JUICIO DE NULIDAD. EL QUE SE TRAMITA COMO CONSECUENCIA DE QUE EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA RESULTÓ IMPROCEDENTE, DEBE SER TURNADO A LA MISMA SALA REGIONAL QUE CONOCIÓ DEL PRIMER JUICIO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).
REVISIÓN FISCAL 450/2010. ADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO DE GRANDES CONTRIBUYENTES "3", UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Establecidos los antecedentes de la sentencia sujeta a revisión, corresponde ahora atender el primero de los motivos de disenso la inconforme que, en síntesis, aduce que la sentencia que por esta vía reclama transgrede lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado que la a quo determinó que la autoridad demanda no cumplió con lo ordenado en la sentencia dictada el diez de agosto de dos mil cinco por la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin señalar fundamento alguno que le faculte para resolver en ese sentido y alcance, respecto de una resolución emitida por otro órgano de legalidad.
Agrega también la inconforme que durante el juicio natural de origen **********, se inconformó con el cumplimiento de la sentencia acabada de citar y que, en todo caso, lo relativo a esas cuestiones sólo compete a la mencionada Segunda Sala que conoció del asunto, pues fue ésta la que realizó el análisis de todo el expediente y, por tanto, quien puede especificar cuáles fueron los efectos y alcances que quiso darle a la nulidad decretada.
Que no obstante que la resolución *********** de veintiséis de octubre de dos mil seis constituye un acto impugnable dentro del juicio de nulidad, no es facultad de la a quo abordar lo anterior, dado que su función es meramente de análisis de la legalidad del acto ante ella controvertido y, en el caso concreto, la Sala del conocimiento ni siquiera señala cuál es la supuesta omisión en que incurrió la autoridad, y tampoco señaló en qué forma se afectaban las defensas del particular o de qué forma trasciende al sentido de la resolución impugnada.
Solicita, asimismo, se ordene a la a quo apartarse de pronunciamientos sobre cuestiones ajenas a las facultades que le han sido conferidas y ocuparse únicamente de las obligaciones que le impone la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como es realizar el análisis de legalidad del acto impugnado, observando para ello lo dispuesto en el artículo 51 del mismo ordenamiento legal.
Para establecer las razones por las cuales se considera que asiste razón a la autoridad recurrente es menester, en principio, precisar que el artículo 239-B, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, establecía lo siguiente:
"Artículo 239-B. En los casos de incumplimiento de sentencia firme o sentencia interlocutoria que hubiese otorgado la suspensión definitiva, la parte afectada podrá ocurrir en queja, por una sola vez, ante la Sala del Tribunal que dictó la sentencia, de acuerdo con las siguientes reglas:
"Procederá en contra de los siguientes actos:
"...
"b) Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia, para lo cual deberá haber transcurrido el plazo previsto en ley.
"...
"A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución definitiva, se le impondrá una multa de veinte a ciento veinte días de salario mínimo general diario vigente en el área geográfica correspondiente al Distrito Federal. Existiendo resolución definitiva, si la Sala o Sección consideran que la queja es improcedente, se ordenará instruirla como juicio."
De lo anterior se desprende que el legislador estableció la procedencia del recurso de queja como medio de defensa para lograr el cumplimiento de una sentencia dictada en el juicio administrativo y, además, estableció que era obligación de la Sala o la Sección correspondiente, tramitarla como un juicio en el caso de que la queja resultara improcedente.
Respecto de lo anterior se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 143/2009, consultable en la página 675, Tomo XXX, septiembre de 2009, materia administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente:
"QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE INSTRUIRSE COMO JUICIO CUANDO SE ADVIERTA QUE EL MEDIO DE DEFENSA PROCEDENTE CONTRA EL ACTO DICTADO EN CUMPLIMIENTO SEA UN DIVERSO JUICIO DE NULIDAD, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA DETERMINACIÓN SE HAGA AL PROVEER SOBRE EL ESCRITO DE QUEJA O AL RESOLVER ÉSTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005).-En la reforma al Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, en donde el artículo 239 TER pasó a ser 239-B, se implementó la obligación por parte de la Sala o Sección del entonces Tribunal Fiscal de la Federación (ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) de instaurar como juicio una queja improcedente, sin que en el proceso legislativo se hayan expuesto las razones específicas respecto de dicha modificación, sino únicamente se estableció que la finalidad de la reforma consistía en simplificar los medios de defensa que se interpongan en contra de los actos de la administración pública. Por tanto, atendiendo a dicha finalidad, debe entenderse que existe obligación de tramitar como juicio una queja improcedente cuando se advierta que ésta no es el medio de defensa para controvertir el nuevo acto dictado en cumplimiento, sino que lo es un nuevo juicio; sin que dicha decisión se circunscriba únicamente a la primera determinación que se pronuncia respecto de la queja, sino también cuando al estudiarla en el fondo de ésta se advierta que los agravios son inoperantes en la medida en que el medio de defensa para controvertir en esa parte el nuevo acto lo es un diverso juicio contencioso administrativo; ello en razón de que el hecho de que se haya declarado procedente la queja implica que la autoridad jurisdiccional al resolver en definitiva tiene que pronunciarse sobre todos los argumentos que se hacen valer, de ahí que si algunos son infundados, deberá declarar infundada la queja, pero si otros son inoperantes en razón de que lo que se controvierta sea materia de un diverso juicio de nulidad, entonces, existe la obligación de dicha autoridad jurisdiccional de tramitar el nuevo juicio."
Ahora, el artículo de referencia no establece expresamente si el nuevo juicio de nulidad debe tramitarse ante la Sala Fiscal que tuvo conocimiento previo, o bien, ante aquélla que corresponda conforme al turno respectivo.
Sin embargo, en resguardo a las garantías de legalidad y seguridad jurídica de los gobernados, debe entenderse que el trámite del nuevo juicio, necesariamente deberá realizarse ante la Sala Regional que conoció del primero, pues con base en la resolución que dictó, tiene los antecedentes del asunto y sabe de los alcances dados a ésta.
Es decir, aun cuando no se encuentra expresamente señalado en la ley, debe entenderse que sí corresponde a la misma Sala que conoció del primer asunto, tramitar y resolver el juicio que se llegue a iniciar como consecuencia de que haya resultado improcedente la queja interpuesta en contra del indebido o inexistente cumplimiento de una sentencia administrativa, pues con ello se evita el dictado de sentencias contradictorias y el retardo en la impartición de justicia.
Confirma lo anterior, el hecho de que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, sí es expresa al prever lo anterior en el artículo 58, que en lo conducente establece:
"Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente:
"...
"II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes:
"...
"a) Procederá en contra de los siguientes actos:
"1. La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia.
"...
"Existiendo resolución administrativa definitiva, si la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, prevendrán al promovente para que dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del auto respectivo, la presente como demanda, cumpliendo los requisitos previstos por los artículos 14 y 15 de esta ley, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado instructor de la queja."
De la transcripción anterior resulta evidente que también ha sido criterio del legislador que debe aprovecharse el conocimiento previo que tengan las Salas Regionales de los asuntos ante ellas tramitadas, e incluso va más allá al establecer que debe ser el mismo Magistrado instructor de la queja quien conozca del nuevo juicio.
Por tanto, al resultar fundado el primero de los agravios expuestos en la presente vía, como bien lo refiere la inconforme, la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia legal para conocer y resolver el juicio de nulidad interpuesto por **********, por conducto de su representante legal, a través del escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil tres, ante la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contra la resolución contenida en el oficio **********, de veinte de enero de dos mil tres, emitida por la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes, Administración de Recursos y Procedimientos Administrativos.
Lo que procede es declarar también fundado el presente medio de impugnación, para el efecto de que la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana deje insubsistente la sentencia impugnada y, en su lugar, emita otra en la que, atendiendo a los lineamientos marcados en párrafos que anteceden, se declare incompetente para resolver el juicio de nulidad de que se trata y ordene remitir los autos a través de la vía procedente, a la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que ésta se avoque a la resolución del mismo.
Sin que sea el caso que este órgano colegiado se ocupe de ello, atento a la jurisprudencia 2a./J. 6/91, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 48 del Tomo VIII, noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente:
"REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.-El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituye medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, ‘se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...’, ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas."
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal; 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se resuelve:
ÚNICO.-Se declara fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto por el Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "3", unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, contra la sentencia pronunciada el ocho de diciembre de dos mil nueve, por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente del juicio de nulidad **********, por las consideraciones que sustentan el último considerando de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca; regístrese la ejecutoria en términos del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.
Así, por unanimidad de votos en el sentido, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados: Alberto Pérez Dayán, Adela Domínguez Salazar y F. Javier Mijangos Navarro; con voto aclaratorio del último de los mencionados. Fue ponente el tercero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 3, 4, 8, 13, 14, 18 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22818-9654f3c4/juicio-de-nulidad-el-que-se-tramita-como · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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