SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO. LAS NORMAS QUE FIJAN CUOTAS CON BASE EN EL TIPO DE USO, SIN ESPECIFICAR CUÁNDO SE ACTUALIZAN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS. I. JUEGOS Y SORTEOS. LAS NORMAS LOCALES QUE ESTABLECEN MULTAS A QUIENES REALICEN JUEGOS DE AZAR EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS, ATENTAN CONTRA EL DERECHO DE SEGURIDAD JURÍDICA Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, AL INVADIR LAS FACULTADES QUE SON COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN LA MATERIA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 78, FRACCIÓN XVII, INCISO C), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL Y 69, FRACCIÓN XVI, INCISO C), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, AMBAS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO]. II. DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN EL COBRO DE UNA CUOTA FIJA MENSUAL POR DICHO SERVICIO, CONFORME AL USO COMERCIAL QUE SE DARÁ A LA TOMA Y A LA DESCARGA DE ESE LÍQUIDO, Y SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA, DE LEGALIDAD Y DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, YA QUE NO TIENEN RELACIÓN CON EL COSTO QUE REPRESENTA PARA LOS MUNICIPIOS PRESTAR LOS SERVICIOS, NO PERMITEN SABER EN QUÉ SUPUESTO DE CAUSACIÓN ESTARÍA CADA CONTRIBUYENTE Y POR QUÉ DELEGAN EN AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS LA DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS CUANTITATIVOS DE LA CONTRIBUCIÓN [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 54, FRACCIONES II, IV Y VI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, 47, FRACCIÓN VI, INCISOS B) Y C), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYANCO, Y 68, FRACCIONES I, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "USO ESPECIAL", "83.16", "103.95" Y "31.18"; II, INCISO C); III, INCISO C), Y IV, INCISO B), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO]. III. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN UNA MULTA POR CAUSAR ESCÁNDALO EN LA VÍA O LUGARES PÚBLICOS, VULNERAN LOS DERECHOS A LA LIBRE MANIFESTACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN, PUES DEJA AL ARBITRIO DE LA AUTORIDAD DETERMINAR CUÁLES EXPRESIONES O MANIFESTACIONES SERÁN SUSCEPTIBLES DE SANCIÓN SIN QUE EXISTAN PARÁMETROS QUE JUSTIFIQUEN LA AFECTACIÓN DE ESTOS DERECHOS; POR ESCANDALIZAR CON MÚSICA ESTRIDENTE EN HORARIOS QUE LA GENTE DEDICA NORMALMENTE AL DESCANSO, PERTURBAR EL ORDEN EN ACTOS CÍVICOS, EN CEREMONIAS PÚBLICAS O EN LOCALES ABIERTOS AL PÚBLICO PARA CUALQUIER ACTIVIDAD Y FALTAS A LA MORAL VULNERAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, AL DOTAR A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE UN AMPLIO MARGEN DE APRECIACIÓN SOBRE LOS ACTOS QUE PUEDAN UBICARSE EN ESA HIPÓTESIS; Y POR CAUSAR ESCÁNDALO EN LA VÍA O LUGARES PÚBLICOS (CON PALABRAS ALTISONANTES O DE CUALQUIER OTRA MANERA), GENERA INCERTIDUMBRE PARA LOS GOBERNADOS PUES LA CALIFICACIÓN QUE HAGA LA AUTORIDAD NO RESPONDERÁ A CRITERIOS OBJETIVOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 78, FRACCIÓN XVII, INCISOS A), B) Y E), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO DE CARVAJAL, Y 69, FRACCIÓN XVI, INCISOS A), B) Y E), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, AMBOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO]. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE EXHORTA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA QUE SE ABSTENGA DE EMITIR NORMAS QUE PRESENTEN LOS MISMOS VICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 78, FRACCIÓN XVII, INCISOS A), B), C) Y E), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, 69, FRACCIÓN XVI, INCISOS A), B), C), E), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ESTRIDENTE", Y F), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, 68, FRACCIONES I, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "USO ESPECIAL", "83.16", "103.95" Y "31.18", II, INCISO C), III, INCISO C), Y IV, INCISO B), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, 54, FRACCIONES II, IV Y VI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN Y 47, FRACCIÓN VI, INCISOS B) Y C), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYANCO, TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 191/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOHAN MARTÍN ESCALANTE ESCALANTE.
Hechos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos impugna diversos artículos de Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2025 que establecen multas por realizar juegos y sorteos; así como cobros por el servicio de suministro de agua potable, mantenimiento del drenaje y alcantarillado y multas administrativas ambiguas e imprecisas.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 191/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en la que controvierte la constitucionalidad de diversas disposiciones normativas contenidas en Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2025.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Demanda y normas impugnadas. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los preceptos legales siguientes:
a) Incompetencia para legislar en materia de juegos y sorteos:
1. Artículo 78, fracción XVII, inciso c) de la Ley de Ingresos del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, para el Ejercicio Fiscal 2025.
2. Artículo 69, fracción XVI, inciso c) de la Ley de Ingresos del Municipio de Teolocholco, para el Ejercicio Fiscal 2025.
b) Cobros por el servicio de agua potable cuyos elementos son indeterminados y ambiguos:
1. Artículo 68, fracciones I, en las porciones normativas “Uso especial”, “83.16”, “103.95” y “31.18”, II, inciso c), III, inciso c), y IV, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, para el Ejercicio Fiscal 2025.
2. Artículo 54, fracciones II, IV y VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Ana Nopalucan, para el Ejercicio Fiscal 2025.
3. Artículo 47, fracción VI, incisos b) y c), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepeyanco, para el Ejercicio Fiscal 2025.
c) Establecimiento de infracciones que causan inseguridad jurídica:
1. Artículo 78, fracción XVII, incisos a), b) y e) de la Ley de Ingresos del Municipio de Apetatitlán de Antonio de Carvajal, para el Ejercicio Fiscal 2025.
2. Artículo 69, fracción XVI, inciso a), b), e), en la porción normativa “estridente”, y f) de la Ley de Ingresos del Municipio de Teolocholco, para el Ejercicio Fiscal 2025.
2. Artículos constitucionales e instrumentos internacionales que se estiman violados. La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que se violaban los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Conceptos de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su escrito inicial de demanda la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó tres conceptos de invalidez, en los cuales argumentó esencialmente lo siguiente:
Primero. Diversas disposiciones de las leyes de ingresos de los municipios tlaxcaltecas de Apetatitlán de Antonio Carvajal y Teolocholco, para el ejercicio fiscal 2025, imponen multas a quienes realicen “juegos de azar en lugares públicos o privados” o reincidan, lo que vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que el Poder Legislativo local no se encuentra constitucionalmente habilitado para legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos, en términos del artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal, toda vez que ello sólo le corresponde al Congreso de la Unión.
El derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad se transgreden cuando la esfera jurídica de los gobernados se ve afectada por una autoridad que actúa sin sustento legal para hacerlo o cuando lo realiza de una forma alejada a lo preceptuado por la Constitución Federal y las leyes secundarias que resulten conformes a la misma. Estos derechos son extensivos al legislador, pues lo obligan a establecer disposiciones claras y precisas que no den pauta a una aplicación arbitraria de la ley. Asimismo, las disposiciones jurídicas generales que se determinen en un ordenamiento deben provenir de aquel poder que, conforme a la Constitución Federal, está habilitado para llevar a cabo la función legislativa.
En consecuencia, las entidades federativas pueden emitir normas que regulen todo aquello que no esté expresamente concedido al Congreso de la Unión, pues de lo contrario estarían transgrediendo el orden constitucional al realizar actos que afectan la esfera jurídica de los gobernados sin estar habilitados para ello.
En el caso, el Congreso tlaxcalteca se encuentra inhabilitado para regular sobre juegos con apuestas y sorteos, específicamente, para describir las conductas prohibidas y sanciones previstas en las normas impugnadas, en que la multa a quien realice juegos de azar en espacios públicos o privados oscila entre 30 y 40 UMA, por la actualización del supuesto (tratándose del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal el monto se impondrá según sea primera infracción y/o reincidencia).
Así, el Congreso local atenta contra el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, dado que inobservó que la facultad para legislar en materia de juegos de azar se encuentra reservada al Congreso de la Unión, por disposición expresa del artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal.
Destacó que desde la entrada en vigor del Decreto por el cual se adicionó la fracción X, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el veintinueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, se concedió la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de juegos con apuestas y sorteos y, por ende, los congresos locales dejaron de tener competencia para legislar en esa materia.
Además, en la Ley Federal de Juegos y Sorteos se previó la prohibición, en todo el territorio nacional, de los juegos de azar y los juegos con apuesta, salvo aquellos que estén expresamente permitidos y cuenten con la autorización respectiva, asimismo, facultó al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para vigilar el cumplimiento de dicha Ley Federal y las disposiciones que de ella emanen, como lo es la imposición de las sanciones correspondientes.
Aunado a que los artículos impugnados de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Apetatitlán de Antonio Carvajal y Teolocholco del Estado de Tlaxcala, pare el ejercicio fiscal 2025, rompen con la armonía del régimen de juegos con apuestas y sorteos, previsto en la Ley Federal de la Materia, porque:
I. Constituyen una prohibición absoluta y la prohibición de juegos de azar en territorio nacional es relativa.
II. Sancionan incluso aquellos juegos de azar que cuenten con la autorización emitida por la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo Federal.
III. Establecen una sanción que únicamente corresponde conocer a la Secretaría de Gobernación.
IV Sancionan supuestos permitidos por la Ley Federal de Federal de Juegos y Sorteos.
V. Sancionan aquellos casos en los que se carezca de autorización respectiva, a pesar de que existe tipos penales e infracciones establecidos en el ordenamiento federal de la materia y su reglamento.
VI. Imponen una diversa sanción para cuando el infractor sea reincidente.
VII. Habilitan indebidamente a una autoridad municipal para imponer sanciones en materia de juegos de azar, a pesar de que la única autoridad facultada para ello es la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo Federal.
Por tanto, los artículos 78, fracción XVII, inciso c), de la Ley de Ingresos del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal y 69, fracción XVI, inciso c) de la Ley de Ingresos del Municipio de Teolocholco, ambas del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2025 son inconstitucionales, porque fueron creados por una autoridad legislativa que carece de competencia para expedirlos y, en consecuencia, transgreden el derecho humano a la seguridad jurídica y su correlativo principio de legalidad.
Segundo. Los preceptos reclamados de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Contla de Juan Cuamatzi, Santa Ana Nopalucan y Tepeyanco, del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2025, establecen cuotas por el servicio de suministro de agua potable, mantenimiento del drenaje y alcantarillado, cuya configuración normativa resulta contraria al derecho de seguridad jurídica, así como a los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad de las contribuciones.
Lo anterior, porque prevén tarifas por estos servicios cuya base gravable toma en cuenta elementos indeterminados, pues emplean un criterio bidimensional, en el cual reconocen tres variantes: pequeño, mediano o grande y en un caso en particular prevén un “uso especial”, sin que los destinatarios puedan tener certeza de cuándo se colocan en cada variante.
Señaló que tratándose de “derechos” los principios de proporcionalidad y equidad tributaria implican que la determinación de las cuotas correspondientes debe tener en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.
Es criterio reiterado de este Alto Tribunal que para analizar la proporcionalidad y equidad de una disposición normativa que establece un derecho debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, que permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, en que la cuota no puede contener elementos ajenos al servicio prestado.
Los artículos 54, fracciones, II, IV y VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Ana Nopalucan y 47, fracción VI, incisos b) y c) de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepeyanco, del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal de 2025, cuyo contenido es similar, trasgreden el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, ya que para el cobro de los servicios de agua potable, mantenimiento del drenaje y alcantarillado por uso comercial o industrial no pagará lo mismo quien se coloque en el supuesto de “pequeño”, que quienes se encuentren en los supuestos “mediano” o “grande”, de igual manera el pago por la contratación también variará según se trate de la categoría “pequeño”, “mediano” o “grande”.
Estas tres categorías son imprecisas e indeterminadas, pues necesariamente requieren un punto de comparación para poder determinar que verdaderamente algo es “pequeño, mediano o grande”. Sin que los preceptos tildados de inconstitucionales proporcionen los elementos necesarios y objetivos para que efectivamente se tenga certeza de cuándo corresponde pagar cada tarifa o en su defecto para solicitar la correspondiente contratación del servicio. Lo que permite un amplio margen de aplicación discrecional a favor de las autoridades administrativas encargadas del cobro de los servicios.
Señala que no soslaya el contenido de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, cuyo artículo 87 determina que las comisiones de aguas Estatal y municipales asegurarán la continuidad, regularidad, calidad y cobertura del servicio de agua potable, considerando los usos prioritarios, entre los cuales, destacan: Comercio tipo I (mínimo consumo de agua); Comercio tipo II (bajo consumo de agua); Comercio tipo III (medio consumo de agua); Comercio tipo IV (alto consumo de agua). Sin embargo, no prevé elementos objetivos que permitan conocer oportunamente cuándo se considerará un consumo mínimo, bajo, medio o alto, por lo que no es posible interpretar los preceptos cuestionados a la luz de esta Ley, que incluso prevé un catálogo diferente.
Por cuanto a las hipótesis normativas que refieren al cobro del agua, advierte que la tarifa a cubrir debe atender al consumo realizado, lo que si bien podría clasificarse como acontece en las normas impugnadas, no es posible concluir que se encuentra construido bajo parámetros objetivos, claros e indefectibles, pues no se tiene certeza de cuantos metros cúbicos representa un consumo “pequeño, mediano o grande”.
Los usos prioritarios Comercio tipo I (mínimo consumo de agua) y Comercio tipo II (bajo consumo de agua) que considera la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, bien podrían constituir el uso comercial bajo la categoría “pequeño”, de las normas impugnadas.
Por lo que ve a los cobros por contratos, la clasificación “pequeño, mediano o grande”, al ser imprecisa, admite múltiples interpretaciones a la luz de elementos ajenos a la contribución a efecto de determinar cuándo se actualiza cada supuesto de esta clasificación.
Por ello, considera que las normas impugnadas son contrarias a la justicia tributaria, dado que los contribuyentes no pagan de manera proporcional, en atención a la naturaleza de los “derechos”, ni son acordes al principio de equidad en las contribuciones, pues permiten que a través de criterios indeterminados se cobren cuotas distintas a contribuyentes que reciben el mismo servicio.
Por lo que respecta al artículo 68, fracciones I, en las porciones normativas “Uso especial”, “83.16”, “103.95” y “31.18”, II, inciso c), III, inciso c), y IV, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, la hipótesis que prevé no está determinada en parámetros objetivos que permitan a los ciudadanos tener certeza de cuándo se ubican en este supuesto de pago.
Además, el criterio “Uso especial” no puede ser interpretado a la luz de la clasificación de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, relativo al uso prioritario del servicio del agua potable, respecto al comercial, ni para encuadrarlo en los supuestos de consumo mínimo, sea bajo medio o alto, ante la falta de parámetros objetivos para ello, lo que produce un estado de incertidumbre jurídica a sus destinatarios.
Tercero. Diversos preceptos de las leyes de ingresos de los Municipios tlaxcaltecas de Apetatitlán de Antonio Carvajal y Teolocholco, para el ejercicio fiscal 2025, establecen infracciones por conductas descritas con demasiada amplitud y ambigüedad, consistentes en causar escándalo con música estridente o palabras altisonantes o de cualquier otra manera en la vía o lugares públicos, perturbar el orden en actos cívicos, en ceremonias públicas o en locales abiertos al público para cualquier actividad; así como por faltas a la moral, lo que estima que da pauta a que la autoridad administrativa determine arbitrariamente cuándo se actualiza el supuesto y, por ende, la imposición de una sanción, lo cual genera incertidumbre jurídica a las personas destinatarias de las normas.
Refirió que el principio de taxatividad exige que los textos que contengan normas sancionadoras describan claramente las conductas que están regulando y las sanciones que se puedan aplicar a quienes las realicen, lo que supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal que la conducta objeto de prohibición pueda ser conocida por el destinatario de la norma.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el principio de taxatividad no implica que el legislador deba definir cada vocablo que utiliza, pero sí obliga al creador de la norma a que los textos legales que contienen las normas describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas. Aunado a que los principios aplicables en materia penal también lo resultan en materia de derecho administrativo sancionador.
Consideró que las descripciones normativas impiden que las personas que habitan o transitan en los municipios tengan conocimiento suficiente sobre los alcances de las conductas que en su caso podrían ser objeto de sanción por las autoridades y si bien el Congreso local pudo perseguir un fin constitucionalmente válido, lo cierto es que las medidas resultan desproporcionadas, ya que se debió respetar el derecho de seguridad jurídica.
En ese sentido, las normas que controvierte permiten un margen de aplicación muy amplio e injustificado que autoriza que, bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier acto o expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa si es calificado como una manifestación que causa escándalos en espacios públicos o domicilios particulares, representa una expresión con palabras altisonantes o cualquier otra manera, ocasiona escándalo con música estridente o constituye una falta moral, lo que permite que la autoridad pueda determinar discrecionalmente cuándo se actualizan tales supuestos acreedores a la imposición de una sanción.
Indicó que hay una apreciación subjetiva en cuanto a las expresiones “escándalo”, “causar escándalo de cualquier otra manera”, “perturbar el orden”, “escandaloso”, “perturbador”, “estridente”, “altisonante”, e incluso qué actitudes asume “atentan contra el orden público” y representan “faltas a la moral”.
Las hipótesis normativas permiten que para su determinación la autoridad que califique las conductas se base en componentes éticos, morales, religiosos de condición social, preferencia sexual o una idea preconcebida sobre lo que es el “orden”, entre otros. De manera que podrá sancionar conductas que no son posibles de definir de forma objetiva, uniforme y certera. Por otro lado, no permiten conocer plenamente cuándo podría ocasionarse un escándalo, pues incluye cualquier conducta que logre efectivamente “escandalizar”, lo que admite un sin número de conductas.
Adicionalmente, de los preceptos impugnados se advierten supuestos que impactan de forma desproporcional en el ejercicio a la libertad de expresión, consistentes en: causar escándalo con palabras altisonantes; escandalizar con música estridente; y por faltas a la moral.
Adujo que ello da pauta a la arbitrariedad, pues dichos calificativos dependerán de la apreciación de las personas receptoras o espectadoras de las manifestaciones de que se traten, ya sea de las meras expresiones o la música que se esté reproduciendo.
Señaló que la decisión de usar determinada forma de lenguaje pertenece al ámbito de la autonomía de cada persona. Además, si bien la Constitución Federal no ampara un derecho al insulto, lo cierto es que tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun cuando se exterioricen acompañadas de expresiones no verbales, sino simbólicas.
Refirió que en uno de los supuestos alude a la reproducción de música que sea considerada estridente, a pesar de que ese hecho se trata de expresiones artísticas o culturales que deben observarse como un todo, cuya finalidad sólo es la difusión de ideas y opiniones, sin que tengan en sí fines lesivos, además de la ambigüedad de la hipótesis, en cuanto a cuándo determinada música será calificada como “estridente”, pues ello dependerá de quienes la perciban, lo que admite un amplio margen de discrecionalidad para la imposición de la infracción.
Por tanto, estima que las sanciones constituyen una medida de autocensura que contraviene la libertad fundamental de expresión, pues las manifestaciones reprochables involucran una exteriorización de las ideas y pensamientos de los sujetos, que inclusive podrían constituir expresiones de arte y cultura.
4. Radicación y turno de la acción de inconstitucionalidad. Por acuerdo de dos de enero de dos mil veinticinco, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 191/2024 y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf como instructora del procedimiento.
5. Admisión. Mediante proveído de seis de febrero de dos mil veinticinco, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste su publicación. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su representación correspondiera.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Mediante oficio recibido el tres de marzo de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, en representación del órgano legislativo, rindió informe en el que expresó, en síntesis, lo siguiente:
En cuanto a la procedencia de la acción
a) Se actualiza la causal consistente en la falta de legitimación por parte de la Comisión accionante, porque las disposiciones impugnadas contienen normas de carácter contributivo, mismas que escapan de la facultad de dicho ente para llevar a cabo su impugnación, pues su legitimación activa está acotada a las vulneraciones a derechos humanos de las personas, sin que le sea posible impugnar normas o violaciones que escapen de la materia específica que prevé el texto constitucional.
b) A pesar de que la accionante adujo que las normas reclamadas violan los artículos 1, 6, 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales, en la demanda no se explicó por qué se vulneraría materialmente el derecho de proporcionalidad tributaria, ya que no se demuestra que sean excesivas en el cobro de los derechos previstos; lo que, de ser admisible, conllevaría a posibilitar la impugnación de la totalidad del sistema tributario y vaciaría de contenido la regla de la legitimación impuesta a ese organismo constitucional autónomo, ya que estaría legitimado para impugnar la totalidad de las normas generales, siempre que adujera una violación a cualquier norma de la Constitución Federal.
c) El órgano promovente no tiene legitimación para impugnar normas que establezcan la aplicación de sanciones o infracciones que sean cometidas por las personas físicas o morales, quienes, en todo caso, serían las legitimadas para plantear una acción de inconstitucionalidad.
d) Por tanto, se puede llegar a la conclusión de que se actualiza lo previsto por el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 105 fracción II, inciso g) de la Constitución Federal.
En cuanto al fondo
Primero
a) Los Decretos 91 y 93, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, que contienen las Leyes de Ingresos de los Municipios de Apetatitlán de Antonio de Carvajal y Teolocholco, para el ejercicio fiscal 2025, fueron emitidos con apego a derecho, ya que el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios faculta al Ayuntamiento para fijar las tarifas de los aprovechamientos municipales que deben pagar las personas, entre otros, por conceptos derivados de sus funciones de derecho público y por el uso o explotación de bienes de dominio público, distintos de las contribuciones municipales, así como recargos, multas, actualizaciones y gastos de ejecución.
b) El derecho administrativo sancionador consiste en la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones u omisiones antijurídicas, de modo que el principio de legalidad se cumple cuando el legislador emite normas a través de las cuales faculta a las autoridades administrativas para aplicar una determinada sanción y encauza su ámbito de actuación.
c) Las normas impugnadas no vulneran el derecho de seguridad jurídica, ni los principios de legalidad y taxatividad, porque imponen diversas multas por infracciones administrativas. El Poder Legislativo considera que las disposiciones normativas permiten que se sancione de manera discrecional a las personas que realizan una infracción que pudiera considerarse lo suficientemente grave para ser reprochable, tanto que la valoración de la ofensa y el ultraje depende de manera exclusiva de la apreciación subjetiva de los individuos, en la medida en que consideren que las acciones les causaron daño, siendo la autoridad quien determinará cuándo un sujeto expresa una ofensa, agresión verbal, insulto o ultraje que lo haga acreedor a la imposición de una sanción.
d) Las disposiciones impugnadas no vulneran los principios de proporcionalidad y legalidad tributarias porque establecen con claridad los elementos para realizar el cálculo de la contribución, los sujetos obligados, el hecho o circunstancia gravada, la base del tributo, la tasa o tarifa aplicable. En otras palabras, las normas no generan incertidumbre a los contribuyentes, pues conocen con certeza la forma y términos en que están obligados a contribuir a los gastos públicos.
Segundo
a) Por cuanto hace a los Decretos 84, 86 y 87, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, mediante los cuales se emitieron las Leyes de Ingresos de los Municipios de Contla de Juan Cuamatzi, Santa Ana Nopalucan y Tepeyanco, para el ejercicio fiscal 2025, que facultan al Ayuntamiento para fijar las tarifas de los derechos que deben pagar las personas por el servicio de agua potable y alcantarillado está previsto de manera expresa en el artículo 115, fracción II de la Constitución Federal, el cual garantiza la autonomía municipal para la emisión de los reglamentos en las materias que forman parte de su jurisdicción y competencia.
b) Por tanto, dado que los municipios tienen la obligación de prestar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, también les corresponde la creación de leyes de ingresos en las que se contemple el cobro respectivo para la prestación de dicho servicio, observado y respetando las normas y lineamientos vigentes en cada Estado, en atención a las previsiones del primer párrafo de la fracción II del artículo 115 constitucional.
c) El derecho humano al agua se tutela, protege y cumplimenta a nivel federal, estatal y municipal. No obstante, en lo referente a la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, por disposición constitucional, el sujeto obligado a dicha prestación es el municipio.
d) Señaló que este Alto Tribunal determinó ampliar la facultad reglamentaria de los Municipios para garantizar su autonomía en su ámbito competencial y proponer al Congreso del Estado de Tlaxcala establecer en sus leyes de ingresos la facultad de los municipios de realizar el cobro del servicio de suministro de agua potable, lo que resulta acorde al artículo 115, fracción II constitucional, pues la autoridad municipal es quien formulará la reglamentación en los servicios que son parte de sus facultades y la expedición de las normas que así lo establecen.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. Por oficio recibido el catorce de marzo de dos mil veinticinco, ante en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo de Tlaxcala, en representación del titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, rindió el informe en el que expresó, en síntesis, lo siguiente:
En cuanto a la procedencia de la acción
a) Como cuestión previa señaló que la inexistencia de violaciones a la Constitución Federal, al sostener que la promulgación de las distintas leyes impugnadas atendió al ejercicio de las facultades constitucionales y legales del órgano legislativo local, siendo que sus contenidos no exceden ni transgreden alguna norma o principio amparado en la Constitución Federal, por lo que, atento a ello, solicitó el sobreseimiento de la vía intentada.
b) Se actualiza la causal consistente en la falta de legitimación por parte de la Comisión accionante, porque estima que el artículo 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Federal, no faculta a dicho organismo constitucional autónomo para impugnar cualquier norma, sino únicamente las relacionadas con el desarrollo de sus atribuciones en materia de derechos humanos, por lo que el reclamo por violación a los principios en materia tributaria excede el alcance de esas atribuciones.
c) La Segunda Sala de este Alto Tribunal al resolver el recurso de reclamación 19/2018 se ha pronunciado en el sentido de que la Comisión accionante carece de tal legitimación.
En cuanto al fondo
a) El Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, con base en los artículos 49 y 70, fracción II, de la Constitución Política del mismo Estado, promulgó y ordenó la impresión y publicación de los Decretos en los cuales se expidieron las leyes de ingresos de los municipios que se mencionan en el escrito inicial.
b) Por lo que respecta a las atribuciones e intervención del Poder Ejecutivo Local en el proceso legislativo de creación de las leyes impugnadas, deberá declarase su constitucionalidad en razón de que no transgredió el pacto Federal ni ninguna disposición de nuestra Carta Magna.
8. En acuerdo del veintitrés de abril de dos mil veinticinco, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y por ofrecidas las documentales ahí relacionadas, con lo qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33924-bfd00475/servicios-de-suministro-de-agua-potable-mantenimiento-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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