I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISOS C) Y G), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 90, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EN RELACIÓN CON EL 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. SERVICIO POR BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. LAS DISPOSICIONES QUE NO ESTÁN VINCULADAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SINO EN FUNCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. VII. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS EN MATERIA DE DERECHOS. ESTOS PRINCIPIOS EXIGEN QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS SE TOME EN CUENTA EL COSTO QUE REPRESENTA AL ESTADO LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE Y, ADEMÁS, QUE DICHAS CUOTAS SEAN FIJAS E IGUALES PARA TODOS LOS QUE RECIBAN EL MISMO SERVICIO. VIII. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DE LOS IMPUESTOS. IX. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. X. DERECHOS POR LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS, EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Y CERTIFICACIONES. LAS CUOTAS ESTABLECIDAS POR ESTE SERVICIO SON DESPROPORCIONALES CUANDO NO EXISTE UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 72, FRACCIÓN I, INCISOS A), B), C), D), E), F) Y G), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, DISTRITO DE JUCHITÁN; 70, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DE IXTEPEC, DISTRITO DE JUCHITÁN; 32, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COSOLTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN; 74, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DISTRITO DE JUCHITÁN; 92, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, DISTRITO DE HUAJUAPAN; 122, FRACCIÓN XXXV, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, DISTRITO DE JUCHITÁN; 73, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, DISTRITO DE JUCHITÁN; 38, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, DISTRITO DE MIAHUATLÁN; 52, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN; 43, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, DISTRITO DE TLAXIACO; 34, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, BENEMÉRITO DISTRITO DE IXTLÁN DE JUÁREZ; 70, INCISO R), NUMERALES 1 Y 2, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, TODOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024]. XI. DERECHOS DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES, CERTIFICADAS Y CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS, O BIEN, REPRODUCCIONES DIGITALES. EL COBRO ESTABLECIDO POR ESTE SERVICIO NO DEBE SER COMO EN EL DERECHO PRIVADO, PUES NO PUEDE EXISTIR UN LUCRO O UNA GANANCIA PARA EL FUNCIONARIO, SINO QUE EL MONTO DEBE GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO Y, POR ENDE, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 72, FRACCIÓN I, INCISOS A), B), C), D), E), F) Y G), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, DISTRITO DE JUCHITÁN; 70, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DE IXTEPEC, DISTRITO DE JUCHITÁN; 32, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COSOLTEPEC, DISTRITO DE HUAJUAPAN; 74, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL, DISTRITO DE JUCHITÁN; 92, FRACCIÓN X
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 68/2024 Y SU ACUMULADA 69/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.
Los problemas jurídicos que se plantean son los siguientes:
1. ¿Las normas que prevén cobros por servicios de búsqueda de documentos y la expedición de copias y certificaciones de documentos, no relacionadas con el derecho de acceso a la información, vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal?;
2. ¿Las normas que prevén multas por mendigar habitualmente en lugares públicos, violan la prohibición de toda discriminación que garantiza el artículo 1o. de la Constitución Federal?;
3. ¿Las normas que sancionan "Dejar el encargado de la guarda o custodia de un enfermo mental, que éste se traslade libremente en lugar público" vulneran el derecho a la igualdad y la prohibición de toda discriminación que tutela el artículo 1o. de la Constitución Federal?;
4. ¿Las normas que prevén multas por jugar en espacios públicos, violan el derecho a la seguridad jurídica, tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal?; y,
5. ¿Las normas que sancionan conductas en el ámbito administrativo, cuya regulación presuntamente resulta indeterminada, violan el derecho a la seguridad y certeza jurídica? (agresiones a la autoridad o transeúntes, escándalos y molestias en vías públicas, así como proferir injurias a personas que asistan a un espectáculo con actitudes o gestos, y atentar contra la moral y las buenas costumbres).
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 68/2024 y su acumulada 69/2024, promovidas, respectivamente, por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de preceptos contenidos en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecisiete de febrero de dos mil veinticuatro.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LAS DEMANDAS
A. Acción de inconstitucionalidad 68/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal.
1. A.1. Presentación de la demanda. Por oficio presentado a través del buzón judicial el quince de marzo de dos mil veinticuatro y recibido el mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejera Jurídica, María Estela Ríos González, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
"IV. Normas generales cuya invalidez se reclama.
Las normas generales que se impugnan establecen lo siguiente:
Ver normas generales
2. A.2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal considera que las normas que combate son contrarias a los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los principios de legalidad, en su vertiente de taxatividad, seguridad jurídica y proporcionalidad.
3. A.3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la accionante hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• PRIMERO. Las normas impugnadas que establecen el cobro de derechos por la expedición de certificados y copias de documentos existentes en los archivos municipales por hoja vulneran el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo de los materiales utilizados para la reproducción de certificaciones y expedición de copias simples.
Las disposiciones impugnadas establecen un cobro de derechos que va de los $5.00 (cinco pesos 00/100 M.N.), hasta los $103.00 (ciento tres pesos 00/100 M.N.), con motivo de la reproducción de certificaciones y expedición de copias simples, lo que representa un cobro excesivo, dado que la cuota determinada no representa el costo de los materiales empleados para su reproducción.
El legislador local no justificó los elementos que sirvieron de base para determinar la tarifa por concepto de reproducción de certificaciones y expedición de copias simples, por lo que no es posible determinar si las cuotas corresponden en proporción al costo real de los materiales.
• SEGUNDO. Las porciones normativas impugnadas relativas a la imposición de multas por escándalo, peleas y gritos en la vía pública, por cantar canciones que contengan palabras altisonantes o que atenten contra la moral y las buenas costumbres, así como por agresiones verbales a los transeúntes y a la autoridad municipal, vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
El artículo impugnado vulnera el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 constitucional, ya que lejos de brindar certeza constituye una restricción al permitir que la autoridad municipal pueda calificar discrecionalmente y de manera subjetiva la imposición de una sanción administrativa.
Así, el individuo a quien se encuentra dirigida la norma, no tendrá la certeza de que con su conducta puede o no actualizar la acción que conforma el ilícito, debido a que alude a referencias imprecisas e indeterminadas que conllevan a un amplio espectro de conductas que podrán ser sancionadas discrecionalmente por la autoridad municipal.
• TERCERO. El artículo 92, fracción I, inciso a), numeral 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tapanatepec, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, vulnera el derecho de acceso al deporte y los principios de libre desarrollo de la personalidad, así como seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, previstos en los artículos 1o., párrafo quinto, 4o., párrafo trece, 1o. y 16 de la Constitución Federal.
El Congreso Estatal no puede interferir en la libertad de los individuos para el desarrollo de la cultura física y deporte al establecer una multa por provocar "molestias" a las familias por la práctica de juegos o deportes.
Así, la porción normativa impugnada infringe la posibilidad de las personas (incluidos los menores de edad) a desarrollar libremente su personalidad, ya que la elección de las actividades recreativas es una decisión que pertenece exclusivamente a los gobernados, es decir, forma parte de la autonomía personal protegida por la Constitución Federal, por lo que el legislador local está obligado a protegerlo y no disminuir ni restringir ese derecho.
Por otro lado, el artículo impugnado establece una multa por provocar "molestias" a las familias por la práctica de juegos, lo que contraviene el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que impone una sanción injustificada e innecesaria para la sociedad; de igual manera, resulta ambigua, abierta y poco clara la manera en el que el operador de la norma puede establecer las referidas sanciones, en virtud de que no prevé el parámetro para determinar qué tipo de juego amerita una multa, así como qué tipo de acciones pueden llegar a provocar "molestias" a las personas.
La norma impugnada, al indicar que se aplicará una multa contra la causa de "molestia, por tomar parte en juegos", implica necesariamente una evaluación subjetiva, cuya brecha de apreciación es desproporcionada, pues en ese tenor cualquier juego o reunión sería susceptible de atentar notoriamente contra la tranquilidad de las personas, lo que puede resultar una afectación evidente de "molestia" para una persona no implica que lo sea para todas, pues ello depende del margen de tolerancia de cada individuo.
• CUARTO. El artículo 70, inciso r), numerales 1 y 2, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024, relativo al cobro de derechos por búsqueda de documentos, vulnera los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, previstos en los artículos 6o, apartado A, fracción III, y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
En primer término, el artículo impugnado establece un pago de derechos por concepto de búsqueda de información en diversos Municipios de Oaxaca, que contraviene el principio de gratuidad, al prever una tarifa para localizar la información solicitada sin importar la modalidad de entrega de ésta.
En efecto, la tarifa que establece el legislador local en la disposición impugnada es inconstitucional pues restringe de forma injustificada el ejercicio del derecho de acceso a la información, ya que no pueden imponer mayores requisitos de los previstos en la Constitución Federal y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Asimismo, la norma impugnada viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio que proporcionan efectivamente los Municipios del Estado de Oaxaca.
La porción normativa impugnada establece un pago de derechos que va de los $434.28 (cuatrocientos treinta y cuatro pesos 28/100 M.N.), hasta los $651.42 (seiscientos cincuenta y un pesos 42/100 M.N.), con motivo de la búsqueda relacionada con la información que posee el Municipio.
La exclusión del cobro por el ejercicio del derecho de acceso a la información no permite un cobro per se por la solicitud de información, lo que significa que el ente requerido pueda cobrar únicamente sobre los insumos o los gastos materiales y de envío de la información que puedan llegar a suscitarse. Situación que no ocurre en los casos impugnados, puesto que las tarifas que establecen las normas son excesivas, lo cual, de ninguna manera corresponde al costo de los materiales empleados para su reproducción.
4. A.4. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 68/2024, y turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
B. Acción de inconstitucionalidad 69/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
5. B.1. Presentación de la demanda. Por oficio depositado en el buzón judicial el diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro y recibido el veinte de marzo siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ("CNDH"), por conducto de su Presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
"III. Normas generales cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicaron.
a) Cobros desproporcionados por reproducción de información, no relacionada con el derecho de acceso a la información:
1. Artículo 43, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Catarina Yosonotú, Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
2. Artículo 74, fracción XIX, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Espinal, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
3. Artículo 122, fracción XXXV, de la Ley de Ingresos del Municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
4. Artículo 92, fracciones XXIV y XXVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Distrito de Huajuapan, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
5. Artículo 52, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pablo Coatlán, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
b) Establecimiento de infracciones que causan inseguridad jurídica:
1. Artículo 120, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Ixtepec, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
2. Artículo 92, fracción I, incisos A), numeral 7, E), numeral 1, F), numeral 2, y G), numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tapanatepec, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
3. Artículo 133, fracciones I, VI y VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Asunción Ixtaltepec, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
4. Artículo 144, fracciones III, inciso cc), y VIII, inciso ff); 145, incisos a) y n); y 146, fracción I, inciso g), en la porción normativa "o verbal", de la Ley de Ingresos del Municipio de Matías Romero Avendaño, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
5. Artículo 132, fracciones III, VII, inciso b), XII y XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Espinal, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
6. Artículo 114, numerales 7, 34, 40 y 48, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo de Tehuantepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
7. Artículo 223, fracción XI, inciso k), de la Ley de Ingresos del Municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
8. Artículo 196, fracción IV, inciso c), de la Ley de Ingresos del Municipio de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Distrito de Huajuapan, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
9. Artículo 62, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosoltepec, Distrito de Huajuapan, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
c) Infracciones por mendicidad:
1. Artículo 92, fracción I, inciso B), numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tapanatepec, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
2. Artículo 114, numeral 10, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
d) Infracciones discriminatorias en perjuicio de las personas que viven con discapacidad:
1. Artículo 92, fracción I, inciso F), numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tapanatepec, Distrito de Juchitán, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
2. Artículo 114, numeral 41, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
Todos los ordenamientos publicados en el Periódico Oficial de esa entidad el día 17 de febrero de 2024."
6. B.2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La CNDH considera que las normas que combate son contrarias a los artículos 1o, 4o, 14, 16, y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 16, y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 1, 4, 5, 12, 17 y 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y II y III de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
7. B.3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la accionante hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• PRIMERO. Los artículos impugnados contenidos en cinco Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024, prevén cobros injustificados y desproporcionados por la expedición de documentos en copias y certificaciones (no relacionados con acceso a la información pública), debido a que no atienden a los costos que verdaderamente le representó al Estado la prestación de esos servicios, por lo tanto, vulneran los principios de justicia tributaria, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
Al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, entre ellas la 20/2019, ese Alto Tribunal ha sostenido que conforme al artículo 134 constitucional, los recursos económicos de los que disponen los órganos del Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de ahí que no deben emplearse de manera abusiva, ni para destino diverso al programado, además el gasto público debe ejercerse recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para el Estado.
A la luz de lo anterior, se transgrede el principio de proporcionalidad tributaria porque los costos por la reproducción de documentos o información en copias o certificaciones –que no derivan del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública– no son acordes o proporcionales al monto erogado por los Municipios derivado de los servicios prestados ni guardan una relación razonable con los costos de los materiales utilizados ni con el que implica certificar un documento.
En el caso de las normas impugnadas de las Leyes de Ingresos de los Municipios de El Espinal, Juchitán y San Pablo Coatlán, Miahuatlán, se advierte que la tarifa será la misma sin importar si se trata de una o más páginas, por lo tanto, resulta contrario al principio de proporcionalidad, pues pagarán lo mismo una persona que solicita la reproducción de un documento que consta únicamente de una hoja, que otra que solicite más de dos copias.
Particularmente, las tarifas previstas en la Ley de Ingresos del Municipio de El Espinal, en cuyo caso las cuotas a cubrir por la certificación de documentos dependerá si se trata de una persona física o moral, circunstancia que se advierte contraria al principio de equidad tributaria, pues el Congreso local estableció un monto por el mismo servicio en relación con la calidad del sujeto solicitante, circunstancia que carece de justificación y razonabilidad.
• SEGUNDO. Los artículos impugnados contenidos en nueve Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2024, no cumplen con el principio de taxatividad, por lo que dejan en un estado de incertidumbre jurídica a las y los gobernados.
A. Infracciones por escándalo en la vía pública o generar molestias.
Los preceptos impugnados de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Ciudad Ixtepec, San Pedro Tapanatepec, Asunción Ixtaltepec, Matías Romero Avendaño, El Espinal, Santo Domingo Tehuantepec, de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León y Cosoltepec establecen como infracción el hecho de causar escándalos en lugares, vías públicas, incluidos los gritos y ofensas, así como causar molestias por cualquier medio, que impidan el legítimo uso o disfrute de un inmueble.
Se considera que dichas descripciones no permiten que las personas tengan conocimiento suficiente de las conductas que en su caso podrían ser objeto de sanción por las autoridades. Si bien el Congreso local consideró necesario contar con mecanismos que podrían perseguir una finalidad constitucionalmente válida, lo cierto es que las medidas resultan desproporcionadas.
Es decir, los artículos impugnados lejos de brindar seguridad jurídica constituyen una restricción indirecta, carente de sustento constitucional, al permitir que la autoridad pueda determinar discrecionalmente cuándo una persona o un grupo de personas llevan a cabo actos o expresiones que constituyen un escándalo o molestias por cualquier medio, que las haga acreedoras a la imposición de una sanción. Es de advertirse que la enunciación de las conductas susceptibles de ser sancionadas permite un amplio margen de ambigüedad, pues ello se sustenta en una apreciación subjetiva acerca de lo que es "molesto" o "escandaloso" para los demás. Para que ello ocurra, se requiere que la autoridad valore si el sonido causado tiene alguna de las características indicadas, quedando en su completo arbitrio la determinación final, lo cual resulta desconocido e indeterminado para el resto de las personas.
B. Infracción por faltar al respeto, agredir verbalmente o emitir injurias.
Las normas impugnadas de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Asunción Ixtaltepec, Matías Romero Avendaño, El Espinal, Santo Domingo Tehuantepec y de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, sancionan conductas o palabras e incluso expresiones de gestos y actitudes que pudieran considerarse como causa de falta de respeto o agresión verbal para cualquier persona que asista a algún espectáculo o diversión o a cualquier autoridad, las cuales buscan prevenir, y en su caso, sancionar a nivel administrativo, aquellas expresiones que atenten contra el decoro de las personas, incluyendo a las autoridades, lo cual corresponde al aspecto subjetivo o ético del derecho al honor, esto es, el sentimiento íntimo de la persona que exterioriza por la afirmación que hace de su propia dignidad.
Además, debe resaltarse que ese Alto Tribunal ya ha declarado la invalidez de normas idénticas a la ahora controvertida, como lo fue en la acción de inconstitucionalidad 81/2023.
En esa línea argumentativa, ese Tribunal Constitucional, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 70/2019, 62/2023, 76/2023 y sus acumuladas 80/2023 y 83/2023, 104/2023 y su acumulada 105/2023, 106/2023, 131/2023, 135/2023, entre otras, ha determinado que la redacción de aquellos preceptos que sancionan el proferir insultos o agresiones verbales resultan en un amplio margen de apreciación para las autoridades para determinar de manera discrecional, qué tipo de ofensa, injuria o falta de respeto encuadraría en dicho supuesto jurídico para que el presunto infractor sea acreedor a una sanción.
C. Infracciones por participar en juegos de cualquier índole en la vía pública.
Los artículos 92, fracción I, inciso A), numeral 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tapanatepec, Distrito de Juchitán, y 114, numeral 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, ambos de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, se alejan del derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, en tanto que genera un amplio margen de apreciación a favor de las personas encargadas de aplicar las sanciones.
Lo anterior se debe a que, conforme a la redacción hecha por la legislatura oaxaqueña, no se tiene certeza, primero, del tipo de juego que puede limitar o afectar el libre tránsito de las personas y vehículos, o que éste se "constituya como una molestia para las personas"; segundo, derivado de la amplitud mencionada, abarca toda la actividad que implica esparcimiento; tercero, no distingue si la afectación al tránsito o a la vialidad será momentánea, por cierta temporalidad o de modo permanente; cuarto, tampoco precisa el tipo de vía pública que podrá ser afectada, y quinto, la calificación de "molestia" que se pueda generar constituye una expresión demasiado vaga e imprecisa.
En diversos precedentes, ese Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido, por argumentos similares, la invalidez de normas de contenido similar de varias leyes de ingresos municipales de los Estados de Oaxaca, Jalisco y Chihuahua, al sustentar que, efectivamente, son descripciones demasiado amplias y ambiguas, que permiten una aplicación discriminada en perjuicio, del derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad de las personas.
• TERCERO. Las normas impugnadas de las Leyes de Ingresos de los Municipios de San Pedro Tapanatepec, Distrito de Juchitán y Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, para el Ejercicio Fiscal 2024, vulneran el derecho humano a la igualdad y no discriminación previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal, al imponer multas a las personas que, por condiciones particulares, tienen la necesidad de solicitar dinero en espacios públicos de esas municipalidades, por lo que devienen en una regulación discriminatoria en perjuicio de ese sector de la población.
La legislatura local estableció multas que oscilan entre los $108.57 pesos a $1,000.00 pesos, dependiendo de la municipalidad en la que alguien solicite habitualmente la caridad en los espacios públicos de los Municipios oaxaqueños.
Ese Alto Tribunal ha puntualizado que existe discriminación indirecta cuando el conjunto de prácticas reproducidas por las instituciones y avaladas por el orden social, provoca que las personas enfrenten distintos escenarios sociales, políticos, económicos y éticos, y diferentes oportunidades de desarrollo y de consecución de sus planes de vida, debido a su pertenencia a grupos en situación de exclusión sistemática, históricamente determinada.
La legislatura local pasó por alto los factores que colocan en una especial situación de vulnerabilidad a las personas que solicitan apoyo económico en los espacios públicos, los cuales son macroestructurales, que implican circunstancias económicas, políticas, culturales, incluso relacionadas con la migración, el desempleo y la pobreza. También soslayó que las personas que solicitan caridad o duermen en la vía pública es justamente en estos lugares donde transitan, desarrollan y habitan, circunstancia que los lleva a enfrentar continuamente una pobreza extrema y diferentes tipos de violencia.
• CUARTO. Los artículos 92, fracción I, inciso F), numeral 3, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Tapanatepec, Distrito de Juchitán, y 114, numeral 41, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec, ambos del Estado de Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024, al sancionar a la persona encargada de la guarda o custodia de un enfermo mental, cuando lo deje trasladarse libremente en un lugar público de esa municipalidad, constituye una regulación permeada de estereotipos y estigmas en torno a las personas con discapacidad mental, que permite se siga perpetuando una visión de que dicho sector de la población representa un riesgo para sí y para el resto de la sociedad, por lo que siempre deben ser "cuidadas" por el mero hecho de ostentar tal condición, lo que resulta discriminatorio en perjuicio de ese colectivo, obstaculizando una igualdad sustantiva.
El Congreso local empleó el término "enfermo mental" para referirse a las personas que viven con discapacidad mental o intelectual, diseño lingüístico que es discriminatorio, excluyente y segrega al mencionado sector de la población y que, a su vez, es contrario al andamiaje constitucional en materia de derechos humanos.
La norma cuestionada sanciona el hecho de que una persona con discapacidad mental o intelectual se traslade libremente en los espacios públicos de los Municipios antes referidos, es decir, constituye una infracción el simple hecho de que una persona con discapacidad mental o intelectual se movilice sola o sin el acompañamiento de quien ejerce su guarda y/o custodia en lugares públicos, medida legislativa que perpetua estigmas en torno a las personas con discapacidad mental, pues parte del supuesto de que representan un riesgo para sí mismas como para la sociedad.
Ello, pues el Congreso local únicamente admite que las personas que viven con discapacidad mental y/o intelectual se desplacen libremente en espacios públicos de los Municipios cuando se encuentren asistidas por quien ostenta su guarda y/o custodia, de lo contrario, dicho encargado será acreedor de una sanción pecuniaria.
En el caso de las discapacidades mental e intelectual se tienen concepciones relativas a violencia, sensación de peligro, incapacidad para tomar decisiones, desesperanza, entre otros, misma que se proyecta en la disposición normativa impugnada.
El precepto contiene un lenguaje discriminatorio que contempla estereotipos y estigmas en torno a la persona con discapacidad mental o intelectual, destacando una de las categorías sospechosas contenidas en el último párrafo del artículo 1o. constitucional, mediante elecciones lingüísticas que denotan un rechazo social hacia ese sector de la población.
8. B.4. Registro del expediente y acumulación. Mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 69/2024, y turnó el asunto por acumulación a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, al existir identidad respecto de un Decreto impugnado en la diversa acción de inconstitucionalidad 68/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, al existir identidad de decretos legislativos impugnados.
9. Admisión de las demandas acumuladas. Por auto de once de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite las demandas acumuladas en esta instancia, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al Ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial local en el que conste su publicación; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que, antes del cierre de instrucción, manifestara lo que a su representación correspondiera.
10. Informe del Poder Legislativo de Estado de Oaxaca. Mediante oficio recibido el siete de junio de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(3) Sergio López Sánchez, en su carácter de Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, rindió el informe solicitado, en el cual ma
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33616-329c11d2/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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