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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LA DISPOSICIÓN LEGAL RECLAMADA (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO). V. LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE ASOCIACIÓN. MARCO CONSTITUCIONAL. VI. LIBERTAD DE REUNIÓN. ALCANCE DE ESTE DERECHO HUMANO. VII. LIBERTAD DE REUNIÓN. EL ESTADO NO PUEDE CONDICIONAR SU EJERCICIO NI RESTRINGIRLO A LA EMISIÓN DE UNA AUTORIZACIÓN PREVIA, MENOS TRATÁNDOSE DE ESPACIOS PRIVADOS DONDE LOS GOBERNADOS EJERCEN LIBREMENTE SU POSESIÓN Y DOMINIO. VIII. LIBERTAD DE REUNIÓN. LAS NORMAS QUE PREVÉN EL COBRO DE UN DERECHO POR LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS PARA REALIZAR EVENTOS SOCIALES PARTICULARES, EN CASA PROPIA O DE TERCEROS, CON LA CONDICIONANTE QUE SEAN SIN FINES DE LUCRO, RESULTAN INCONSTITUCIONALES. IX. LIBERTAD DE REUNIÓN. LAS NORMAS QUE PREVÉN EL COBRO DE UN DERECHO SOBRE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS NO GRAVADAS POR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ESPECÍFICAMENTE POR LA REALIZACIÓN DE BAILES PARTICULARES O PRIVADOS, ASÍ COMO EL COBRO POR CONCEPTO DE INFRACCIÓN A QUIEN REALICE EVENTOS SOCIALES SIN EL PERMISO CORRESPONDIENTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, VULNERAN DE FORMA INJUSTIFICADA EL EJERCICIO DE AQUEL DERECHO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SABINAS, 5, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, 5, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, 5, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA UNIÓN, 47, FRACCIÓN I, NUMERAL 14, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, TODAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO). X. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA NORMA QUE PREVÉ EL PAGO DE DERECHOS POR BAILES PRIVADOS, PARTICULARES, KERMES, DESFILES, COLECTAS Y FESTIVALES DE USO DE MÚSICA CON FINES DE LUCRO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, YA QUE NO GUARDA UNA RELACIÓN CON EL COSTO QUE PARA EL ESTADO REPRESENTA LA EMISIÓN DEL PERMISO O AUTORIZACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FRONTERA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO). XI. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. SU MODULACIÓN A LA MATERIA ADMINISTRATIVA. XII. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE EXIGE AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. XIII. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS ESTABLECIDAS CON MOTIVO DE CONDUCTAS QUE ATENTAN CONTRA LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES, VULNERAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I, NUMERAL 2, Y FRACCIÓN XII, NUMERAL 15, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PARRAS, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO]. XIV. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN UNA MULTA POR CORREGIR CON ESCÁNDALO A LOS HIJOS O PUPILOS EN LUGAR PÚBLICO; O VEJAR O MALTRATAR EN LA MISMA FORMA A LOS ASCENDIENTES, CÓNYUGE O CONCUBINA, VULNERAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PUES LA CALIFICACIÓN QUE HAGA LA AUTORIDAD NO RESPONDERÁ A CRITERIOS OBJETIVOS, SINO QUE SE CIRCUNSCRIBE A UN ÁMBITO ESTRICTAMENTE PERSONAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 55, FRACCIÓN VIII, 59, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, 42, FRACCIÓN VI, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, Y 37, FRACCIÓN XXVIII, NUMERAL 27, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, TODAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO). XV. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS QUE TIPIFICAN DIRIGIRSE A UNA PERSONA CON FRASES O ADEMANES GROSEROS, ASEDIARLES O IMPED

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 24/2024. · Registro digital (IUS): 33364
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-06-27
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.318.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 24/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 10 DE OCTUBRE DE 2024. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la sesión de diez de octubre de dos mil veinticuatro, por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 24/2024, promovida por María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, contra el Poder Legislativo del Estado de Coahuila y el Poder Ejecutivo de la propia entidad respecto de diversas disposiciones normativas contenidas en diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demanda inicial y normas impugnadas. Por escrito recibido el diecinueve de enero de dos mil veinticuatro en el Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal promovió acción de inconstitucionalidad contra de los siguientes preceptos;

• Artículos 5, fracción XIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Candela; 5, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sabinas, 5, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Frontera; 5, fracciones V y XIX, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Buenaventura; 5, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Unión; 47, fracción I, numeral 14, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas, que prevén cobros por bailes o eventos particulares;

• Artículos 47, fracción I, numeral 2, y fracción XII, numeral 15, de la Ley de Ingresos del Municipio de Parras; 55, fracción VIII, 56, fracción III y 59, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe; 42, fracción VI, numeral 3, de la Ley de Ingresos de Municipio de Guerrero; 37, fracción XXVIII, del apartado de infracciones contra la Seguridad Pública y la Protección a las Personas, numeral 27, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza; relativas a la imposición de multas previstas en las leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, por vulnerar los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad;

• Artículos 41, fracción XXI, numeral 8, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Unión; 55, fracción X, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe; 42, fracción II, numeral 9, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, 44, fracción II, numeral 9, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nadadores, 26, fracción II, numeral 9, de la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo; 50, fracción II, numeral 9, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiménez; 47, fracción II, numeral 7, de Cuatro Ciénegas; 43, XIII, numeral 8, de la Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, que establecen multas por participar en juegos y deportes en la vía, al vulnerar el derecho de acceso al deporte y los principios del libre desarrollo de la personalidad, así como los de seguridad jurídica, en su vertiente de taxatividad;

• Artículos 25, fracción VI, numerales 1 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa Unión, 25, fracción VI, numerales 1, 3 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, 33, fracción VI, en lo relativo a la expedición de copias certificadas de documentos, por cada hoja tamaño carta u oficio y por cada copia simple tamaño carta u oficio de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuatro Ciénegas; 27, fracción I, numeral 2, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras; 25, fracción III, numerales 1 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sacramento, 36, fracción V, numerales 1 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Matamoros, 32, fracción VI, numerales 1 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Progreso, 39, fracción XI, numerales 1 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Monclova, 33, fracción V, numerales 1 y 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Viesca, 21, fracción IV, numerales 1 y 4, de Lamadrid, 42, fracción II, numeral 1, incisos a y b, y numeral 2, incisos a y b, del Municipio de Torreón, correspondientes al cobro por la expedición de copias certificadas y copias simples, al vulnerar los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y el principio de proporcionalidad tributaria;

• Artículo 25, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón del Estado de Coahuila, que establecen el cobro por la prestación del servicio de alumbrado público, al vulnerar los principios de seguridad jurídica, así como de proporcionalidad.

Todas las normas del Estado de Coahuila para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinticuatro, publicadas el veintidós de diciembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de la citada entidad.

2. Señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Coahuila, para el ejercicio de dos mil veinticuatro, publicadas el veintidós de diciembre dos mil veintitrés.

3. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. El Poder Ejecutivo Federal accionante estima violados los artículos 1o., 9, 14, 16, 31, fracción IV, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Conceptos de invalidez. El Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica expresó, en esencia, lo siguiente:

• PRIMERO. Las porciones combatidas que prevén cobros por bailes o eventos particulares de las leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Coahuila, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, vulneran el derecho a la libertad de reunión, así como los principios de seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad, previstos en los artículos 9o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A) Principios de seguridad jurídica y legalidad.

Los artículos impugnados no generan certeza jurídica, pues su redacción no es clara y precisa para los gobernados, ya que se pretende establecer multas por la simple celebración de "bailes en domicilios particulares" o "a quien realice eventos sociales sin el permiso correspondiente de la autoridad competente", sin que se defina con claridad qué debe entenderse por este tipo de bailes, ni menos aún señala los elementos para determinar cómo se actualiza dicha contribución.

Refiere que el legislador local no justifica porqué se debe pagar una multa cuando no se cuente con la autorización de la autoridad municipal para la realización de "bailes en domicilios particulares" y menos aún específica en dónde podrán celebrarlos.

Además, no establecen con claridad el momento en que se debe pagar por la realización de un baile o evento, en vía pública o en el interior del domicilio particular, lo que deja en estado de incertidumbre al gobernado al no saber en qué momento se encuentra frente a la obligación de la contribución, en contravención a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B) Principio de proporcionalidad.

Los artículos que imponen un pago para llevar a cabo "bailes en domicilio de particulares" vulneran el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los sujetos obligados deben contribuir al gasto público en función de su capacidad económica mediante la aportación de una porción justa y adecuada de los ingresos utilidades o rendimientos que obtengan por la explotación de los eventos públicos, lo cual no se acredita en el caso, pues se trata de eventos en los que no existe una actividad lucrativa.

El costo por la realización de "bailes en domicilios particulares" van de los $422.00 (cuatrocientos veintidós pesos 00/100 M.N.), hasta los 25 UMA equivalente a $2,714.25 (dos mil setecientos catorce pesos 25/100 M.N.), cantidades que el legislador local estableció como multas por la realización de este tipo de eventos sociales, sin justificación alguna, al no contar con la autorización correspondiente.

El legislador local pretende establecer sanciones administrativas de carácter pecuniario sin justificar alguna, lo que impide que el pago de dicha sanción revele la manifestación de riqueza por parte del gobernado, en franca violación al principio de proporcionalidad tributaria.

C) Derecho a la libertad de reunión.

Los artículos que imponen un pago para llevar a cabo "bailes en domicilio de particulares" restringen de manera injustificada la libertad de reunión tutelada por los artículos 9, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al establecer multas por la celebración de "bailes privados", sin especificar el lugar donde se llevará a cabo la celebración, lo que restringe injustificadamente el derecho fundamental antes descrito, ya que las autoridades municipales no pueden condicionar el derecho de reunión, por tratarse de actividades que la propia Constitución Política de los Estados Mexicanos garantiza a los ciudadanos sin pago alguno.

Refiere que el artículo 9o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos de asociación y de reunión, las cuales no pueden condicionarse al pago de permisos, cuando dichas actividades sean pacíficas y su objeto sea lícito, tal como ocurre en el presente caso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la diferencia entre el derecho de asociación y el diverso de reunión y precisó que, el primero, encierra un derecho complejo compuesto por libertades de índole positiva y negativa que implica, entre otras cuestiones, la posibilidad de que cualquier individuo pueda establecer, por sí mismo y junto con otras personas, una entidad con personalidad jurídica propia, cuyo objeto y finalidad lícita sea libre de elección, mientras que la libertad de reunión consiste en que todo individuo pueda congregarse o agruparse con otras personas, en un ámbito privado o público y con la finalidad lícita que desee, siempre que se realice de manera pacífica.

Refiere que el Estado no puede restringir y mucho menos condicionar los actos que recaen dentro de las actividades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza al individuo, los cuales puede ejecutar libremente, sin permiso de la autoridad, como es el caso de los "bailes particulares" y "bailes privados, kermeses, desfiles, festividades y uso de música con fines de lucro" que denotan una celebración pacífica con fines lícitos de diversión y sin fines de lucro.

Aduce que, en el caso concreto, la sanción impugnada implica la imposición de una restricción injustificada al ejercicio de un derecho fundamental como lo es la libertad de reunión, en virtud de que el precepto impugnado no establece lugares específicos para la celebración de "bailes en domicilios particulares" sin ser sancionados.

Hace valer que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 52/2023, determinó declarar la invalidez de diversas porciones normativas de leyes de Ingresos de diversos municipios del Estado de Coahuila, que establecían el cobro de permisos por realizar eventos sociales, por las mismas razones expuestas en la presente.

• SEGUNDO. Los preceptos impugnados relativas a la imposición de multas vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Refiere que las porciones normativas impugnadas, ya que se establecen multas por "faltas contra la integridad moral del individuo y la familia", "formar parte de grupos que causen molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de los domicilios de éstas", "corregir con escándalo a los hijos o pupilos en lugar público; vejar o maltratar en la misma forma a los ascendientes, cónyuge o concubina", "dirigirse a una persona con frases o ademanes groseros, asediarle o impedirle su libertad de acción en cualquier forma". "molestar a personas con señas, palabras o actitudes de carácter obsceno o con llamadas telefónicas", violan el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que constituyen infracciones ambiguas, abiertas e imprecisas, que de manera discrecional y subjetiva aplicarán las autoridades administrativas, además que no permiten a los gobernados conocer con certeza y anticipación a los hechos, las posibles conductas tipificadas como infracciones.

Aduce que el legislador local faltó a su obligación de establecer las conductas infractoras en la ley de forma precisa y clara, pues la forma en que las determina permite un margen amplio para la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación, ya que corresponderá a éstas determinar qué conductas pueden ser sancionadas y el destinatario de la norma no conoce las hipótesis que constituyen dichas infracciones a la ley, con lo cual se genera falta de certeza jurídica.

Precisa que en el caso las porciones normativas relativas a "faltas contra la integridad moral del individuo y la familia", "corregir con escándalo a los hijos o pupilos en lugar público; vejar o maltratar en la misma forma a los ascendientes, cónyuge o concubina" y "dirigirse a una persona con frases o ademanes groseros, asediarle o impedir su libertad de acción en cualquier forma", no responden a criterios objetivos, ya que no se determina la acción y se permite que se sanciones de manera discrecional a las personas que realicen un acto que resulta impreciso y que pudiera no considerarse lo suficientemente grave como para ser reprochable. En esa medida, el grado de afectación puede variar entre cada persona, bien sea por la determinación de su carácter, su entorno a los diferentes ámbitos en el que se desarrolla como el social, familiar e incluso educativo, que definirán cuando algún tipo de expresión o acción pudiera resultar "escándalo", mientras que para otros no.

Señala que, por otra parte, el individuo a quien dirige la sanción no tiene certeza de que con su conducta puede o no actualizar la acción que conforma el ilícito; lo anterior es así, debido a que se alude a referencias imprecisas e indeterminadas que conllevan a un amplio espectro de conductas.

Manifiesta que en lo referente a la tipicidad de la infracción por "formar parte de grupos que causen molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de los domicilios de éstas" y "molestar a personas con señas, palabras o actitudes de carácter obsceno o con llamadas telefónicas", contienen diversos conceptos indefinidos, ya que no establece los elementos que integran la infracción de forma clara y precisa, pues dependen de la perspectiva social y la apreciación subjetiva del operador de la norma, por lo que su determinación no puede ser valorativa, ni atender a criterios objetivos, para poder ser susceptibles de construir restricciones constitucionalmente legítimas.

Estima que para actualizar dicha infracción, resulta necesario determinar lo que debe entenderse por "molestias", "actitudes de carácter obsceno" o actos que contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no puede interpretarse por el operador de la norma al corresponder a un aspecto subjetivo ético; esto es, el sentimiento íntimo de la persona que se exterioriza por la afirmación que hace de su propia dignidad, por lo que lejos de brindar seguridad jurídica, genera incertidumbre para los gobernados, pues la calificación que haga la autoridad no responderá a criterios objetivos, sino a un ámbito estrictamente personal.

• TERCERO. Los preceptos impugnados que establecen multas por participar en juegos y deportes en la vía pública vulneran el derecho de acceso al deporte y los principios de libre desarrollo de la personalidad, así como los de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, previstos en los artículos 1o., párrafo quinto, 4o., párrafo trece, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A) Principio al libre desarrollo de la personalidad.

Sostiene que, en el caso, los artículos vulneran el derecho al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que el Congreso estatal no puede interferir en la libertad de los individuos para el desarrollo de la cultura física y deporte al establecer una multa por provocar molestias a las familias por la práctica de juegos o deportes.

Refiere que el legislador en el Estado de Chihuahua incumplió con su obligación de respetar, reconocer, proteger y garantizar la libertad del desarrollo a la cultura física de la persona, toda vez que estableció una multa por provocar molestias a las familias, por la práctica de juegos, lo que genera una desventaja injustificada a la persona para satisfacer sus derechos, sobre todo si el estado no garantiza un lugar destinado para ello, lo que obstaculiza el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, razón por la cual la privación del derecho al libre esparcimiento y desarrollo del deporte afecta negativamente los derechos ligados a este.

Manifiesta que las porciones normativas impugnadas infringen la posibilidad de las personas (incluidos los menores de edad) a desarrollar libremente su personalidad, ya que la elección de las actividades recreativas es una decisión que pertenece exclusivamente a los gobernados, es decir, forma parte de la autonomía personal protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el legislador local está obligado a protegerlo y no a disminuir ni restringir ese derecho; razón por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar la invalidez de los preceptos impugnados.

Aduce que se vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que impone una sanción injustificada e innecesaria para la sociedad; además, resulta ambigua, abierta y poco clara la manera en la que el operador de la norma puede establecer las referidas sanciones, en virtud de que no prevé el parámetro para determinar qué tipo de juego amerita una multa, ni establece qué tipo de acciones pueden llegar a provocar molestias a las personas.

Refiere que las normas que se impugnan en este medio de control constitucional tiene un espectro de aplicación muy amplio que puede redundar incluso en la afectación de derechos como el libre desarrollo de la personalidad, libertad de tránsito en vía pública, libre concurrencia y la libre manifestación de ideas, motivo por el cual, nos encontramos ante una descripción normativa que, bajo los esquemas ya descritos, puede ser utilizada para reprimir un acto social. Lo deja el criterio de las autoridades administrativas definir discrecionalmente los alcances de los supuestos actos de molestia.

• CUARTO. Los preceptos impugnados que prevén el cobro por la expedición de copias certificadas y copias simples, de las leyes de ingresos de los municipios del Estado de Coahuila, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, vulneran los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, previstos en los artículos 6o., aparatado A, fracción III y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A) Principio de gratuidad en materia de acceso a la información.

El artículo 6o., de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, dispone que el derecho a la información deberá ser garantizado por el Estado, por lo tanto, para su acceso, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán guiarse por el principio de gratuidad para garantizar que toda persona tenga acceso gratuito a la información pública, así como a sus datos personales a la rectificación de éstos. Asimismo, establece que el derecho a la información comprende tres aspectos esenciales: 1) el derecho de informar (difundir); 2) el derecho de acceso a la información (buscar); y, 3) el derecho a ser informado (recibir).

Sostiene que los artículos impugnados establecen un pago de derechos por concepto de búsqueda de información que se lleva a cabo en los archivos de los municipios de Torreón y Piedras Negras. ambos del Estado de Coahuila; lo que contraviene el artículo 6o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en específico, el principio de gratuidad, al prever una tarifa para localizar la información solicitada sin importar la modalidad de entrega de la misma.

Refiere que la tarifa que establece el legislador local en las disposiciones impugnadas es inconstitucional, pues restringe de forma injustificada el ejercicio del derecho de acceso a la información, ya que no pueden imponer mayores requisitos de los previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En conclusión aduce, que el requisito adicional impuesto por la leyes locales impugnadas relativas al pago de una tarifa por la búsqueda de información pública, tiene implicaciones negativas que trascienden al ejercicio del derecho de acceso a la información en sus dos dimensiones; lo anterior, representa un elemento discriminatorio para el ejercicio del derecho de acceso al negar la búsqueda de información a quien no cuenta con recursos para cubrir las tarifas establecidas por la simple localización de la información.

B) Principio de proporcionalidad tributaria.

Refiere que los preceptos señalados de inconstitucionales violan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio que proporcionan efectivamente los municipios del Estado de Coahuila.

Precisa que las disposiciones impugnadas establecen un pago que va de los $23.00 (veintitrés pesos 00/100 M.N.), hasta los $127.00 (ciento veintisiete pesos 00/100 M.N.), con motivo de la búsqueda relacionada con la información que poseen los archivos de los municipios de Torreón y Piedras Negras del Estado de Coahuila, en sus archivos, es decir, se trata de un cobro excesivo, dado que la cuota determinada no encuentra justificación, pues de ninguna forma puede considerarse que ese sea el costo de los materiales utilizados por la búsqueda de la información solicitada o la reproducción fotostática.

La exclusión del cobro por el ejercicio del derecho de acceso a la información no permite un cobro per se por la simple solicitud de información, lo que significa que el ente requerido pueda cobrar únicamente sobre los insumos o los gastos materiales y de envío de la información que puedan llegar a suscitarse. Situación que no ocurre en los casos impugnados, puesto que las tarifas que establecen las normas son excesivas, lo cual, de ninguna manera corresponde al costo de los materiales empleados para su reproducción.

Manifiesta que las disposiciones impugnadas condicionan de forma injustificada el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y lo desincentiva, al establecer una tarifa por búsqueda sin estar relacionada con la modalidad de reproducción o en su caso, entrega de la información solicitada o la reproducción fotostática.

Aduce que la exclusión del cobro por el ejercicio del derecho de acceso a la información no permite un cobro per se por la simple solicitud de información, lo que significa que el ente requerido pueda cobrar únicamente sobre los insumos o los gastos materiales y de envío de la información pública y lo desincentiva, al establecer una tarifa por búsqueda sin estar relacionada con la modalidad de reproducción o, en su caso, entrega de la información solicitada.

Refiere que derivado de lo anterior, sólo puede cobrarse al solicitante de la información de los archivos municipales los costos de los materiales utilizados en la reproducción de la información, el envío y la certificación de documentos, que para ello, debe analizarse que las cuotas se hayan fijado de acuerdo con una base objetiva y razonable de los mismos, de lo contrario, la tarifa resulta violatoria del principio de proporcionalidad en materia tributaria.

Sostiene que los municipios no pueden construir barreras desproporcionadas al derecho de acceso a la información; pues si el solicitante proporciona el medio magnético electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información, ésta debe ser entregada sin costo alguno.

Señala que en las disposiciones impugnadas no se expone la manera en que se cuantificó la contribución ni los elementos tomados en cuenta para ello, por lo que no es posible determinar si las cuotas corresponden o no al costo real de los materiales que los municipios tienen permitido cobrar por la reproducción de información.

Refiere que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el costo de la información no deberá ser superior a los costos de los materiales utilizados en la reproducción de la información, lo cual no acontece en la especie, ya que los municipios de Villa Unión, Zaragoza, Cuatro Ciénegas, Piedras Negras, Sacramento, Matamoros, Progreso, Monclova, Lamadrid y Torreón, del Estado de Coahuila, pretenden cobrar la certificación y expedición de copias simples, excesivamente, en franca violación al principio de gratuidad.

Precisa que el Congreso Local no justificó el cobro por la certificación y expedición de copias simples, bajo parámetros objetivos sin fines de lucro, sino que lo determinó de forma arbitraria sin contemplar el costo real de los materiales requeridos, lo cual transgrede el principio de gratuidad para el acceso a la información pública contenido en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende, la prohibición de discriminar en razón de la condición económica de los contribuyentes.

• QUINTO. Sostiene que los artículos que establecen el cobro por la prestación del servicio de alumbrado público, vulneran los principios de seguridad jurídica, así como de proporcionalidad en las contribuciones tutelados por los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Refiere que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones las acciones de inconstitucionalidad 107/2023, 101/2020, 21/2020, 27/2021 y su acumulada 30/2021, determinó que, para la cuantificación de las cuotas en el caso de los derechos por servicios, deben identificarse, por el tipo de servicio público de que se trate y por el costo que le representa al Estado prestar ese servicio, lo cual en la especie acontece, ya que el legislador omitió establecer cuanto le cuesta al municipio proporcionar el servicio de alumbrado público para distribuir el costo de manera proporcional entre los usuarios del servicio.

Precisa que aún y cuando el Congreso Local haya desglosado los conceptos que representan los costos del servicio de alumbrado público éstos no contienen las cantidades que gastaron en cada concepto, por lo que no es posible determinar una tarifa si no se cuenta con los costos que erogó el municipio para suministrar el referido servicio, de ahí que devenga su inconstitucionalidad, ya que establecieron tarifas fijas para el cobro de servicio, sin especificar cuanto se gastaron por la instalación y mantenimiento de las luminarias.

Aduce que la porción impugnada establece un cobre de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) con motivo del pago de derechos por el servicio de alumbrado público, lo que representa un cobro excesivo, dado que la cuota determinada no encuentra justificación, pues de ninguna forma se puede comprobar que ese sea el costo real que representa el servicio, ya que no se cuenta con las cantidades que erogó el municipio para arribar a la tarifa establecido por el legislador local.

Aduce que el Congreso local fijó el cobro del servicio de alumbrado público sin atender al costo que representa para el municipio la prestación de este, lo que contraviene el principio de proporcionalidad.

Finalmente solicita se vincule al Congreso del Estado de Coahuila para que, en lo futuro, se abstenga de expedir normas en el mismo sentido y que incurran nuevamente en la misma inconstitucionalidad alegada.

5. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de Presidencia de veintitrés de enero de dos mil veinticuatro, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta acción de inconstitucionalidad con el número 24/2024 y la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para su trámite y la elaboración del proyecto correspondiente.

6. Admisión y trámite. Por auto de dos de febrero de dos mil veinticuatro, al Ministro instructor admitió a trámite este asunto, ordenó dar vista a las autoridades que emitieron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes; de igual forma, dio vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción manifestara lo que a su representación correspondiera.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Coahuila. Mediante escrito depositado en la oficina de correos de Saltillo, Estado de Coahuila, el siete de marzo de dos mil veinticuatro, recibido el veintiséis siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal Joseline Zaharay González Gutiérrez, en su calidad de Directora de Asuntos Jurídicos y Apod

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33364-0176d941/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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