CONSULTAS FISCALES O SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. REGLAS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE UNA JURISPRUDENCIA SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY.
REVISIÓN FISCAL 208/2003. ADMINISTRADOR DE LO CONTENCIOSO DE GRANDES CONTRIBUYENTES, UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA DEFENSA JURÍDICA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. El primero de los conceptos de agravio que proponen las recurrentes es fundado.
En él, sustancialmente aducen que la Sala del conocimiento, al aplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es:
"ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."
Únicamente debió declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, no darle efecto alguno y menos obligar a la autoridad demandada a que emitiera otra que confirmara el criterio de la parte actora, ya que al hacerlo anula lo dispuesto por el artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, toda vez que dicha jurisprudencia no la invalida ni declara su inaplicabilidad, pues en el caso lo que se debate es la legalidad de la resolución reclamada y si se concluye que ésta es ilegal por ajustarse en alguna de las causales previstas en el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, ello de ninguna manera produce efectos de invalidación e inaplicabilidad respecto de los artículos en que se funda la resolución combatida.
Es decir, la declaratoria de nulidad tiene como único efecto que el "acto combatido" sea declarado nulo, sin que ello implique que se invalide la ley, ni crear efectos sobre la consulta formulada por un particular, toda vez que el alcance de un criterio jurisprudencial es dejar sin efectos la resolución administrativa impugnada, por sustentarse en preceptos declarados inconstitucionales, pues de otra manera la ley se invalidaría, lo que no es el espíritu de la jurisprudencia citada por la Sala contenciosa, ya que la única sentencia que pudiera obligar a la autoridad demandada a declarar inaplicable o invalidado lo dispuesto por el artículo 5o. de referencia, es la que se pronuncie en un juicio de amparo.
Para concluir su agravio transcribe parte de una resolución dictada en revisión fiscal por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito.
Les asiste la razón a las recurrentes.
Es fundada la consideración relativa a la aseveración que efectúa en cuanto a que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le es obligatoria como autoridad, por lo que en el caso particular debió declararse la nulidad lisa y llana y no para efectos como lo estableció la Sala del conocimiento.
La Sala no tomó en consideración que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le es obligatoria, sin embargo, el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, establece la aplicación estricta de las normas a los particulares, como lo es en el caso la aplicación del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, en el que de forma clara y precisa se establece que no pueden deducirse para efectos del cálculo del impuesto al activo, las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación y con empresas residentes en el extranjero.
Para ello se hace necesario precisar que al respecto, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal resolvió el aspecto que nos ocupa mediante la jurisprudencia 2a./J. 38/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, correspondiente al mes de mayo de 2002, página 175 que es del tenor siguiente:
"JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS. La obligación de las autoridades administrativas de fundar y motivar sus actos consiste en citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto y la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables y no, en citar también la jurisprudencia respectiva, esto es, la obligación de fundar los actos en la ley, no implica hacerlo en la forma en que haya sido interpretada por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, dado que la jurisprudencia tiene notables diferencias con la ley y no puede ser equiparable a ésta, principalmente porque la jurisprudencia es obra de los órganos jurisdiccionales y la ley del órgano legislativo, es decir, la jurisprudencia no es una norma general y sólo se aplica a casos particulares, conforme al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de garantías, por lo que resulta erróneo sostener que los actos de las autoridades administrativas sean violatorios del artículo 16 constitucional por no apoyarse en la jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, habida cuenta que por remisión del octavo párrafo del artículo 94 de la Constitución Federal, los preceptos 192 y 193 de la Ley de Amparo, establecen con precisión que la jurisprudencia obliga solamente a los órganos jurisdiccionales."
De lo anterior se advierte que el párrafo octavo del artículo 94 constitucional, al establecer que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia, se refiere a la ley ordinaria que, en el caso, es la Ley de Amparo y no la propia Ley Constitucional, por lo que no puede sostenerse la obligatoriedad de las autoridades administrativas de fundar sus actos en la jurisprudencia, con base en una interpretación armónica de lo que dicen los artículos 16, primer párrafo y 94, octavo párrafo, del ordenamiento constitucional.
Toda vez que la obligación que tienen las autoridades administrativas de fundar y motivar sus actos, consiste en citar de manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto y no en citar también la jurisprudencia respectiva.
Ya que la garantía de legalidad no llega al extremo de exigir que las autoridades administrativas al actuar deban también apoyarse en la jurisprudencia emitida por los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, dado que no existe disposición legal que así lo establezca y, por el contrario, los preceptos 192 y 193 de la Ley de Amparo, sí establecen con precisión a quienes obliga la jurisprudencia, sin comprender a tales autoridades, por lo que sostener lo contrario implica ir más allá de lo establecido en la ley.
Además, la jurisprudencia tiene notables diferencias con la ley y no puede ser equiparable a ésta, por lo que carece de sustento legal que los actos de las autoridades administrativas sean violatorios del artículo 16 constitucional por no apoyarse en la jurisprudencia que sobre el caso exista.
De lo anterior se concluye que la pretensión de la actora cuando realizó la consulta y promovió el juicio de nulidad de donde emana la resolución ahora combatida, fue la de que se confirmara el criterio relativo de que se considerara procedente deducir para efectos del cálculo del impuesto al activo las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación y con empresas residentes en el extranjero, con motivo de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo; sin que sea el caso de que hubiere promovido el juicio de garantías respectivo para obtener la protección de la Justicia de la Unión.
Debe establecerse que la sentencia que le benefició en el juicio de nulidad es de naturaleza meramente declarativa, pues sólo tiene el efecto de establecer una situación jurídica concreta, pero sin que ello implique que la autoridad, al cumplir con los lineamientos de la sentencia, no esté en aptitud legal de fundar la resolución en el precepto tachado de inconstitucional hasta en tanto no exista la declaratoria correspondiente respecto de la persona que haya obtenido la protección constitucional, situación que no se logra por la vía contenciosa administrativa.
De aceptar la postura de la actora se nulificarían dos de los principios que rigen el juicio de amparo, previstos en las fracciones I y II del artículo 107 constitucional, que son del tenor siguiente:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:
"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;
"II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare."
Del precepto legal de referencia se derivan los principios rectores del juicio de amparo, como son: el de instancia de parte agraviada y el de relatividad de las sentencias; el primero de ellos consiste en que el juicio sólo puede ser promovido por la persona que resienta la afectación directa por la ley o acto de autoridad; y el segundo de ellos, que se encuentra consignado en el artículo 76 de la ley de la materia, obliga al órgano jurisdiccional a emitir una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, pero solamente en relación con el promovente del juicio, sin invadir funciones de ningún otro poder por ejercer una función que no le corresponde, es decir, la ley no se anula por una declaratoria de inconstitucionalidad del Poder Judicial, en forma general, sino que solamente se invalida su aplicación en cada caso concreto puesto a consideración de los Tribunales de la Federación y solamente respecto de la autoridad que haya figurado como responsable y del individuo que haya solicitado la protección federal.
En consecuencia, si la actora pretendía verse beneficiada por una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el efecto de que se le dejara de aplicar el artículo declarado inconstitucional, era necesario que promoviera juicio de amparo indirecto y no apoyarse en la sentencia de nulidad que analizara la respuesta a su consulta, pues en opinión de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, la respuesta a una consulta realizada a las autoridades fiscales de una situación real y concreta, constituye acto de aplicación de los artículos en que se funde, de tal manera que no existía obstáculo legal o material alguno para que la actora promoviera juicio de amparo en el que reclamara el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo con motivo de su primer acto de aplicación, que consistiría precisamente en esa respuesta para que en caso de que procediera se le dejara de aplicar, con base en el criterio de nuestro Máximo Tribunal que lo estimó inconstitucional, pero lo que no puede pretender al obtener una sentencia favorable, como sucedió en la especie, es deducir las deudas que ha contratado con empresas que componen el sistema financiero y su intermediación, así como con residentes en el extranjero, del valor del activo que constituye la base del impuesto al activo, pues se insiste, nunca obtuvo la protección constitucional para lograr eso.
Al respecto es aplicable en lo conducente la tesis 2a. LXXXI/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, correspondiente al mes de junio de 2001, página 300, cuyos rubro y texto a continuación se insertan:
"CONSULTAS FISCALES. LA RESPUESTA QUE PROPORCIONE LA AUTORIDAD RESPECTIVA CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN QUE SE FUNDE, QUE PUEDE DAR ORIGEN A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE QUE AQUÉLLA OBEDEZCA A UNA SITUACIÓN REAL Y CONCRETA Y QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE DICHAS DISPOSICIONES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales ‘... sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados ...’, lo cual no significa que no deban contestar otras consultas, incluso aquellas que se refieran a situaciones futuras, pues el precepto mencionado debe interpretarse en el sentido de que las autoridades fiscales solamente están obligadas a pronunciarse sobre el fondo de la consulta que se les hace, siempre que se refiera a situaciones reales y concretas, pero manteniendo en todo caso su atribución de dar respuesta a todas las peticiones que, con fundamento en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les eleven los particulares, toda vez que si se aceptara que las aludidas autoridades sólo tienen la obligación de contestar las consultas sobre situaciones reales y concretas, se estaría violando el derecho de petición de los gobernados consagrado en el mencionado precepto constitucional como una garantía individual. En consecuencia, si bien es cierto que las autoridades fiscales pueden contestar todas las consultas que les dirigen los contribuyentes, incluso aquellas que se refieran a situaciones futuras, y que conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis, la respuesta de dichas autoridades a las consultas fiscales sí constituye un acto de aplicación de los preceptos legales sobre los cuales versa, aun en el caso de que todavía no se le determine un crédito fiscal, también lo es que el hecho de que tal respuesta constituya un acto de aplicación de las normas legales que analice, no implica necesariamente y en todo caso, que constituya un acto de aplicación en perjuicio del contribuyente que lo faculte para promover juicio de amparo en su contra, pues si la consulta fiscal se efectúa respecto de una situación que no es real ni concreta y es contestada en cumplimiento del referido derecho de petición, o bien, si no se trata del primer acto de aplicación, o si dicha autoridad da una respuesta favorable al contribuyente, otorgándole un beneficio, resulta inconcuso que el juicio de garantías es improcedente en contra de los preceptos que hayan sido analizados, ya que ningún perjuicio le podría irrogar al quejoso. De ahí que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo debe analizar si la respuesta a la consulta fiscal se refiere a una situación real y concreta y, por lo mismo, constituye un acto de aplicación del precepto legal sobre el que haya versado, pues en caso contrario no se encontraría acreditado el interés jurídico del quejoso."
Por otro lado, si como ha quedado establecido, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene la obligación de acatar la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, ello únicamente es para determinar si un acto de autoridad se encuentra indebidamente fundado y motivado por apoyarse en una ley declarada inconstitucional, pero no puede llegar al extremo que pretendía la actora, de autorizar deducir las deudas que ha contratado con empresas que componen el sistema financiero y su intermediación, así como con residentes en el extranjero, del valor del activo que constituye la base del impuesto al activo, pues de ser así, en el caso particular, se le estaría dando a la resolución un alcance que no pueda tener, tal como acertadamente lo aduce la autoridad recurrente.
Cabe mencionar que, además de nulificar los principios rectores del juicio de amparo a los que hace alusión, se propiciaría una práctica que permitiría a los particulares obtener un fallo que hiciera las veces de una sentencia de juicio constitucional, sin acudir a los Tribunales de la Federación para lograrla.
Motivos éstos, por los que nuestro Máximo Tribunal determinó que las autoridades administrativas no están obligadas a acatar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues de aceptarlo equivaldría a nulificar los principios y reglas que rigen el juicio de garantías, a los que se ha hecho referencia pues, se insiste, para que el gobernado pueda obtener el beneficio de la protección constitucional en relación con alguna ley, es necesario que acuda ante el órgano jurisdiccional competente para tal efecto.
Lo anterior es así, porque la jurisprudencia es la interpretación obligatoria de las leyes que realiza el órgano que tiene facultades para ello, que en el caso es nuestro Máximo Tribunal, funcionando en Pleno o en Salas, que resultará en principio obligatoria para las partes, pero dentro de un juicio y, además, para todos los órganos a que alude el artículo 192 de la Ley de Amparo, precepto legal que no incluye a las autoridades administrativas.
Como corolario de lo antes expuesto, y a fin de mostrar el criterio de este tribunal de diversa manera, conviene señalar lo siguiente:
En efecto, lo anterior es así, en virtud que de conformidad con el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 38/2002, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra obligado a aplicar la jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de una ley, siempre que sea procedente al juzgar la legalidad de un acto o resolución fundados en esa ley. Dicho criterio, se señala, no avala la incorrecta aplicación de la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, de la misma manera que, guardada la debida proporción, una norma legal no se ve afectada por su incorrecta aplicación.
El criterio señalado se encuentra publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 5, cuyo rubro es: "JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLIGADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALIDAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY."
Ahora bien, en el caso de las consultas fiscales o solicitudes de devolución de saldos a favor, es pertinente calificar la adecuada aplicación de una jurisprudencia que declara inconstitucional una ley y la correcta aplicación de la norma legal respectiva a partir de discernir acerca de la pretensión y causa petendi que en el juicio se invoquen. Por tanto, hay que distinguir si los efectos que se pretenden con la consulta o solicitud son meramente declarativos, o bien, constitutivos de un derecho antes inexistente.
Para el caso de que la pretensión deducida en la consulta o solicitud sea obtener una decisión de inconstitucionalidad de una ley con efectos constitutivos e incluso retroactivos a su presentación, la causa petendi (que sería la invocación de un precedente del Poder Judicial de la Federación), cae bajo los supuestos de ciertas reglas específicas que deben atenderse, siendo éstas las siguientes:
En el sistema constitucional mexicano la impugnación de leyes por parte de los gobernados, puede hacerse a través del juicio de amparo indirecto en el que se impugnen en forma destacada la propia ley, por su sola vigencia o por virtud del primer acto de aplicación; debiéndose llevar a juicio a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo; o bien, mediante la promoción de un amparo directo contra una sentencia, laudo definitivo o resolución que ponga fin al juicio, en el cual, dicha impugnación sólo será materia del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o reglamento, en la inteligencia de que la calificación por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia.
Así, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Amparo, existen tres momentos para la promoción del juicio de garantías contra leyes:
a) Dentro de los treinta días siguientes al de su entrada en vigor, si la ley es autoaplicativa (amparo indirecto);
b) Dentro de los quince días siguientes a partir del primer acto de aplicación (amparo indirecto); y,
c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa intentado contra el primer acto de aplicación, si el interesado optó por ello, previamente a la promoción del amparo (amparo directo).
Lo anterior, en atención a lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia número 207, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 200, intitulada: "LEYES, AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA.", de donde se desprende que, en cada caso, debe precisarse si la ley reclamada es de carácter autoaplicativa, o bien, si se trata de una ley heteroaplicativa, para así poder determinar en qué momento se puede ejercer la acción constitucional en su contra.
Así las cosas, conforme al sistema de impugnación de leyes que rige en el sistema constitucional mexicano, cuando se promueva juicio de amparo indirecto contra un acto consentido, bien porque sea extemporáneo o porque no se enderece a partir del primer acto de aplicación, éste será improcedente. En cambio, cuando en amparo directo se impugne la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio en que se aplique alguna ley, reglamento o tratado internacional consentido por el quejoso al no reclamar el primer acto de aplicación, los conceptos de violación relativos serán inoperantes, al tenor de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 83/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 240, que dice:
"AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INVOCADOS EN CONTRA DE LA NORMA TRIBUTARIA APLICADA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, SI AQUÉLLA FUE CONSENTIDA AL PAGARSE EL IMPUESTO SIN HACER VALER LOS MEDIOS DE DEFENSA PROCEDENTES.-De conformidad con el artículo 166, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en el amparo directo puede alegarse la inconstitucionalidad de una ley dentro de los conceptos de violación de la demanda. Ahora bien, dichos argumentos de inconstitucionalidad deben declararse inoperantes en términos de la tesis P. LVIII/99, Tomo X, agosto de 1999, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 53, de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON SI PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL RESPECTO DE LA CUAL, SI SE TRATARA DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SE ACTUALIZARÍA ALGUNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.’, si de las constancias del juicio deriva que el quejoso se autoaplicó la norma combatida y la consintió al pagar el impuesto controvertido sin manifestar su inconformidad mediante la interposición del medio de defensa constitucional dentro de los plazos que para tal efecto dispone la Ley de Amparo, no es jurídico estimar que puede examinarse la constitucionalidad de la ley tributaria a través del juicio de amparo directo, aun cuando en la sentencia definitiva reclamada se hubiera aplicado nuevamente la norma, si resulta evidente que tal resolución no constituye el primer acto de aplicación que trascendió a la esfera jurídica del particular ni tampoco lo fue el acto administrativo que dio lugar al juicio de nulidad; por tal motivo, al consentir la norma tributaria correspondiente y no impugnarla mediante la acción constitucional en los términos establecidos para su ejercicio, debe concluirse que los conceptos de violación que en el amparo directo se formulen, resultan inoperantes."
En este orden de ideas, si el promovente de un juicio de amparo directo a través de la consulta fiscal o solicitud de devolución que realice pretende que le sea reconocido como inconstitucional el precepto legal a que se contrae la declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no por haberlo impugnado en la oportunidad que tuvo para ello, es evidente el consentimiento de dicho ordenamiento; por tanto, si el reclamo no se realiza en ese momento, esto es, con motivo del primer acto de aplicación, no puede, con posterioridad, estimar que en vía de aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le exima del pago de un tributo ya consentido, pues no puede tenerse como el primer acto de aplicación la respuesta a la consulta o solicitud que, al parecer, espontáneamente formuló, pues de ser así, se crearía una nueva oportunidad de atacar la constitucionalidad de una ley a través de consultas o solicitudes a la autoridad, a partir de enterarse que las leyes fueran declaradas inconstitucionales por el Máximo Tribunal del país y no a propósito del primer acto de aplicación, porque de aceptarse ello, se transgredería el sistema de impugnación de amparo contra leyes, ya que, en el caso, trata de obtener una declaratoria general para que no pueda aplicársele ese artículo en el futuro y, eventualmente, con efectos hacia el pasado o retroactivos en relación con la formulación de la referida consulta.
Al respecto, resulta ilustrativo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, en la tesis LXXXI/2001, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, página 300, cuyos rubro y texto son:
"CONSULTAS FISCALES. LA RESPUESTA QUE PROPORCIONE LA AUTORIDAD RESPECTIVA CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN QUE SE FUNDE, QUE PUEDE DAR ORIGEN A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE QUE AQUÉLLA OBEDEZCA A UNA SITUACIÓN REAL Y CONCRETA Y QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE DICHAS DISPOSICIONES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales ‘... sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados ...’, lo cual no significa que no deban contestar otras consultas, incluso aquellas que se refieran a situaciones futuras, pues el precepto mencionado debe interpretarse en el sentido de que las autoridades fiscales solamente están obligadas a pronunciarse sobre el fondo de la consulta que se les hace, siempre que se refiera a situaciones reales y concretas, pero manteniendo en todo caso su atribución de dar respuesta a todas las peticiones que, con fundamento en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les eleven los particulares, toda vez que si se aceptara que las aludidas autoridades sólo tienen la obligación de contestar las consultas sobre situaciones reales y concretas, se estaría violando el derecho de petición de los gobernados consagrado en el mencionado precepto constitucional como una garantía individual. En consecuencia, si bien es cierto que las autoridades fiscales pueden contestar todas las consultas que les dirigen los contribuyentes, incluso aquellas que se refieran a situaciones futuras, y que conforme al criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis, la respuesta de dichas autoridades a las consultas fiscales sí constituye un acto de aplicación de los preceptos legales sobre los cuales versa, aun en el caso de que todavía no se le determine un crédito fiscal, también lo es que el hecho de que tal respuesta constituya un acto de aplicación de las normas legales que analice, no implica necesariamente y en todo caso, que constituya un acto de aplicación en perjuicio del contribuyente que lo faculte para promover juicio de amparo en su contra, pues si la consulta fiscal se efectúa respecto de una situación que no es real ni concreta y es contestada en cumplimiento del referido derecho de petición, o bien, si no se trata del primer acto de aplicación, o si dicha autoridad da una respuesta favorable al contribuyente, otorgándole un beneficio, resulta inconcuso que el juicio de garantías es improcedente en contra de los preceptos que hayan sido analizados, ya que ningún perjuicio le podría irrogar al quejoso. De ahí que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo debe analizar si la respuesta a la consulta fiscal se refiere a una situación real y concreta y, por lo mismo, constituye un acto de aplicación del precepto legal sobre el que haya versado, pues en caso contrario no se encontraría acreditado el interés jurídico del quejoso."
En cambio, cuando los efectos que se pretenden con la consulta o solicitud son meramente declarativos el quejoso se encuentra plenamente facultado para poder controvertir a través de los conceptos de violación la inconstitucionalidad de algún ordenamiento legal, en virtud de que la pretensión y causa petendi de éstas no son la de obtener la decisión de inconstitucionalidad de una ley con efectos constitutivos, sino la de verse favorecido con el reconocimiento o declaración de un derecho, lo que permite concluir que, en estos supuestos, los conceptos de violación planteados contra la sentencia en que fue aplicada la ley o ésta es el fundamento del acto administrativo cuya nulidad se ha demandado en el juicio contencioso administrativo deben abordarse, en la medida que pueden trascender a la esfera jurídica de la parte quejosa para determinar si la respuesta dada a su consulta fue correcta o no.
En conclusión, el empleo de la tesis de jurisprudencia P./J. 38/2002, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra obligado a atender la jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de una ley, debe aplicarse en la medida que conforme al sis
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20987-765fb97e/consultas-fiscales-o-solicitudes-de-devolucion-de-saldos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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