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Modo: Corpus Pro

UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ESTABLECIMIENTO DE. EL ARTICULO 127 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, NO ES INCONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/94. · Registro digital (IUS): 2134
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DE LA PROPIA ESPECIALIDAD DEL MISMO CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, , Pág. 63.

CONTRADICCION DE TESIS 3/94. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DE LA PROPIA ESPECIALIDAD DEL MISMO CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cuatro, turnado a la Segunda Sala de ese Alto Tribunal el veinte siguiente, el licenciado Genaro David Góngora Pimentel, Magistrado integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis que se da entre las sustentadas por el indicado Tribunal Colegiado y el Segundo de la misma especialidad, también del Primer Circuito, solicitando se determinara cuál debe prevalecer, escrito que a continuación se transcribe:

"Este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la sentencia recaída al amparo directo número 2553/93, promovido por Blanca Aurora Sánchez de la Fuente, resuelto en sesión del día cinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro, por unanimidad de votos, siendo ponente el Magistrado Genaro David Góngora Pimentel, sustentó la constitucionalidad del artículo 127 del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por no resultar violatorio de la fracción I del artículo 89 constitucional, porque su contenido no rebasa la facultad reglamentaria que el citado precepto constitucional otorga al titular del Ejecutivo Federal, esto es, que es legal la facultad que ostenta el secretario de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 127 referido para determinar el número, circunscripción territorial y la sede de las unidades administrativas regionales que especifica el propio reglamento, pues reglamenta específicamente, entre otros artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal los artículos 16 y 17 de esta misma ley, considerando que la facultad reglamentaria no es limitativa cuando se trata de proveer a la exacta observancia de la ley reglamentada, siempre que esta reglamentación no rebase el contenido de la propia ley, ya que debe atenderse a la intención del legislador al otorgar atribuciones a los titulares de los órganos de la Administración Pública Federal para que quienes gocen de esas atribuciones puedan ejercitarlas pudiendo el presidente de la República otorgarles atribuciones a fin de que desarrollen cabalmente las facultades que les otorgó el legislador. En la ejecutoria de mérito (misma que se acompaña a este escrito), se explican las consideraciones que tomó en cuenta este órgano colegiado para sostener este criterio. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo número 592/93, promovido por Novotex de México, Sociedad Anónima, bajo la ponencia del Magistrado Carlos Amado Yáñez, en sesión del día 16 de junio de 1993, sostuvo por unanimidad de votos la inconstitucionalidad del artículo 127 del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al considerar que ilegalmente el presidente de la República faculta al secretario de Hacienda y Crédito Público para que emita acuerdos en los que fije el número, circunscripción territorial y sede de las Unidades Administrativas Regionales, porque dichos actos propios de una autoridad pueden emanar del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo, pero nunca de un titular de una Secretaría de Estado por ello resulta violatorio de la fracción I del artículo 89 constitucional. Se anexa igualmente al presente copia de dicha ejecutoria. Conviene precisar que la contradicción de criterios radica, medularmente, en determinar si la facultad que otorgó el presidente de la República al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que emita acuerdos en los que determine el número, la circunscripción territorial, y sede de las Unidades Administrativas Regionales que prevé el propio reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es legal o si dicha facultad para adscribir o determinar el número, circunscripción territorial y sede de las unidades administrativas es exclusiva del Congreso de la Unión o del titular del Poder Ejecutivo y no puede otorgarse a los titulares de las Secretarías de Estado. En mérito de lo anterior, se hace la respectiva denuncia de criterios en los términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, conforme al cual en casos como el presente los magistrados de Circuito pueden hacer del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la divergencia de criterios, a fin de que se decida cuál de ellos debe prevalecer."

SEGUNDO. Por acuerdo de tres de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, el presidente de esta Segunda Sala ordenó formar el expediente relativo que quedó registrado con el número C.T. 3/94, y mandó se solicitara del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, copia certificada de la sentencia pronunciada en el amparo directo 592/93, promovido por Novotex de México, Sociedad Anónima y una vez recibidas, se diera nueva cuenta.

Cumplimentado lo anterior, el propio presidente de esta Segunda Sala en proveído de dieciséis de marzo, también de mil novecientos noventa y cuatro, se avocó al conocimiento del asunto y mandó se diera a conocer el mismo al procurador general de la República, por conducto del agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que dentro del término de tres días, si así lo estimara conveniente, emitiera el pedimento respectivo, y una vez cumplido ese requisito se turnara el expediente al señor Ministro ponente para la formulación del proyecto de resolución que correspondiera.

TERCERO. El agente del Ministerio Público Federal de la adscripción externó su parecer en el sentido de que debía prevalecer el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 197-A de la Ley de Amparo, ya que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas en sentencias ejecutorias pronunciadas en amparo directo, por diversos Tribunales Colegiados de Circuito.

SEGUNDO. Las consideraciones en que se apoyó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el amparo directo 2553/93, promovido por Blanca Aurora Sánchez de la Fuente, para estimar que el artículo 127 del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es violatorio del artículo 89, fracción I, constitucional, dicen:

"El segundo concepto de violación es infundado. En esencia, alega la quejosa que el artículo 127 transcrito es violatorio del artículo 89, fracción I constitucional porque el titular de una Secretaría de Estado no puede suscribir acuerdos en los que se fije el número, la circunscripción territorial y la sede de las Unidades Administrativas Regionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues éstos deben emanar del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo.

"El artículo 89, fracción I constitucional establece que:

"Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

"'I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia ...'

"La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretando la fracción I del artículo 89 constitucional ha establecido en relación con la facultad reglamentaria del presidente de la República lo siguiente:

'REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS. FACULTAD DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA EXPEDIRLOS. SU NATURALEZA. El artículo 89, fracción I, de nuestra Carta Magna, confiere al presidente de la República tres facultades: a) La de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión; b) La de ejecutar dichas leyes; y c) La de proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, o sea la facultad reglamentaria. Esta última facultad es la que determina que el Ejecutivo pueda expedir disposiciones generales y abstractas que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y complementando en detalle las normas contenidas en los ordenamientos jurídicos expedidos por el Congreso de la Unión. El reglamento es un acto formalmente administrativo y materialmente legislativo; participa de los atributos de la ley, aunque sólo en cuanto ambos ordenamientos son de naturaleza impersonal, general y abstracta. Dos características separan la ley del reglamento en sentido estricto: este último emana del Ejecutivo, a quien incumbe proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley, y es una norma subalterna que tiene su medida y justificación en la ley. Pero aun en lo que aparece común en los dos ordenamientos que es su carácter general y abstracto, sepáranse por la finalidad que en el área del reglamento se imprime a dicha característica, ya que el reglamento determina de modo general y abstracto los medios que deberán emplearse para aplicar la ley a los casos concretos.'

"Por otro lado, la tesis número 104, visible en la página 100 del Informe de Labores que rindió el presidente de la Suprema Corte en el año de 1984, nos informa que:

'FACULTAD REGLAMENTARIA. INCLUYE LA CREACION DE AUTORIDADES Y LA DETERMINACION DE LAS QUE ESPECIFICAMENTE EJERCEN LAS FACULTADES CONCEDIDAS. Está dentro de la facultad reglamentaria otorgada al presidente de la República por el artículo 89, fracción I, de la Constitución, el crear autoridades que ejerzan las atribuciones asignadas por la ley de la materia a determinado organismo de la administración pública; igualmente, se encuentra dentro de dicha facultad el determinar las dependencias u órganos internos especializados a través de los cuales se deben ejercitar las facultades concedidas por la ley a un organismo público, pues ello significa proveer a la exacta observancia de la ley reglamentada. Además, al tratarse de un organismo que forma parte de la administración pública, aun cuando sea un órgano descentralizado, es precisamente el presidente de la República, titular de esa administración, quien constitucionalmente está facultado (artículo 89, fracción I), para determinar los órganos internos que ejercerán las facultades otorgadas por la ley a efecto de hacer posible el cumplimiento de esta.'. Tesis de jurisprudencia número 404, visible en la página 709, del Tomo III del Apéndice de jurisprudencia al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985.

"Luego entonces, si la facultad reglamentaria que le otorga la fracción I del artículo 89 constitucional al presidente de la República tiene como finalidad primordial la de promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión, la de ejecutar éstas y la de proveer a la exacta observancia en la esfera administrativa, es claro que el titular del Ejecutivo Federal para satisfacer cabalmente el cumplimiento de esta disposición constitucional, puede dentro de esta facultad otorgar a los secretarios de Estado facultades que tiendan a satisfacer el pleno desarrollo de las atribuciones que les otorga la ley reglamentada, en acatamiento a la exacta observancia de las leyes que expide el legislador.

"Ahora bien, el artículo 127 del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispone:

'La secretaría, para el mejor desempeño de sus facultades, contará con unidades administrativas regionales, en el número, con la circunscripción territorial y en la sede que se fije en los acuerdos del secretario. Las materias y facultades de estas unidades se establecen en este reglamento o se fijarán en los acuerdos de delegación de facultades del secretario.'

"De este precepto se infiere la facultad al secretario de Hacienda y Crédito Público para determinar el número, la circunscripción territorial y la sede de las unidades administrativas regionales que se especifican en el propio reglamento.

"Así entonces, si el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue expedido con fundamento en la fracción I del artículo 89 constitucional y en los artículos 14, 16, 17, 18 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que disponen:

'Artículo 14. Al frente de cada secretaría habrá un secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. En los juicios de amparo, el presidente de la República podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponde el asunto, según la distribución de competencias.'

'Artículo 16. Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refieren los artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. En los casos en que la delegación de facultades recaiga en jefes de oficina, de sección y de mesa de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, aquéllos conservarán su calidad de trabajadores de base en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los propios titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos también podrán adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las subsecretarías, Oficialía Mayor, y a las otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior. Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades administrativas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.'

'Artículo 17. Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.'

'Artículo 18. En el reglamento interior de cada una de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, que será expedido por el presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias.'

'Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

'I. Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la participación de los grupos sociales interesados, el plan nacional correspondiente;

'II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación, del Departamento del Distrito Federal y de las entidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito y la sanidad financiera de la administración pública federal;

'III. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal;

'IV. Dirigir la política monetaria y crediticia;

'V. Manejar la deuda pública de la Federación y del Departamento del Distrito Federal;

'VI. Realizar o autorizar todas las operaciones en que se haga uso del crédito público;

'VII. Planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende al Banco Central, a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito;

'VIII. Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones y actividades auxiliares del crédito;

'IX. Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las dependencias responsables de los sectores correspondientes y administrar su aplicación en los casos en que no competa a otra secretaría;

'X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y con la participación de las dependencias que corresponda;

'XI. Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales;

'XII. Dirigir los servicios aduanales y de inspección y la policía fiscal de la Federación;

'XIII. Representar el interés de la Federación en controversias fiscales;

'XIV. Proyectar y calcular los egresos del Gobierno Federal y de la Administración Pública Paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional;

'XV. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y presentarlos, junto con el del Departamento del Distrito Federal, a la consideración del Presidente de la República;

'XVI. Evaluar y autorizar los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

'XVII. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera la vigencia y evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los presupuestos de egresos;

'XVIII. Formular la cuenta anual de la Hacienda Pública Federal;

'XIX. Coordinar y desarrollar los servicios nacionales de estadística y de información geográfica; establecer las normas y procedimientos para la organización, funcionamiento y coordinación de los sistemas nacionales estadísticos y de información geográfica, así como normar y coordinar los servicios de informática de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

'XX. Fijar los lineamientos que se deben seguir en la elaboración de la documentación necesaria para la formulación del informe presidencial e integrar dicha documentación;

'XXI. Establecer normas y lineamientos en materia de administración de personal, obras públicas y adquisiciones de bienes muebles de la Administración Pública Federal;

'XXII. Dictaminar las modificaciones a la estructura orgánica básica de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

'XXIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación;

'XXIV. (Derogada), y

'XXV. Los demás que le atribuyen expresamente las leyes y reglamentos.'

"Es obvio que la emisión de este reglamento se expidió en exacta observancia de una ley pues su artículo 127 reglamentario de los artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en los que el legislador otorgó facultades a los secretarios de Estado y jefes de Departamentos Administrativos para adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en los reglamentos interiores correspondientes, lo que significa que las facultades que se otorgan al secretario de Hacienda y Crédito Público en el aludido artículo 127, obedecen a una exacta observancia de la ley reglamentada.

"Luego entonces, si la facultad reglamentaria de que goza el titular del Ejecutivo Federal, en términos de la fracción I del artículo 89 constitucional, le permite crear órganos de autoridad y determinar sus facultades, a fin de que los órganos que integran la Administración Pública Federal puedan realizar una exacta observancia de las leyes que los rigen, dentro de esta facultad reglamentaria se encuentra la de otorgar las facultades necesarias a los titulares de las dependencias de dicha administración, a efecto de que puedan desarrollar las atribuciones que les ha conferido el propio legislador, según las necesidades de esas atribuciones.

"Ello es así, si estimamos que la facultad reglamentaria no debe ser limitativa, cuando se trata de proveer a la exacta observancia de las leyes, porque para que exista la exacta observancia a las leyes reglamentadas se deben dar los elementos necesarios e idóneos a fin de que éstas se cumplimenten en su aplicación a través de la reglamentación, siempre que no se rebase el contenido de la propia ley.

"Consecuentemente, si una de las finalidades de la reglamentación de la ley es explicitar y detallar la ley reglamentada, ello significa que al reglamentarse éstas debe atenderse a la intención que plasmó el legislador al otorgar atribuciones a los titulares de los órganos del Estado para que quienes gocen de esas atribuciones puedan efectuarlas cabalmente, mediante el otorgamiento de facultades que tienden al eficaz desempeño de dichas atribuciones; facultades que pueden ser otorgadas por el presidente de la República a través de la facultad reglamentaria que ostenta, si éstas quedan comprendidas dentro de las atribuciones reglamentadas. Así tenemos que, si de la lectura de los artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se infiere la facultad a los secretarios de Estado y jefes de Departamentos Administrativos para adscribir orgánicamente las unidades administrativas que se establezcan en los respectivos reglamentos interiores de cada secretaría de Estado y Departamento Administrativo, las facultades que les otorgue el presidente de la República tendientes al debido cumplimiento de la adscripción como son el que a través de acuerdos que emitan determinen el número, la circunscripción territorial y la sede de las unidades administrativas (administraciones locales o regionales), es legal, sin que se transgreda de modo alguno la fracción I del artículo 89 constitucional, porque el término adscribir implica atribuir algo a un destino según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo que implica dentro del ámbito jurídico el que se estructure orgánica y delimitadamente la integración de las dependencias públicas con sus respectivas competencias y limitaciones territoriales.

"Entonces, si el término adscribir significa atribuir a un destino, para que el secretario de Hacienda y Crédito Público pueda adscribir orgánicamente las administraciones regionales o locales a que se refiere el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su artículo 127, resulta necesario que se le otorguen facultades para especificar el número, la circunscripción territorial y la sede en que habrán de quedar ubicadas para que de este modo se dé la exacta observancia a lo dispuesto en los citados artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

"Sin que deba considerarse que dichas facultades son de la exclusiva competencia del Congreso de la Unión ni del presidente de la República, ya que estas facultades quedan comprendidas dentro del término 'adscribir orgánicamente', resultando así una debida reglamentación a dicha ley, pues no exceden lo dispuesto en los preceptos reglamentados.

"Concluyendo, el primer párrafo del artículo 127 del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al disponer que el secretario de Hacienda y Crédito Público puede emitir acuerdos en los que determine el número, circunscripción territorial y la sede de las unidades administrativas de dicha dependencia no es violatorio del artículo 89, fracción I de la Constitución General de la República porque el presidente de la República dentro de la facultad reglamentaria de que goza tiene facultad legal para otorgarle las facultades necesarias y tendientes a la exacta observancia de la ley, pues es una forma de proveer al debido cumplimiento de las facultades que el legislador otorgó en los artículos 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que para que proceda la adscripción de unidades administrativas se requiere necesariamente de la determinación de un número, circunscripción territorial y sede en que habrán de ubicarse. Estimar lo contrario, no obstante que estas facultades no son privativas ni del Congreso de la Unión ni del Ejecutivo Federal, implicaría desconocer esta atribución que el propio legislador otorgó a los secretarios de Estado y jefes de Departamento Administrativo para un mejor desempeño y eficacia de sus funciones para con el gobernado."

TERCERO. A su vez, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 592/93, promovido por Novotex de México, Sociedad Anónima, consideró, por el contrario, que el artículo 127 del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es inconstitucional al transgredir el artículo 89, fracción I, constitucional, apoyándose al efecto, en las siguientes consideraciones:

"SEXTO. Sin embargo, es fundado el concepto de violación dirigido a combatir la inconstitucionalidad del artículo 127 del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de mil novecientos ochenta y nueve. En efecto el artículo en cita dice: 'ARTICULO 127. La secretaría, para el mejor desempeño de sus facultades, contará con Unidades Administrativas Regionales, en el número, con la circunscripción territorial y en la sede que se fije en los acuerdos del secretario. Las materias y facultades de estas unidades se establecen en este reglamento o se fijarán en los acuerdos de delegación de facultades del secretario.'. De lo anterior se advierte que el artículo transcrito viola el diverso 89, fracción I, constitucional, en atención a que el presidente de la República faculta al secretario de Hacienda y Crédito Público, para que emita acuerdos en los que fije el número, con la circunscripción territorial y sede de las Unidades Administrativas Regionales; delegación del todo ilegal pues dichos elementos propios de una autoridad, pueden emanar del Congreso de la Unión o del Poder Ejecutivo, pero nunca de un acuerdo suscrito por el titular de una Secretaría de Estado; de ahí que el artículo en comento resulta contrario a la Carta Magna; y consecuentemente, el acuerdo 101-187 publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, emitido por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con apoyo en el dispositivo legal que se comenta, contenido en el reglamento citado, en atención a que en aquél se señala la circunscripción territorial de la Administración Fiscal Federal del Oriente del Distrito Federal, superior jerárquico de la que depende el subadministrador general técnico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del que le deviene la competencia por formar parte de esa Unidad Administrativa."

CUARTO. De lo expuesto se desprende que en el caso sí se da la contradicción de tesis denunciada, la cual radica, esencialmente, en determinar si la facultad que conforme al artículo 127 del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el presidente de la República otorgó al titular del ramo de que se trata, para emitir acuerdos en los que fije el número, circunscripción territorial, y sede de las Unidades Administrativas Regionales que prevé el propio reglamento interior, es legal o no, teniendo en cuenta lo establecido por la fracción I, del artículo 89 constitucional.

Así sintetizada la materia de la presente contradicción de tesis, es de decirse que debe prevalecer el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En efecto, el problema de constitucionalidad que contemplan las ejecutorias antes precisadas, ya fue analizado por el Pleno de este Alto Tribunal al resolver, con fecha veinte de enero de mil novecientos noventa y cuatro, el amparo en revisión número 168/92, promovido por Intercambio Mosert, Sociedad Anónima de Capital Variable, ejecutoria en la que negó a la quejosa la protección federal solicitada en lo que atañe al artículo 127 del reglamento interior multicitado, por considerar que no es violatorio del artículo 89, fracción I de la Constitución General de la República, razonamientos que hace suyos esta Segunda Sala y que a continuación se transcriben:

"SEXTO. En los conceptos de violación segundo y sexto, mismos que se estudian de manera conjunta dada su estrecha vinculación, la parte quejosa alega, en síntesis, que los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 127 del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resultan violatorios de los artículos 80, 89, fracción I, y 90 constitucionales, pues las autoridades deben ser creadas por leyes expedidas por el Congreso de la Unión o por reglamentos expedidos por el presidente de la República y los preceptos impugnados permiten, el 127 del reglamento, que a través de un acuerdo del secretario de Hacienda y Crédito Público se determine la circunscripción territorial de las unidades administrativas de esa dependencia, y el 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, deja abierta la posibilidad de que a través de un simple acuerdo de un secretario de Estado se establezca, no sólo la competen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2134-08e8bb22/unidades-administrativas-establecimiento-de-el-articulo-127-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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