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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 90, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EN RELACIÓN CON EL 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES. V. ALUMBRADO PÚBLICO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LOS IMPUESTOS SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. VI. CONTRIBUCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN REGIRLAS A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. VII. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS. ENGLOBAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, DESTINO AL GASTO PÚBLICO, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. VIII. CONTRIBUCIONES. SU CONCEPTO JURÍDICO APLICABLE A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO LAS DEFINE COMO INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, NORMALMENTE PECUNIARIOS, DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERALES, OBTENIDOS POR ENTES DE IGUAL NATURALEZA Y CUYA OBLIGACIÓN SURGE DE LA LEY QUE GRAVA UN HECHO INDICATIVO DE CAPACIDAD ECONÓMICA. IX. CONTRIBUCIONES. SUS ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DE SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. X. HECHO IMPONIBLE. DIFERENCIAS DE SU CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CONTRIBUCIONES DENOMINADAS "DERECHOS" Y LOS IMPUESTOS. XI. HECHO IMPONIBLE. CONSTITUYE EL PRESUPUESTO PARA EL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y SIRVE COMO ELEMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL TRIBUTO EN UNA SITUACIÓN DE NORMALIDAD. XII. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. XIII. CONTRIBUCIONES. LA EXIGENCIA DE CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE IMPONIBLE ES UNA CUESTIÓN DE LÓGICA INTERNA DE LAS CONTRIBUCIONES, ADEMÁS DE SER UN REQUISITO DE PROPORCIONALIDAD. XIV. CONTRIBUCIONES. ANTE EL CONFLICTO ENTRE SU HECHO IMPONIBLE Y SU BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR SU VERDADERA NATURALEZA DEBE ATENDERSE A ÉSTA. XV. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ESTADO DE OAXACA. ELEMENTOS QUE LOS CONFIGURAN. XVI. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. AL ESTABLECERSE COMO SU BASE GRAVABLE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD SE TRATA DE UN IMPUESTO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA, DISTRITO DE VILLA ALTA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). XVII. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. EL LÍMITE ESTABLECIDO A SU PAGO DEL 8 % SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AL PREVER UNA REFERENCIA A ESTE PARÁMETRO, LO TRANSFORMA EN UN IMPUESTO SOBRE ENERGÍA ELÉCTRICA, QUE VIOLA LA ESFERA FEDERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA, DISTRITO DE VILLA ALTA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). XVIII. ALUMBRADO PÚBLICO. ES INCONSTITUCIONAL LA TARIFA ESTABLECIDA CUANDO LA BASE IMPONIBLE (CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA) NO ATIENDE AL VALOR DE ESTE SERVICIO, SINO A UNA SITUACIÓN DENOTATIVA DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA, DISTRITO DE VILLA ALTA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). XIX. ALUMBRADO PÚBLICO. LAS NORMAS QUE PREVÉN EL COBRO POR ESTE SERVICIO, CON BASE EN UNA CUOTA ESTABLECIDA DIRECTAMENTE SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, RECAE SOBRE UNA FUENTE DE RIQUEZA RESERVADA AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y, POR ENDE, VIOLA EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA, DISTRITO DE VILLA ALTA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). XX. SERVICIO POR BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. CUANDO NO SE ESTABLEZCA CON ABSOLUTA CERTEZA SI LAS NORMAS IMPUGNADAS GRAVAN O NO ASPECTOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PR

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 107/2023. · Registro digital (IUS): 32297
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-22
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo I, Pág.5.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 107/2023. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 5 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El Ejecutivo Federal impugnó diversos artículos de Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés que establecen derechos por alumbrado público y búsqueda de información; así como de preceptos que prevén la imposición de multas por no utilizar cubrebocas mientras exista riesgo de contagio durante una pandemia y por practicar juegos y deportes fuera de los lugares permitidos para ello.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 107/2023, promovida por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en la que se impugnan disposiciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos de los Municipios de San Pedro Huilotepec, Tehuantepec; Tlacotepec Plumas, Coixtlahuaca; Santo Domingo Ingenio, Juchitán; Santa María Atzompa, Centro; Santa Gertrudis, Zimatlán; San Bartolo Coyotepec, Centro; San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula; San Andrés Solaga, Villa Alta; Zapotitlán Palmas, Huajuapan y Santa María Coyotepec, Centro, todos del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demanda y normas impugnadas. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, promovió acción de inconstitucionalidad demandando la invalidez de los preceptos legales siguientes:

A. Inciso h) de la fracción II del artículo 85 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Huilotepec, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

B. Inciso I) de la fracción IV del artículo 45 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlacotepec Plumas, Distrito de Coixtlahuaca, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

C. Numeral 7 del inciso a) de la fracción I del artículo 69 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

D. Numeral 7 del inciso A) y numeral 11 del inciso D) de la fracción I del artículo 169 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito Centro, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

E. Fracción IX del artículo 80 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Gertrudis, Distrito de Zimatlán, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

F. Inciso c) de la fracción II del artículo 115 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Bartolo Coyotepec, Distrito Centro, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

G. Inciso j) de la fracción XI del artículo 138 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pablo Villa de Mitla, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

H. Artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Solaga, Distrito de Villa Alta, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

I. Fracción III del artículo 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapotitlán Palmas, Distrito de Huajuapan, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

J. Fracción VI del artículo 59 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Coyotepec, Distrito Centro, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés.

2. Artículos constitucionales e instrumentos internacionales que se estiman violados. El presidente de la República consideró que se violaban los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los principios de proporcionalidad tributaria, legalidad y seguridad jurídica.

3. Conceptos de invalidez del presidente de la República. En su escrito inicial de demanda el Ejecutivo Federal planteó cuatro conceptos de invalidez, en los cuales argumentó esencialmente lo siguiente:

Primero. Las porciones normativas contenidas en las leyes de ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en lo correspondiente a establecer una multa por provocar molestias a las familias por la práctica de juegos o deportes, vulneran el derecho de acceso al deporte y los principios del libre desarrollo de la personalidad, seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, previstos en los artículos 1o., párrafo quinto, 4o., párrafo décimo tercero, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

a) Principio de libre desarrollo de la personalidad

El derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra comprendido en los artículos 1, 22 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual brinda protección a un "área residual de libertad" que consiste en la facultad que cada individuo tiene para elegir autónomamente su forma de vivir; garantiza a los sujetos plena independencia para escoger, su profesión, estado civil, pasatiempos, apariencia física, estudios o actividad laboral y sólo está limitado por el respeto a los demás y el interés general.

Sin embargo, en el caso, el Congreso del Estado de Oaxaca, mediante los preceptos impugnados, vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que no puede interferir en la libertad de los individuos para el desarrollo de la cultura física y deporte al establecer una multa por provocar molestias a las familias por la práctica de juegos o deportes.

Con ello el legislador dejó de cumplir con su obligación de respetar, reconocer, proteger y garantizar la libertad del desarrollo a la cultura física de la persona, lo que le genera una desventaja injustificada para satisfacer sus derechos, sobre todo si el Estado no garantiza el lugar destinado para tal actividad, lo que obstaculiza el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en el artículo 4o., constitucional, razón por la cual la privación del derecho al libre esparcimiento y desarrollo del deporte afecta negativamente a los derechos ligados a éste.

Las porciones normativas impugnadas infringen la posibilidad de las personas (incluidos los menores de edad) a desarrollar libremente su personalidad, ya que la elección de las actividades recreativas es una decisión que pertenece exclusivamente a los gobernados, es decir, forma parte de la autonomía personal protegida por la Constitución Federal, por lo que el legislador local está obligado a protegerlo y no a disminuir ni restringir ese derecho.

b) Principio de legalidad en su vertiente de taxatividad

Conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en observancia a la garantía de legalidad y al derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la vulneración a la exacta aplicación de la ley penal, en su vertiente de taxatividad podría alterar derechos fundamentales de los gobernados, ya que, no sólo se trastocaría la seguridad jurídica de las personas al no ser previsible la conducta (incertidumbre), sino que se podría afectar el derecho de defensa, al desconocer qué conducta es la que se atribuye y generarse posibles arbitrariedades por parte de la autoridad.

Los artículos impugnados establecen una multa por provocar "molestias" a las familias por la práctica de juegos, lo que estima que contraviene el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que además de vulnerar el derecho a la libertad de decisión, imponen una sanción injustificada e innecesaria para la sociedad; además, resulta ambigua, abierta y poco clara la manera en la que el operador de la norma puede establecer las sanciones, en virtud de que no prevén el parámetro para determinar qué tipo de juego amerita una multa, ni establecen qué tipo de acciones pueden llegar a provocar molestias a las personas.

Los órganos legislativos se encuentran constreñidos a definir de manera precisa las conductas que se sancionarán dentro del ámbito del derecho administrativo, de tal forma que las autoridades encargadas de operar el sistema normativo no incurran en arbitrariedad o discrecionalidad en su aplicación. Sin embargo, las normas que se impugnan, en tanto indican que se aplicará una multa contra "la causa de molestia, por tomar parte en juegos", implican necesariamente una evaluación subjetiva, cuya brecha de apreciación de la norma es desproporcionada, pues cualquier juego o reunión sería susceptible de atentar notoriamente contra la tranquilidad de las personas, toda vez que lo que puede resultar una afectación evidente de molestia de una persona no implica que lo sea para todos, ya que ello depende del margen de tolerancia de cada individuo.

En el caso concreto, las normas tienen un espectro de aplicación muy amplio que puede redundar incluso en la afectación de derechos como el libre desarrollo de la personalidad, libertad de tránsito en vía pública, libre concurrencia y la libre manifestación de ideas, motivo por el cual, nos encontramos ante una descripción normativa que podría ser utilizada para reprimir un acto social. Lo que deja al criterio de las autoridades administrativas definir discrecionalmente los alcances de los supuestos actos de molestia.

Segundo. Las porciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en lo correspondiente a multas por no portar cubrebocas en la vía pública y en transporte público, cuando existen enfermedades que ponen en riesgo la salud de la población y en tiempos de pandemias, vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El principio de legalidad, en su aspecto de tipicidad, exige la adecuación entre la conducta prohibitiva descrita en el tipo y el hecho cometido por la acción u omisión, lo cual supone, la presencia de una ley escrita, estricta y previa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones aplicables.

Así, el derecho administrativo sancionador consiste en la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones u omisiones antijurídicas. De este modo, el principio de legalidad en materia de sanciones administrativas se cumple cuando el legislador emite normas a través de las cuales faculta a las autoridades administrativas para aplicar una determinada sanción y encauza su ámbito de actuación de manera que el infractor conozca la consecuencia de su conducta, lo que impide que la actuación de la autoridad sea arbitraria, al obligarla a valorar las circunstancias que rodean la conducta sancionada.

Por tanto, el tipo normativo debe contener la descripción precisa de la conducta considerada ilícita a partir de elementos unívocos y ciertos, para que la autoridad que aplica la normativa sancionadora, así como el destinatario de la misma, tengan plena certeza y seguridad jurídica de los alcances, significados y consecuencias que produce.

Dada la exigencia de que el grado de determinación de la conducta prescriptiva sea tal que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma, el legislador local debió especificar de forma clara y precisa en dónde debe portarse el cubrebocas, pues incluso en sus domicilios pudiera ocasionar una infracción por parte de la autoridad, ya que no se especifica en qué lugares debe ser obligatoria dicha medida de prevención.

Las porciones normativas que se combaten no contienen los elementos que integran la infracción de forma clara y precisa, ya que no especifican si el cubrebocas debe ser usado en lugares públicos, abiertos o cerrados.

Asimismo, destacó que el siete de octubre de dos mil veintidós, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación los "Lineamientos para la Continuidad Saludable de las Actividades Económicas ante COVID-19", que contenía las recomendaciones para la población sobre el uso del cubrebocas en espacios públicos en los que fuera difícil mantener la sana distancia y que posteriormente, el viernes cinco de mayo de dos mil veintitrés, la Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó la emergencia sanitaria internacional por la pandemia de COVID-19, que estaba declarada desde el treinta de enero de dos mil veinte, ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global, con lo que se volvía a la normalidad que imperaba hasta antes de la pandemia, toda vez que se erradicó el estado de emergencia sanitaria que prevalecía y, en ese sentido, no había lugar a mantener vigente la obligatoriedad del uso de cubrebocas en lugares públicos, tal como lo establecen las disposiciones que en esta vía se impugnan.

Tercero. El artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Solaga, Distrito de Villa Alta, Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, que establece una tasa del 8 % sobre el monto del consumo de energía eléctrica, para calcular el servicio de alumbrado público, vulnera los principios de seguridad jurídica, así como de proporcionalidad en las contribuciones, tutelados por los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme al principio de seguridad jurídica, previsto en el artículo 16 constitucional, no es permisible la afectación a la esfera jurídica de las personas a través de actos de autoridad que no cuenten con un marco normativo que los habilite para realizarlos, ya que es principio general de derecho que en salvaguarda de la legalidad, la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le autoriza; por tanto, la actuación de las autoridades debe estar consignada de forma expresa en el texto de la norma, puesto que de otro modo, se les dotaría de un poder arbitrario incompatible con el régimen de legalidad.

En términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, todas las contribuciones deben cumplir con los principios tributarios de proporcionalidad y equidad; sin embargo, éstos aplican de manera distinta atendiendo al tipo de tributo del que se trate.

La norma constitucional invocada consagra diversos principios de índole fiscal, consistentes en la generalidad contributiva, la reserva de ley, el destino al gasto público, así como la proporcionalidad y equidad; elementos que constituyen derechos fundamentales inherentes a los gobernados reconocidos por el Texto Constitucional y que enuncian las características para determinar los alcances de las contribuciones.

Las contribuciones a las que hace referencia el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal pueden ser de distinta naturaleza, atendiendo a su configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales que por un lado, permiten determinar su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula.

En ese sentido, el artículo 20, fracción III, del Código Fiscal Municipal de Oaxaca señala que los derechos son las contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas físicas, morales o unidades económicas, que reciban servicios que presta el Municipio en sus funciones de derecho público, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio.

Refirió que al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de proporcionalidad en las contribuciones rige de manera distinta cuando se trata de derechos o de impuestos, puesto que tienen una naturaleza distinta. Así, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 101/2020 y 21/2020 determinó que para la cuantificación de las cuotas, en el caso de los derechos por servicios, deben identificarse por el tipo de servicio público de que se trate y por el costo que le representa al Estado prestarlo, lo cual en la especie no aconteció, ya que el legislador omitió establecer cuanto le cuesta al Municipio proporcionar el servicio de alumbrado público para distribuir el costo de manera proporcional entre los usuarios del servicio.

Los derechos necesariamente implican un hacer del Estado a cambio del pago que para ello debe efectuar el particular a fin de obtener el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público o por la prestación de un servicio público.

El principio de proporcionalidad en materia de derechos implica que las cuotas correspondientes por ese concepto deben tener en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

El artículo impugnado establece una tasa del 8 % sobre el monto del consumo de energía eléctrica de cada usuario, para calcular el servicio de alumbrado público, lo que contraviene el principio de proporcionalidad, al no contemplar el costo que representa para el Estado suministrar el servicio de alumbrado público.

El Congreso Local fijó el cobro del servicio de alumbrado público sin atender al costo que representa para el Municipio la prestación del mismo, lo que contraviene el principio de proporcionalidad, al no contemplar un parámetro razonable propio de un cobro de derechos, por lo que solicita que se declare su invalidez.

Cuarto. Las porciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en lo correspondiente a "búsqueda de documentos en el archivo municipal", vulneran los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, previstos en los artículos 6o., apartado A, fracción III y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A) Principio de gratuidad en materia de acceso a la información

El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé el principio de gratuidad en materia de acceso a la información, dispone que el derecho a la información debe ser garantizado por la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias para que toda persona tenga acceso gratuito a la información pública, así como a sus datos personales o la rectificación de éstos.

La norma constitucional señalada establece la obligación categórica de garantizar la gratuidad en el acceso a la información, de manera que no puede establecerse cobro alguno por la búsqueda que realice el sujeto obligado, pues únicamente puede ser objeto de pago, y por tanto de cobro, lo relativo a las modalidades de reproducción y de entrega solicitadas.

En este contexto, el derecho de informar exige que el Estado no restrinja ni limite, directa o indirectamente, que todos los miembros de la sociedad reciban libremente información plural y oportuna que les permita ejercer plenamente sus derechos.

El principio de gratuidad constituye una garantía para el ejercicio del derecho de acceso a la información, el cual está expresamente previsto en el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6o. constitucional, al establecer que el ejercicio de este derecho es gratuito y únicamente se requerirá el pago que corresponda a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, sin que permita el cobro por la búsqueda o la disponibilidad momentánea de la información. De una interpretación sistemática a los principios en materia de acceso a la información pública, se obtiene que el de gratuidad está dirigido a los procedimientos administrativos que las autoridades estatales establecen para la obtención de la información; por lo cual resulta injustificado aplicar cobros por realizar dichos procesos internos, ya que en todo caso, sólo puede imponerse una carga al solicitante de la información con motivo de los soportes en los que la información deba ser entregada, tales como medios magnéticos, copias o mensajería.

En la acción de inconstitucionalidad 5/2017, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó las dimensiones y vertientes del derecho de acceso a la información, al señalar que al emitir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública el legislador enfatizó que el principio de gratuidad constituye una máxima fundamental para alcanzar el ejercicio del derecho de acceso a la información y que entre sus objetivos, está evitar la discriminación, pues pretende que todas las personas, sin importar su condición económica, puedan acceder a ella.

Los artículos impugnados establecen un pago de derechos por concepto de búsqueda de información que se lleva a cabo en los archivos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca; lo que contraviene el artículo 6o. constitucional y, en específico, el principio de gratuidad, al prever una tarifa para localizar la información solicitada sin importar la modalidad de su entrega, lo que restringe de forma injustificada el ejercicio del derecho de acceso a la información.

El requisito adicional impuesto en las leyes locales impugnadas, relativas al pago de una tarifa por la búsqueda de información pública, tiene implicaciones negativas que trascienden al ejercicio del derecho de acceso a la información en sus dos dimensiones, lo que representa un elemento discriminatorio para el ejercicio del derecho de acceso, al negar la búsqueda de información a quien no cuenta con recursos para cubrir las tarifas establecidas por la simple localización de la información.

B) Principio de proporcionalidad tributaria

Los preceptos señalados de inconstitucionales violan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio que proporcionan efectivamente los Municipios del Estado de Oaxaca.

Las disposiciones impugnadas establecen un pago de derechos por la cantidad de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), con motivo de la búsqueda relacionada con la información que poseen los archivos de los Municipios del Estado de Oaxaca.

La exclusión del cobro por el ejercicio del derecho de acceso a la información no permite un cobro per se por la solicitud de información, lo que significa que el ente requerido puede cobrar únicamente sobre los insumos o los gastos materiales y de envío de la información que puedan llegar a suscitarse, situación que no ocurre en las normas impugnadas, puesto que las tarifas que establecen son excesivas, lo cual de ninguna manera corresponde al costo de los materiales empleados para su reproducción.

Las disposiciones impugnadas condicionan de forma injustificada el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y lo desincentiva, al establecer una tarifa por búsqueda sin estar relacionada con la modalidad de reproducción o, en su caso, entrega de la información solicitada.

Derivado de lo anterior, sólo puede cobrarse al solicitante de la información de los archivos municipales los costos de los materiales utilizados en la reproducción de la información, el envío y la certificación de documentos. Para ello, debe analizarse que las cuotas se hayan fijado de acuerdo con una base objetiva y razonable de los mismos, de lo contrario, la tarifa resulta violatoria del principio de proporcionalidad en materia tributaria.

Los Municipios no pueden construir barreras desproporcionadas al derecho de acceso a la información, pues si el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información debe ser entregada sin costo alguno.

En diversos criterios la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las cuotas o tarifas por derechos deben ser acordes al costo de los gastos devengados por las entidades públicas y, sobre la proporcionalidad de los derechos, para el caso de la búsqueda de información, que las cuotas deben guardar una congruencia razonable con el costo que tiene el servicio para el Estado, sin que tenga posibilidad de lucrar con la tarifa que se pretende establecer.

A diferencia de otros servicios prestados por el Estado, tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información rige el principio de gratuidad, conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, del envío o, en su caso, el de su certificación, en términos de los artículos 6o. de la Constitución Federal y 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en ese sentido, cualquier cobro debe justificarse por el legislador a efecto de demostrar que no gravó indebidamente el acceso a la información pública.

El legislador tampoco estableció razón alguna a efecto de justificar la diferencia entre las tarifas establecidas en los preceptos impugnados y el valor comercial de los insumos necesarios para proporcionar la información.

Así, en las leyes impugnadas el Congreso Estatal no justificó el cobro por la búsqueda de información, mediante una base objetiva cuya razonabilidad pudiera ser estudiada por este Alto Tribunal, sino que lo determinó de forma arbitraria, lo cual transgrede el principio de gratuidad del derecho de acceso a la información pública, así como la prohibición de discriminar en razón de la condición económica.

Finalmente, solicitó vincular al Congreso del Estado de Oaxaca para que, en lo futuro, se abstenga de expedir normas en el mismo sentido y que incurran nuevamente en la misma inconstitucionalidad alegada.

4. Radicación y turno de la acción de inconstitucionalidad. Por acuerdo de primero de junio de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 107/2023 y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf como instructora del procedimiento.

5. Admisión. Mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que rindieran sus respectivos informes y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción manifestara lo que a su representación correspondiera.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. Mediante oficio presentado el cuatro de agosto de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Oaxaca, en representación del órgano legislativo, rindió informe en el que expresó, en síntesis, lo siguiente:

a) Refirió que la vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción de los preceptos impugnados no puede ser causa de su inconstitucionalidad, pues es parte del ejercicio de la función administrativa el que se lleve su ejecución, en apego a las garantías de fundamentación y motivación, el desarrollo y precisión del objeto y alcance de los mismos, sin que ello genera incertidumbre jurídica.

b) El Congreso sabedor de la pluriculturalidad de la entidad federativa y con respeto a la libre determinación de los pueblos, autonomía indígena y municipal, consideró que los términos no resultan imprecisos para la cosmovisión de los Municipios.

c) El derecho al alumbrado público con una cuota mensual por concepto del servicio y mantenimiento en general de la red de alumbrado público, tiene como base el costo total que representa para el Municipio la prestación del servicio, dividido entre el número de usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, tomando como variable para la determinación de la cuota, la clasificación de usuarios por cada tarifa. Por tanto, el derecho atiende a los costos de la prestación del servicio.

d) Los derechos por búsqueda de información en archivos municipales no tienen relación con el principio de gratuidad en materia de acceso a la información, toda vez que las leyes de ingresos prevén que no se pagará el derecho cuando por disposición legal deba expedirse la información.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Por oficio presentado el nueve de agosto de dos mil veintitrés ante en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, en representación del titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad, rindió el informe en el que expresó, en síntesis, lo siguiente:

a) Argumentó que la Constitución Federal no otorga elementos definitivos que permitan ajustar la contribución establecida en la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Solaga, Distrito de Villa Alta, Oaxaca, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, para el pago de 8 % sobre el monto del consumo de energía eléctrica, como erróneamente lo esgrime la promovente, pues de ser así se dejarían de atender los elementos de justicia tr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32297-ec55a587/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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