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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA EXISTENCIA DE UN CONCEPTO DE INVALIDEZ SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN ARTÍCULO, LO INCORPORA A LA LITIS SIN NECESIDAD DE SU SEÑALAMIENTO EXPRESO EN LA DEMANDA (ARTÍCULOS 96, CUARTO PÁRRAFO, Y 104, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. HACIENDA MUNICIPAL. BASES CONSTITUCIONALES QUE RIGEN SU REVISIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 96, CUARTO PÁRRAFO Y 104, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ADICIONADOS Y REFORMADOS, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO NÚMERO 205 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DE 6 DE JULIO DE 2015). IV. DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LA DISPOSICIÓN QUE LIBERA DE SU PAGO A ESCUELAS Y HOSPITALES PÚBLICOS VULNERA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE FUENTE DE INGRESOS MUNICIPALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 96, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NUMERO 205 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DE 6 DE JULIO DE 2015). V. DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. EL BENEFICIO O SUBSIDIO POR FALTA DE PAGO EN TRES OCASIONES CONSECUTIVAS POR ESE CONCEPTO, CONTINUANDO EL SUMINISTRO DE HASTA 200 LITROS DE AGUA AL DÍA, VULNERA EL PRINCIPIO DE RESERVA DE FUENTE DE INGRESOS MUNICIPALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 104, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADO Y ADICIONADO, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO NÚMERO 205 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DE 6 DE JULIO DE 2015). VI. DERECHO HUMANO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO EN FORMA SUFICIENTE, SALUBRE, ACEPTABLE Y ASEQUIBLE, RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO SEXTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO JUSTIFICA LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE RESERVA DE FUENTE DE INGRESOS MUNICIPALES DERIVADO DEL BENEFICIO CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO DE 200 LITROS DE AGUA DIARIOS A QUIEN NO PAGUE EN TRES OCASIONES CONSECUTIVAS LOS DERECHOS RESPECTIVOS. (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 104, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADO Y ADICIONADO, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO NÚMERO 205 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DE 6 DE JULIO DE 2015). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 96, CUARTO PÁRRAFO, Y 104, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ADICIONADOS Y REFORMADOS, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO NÚMERO 205, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD DE 6 DE JULIO DE 2015).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 48/2015. · Registro digital (IUS): 27067
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-04-07
Promovente: MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, Pág. 394.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 48/2015. MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, ESTADO DE AGUASCALIENTES. 1 DE DICIEMBRE DE 2016. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día uno de diciembre de dos mil dieciséis.

VISTOS, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y

RESULTANDO:

PRIMERO.-Demanda. Por escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Laura Hernández Lirra, en su carácter de síndico del Ayuntamiento del Municipio de Jesús María, Estado de Aguascalientes, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que señaló como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado mencionado, así como al secretario de Gobierno de la entidad, y como acto cuya invalidez se solicita la expedición, promulgación y publicación del Decreto Número 205 en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes de seis de julio de dos mil quince, por el que se reforman y adicionan diversos preceptos de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes. Asimismo, se señalaron con el carácter de terceros interesados al Instituto de Educación de Aguascalientes, a la Secretaría de Salud de dicho Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social.

SEGUNDO.-Antecedentes. En la demanda se narraron como antecedentes los siguientes:

1. En el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se publicó la reforma al artículo 115 de la Constitución General de la República, que tuvo como punto de referencia la renovación y el fortalecimiento del Municipio, a través de la dotación de libertad y autonomía y de mayores responsabilidades públicas, mediante el reconocimiento y protección del ámbito competencial exclusivo municipal, y reenvío de la normatividad secundaria a las Legislaturas de los Estados y a los Ayuntamientos, según el caso. Se actualizaron los conceptos contenidos en la fracción III como de competencia exclusiva de los Municipios, no concurrente con el Estado, entre ellos, agua potable, obra pública, policía preventiva, entre otros servicios públicos, que supone no sólo su prestación, sino también la función reglamentaria de promoción, desarrollo y participación comunitaria.

2. Conforme a los artículos 115 de la Constitución General de la República y 66 de la Constitución del Estado de Aguascalientes, el Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias y funciones específicas, libre administración de su hacienda pública, personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su competencia. El Municipio es libre en su régimen interior y es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, sin que pueda existir autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

3. En el Estado de Aguascalientes, las administraciones municipales se renuevan cada tres años y, específicamente, en el Municipio de Jesús María para el periodo dos mil catorce-dos mil dieciséis, que inició el uno de enero de dos mil catorce, quien suscribe la demanda tiene el carácter de síndico.

4. Mediante sesión ordinaria de Cabildo de cinco de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, se expidió el acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes de uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por el que se creó la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS), como organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que en el numeral 96, fracción XVI, del Código Municipal de Jesús María, aparece como la dependencia administrativa encargada del adecuado ejercicio de las atribuciones y responsabilidades ejecutivas en relación con la prestación del servicio de agua potable.

5. En el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes de seis de julio de dos mil quince, se publicó el Decreto de reformas y adiciones a la Ley de Agua para el Estado, que en los numerales que se impugnan invade la esfera de atribuciones del Municipio actor.

6. Dentro del territorio de dicho Municipio, hay siete planteles educativos públicos y diez unidades médicas, ocho de ellas de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes, lo que se menciona para hacer evidente el perjuicio que sufre la hacienda municipal con motivo de los ingresos que dejará de percibir a causa de las modificaciones y adiciones que se impugnan, y que invaden la esfera de competencia del Municipio actor.

TERCERO.-Preceptos constitucionales señalados como violados y conceptos de invalidez. El Poder actor señaló como violados los artículos 4o., 27, 115, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y planteó, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

• Los artículos 96, cuarto párrafo, y 104, primero y segundo párrafos, de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, invaden la esfera de competencia exclusiva del Municipio actor, pues regulan aspectos que corresponden a la facultad reglamentaria municipal.

En efecto, conforme al artículo 115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución, los Ayuntamientos están facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expidan las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Por su parte, la fracción III de la citada Norma Suprema, establece que los Municipios tendrán a su cargo, el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposiciones de aguas residuales, lo que constituye una facultad que les es exclusiva y que les corresponde regular, sin perjuicio de observar lo que dispongan las leyes federales y estatales.

Esto es, siendo competencia exclusiva del Municipio prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, por sí o a través del ente creado para ello, corresponde al propio Municipio establecer en norma de carácter general, la administración y forma específica de prestación del servicio; éste implica un gasto presupuestal derivado de la operación del sistema y el mantenimiento de tuberías, pozos, bombas, desazolve de drenaje, etcétera, que es recuperable con el pago de las cuotas o tarifas del consumo medido de los usuarios. La problemática derivada de la operatividad día a día sólo es conocida por el Municipio, al que compete su regulación y no al Estado que únicamente debe establecer bases generales en relación con las facultades y atribuciones municipales.

• El artículo 96, párrafo cuarto, de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, establece que a las escuelas y hospitales públicos, por considerarse bienes de dominio público, conforme al numeral 8, fracción II, de la ley de bienes de dicho Estado, no se les cobrará por los servicios de agua potable y alcantarillado.

La anterior prescripción es contraria al artículo 115, fracción IV, constitucional y al criterio establecido por la Segunda Sala al fallar la contradicción de tesis 43/2010, en la que determinó que los bienes del dominio público están excluidos de la exención prevista en la citada Norma Suprema, según se aprecia de la jurisprudencia con el rubro: "DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. NO ESTÁN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, AL CUAL REMITE EL NUMERAL 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISO B), ÚLTIMO PÁRRAFO, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA."

La Legislatura demandada interpretó incorrectamente la modificación que sufrió la fracción IV del artículo 115 de la Constitución General de la República en mil novecientos noventa y nueve, ya que la intención del Constituyente fue fortalecer la hacienda municipal, modificando la exención a los bienes de dominio público que atiende sólo a la calidad de esos bienes y no al carácter de los sujetos pasivos de la relación tributaria o a la función u objeto públicos, de suerte que el beneficio que refiere se circunscribe a la actualización del hecho imponible que tenga por objeto la propiedad, posesión o detentación de un bien del dominio público y, por tanto, sólo en las contribuciones que recaigan sobre alguna conducta relacionada con bienes raíces, el hecho imponible se vincula directamente con el objeto aludido y gozan de la exención, lo que no ocurre con los derechos por servicios, pues el supuesto generador de la obligación tributaria es la recepción del servicio público; así, la calidad del bien inmueble, sea de dominio público o no, es ajeno para la configuración del tributo.

Se sigue de lo anterior, que la referida disposición impugnada vulnera la esfera competencial del Municipio actor y los derechos institucionales que a su favor consagra la Constitución.

• Igual vulneración se produce con motivo de la modificación que sufrió el primer párrafo del numeral 104 de la Ley de Agua impugnada, así como con la adición de su segundo párrafo, en los que se prevé que la falta de pago consecutivo por parte de los usuarios no domésticos, faculta al Municipio o al prestador del servicio para suspender el suministro de agua potable hasta que se regularice el pago y, tratándose de uso doméstico, la falta de pago en tres ocasiones consecutivas, dará lugar a que se reduzca el suministro a doscientos litros de agua potable al día, por considerarse que se está en el supuesto de grupo vulnerable en atención a los criterios del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), sin que sea posible generar o cobrar cuotas posteriores a la implementación de la medida hasta que no se regularice la prestación del servicio.

Tal disposición no cumple con el principio de objetividad de la ley y deja en estado de indefensión al Municipio actor, al impedirle prestar correctamente el servicio de suministro de agua, pues es ilógico aplicar de manera general los criterios del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza; ello, porque en nuestro país rige la cultura del no pago y éste puede darse por múltiples causas, lo que no es privativo de las clases sociales baja o media baja, además de que la medida es contraria a la fracción IV del numeral 31 de la Constitución General de la República, en tanto hay personas que se colocan en los niveles socioeconómicos que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) clasifica como E o D y cumplen sus obligaciones ciudadanas, mientras que otras que se colocan en los niveles A, B o C no las cumplen, por lo que se pone a la autoridad en situación de cometer actos injustos e inequitativos.

Debe precisarse que las cuotas y tarifas se establecen atendiendo a los niveles socioeconómicos de los fraccionamientos en forma general y según su localización geográfica, por lo que desde ese momento se respeta el principio de justicia distributiva, sin menoscabo de los casos que de manera especial se tratan a petición de los usuarios que comprueban alguna situación de vulnerabilidad o cuestiones de pobreza extrema, lo que demuestra que atender en lo general a los criterios derivados del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza impiden la aplicación justa y equitativa de las cuotas impidiéndose que se preste el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible, de suerte que la medida impuesta en la norma impugnada vuelve casi incosteable la prestación de dicho servicio.

La inconstitucionalidad de la norma se hace evidente, si se considera que desconoce que existe la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Estado de Aguascalientes, para el ejercicio de dos mil catorce, que en su artículo 65 regula lo relativo a las cuotas y tarifas del cobro de agua potable, entre otras cuestiones, que está vigente y debe ser observada, pues se expidió conforme a lo previsto en los artículos 27, fracciones II y IV, segundo párrafo, 46, fracción I, y 70 de la Constitución del Estado; y 36, fracción IV, de la ley municipal de la entidad, conforme a los cuales, el Municipio está facultado para proponer anualmente su Ley de Ingresos, correspondiendo al Congreso y al Ejecutivo local su expedición y promulgación, a fin de permitir al Municipio el cobro de las cuotas por los servicios que presta; así, la medida impuesta en la disposición que se impugna, contraviene las disposiciones locales referidas e implica que el prestador del servicio pueda incurrir en responsabilidad en caso de aplicarla.

No hay duda entonces que la norma impugnada debe ser materia del reglamento municipal, pero no de una ley estatal y, por tanto, invade la esfera competencial del ente actor y transgrede los derechos institucionales que le otorga la Ley Suprema.

CUARTO.-Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 48/2015 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.

El Ministro instructor, mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil quince, admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, pero no al secretario general de la entidad, por ser un órgano subordinado del Ejecutivo Estatal, y con el carácter de terceros interesados a quienes se señaló como tales en la demanda, sin perjuicio de lo que al respecto se estimara al dictar sentencia; por último, ordenó emplazar a los Poderes y terceros interesados mencionados para que formularan su contestación, así como dar vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

QUINTO.-Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. Este Poder, por conducto del secretario general de Gobierno, contestó la demanda en los siguientes términos:

• Es cierto que en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes de seis de julio de dos mil quince, se publicó el Decreto 105 (sic).

• No se contestan los hechos que se imputan al Congreso de la entidad por no ser propios.

• La promulgación del decreto impugnado se llevó a cabo en acatamiento a las facultades que el artículo 46, fracción I, de la Constitución de la entidad otorga al Gobernador, así como a la solicitud contenida en el oficio 0588/PL/L de veinticinco de junio de dos mil quince, por el que el Poder Legislativo envió el citado decreto para su promulgación y publicación, mismo que fue recibido en la Secretaría General de Gobierno el veintinueve del mismo mes y año.

• La sola promulgación del decreto no vulnera las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se invocan en la demanda, según se explica en la jurisprudencia «309» intitulada: "LEYES, AMPARO CONTRA. AUTORIDAD RESPONSABLE. SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SEÑALA AL CONGRESO QUE LA EXPIDIÓ, PERO NO AL EJECUTIVO QUE LA PROMULGÓ."

SEXTO.-Contestación del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. Este Poder dio contestación a la demanda por conducto del presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, manifestando, en esencia, lo siguiente:

• El Congreso del Estado de Aguascalientes legisló en la materia de agua bajo la facultad que le confiere el artículo 27, fracción I, de la Constitución de la entidad, en tanto el Decreto Número 205 comprende aspectos que no son de la competencia exclusiva de la Federación en términos del numeral 73 de la Constitución General de la República.

Es cierto que el numeral 115, fracciones III y IV, de la Ley Suprema, encarga a los Municipios la prestación de los servicios públicos que se precisan y determina que administrarán libremente su hacienda, la que se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor; sin embargo, se precisa que sin perjuicio de su competencia constitucional, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales, en el desempeño de sus atribuciones y en la prestación de los servicios a su cargo.

Acorde con lo anterior, el Congreso de la entidad, modificó la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Constitución General de la República, que establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, debiendo la ley definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, previendo la participación de la Federación, Estados, Municipios y de la ciudadanía para la consecución de tales fines.

De igual manera, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, afirma que el derecho humano al agua potable y al saneamiento deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está asociado al derecho a la vida, la salud y la dignidad del ser humano.

El punto IV de la Conferencia de Dublín, reconoce el valor económico del agua pero también lo considera una bien social y cultural, de suerte tal que, debe estar al alcance de todas las personas y los costos directos e indirectos de su provisión deben ser accesibles y no poner en riesgo otros derechos humanos.

El Estado debe garantizar el acceso al servicio de agua potable y alcantarillado, al establecerse que su prestación corresponde al Municipio y tratándose de Aguascalientes, ello se regula en la Ley de Agua de la entidad, que en sus numerales 13 y 14 precisa que los Municipios tiene el deber de prestar el servicio en condiciones que aseguren su continuidad, regularidad, calidad y cobertura de manera que se logre la satisfacción de las necesidades de los usuarios y la protección del ambiente.

• En atención a lo anterior, la Comisión Dictaminadora, consideró que tratándose de uso doméstico del agua, que ante la falta de pago en tres ocasiones consecutivas, se pueda reducir el suministro a doscientos litros de agua por día por domicilio hasta que se regularice el pago, al estimarse que los afectados por la medida se encuentran en el supuesto de grupo vulnerable, conforme a los criterios del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza, que realmente no constituye una medición de la pobreza por no comprender todas las fuentes de riqueza ni todas las dimensiones de la medición oficial dada a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en diciembre de dos mil nueve.

• Tratándose del suministro gratuito del agua potable a escuelas y hospitales públicos, se precisa que se trata de inmuebles destinados a satisfacer el derecho a la educación y la protección de la salud, consagrados en los artículos 3o. y 4o. de la Constitución General de la República, lo que les da el carácter de bienes del dominio público, determinándose que el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado que se les presta no debe generarles ningún costo, en atención a lo establecido en el artículo 115, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Suprema, por lo que si bien los Estados están impedidos para afectar la hacienda municipal, excepcionalmente pueden hacerlo tratándose de bienes de dominio público destinados a la prestación de los servicios públicos de educación y salud.

Debe precisarse que, en cumplimiento al artículo 31, párrafo primero, de la Constitución del Estado de Aguascalientes, se enviaron oficios a los Ayuntamientos de la entidad, así como al jefe de gabinete y al secretario general de Gobierno del Estado, al director local de Aguascalientes de la Comisión Nacional del Agua y al director general del Agua de la entidad, pero el Municipio actor fue omiso en dar su opinión y comentarios respecto de las iniciativas de reformas y adiciones a la Ley de Agua, a pesar del oficio 1445/499/520/318/325 de treinta y uno de marzo de dos mil quince, que recibió el ocho de abril siguiente, por lo que es inexacto que la Legislatura hubiera invadido la esfera competencial municipal.

SÉPTIMO.-Terceros interesados y Procuraduría General de la República. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social compareció a formular manifestaciones en relación con la demanda de controversia constitucional. Lo mismo hizo el director jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes, pero en forma extemporánea. No comparecieron los titulares de la Secretaría de Salud de la entidad ni de la Procuraduría General de la República.

OCTAVO.-Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo siguiente, ya que se trata de un conflicto entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes y el Municipio de Jesús María de esa entidad, con motivo de la expedición y promulgación de normas generales.

SEGUNDO.-Precisión de normas impugnadas. En la demanda de amparo se solicitó la invalidez del "Decreto No. 205, publicado el 6 de julio de 2015, en el Periódico Oficial del estado de Aguascalientes, en donde se reforman los artículos 51, párrafo segundo; 56, párrafo primero en su fracción X, así como el párrafo segundo; 57, fracción IV; 69, fracciones VII y VIII, asimismo se le adiciona la fracción IX; se reforma el artículo 94, fracción I; se adiciona el párrafo cuarto al artículo 96; y se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 104, recorriéndose en su orden los subsecuentes, de la LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES."

Al respecto, este Alto Tribunal estima importante precisar que del referido decreto, sólo se impugnan las modificaciones y reformas que sufrieron los artículo 96, en su cuarto párrafo, y 104, en sus párrafos primero y segundo, pues si bien inicialmente, en el capítulo de "NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE SOLICITA" de la demanda, se citan todas las normas que fueron modificadas o adicionadas por dicho decreto, ello obedece a la identificación del mismo en cuanto se reproduce el artículo único del decreto en los términos en que fue publicado, pero lo cierto es que sólo se formulan conceptos de invalidez en contra de los numerales 96 y 104 especificados.

TERCERO.-Oportunidad. Procede examinar si la demanda de controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

El Municipio actor impugna los artículos 96, párrafo cuarto, y 104, párrafos primero y segundo, de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, con motivo de su publicación en el Periódico Oficial de esa entidad el seis de julio de dos mil quince.

El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(1) establece que el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional cuando se impugnen normas de carácter general es de treinta días contados a partir del día siguiente al de su publicación o al en que se produzca el primer acto de aplicación.

Por tanto, si el Decreto Número 205, por el que se modificó y adicionó la ley impugnada, se publicó el lunes seis de julio de dos mil quince, el plazo para la presentación de la demanda corrió del día martes siete de julio, día hábil siguiente al de la publicación, al miércoles dos de septiembre del año citado, ya que deben descontarse conforme a lo previsto por los artículos 2o.(2) y 3o.(3) de la ley reglamentaria de la materia, 159(4) y 163(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los días once y doce de julio, uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de agosto de dos mil quince, por haber sido sábados y domingos, respectivamente, así como del dieciséis al treinta y uno de julio de ese año, por corresponder al primer periodo vacacional.

Por tanto, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el día veintiséis de agosto de dos mil quince, según se desprende del sello asentado al reverso de la última página de la demanda, no hay duda que la controversia constitucional se promovió en forma oportuna.

CUARTO.-Legitimación activa. El Municipio de Jesús María, Estado de Aguascalientes, compareció al presente juicio por conducto de Laura Hernández Lirra, en su carácter de síndico del Ayuntamiento, lo que acreditó con la copia certificada de la constancia de mayoría expedida por el Instituto Estatal Electoral el diez de julio de dos mil trece,(6) así como con el Periódico Oficial de la entidad de veintisiete de enero de dos mil catorce,(7) en el que se publicó el acuerdo por el que el Consejo Municipal Electoral declaró válidas las elecciones celebradas el trece de julio de dos mil siete, para el trienio dos mil catorce-dos mil dieciséis.

Ahora bien, el Municipio actor es uno de los órganos enunciados por el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal,(8) legitimado para promover controversia constitucional contra el Estado al que pertenece respecto de la constitucionalidad de sus disposiciones generales, como lo son los artículos 96, cuarto párrafo, y 104, primero y segundo párrafos, de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes

Asimismo, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(9) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

Por tanto, si de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,(10) 42, fracciones III y IV, de la ley municipal para ese Estado(11) y 28 del Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes,(12) la representación del Municipio actor recae expresamente en el síndico, es claro que dicho Municipio, al comparecer al presente juicio por conducto de Laura Hernández Lirra -quien como ya se indicó, suscribió la demanda ostentándose como síndico del Ayuntamiento y así lo acreditó- cumplió el requisito exigido por el mencionado numeral 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia.

QUINTO.-Legitimación pasiva. Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Aguascalientes, el cual les fue reconocido así en el auto dictado por el Ministro instructor el treinta y uno de agosto de dos mil quince.

a) Poder Legislativo. Por el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes comparece Juan Francisco Ovalle García, en su carácter de diputado presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso de la entidad, titularidad que acredita con la copia certificada de la certificación expedida por la Secretaria de dicha Mesa Directiva el uno de agosto de dos mil quince.(13)

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 40, fracción XVIII, 99 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,(14) dentro de las funciones de la Mesa Directiva del Congreso de la entidad, se encuentra la de representar jurídicamente a dicho Poder Legislativo, a través de su presidente, así como que durante los recesos del Congreso, la Diputación Permanente tendrá las funciones de Gobierno que corresponden a la Mesa Directiva y, por último, que la diputación permanente contará también con una Mesa Directiva integrada por un presidente, un vicepresidente, dos secretarios y un prosecretario.

b) Poder Ejecutivo. Por el Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes comparece Sergio Javier Reynoso Talamantes, en su carácter de secretario general de Gobierno y representante legal del gobernador de la entidad, carácter que acreditó con la copia del oficio SGG//N/001/2015 de dieciocho de agosto de dos mil quince,(15) en el que consta su nombramiento.

De acuerdo con lo establecido por los artículos 29, fracción XXX,(16) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 12, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno local y único del acuerdo delegatorio(17) publicado en el Periódico Oficial del Estado de treinta y uno de enero de dos mil once, edición vespertina, la representación jurídica

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27067-d3ce4c4d/i-controversia-constitucional-la-existencia-de-un-concepto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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