trabajo-salvo-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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