COMPROBANTES FISCALES. REQUISITOS DE LOS, PARA EFECTOS DE DEDUCCION O ACREDITAMIENTO.
CONTRADICCION DE TESIS 43/93. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO Y SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por oficio 253/93, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, denunció la probable contradicción de tesis existentes en la que sustentó dicho órgano al resolver la revisión fiscal 48/93, que dio lugar a la tesis bajo el rubro: "DEDUCCIONES O ACREDITAMIENTOS FISCALES. DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.", y, la sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 309/91, que originó la tesis 328-A, bajo el texto de: "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. COMPROBANTES PARA SU ACREDITAMIENTO. OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS.".
SEGUNDO.-En acuerdo de veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, el presidente de esta Sala ordenó que, con tal oficio y sus anexos, se formara y registrara el expediente relativo; además, mandó pedir al presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito copia certificada del fallo que se emitió en el amparo directo 309/91.
El secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito hizo llegar la documentación solicitada con oficio II-26/94, de fecha once de enero de mil novecientos noventa y cuatro.
TERCERO.-Mediante proveído de siete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, el presidente de esta Segunda Sala declaró que ésta era competente para conocer de la contradicción de tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, y dispuso que se avocara al conocimiento, y que se comunicara tal determinación al procurador general de la República.
El agente del Ministerio Público Federal designado por el titular de la representación social para intervenir en este asunto, en su pedimento respectivo, de cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro, expresó que debe prevalecer el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.
Por auto del presidente de esta Sala de veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, se dispuso turnar el asunto al Ministro ponente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentadas en juicios de amparo en materia administrativa, por diversos Tribunales Colegiados de Circuito.
SEGUNDO.-Las tesis referidas en el resultando primero de esta resolución, son las siguientes:
I. "DEDUCCIONES O ACREDITAMIENTOS FISCALES. DOCUMENTOS COMPROBATORIOS.-De una simple interpretación gramatical de los artículos 29 del Código Fiscal de la Federación, 36 de su reglamento y 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el año de mil novecientos noventa, se podría llegar a pensar, prima facie, que la procedencia de las deducciones o acreditamientos en favor de los obligados al pago del impuesto al valor agregado, está condicionada a que los comprobantes en que se fundan, colmen todos y cada uno de los requisitos señalados en tales preceptos y que, la omisión de alguno o algunos de estos, ipso facto, invalida la eficacia legal de aquéllos para efectos de la deducción; sin embargo, a la luz de una verdadera exégesis judicial, no se produce la alternativa apuntada, pues calando más a fondo, se descubre que la procedencia del acreditamiento pende de la realización cierta de la operación mercantil relativa a la obtención de un bien o uso de un servicio consignada en el documento comprobatorio en que se funda, y esa es la intención del legislador plasmada en el párrafo segundo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, al establecer una obligación concreta a cargo de quien solicita la deducción, limitada a cerciorarse que el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien expida dichos comprobantes, son los correctos. Cierto es que el párrafo primero del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, disponen que los comprobantes sean requisitados en términos del reglamento del Código Fiscal, que en su artículo 36 enumera una serie de requisitos, ampliando los señalados por el párrafo segundo del numeral 29; sin embargo, esa obligación atañe exclusivamente a quienes los expiden con motivo de las actividades que realizan, en tanto así lo establecen expresamente los dos primeros preceptos y, consecuentemente, corresponde a la autoridad fiscal vigilar el cabal cumplimiento de la citada obligación, cuya inobservancia en modo alguno le depara perjuicio a quien recibe los comprobantes por la obtención de un bien o servicio y con base en ellos peticiona el acreditamiento, tanto porque no lo prevén las hipótesis normativas en comento, como porque, se insiste, el deber de quien lo solicita se limita a lo consignado en el párrafo segundo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación."; y,
II. "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. COMPROBANTES PARA SU ACREDITAMIENTO. OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS.-De la lectura de los artículos 29 del Código Fiscal y 36 del reglamento respectivo (vigente en mil novecientos ochenta y ocho), se desprende que los obligados al pago del impuesto al valor agregado, así como las personas que realicen los actos y actividades gravados por este impuesto, tienen la obligación de expedir comprobantes señalando, además de los requisitos que establece el invocado código tributario y su reglamento, el impuesto que se traslade, expresamente y por separado, de tal manera, si la obligación de expedir los comprobantes debidamente requisitados quede a cargo, entre otros, de quien presta el servicio, la correlativa carga de quien lo recibe es verificar que esa traslación conste en un documento que reúna los requisitos legales correspondientes, pues de lo contrario, no pueden servir para justificar el impuesto acreditable. Razonar en contrario y pretender que la omisión en el cumplimiento de esos requisitos no puede deparar perjuicios, no sólo implicaría dar validez a actos realizados en contravención a las disposiciones fiscales, sino también recompensar el descuido del contribuyente en detrimento de la Hacienda Pública y, al final de cuentas, de los propios gobernados."
TERCERO.-En la revisión fiscal 48/93, que dio lugar a la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, se sostuvo lo siguiente:
"...Tercero: Es procedente el recurso de revisión interpuesto, en tanto se surten los requisitos de importancia y trascendencia a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 248, del Código Fiscal de la Federación, por tratarse de la interpretación del artículo 29 del citado ordenamiento legal, así como del diverso numeral 36 de su reglamento, vigente en mil novecientos noventa, pues en la sentencia recurrida la Sala Fiscal expresa consideraciones estableciendo el sentido y alcance de tales preceptos, en cuanto sostiene que si bien es cierto que del análisis del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación se desprende que los comprobantes fiscales que se utilicen para efectos de una devolución o acreditamiento deberán contener los requisitos a que se refiere el reglamento del mencionado ordenamiento (artículo 36), también lo es que el espíritu del legislador al exigir requisitos en los comprobantes fiscales, se encuentra encaminado a determinar hasta donde sea posible, si la operación mercantil consistente en la obtención de un bien o en el uso de un servicio, fue realmente realizada. Establecida la procedencia del presente recurso, ha lugar a examinar los agravios que la autoridad demandada inconforme expresa en contra de la sentencia combatida, mismos que resultan infundados. En efecto, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos noventa, en lo conducente, establece: 'Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por las actividades que se realicen, dichos comprobantes deberán reunir los requisitos que señale el reglamento de este código. Las personas que adquieran bienes o usen servicios deberán solicitar el comprobante respectivo. Para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior, quien los utilice deberá cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien aparece en los mismos, son correctos...'. El diverso numeral 36 del reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos noventa, señala: 'Los comprobantes a que se refiere el artículo 29 del código, deberán reunir los requisitos siguientes: I. Nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida. II. Número de folio, lugar y fecha de expedición. III. Nombre, denominación o razón social y domicilio de la persona a favor de quien se expidan. IV. Cantidad y clave de mercancías o descripción del servicio que amparen. V. Valor unitario e importe total consignado en número y letra, así como el monto de los impuestos que en términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, en su caso. VI. Número y fecha del documento aduanero así como aduana por la cual se realiza la importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación'. Asimismo, el artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en mil novecientos noventa, dispone: 'Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos y actividades a que se refiere el artículo 2 A, tienen además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta ley, las siguientes ... III. Expedir comprobantes señalando en los mismos, además de los requisitos que establezcan el Código Fiscal de la Federación y su reglamento ...'. Ahora bien, de una simple interpretación gramatical de los artículos 29 del Código Fiscal de la Federación, 36 de su reglamento y 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigentes en el año de mil novecientos noventa, se podría llegar a pensar, prima facie, que la procedencia de las deducciones o acreditamientos en favor de los obligados al pago del impuesto al valor agregado, está condicionada a que los comprobantes en que se fundan, colmen todos y cada uno de los requisitos señalados en tales preceptos y que, la omisión de alguno o algunos de éstos, ipso facto, invalida la eficacia legal de aquéllos para efectos de la deducción; sin embargo, a la luz de una verdadera exégesis judicial, no se produce la alternativa apuntada, pues calando más a fondo, se descubre que la procedencia del acreditamiento pende de la realización cierta de la operación mercantil relativa a la obtención de un bien o uso de un servicio consignada en el documento comprobatorio en que se funda, y esa es la intención del legislador plasmada en el párrafo segundo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, al establecer una obligación concreta a cargo de quien solicite la deducción, limitada a cerciorarse que el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien expida dichos comprobantes, son los correctos. Cierto es que el párrafo primero del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, disponen que los comprobantes sean requisitados en términos del reglamento del Código Fiscal que, en su artículo 36 enumera una serie de requisitos, ampliando los señalados por el párrafo segundo del numeral 29; sin embargo, esa obligación atañe exclusivamente a quienes los expiden con motivo de las actividades que realizan, en tanto así lo establecen expresamente los dos primeros preceptos y consecuentemente, corresponde a la autoridad fiscal vigilar el cabal cumplimiento de la citada obligación, cuya inobservancia en modo alguno le depara perjuicio a quien recibe los comprobantes por la obtención de un bien o servicio y con base en ellos peticiona el acreditamiento, tanto porque no lo prevén las hipótesis normativas en comento, como porque, se insiste, el deber de quien lo solicita se limita a lo consignado por el párrafo segundo del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Lo expuesto permite concluir que, en contra de lo alegado por la autoridad recurrente, la Sala Fiscal hizo una correcta interpretación del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y 36 de su reglamento, al establecer que la intención del legislador en materia de comprobantes fiscales para efectos de una deducción o acreditamiento está dirigida a establecer, hasta donde sea posible, la certeza de la obtención de un bien o servicio; luego, si con base en ello estimó que procedían las deducciones solicitadas por el actor, en tanto las facturas exhibidas, justifican la certeza de las operaciones mercantiles efectuadas por éste y que la omisión de los requisitos invocados por la autoridad demandada (número de folio, domicilio de la persona a quien se expiden e importe consignado en letra) no ponen en duda la veracidad de las operaciones efectuadas por el contribuyente; entonces, es acertado su proceder al declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la referida autoridad emita una nueva en la que acepte como deducibles las facturas precisadas en las fojas tres a la dieciséis de la liquidación a debate."
CUARTO.-En el amparo directo 309/91, que motivó la tesis 328-A, el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito consideró lo siguiente:
"...Quinto.-Los conceptos de violación antes transcritos son parcialmente fundados. La quejosa sostiene que conforme al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, debe aplicarse la ley vigente en el momento de la causación del impuesto, y que la autoridad responsable en vez de aplicar el Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos ochenta y ocho, invocó como fundamento de la sentencia combatida el precepto vigente en la fecha en que la dictó, siendo que el primer ordenamiento legal en cita no contempla la hipótesis prevista en el artículo 29 de dicho cuerpo legal, lo que implica que está aplicando retroactivamente una ley en su perjuicio. Estas argumentaciones y todas las que en torno a las mismas se hacen, resultan inoperantes, ya que no se hicieron valer ante la Sala responsable y, por lo mismo, no pudieron ser tomadas en consideración; de ahí que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de razonamientos de los que no conoció la responsable por no haberle sido propuestos a la misma, no obstante de que tenía oportunidad de hacerlo. Esto es así porque desde la resolución emitida por la autoridad hacendaria ahora tercero perjudicado e impugnada en el inciso generador del acto reclamado, se estableció que la documentación exhibida por la contribuyente y con la que pretendía acreditar en forma indebida el impuesto al valor agregado, no reunía los requisitos establecidos en los artículos 29 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 36 del reglamento respectivo, así como del 4 y 32, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Por tanto, las argumentaciones referidas resultan inatendibles. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 39 de este Tribunal Colegiado, que dice: 'CONCEPTO DE VIOLACION EN EL AMPARO DIRECTO. INEFICACIA DE LOS ARGUMENTOS NO PROPUESTOS A LA SALA FISCAL RESPONSABLE.' (La transcribe). Es conveniente precisar que el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos ochenta y ocho expresamente establecía que los comprobantes que se expidan por las actividades que se realicen deben reunir los requisitos que señale el reglamento de dicho código. Por otra parte, el artículo 36 del referido reglamento establece que dichos comprobantes deben reunir los siguientes requisitos: a) Nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida; b) Número de folio, lugar y fecha de expedición; c) Nombre, denominación o razón social y domicilio de la persona a favor de quien se expidan; d) Cantidad y clase de mercancía o descripción del servicio que amparen; y, e) Valor unitario o importe total consignado en número y letra, así como el monto de los impuestos. Por consiguiente, debe estimarse que no existe retroactividad en la aplicación de la ley en perjuicio de la quejosa, ya que en el momento en que se dio el hecho generador del crédito fiscal ya se encontraban vigentes disposiciones que contemplaban los requisitos relativos a los comprobantes con los que pretendió demostrar el acreditamiento indebido. La Sala responsable estima que conforme al artículo 29, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación, para poder deducir o acreditar un impuesto con base en los comprobantes de referencia, deberá cerciorarse quien los utilice, que se cumplió con los requisitos mencionados. Ahora bien, este párrafo efectivamente se modificó a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y por ello, no debió aplicarse; sin embargo, ello no es motivo para la concesión del amparo solicitado, puesto que de cualquier modo las otras consideraciones vertidas en su fallo, relativas a la satisfacción de los requisitos antes señalados subsistirían para declarar válida la resolución impugnada. En otras palabras, conforme al artículo 29, párrafo segundo, del ordenamiento legal en cita, vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa, el contribuyente está obligado a cerciorarse de la veracidad del nombre, denominación o razón social de la persona física o moral que expida los comprobantes, así como de la autenticidad de la clave del Registro Federal de Contribuyentes, lo que el código vigente al momento de causarse el impuesto no exigía, empero, eso no implica que los comprobantes rechazados por la autoridad hacendaria no debían reunir los requisitos que señalaban las disposiciones fiscales vigentes en esa época, pues son dos cosas completamente distintas; de ahí que con el cercioramiento o sin el cercioramiento de los datos mencionados, si en el caso concreto la documentación comprobatoria no cumplía los requisitos a que se ha hecho alusión, fue correcto que los mismos se desestimaran para el acreditamiento que se pretendía. Además, de la lectura de los artículos 29 del Código Fiscal de la Federación, 36 del reglamento respectivo, 4 y 32, fracción II, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se debe convenir con la Sala Fiscal responsable en el sentido de que los obligados al pago del impuesto respectivo, tenía obligación de expedir comprobantes debidamente requisitados, en los que además de contener los requisitos en cuestión, deben señalar también el impuesto que se traslada expresamente y por separado; de tal manera que si la obligación de expedir dichos comprobantes queda a cargo, entre otros, de quien preste el servicio, la correlativa carga de quien los recibe es verificar que esa traslación conste en un documento que reúna los requisitos legales correspondientes, pues de lo contrario no pueden servir para acreditar un impuesto, ya que razonar en contrario y pretender que la omisión en el cumplimiento de esos requisitos no pueda deparar perjuicios a quien los exhiba ante las autoridades hacendarias, no sólo implicaría dar validez a actos realizados en contravención de las disposiciones tributarias sino también recompensar el descuido del contribuyente que recibe los comprobantes, y ello sería en detrimento de la Hacienda Pública, y al final de cuentas, de los propios gobernados, ya que no contaría con todos los servicios públicos a que deben destinar las contribuciones respectivas. Debiendo precisar que dicha verificación de la documentación debidamente requisitada no implica que el contribuyente que la reciba tenga que cerciorarse de la veracidad de los datos contenidos en los comprobantes de que se trata, pues esta obligación surge hasta el código tributario que entró en vigor en mil novecientos noventa. En estos mismos términos se ha pronunciado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en su tesis número 8, visible en las páginas 109 y 110, de la Tercera Parte, Volumen I, del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su presidente, al terminar el año de mil novecientos ochenta y nueve, en los siguientes términos: 'IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. COMPROBANTES DE SU TRASLACION. OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS.' (La transcribe). Este Tribunal Colegiado estima correcto el criterio de la Sala Fiscal, en cuanto a que la ahora quejosa no cumplió con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que dice: 'Cuando en la declaración el pago provisional mensual resulte saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución mensual siempre que, en este último caso, se trate de contribuyentes dedicados a la agricultura, ganadería, avicultura o pesca, así como cuando derive de inversiones relacionadas directamente con actividades empresariales, para la construcción o adquisición de inmuebles e instalaciones, maquinaria y equipo, gastos e inversiones en períodos preoperativos, así como los bienes o servicios a que se refiere el artículo 29 de esta ley cuando unos u otros se exporten. Los saldos que resulten a favor del contribuyente en la última declaración mensual de su ejercicio no se podrán acreditar en declaraciones posteriores. Si en la declaración del ejercicio el contribuyente tuviera cantidades a su favor, podrá acreditarlas en declaraciones mensuales posteriores o solicitar su devolución total. Los saldos cuya devolución se solicite no podrán acreditarse en declaraciones posteriores'; precepto que se relaciona con el diverso 12, último párrafo, del reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que dispone: 'Cuando en la declaración de pago provisional de que se trate se omita el acreditamiento correspondiente, éste podrá llevarse a cabo en la declaración del mes siguiente del mismo ejercicio o, en su defecto, únicamente hasta que se presente la declaración del ejercicio. Lo dispuesto en este párrafo es sin perjuicio del derecho que tienen los contribuyentes de presentar declaraciones complementarias.'. En efecto, si la última declaración mensual del ejercicio arroja un saldo a favor del contribuyente, no debe acreditarlo en la declaración mensual posterior; en el caso concreto, el saldo favorable que obtuvo la contribuyente en la última declaración mensual de su ejercicio de mil novecientos ochenta y siete, indebidamente lo acreditó en la declaración del mes de enero de mil novecientos ochenta y ocho; y si la contribuyente realizó un acreditamiento no permitido por la ley, esto trae como consecuencia, además de un acreditamiento indebido que es legalmente rechazado por la autoridad hacendaria, un beneficio a la propia contribuyente al no pagar el impuesto que le corresponde, obteniendo con tal conducta un provecho económico. Como correctamente lo estimó la Sala Fiscal, la resolución por virtud de la cual se determinó la situación fiscal del quejoso respecto del impuesto indirecto que se analiza, emitida por la autoridad demandada ahora tercero perjudicado, sí está debidamente fundada y motivada, ya que como la propia actora hoy quejoso lo reconoce, el artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado es el precepto que señala el caso de excepción para poder acreditar el impuesto que resulte a favor de un contribuyente en el último mes del ejercicio, en la declaración mensual posterior; de ahí que resulta evidente que sí obtiene un beneficio indebido, ya que esa actuación limita a las autoridades hacendarias a percibir el impuesto que tenía que cubrir la contribuyente. Dicho lo anterior en otras palabras, al haber acreditado el impuesto en la forma en que lo hizo, la actora omitió pagar la contribución que a su cargo resultara y ello redundó en un beneficio económico para ella y en un perjuicio para el fisco y, en consecuencia, en este aspecto carece de razón. Por lo demás, la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo no viola en su perjuicio la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, debiendo destacarse que la autoridad hacendaria sí señaló por qué la contribuyente obtuvo un beneficio ilegal, al señalar que realizó un acreditamiento indebido; también invocó las disposiciones legales que le permitieron concluir que dicho acreditamiento fue incorrecto al haber procedido la contribuyente en forma contraria a lo dispuesto por el artículo 6 en comento. Lo anterior, se desprende de las propias constancias remitidas por la responsable, anexas a su informe justificado, las cuales al ser documentos tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2 y específicamente de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo (foja veintiocho) y de la declaración complementaria correspondiente al mes de enero de mil novecientos ochenta y ocho (foja setenta y dos), de las que se desprende que en el mes de enero de mil novecientos ochenta y ocho, resultó un impuesto a cargo de la contribuyente con un saldo a favor pendiente de acreditar de cinco millones ciento cuarenta y dos mil ochocientos treinta y tres pesos, cero centavos; de ahí que al haber hecho dicho acreditamiento en forma indebida, como consta en la propia declaración de referencia, ya no resultó un impuesto a su cargo; sin embargo, de no haber realizado ese acreditamiento, resulta incuestionable que hubiera resultado un saldo a su cargo. En este orden de ideas, debe concluirse que está plenamente justificado que con el acreditamiento indebido se incurrió en una omisión de impuestos y de ahí que haya sido correcto que en la resolución emitida por la autoridad hacendaria ahora tercero perjudicado, se le cobre lo que la contribuyente dejó de pagar con motivo del acreditamiento indebido que hizo. Ahora bien, contrariamente a lo alegado por la quejosa, debe decirse que fue correcta la consideración de la Sala responsable respecto a que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares son de aplicación estricta, debiendo destacarse que como fundamento para el rechazo de la documentación comprobatoria, entre otros preceptos, invocó los artículos 29 del Código Fiscal de la Federación y 36 de su reglamento respectivo, los cuales establecen: '29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por las actividades que se realicen, dichos comprobantes deberán reunir los requisitos que señale el reglamento de este código. Las personas que adquieran bienes o usen servicios deberán solicitar el comprobante respectivo...'; y, '36. Los comprobantes a que se refiere el artículo 29 del código, deberán reunir los requisitos siguientes: I. Nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida. II. Número de folio, lugar y fecha de expedición. III. Nombre, denominación o razón social y domicilio de la persona a favor de quien se expidan. IV. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. V. Valor unitario e importe total consignado en número y letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, en su caso. VI. Número y fecha del documento aduanero así como aduana por la cual se realizó la importación, tratándose de ventas de primera mano, de mercancías de importación.'. Los preceptos antes transcritos establecen cargas a los particulares porque se refieren en general a los impuestos que se pretendan acreditar por un contribuyente, por lo que incuestionablemente aluden a todos los elementos de la contribución. Esto es, los preceptos antes transcritos contemplan una carga del sujeto pasivo obligado por el hecho generador del crédito fiscal en cuanto a los requisitos que deba contener para el acreditamiento la documentación comprobatoria; también en los mismos se hace referencia a la base del impuesto a pagar, ya que si la contribuyente omitió pagar el impuesto que a su cargo resultara, es obvio que con el acreditamiento que pretendió hacer disminuyó la base o saldo que a su cargo resultara. Ciertamente, si la base está constituida por la parte del hecho imponible sobre la que se aplica el gravamen, la determinación del importe del impuesto es el valor total pactado de las operaciones, y a la cantidad así determinada, se le restan las cantidades que el causante haya pagado al adquirir la mercancía, recibir el servicio, o usar los bienes, a esta operación es a la que se le denomina acreditamiento y la diferencia es lo que debe pagar el contribuyente. Para explicar mejor lo anterior, debe decirse que el impuesto al valor agregado es trasladable, de tal manera que el primer causante no sufre el impacto económico del impuesto en forma definitiva, ya que el proveedor de las mercancías le traslada un impuesto, y aquél a su vez lo traslada al consumidor final y obtiene el dinero que deba pagar al fisco; de ahí que para que la cantidad que el causante haya pagado a su proveedor, que es aquél de quien haya recibido el traslado, sea acreditable, es necesario que lo ampare con documentación que reúna los requisitos fiscales, es decir, que la cantidad acreditada se haya trasla
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2183-355c79aa/comprobantes-fiscales-requisitos-de-los-para-efectos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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