I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. VI. SERVICIO POR BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. LAS DISPOSICIONES QUE NO ESTÁN VINCULADAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SINO EN FUNCIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. VII. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DE LOS IMPUESTOS. VIII. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. IX. SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES, CERTIFICADAS Y CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN LAS CUOTAS POR ESTE SERVICIO VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, AL NO GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO NI CON EL COSTO QUE IMPLICA CERTIFICAR UN DOCUMENTO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, DISTRITO DE HUAJUAPAN; 44, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, DISTRITO DE SILACAYOÁPAM; 81, FRACCIONES XVII Y XXXIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC, DISTRITO DE POCHUTLA; 60, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, DISTRITO DE TEHUANTEPEC; Y 71, FRACCIONES I Y III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, DISTRITO DE TEOTITLÁN, TODOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICUATRO). X. SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. LAS NORMAS QUE NO ESPECIFICAN SI LA EXPEDICIÓN DE LA COPIA SERÁ "SIMPLE" O "CERTIFICADA", Y SI EL COBRO ES POR HOJA O DOCUMENTO, VIOLAN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, POR GENERAR INCERTIDUMBRE PARA LOS GOBERNADOS, EN VIRTUD DE QUE SE DEJA A LA DISCRECIONALIDAD DE LA AUTORIDAD SU DETERMINACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA; 44, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, DISTRITO DE SILACAYOÁPAM; 81, FRACCIONES XVII Y XXXIII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC; 60, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA; Y 71, FRACCIONES I Y III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, DISTRITO DE TEOTITLÁN, TODOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICUATRO). XI. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA GUARDA UNA SIMILITUD FUNDAMENTAL CON LAS PENAS, TODA VEZ QUE AMBAS TIENEN LUGAR COMO REACCIÓN FRENTE A LO ANTIJURÍDICO; EN UNO Y OTRO SUPUESTOS LA CONDUCTA HUMANA ES ORDENADA Y PROHIBIDA. XII. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. XIII. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. LAS NORMAS GENERALES QUE PREVÉN SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEBEN DESCRIBIR CON SUFICIENTE PRECISIÓN LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS Y LAS SANCIONES APLICABLES. XIV. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS ESTABLECIDAS POR ESCANDALIZAR EN LA VÍA PÚBLICA (GRITAR U OFENDER), CAUSAR MOLESTIAS EN LUGARES PÚ
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 64/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 14 DE OCTUBRE DE 2024. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de octubre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 64/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de diversas disposiciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos de distintos Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
2. Presentación de las demandas. El once de marzo de dos mil veinticuatro la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad impugnando porciones normativas, contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicadas el diez de febrero de dos mil veinticuatro.(1)
3. Conceptos de invalidez. En dicho escrito se expusieron los siguientes razonamientos.
PRIMERO. Los preceptos que prevén cobros por la expedición de documentos en copias y certificaciones (no relacionados con acceso a la información pública), establecen tarifas que injustificadas y desproporcionadas ya que no atienden al costo que le representó al Estado prestar el servicio ni guardan una relación razonable con los costos de los materiales utilizados, por tanto, vulneran los principios tributarios restablecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
En específico, señala que en cuanto a la reproducción de información en copias y/o certificaciones no se advierte que exista razonabilidad alguna entre el costo de los materiales usados, tales como hojas o tinta, en la prestación del servicio, por lo que el monto establecido resulta desproporcionado pues no responde al gasto que efectúa el municipio correspondiente para brindar el servicio.
En cuanto a los cobros por certificaciones alega que también son desproporcionales, porque si bien este servicio consiste en la reproducción de un documento y su certificación por parte de un funcionario público, ello no implica que pueda existir un lucro para este servidor público, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio.
Adicionalmente, menciona que respecto de algunas normas se advierte que la tarifa será la misma sin importar si se trata de una o más páginas, lo cual resulta contrario al principio de proporcionalidad pues pagará lo mismo una persona que solicita la reproducción de un documento que consta únicamente de una hoja, que otra que solicite más de dos copias.
SEGUNDO. Las normas impugnadas vulneran el principio de taxatividad al establecer multas por la realización de conductas que resultan amplias y ambiguas, lo que da pauta a que la autoridad administrativa determine arbitrariamente cuándo se actualiza el supuesto y, por ende, la imposición de una sanción, lo cual genera incertidumbre jurídica a los gobernados.
a. Infracciones por escándalo en la vía pública o generar molestias.
Las normas que establecen como infracción el hecho de causar escándalos en lugares, vías públicas, incluidos los gritos y ofensas, así como causar molestias por cualquier medio, que impidan el legítimo uso o disfrute de un inmueble, permiten un margen de aplicación amplio e injustificado que autoriza que, bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier acto de expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa.
Esto es, los preceptos impugnados lejos de brindar seguridad jurídica a las personas constituyen una restricción indirecta, carente de sustento constitucional al permitir que las autoridades puedan determinar discrecionalmente cuándo una persona o un grupo de personas llevan a cabo actos o expresiones que constituyan escándalo o molestias por cualquier medio, que impidan el legítimo uso o disfrute de un inmueble, que las haga acreedoras a la imposición de una sanción.
De manera que la enunciación de las conductas se sustenta en una apreciación subjetiva acerca de lo que es “molesto” o “escandaloso” para los demás. Por tanto, concluye que la falta de precisión de las normas en combate genera un estado de incertidumbre jurídica para los gobernados, pues no tendrán certeza de cuántos de sus actos actualizarán o no ese tipo de infracciones, en perjuicio de la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
b. Infracción por faltar al respeto o injurias.
Las normas que establecen infracciones por “injuriar a las personas que asistan a un espectáculo o diversión, con palabras, actitudes o gestos, por parte de los actores, jugadores, músicos o auxiliares del espectáculo o diversión”, así como por “faltar a la autoridad en ejercicio de sus funciones”, reconocen un gran margen de discrecionalidad a la autoridad correspondiente para determinar conforme a su arbitrio y si las conductas infractoras se actualizan y en consecuencia si deberán ser sancionadas o no, dejando en incertidumbre jurídica a los gobernados.
En cuanto a las “faltas a la autoridad en ejercicio de sus funciones” implica un sin número de supuestos que podrían actualizar la conducta, no obstante la calificación de si constituye o no una “falta” corresponde única y exclusivamente a las personas que reciben la conducta, esto es, resulta necesario que se lleve a cabo un juicio subjetivo en el que se tomará en consideración tanto el propósito o intenciones del emisor, como del receptor, en el sentido de cómo entiende el mensaje o el acto, así como cuestiones propias de la relación social entre los intervinientes y del contexto que se general al momento que se desarrolló la conducta.
Por otra parte, respecto a la infracción por “injuriar a las personas que asistan a un espectáculo o diversión, con palabras, actitudes o gestos, por parte de los actores, jugadores, músicos o auxiliares del espectáculo o diversión”, también resulta sumamente amplio, pues puede actualizarse de múltiples formas, ya sea a través de expresiones, actitudes o gestos, dependiendo de la connotación que le dé la persona receptora.
Por tanto, las normas impugnadas son insuficientes para limitar razonablemente el conjunto de conductas que pueden actualizar esas infracciones administrativas y ameriten una sanción, pues la autoridad es quien calificará según su criterio, las palabras, expresiones, gesticulaciones o hechos que actualizan una falta o injurias, con la única referencia a la comprensión social y contextual de lo que constituye una ofensa que amerita la imposición de la sanción, lo que genera incertidumbre en los destinatarios de la norma.
c. Infracciones por participar en juegos de cualquier índole en la vía pública.
La norma que prevé como infracción administrativa “organizar o tomar parte en juegos de cualquier índole en lugares públicos, que pongan en peligro a las personas que transiten o causen molestias a las familias que habiten en o cerca del lugar en que desarrollen juegos a los peatones o a las personas que conduzcan cualquier clase de vehículos”, vulnera el principio de seguridad jurídica y de legalidad, al generar un amplio margen de apreciación a favor de las personas encargadas de aplicar sanciones.
Lo anterior, ya que no se tiene certeza del tipo de juegos que puede limitar el libre tránsito de las personas y vehículos, o que esto se constituya como una molestia para las personas; la norma abarca toda la actividad que implica esparcimiento, además no distingue si la afectación al tránsito o a la vialidad será momentánea, por cierta temporalidad o de modo permanente, ni tampoco se precisa el tipo de vía pública que podrá ser afectada.
Siendo que lo anterior evidencia la apreciación subjetiva de la autoridad de si la persona o conjunto de personas que llevan a cabo cualquier tipo de juego, deben ser sancionadas o no, pues para ello deberá calificar si afectan o no la vialidad y a qué grado dicho acto recreativo general algún tipo de afectación a las personas.
TERCERO. La norma que prevé una sanción pecuniaria a la persona encargada de la guarda y custodia de un enfermo mental, cuando lo deje trasladarse libremente en un lugar público de esa municipalidad, resulta discriminatorio en contra de las personas con discapacidad mental y/o intelectual, que impide el reconocimiento de su dignidad humana, ello ya que les impide que tengan una vida digna, autónoma e independiente dentro de la sociedad, afectando el reconocimiento de su personalidad jurídica como titulares plenos de derechos fundamentales.
El Congreso local empleó el término “enfermo mental” para referirse a las personas que viven con discapacidad mental o intelectual, diseño lingüístico que es discriminatorio, excluyente y segrega al mencionado sector de la población y que, a su vez, es contrario al andamiaje constitucional en materia de derechos humanos. Aunado a ello, el diseño normativo se encuentra permeado de estigmas y prejuicios relacionados con las personas que viven con discapacidad mental y/o intelectual, que impide la consolidación sustantiva de una igualdad sustantiva en el municipio oaxaqueño.
Ahora bien, precisa que al tratarse de una norma que realiza una distinción basada en una categoría sospechosa corresponde realizar un escrutinio de la medida legislativa; siendo que en el caso no supera la primera grada del test de igualdad ya que la norma no cumple con la finalidad imperiosa, al no existir justificación constitucionalmente válida para que se sancione por el simple hecho de que una persona con discapacidad mental y/o intelectual se traslade libremente en lugares públicos, sin la compañía o supervisión de la persona encargada de su guarda o custodia; por el contrario promueve la restricción en la libertad de tránsito de las personas con discapacidad.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de once de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dio cuenta de la demanda presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asignándole el número de expediente 64/2024 y designando como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.(2)
5. Mediante acuerdo de tres de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor dio cuenta de la demanda de inconstitucionalidad, la admitió a trámite y tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca como las entidades que emitieron y publicaron las reformas impugnadas; asimismo, entre otros aspectos, solicitó el informe a dichas autoridades y le dio vista del asunto al Fiscal General de la República para que, hasta antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su representación correspondiera.(3)
6. Informe del Poder Legislativo Estatal. El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, rindió informe en el que expresó medularmente lo siguiente:
Las disposiciones que prevén el cobro por la reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información, no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria ya que las tarifas establecidas no son excesivas sino que están acorde con la capacidad contributiva de los ciudadanos de cada uno de los municipios; mismas que fueron aprobadas por una mayoría calificada de los integrantes del ayuntamiento.
Por lo que hace a las normas que prevén sanciones por conductas que resultan ambiguas segundo concepto de invalidez, refiere que el hecho de que no se establezcan definiciones no torna inconstitucional una norma pues es parte de la función administrativa del que lleve la ejecución, en apego a los principios de fundamentación y motivación, el desarrollo y precisión del objeto y el alcance del mismo, sin que ello genere incertidumbre jurídica.
En cuanto a las normas que prevén la sanción pecuniaria a las personas encargadas de la guarda y custodia de un enfermo mental, cuando lo deje trasladarse libremente en un lugar público de esa municipalidad, no vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad, ni el de igualdad y discriminación, toda vez que el legislador no buscó generar categorías diversas en razón de las condiciones a que se encuentre una persona en particular, sino que busca regular una cuestión de interés general.
7. Informe del Poder Ejecutivo Estatal. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, rindió informe en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa exponiendo esencialmente lo siguiente:
En cuanto al fondo.
a) Principio de proporcionalidad tributaria.
Refiere que la sola mención de que se violaron derechos constitucionales no es suficiente para formular un agravio, y que en el caso, de las leyes impugnadas se desprende el razonamiento lógico jurídico entre el hecho imponible y la base; por lo que los costos de reproducción, envió o certificación se sustentan en una base razonable y objetiva, por lo cual su argumento resulta infundado.
Asimismo, afirma que los promoventes se basan en una cuestión subjetiva pues para poder hablar de un exceso en el pago de derechos es necesaria la existencia de parámetros de valores en dinero o en algún otro que sirva de comparación para sostener que los cobros son desproporcionados, pues se limitan a trascribir los costos.
b) Autonomía de los municipios.
Señala que la Comisión no realiza un adecuado análisis de palabras y/o conductas que le causen molestia pues sólo se limita a justificar sus razonamientos respecto de lo establecido en las leyes impugnadas, sin ampliar su panorama sobre la finalidad de las normas y sin realizar el estudio de derechos y principios que se busca proteger en el orden público; de manera que no es posible observar que las normas contengan un grado excesivo de imprecisión o confusión pues la conducta y la sanción a imponer es clara, lo cual no deja nada al arbitrio de la autoridad.
Causal de improcedencia.
Poder Ejecutivo Local señala que la acción de inconstitucionalidad resulta improcedente de conformidad con los artículos 19, fracción VIII y 65, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia, debido a que no existen las violaciones a la Constitución Federal que impugna la accionante y en consecuencia aduce que procede el sobreseimiento del asunto. Añade que la promulgación de las distintas leyes impugnadas se realizó en ejercicio de las facultades que le confieren las disposiciones aplicables, y que de las violaciones a diversos principios que aduce la accionante no se advierta violación alguna por parte del Congreso Estatal, ni del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que no resultan inconstitucionales.
8. Pedimento. El Fiscal General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no formularon pedimento ni manifestación alguna en el presente asunto.
9. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y transcurrido el plazo concedido a las partes para que formularan alegatos, sin que se haya tenido constancia de su presentación, por acuerdo de nueve de julio de dos mil veinticuatro, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro Instructor para la elaboración del proyecto de resolución.(4)
I. COMPETENCIA
10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General(5) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés y modificado mediante instrumento normativo de diez de abril de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de ese mismo mes y año,(7) toda vez que se plantea la posible contradicción entre normas de rango constitucional y normas de Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Oaxaca, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
11. Del análisis al escrito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se advierte que impugna normas contenidas en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio de dos mil veinticuatro, como se describe a continuación:
a) Cobros por reproducción de documentos existentes en los archivos municipales en copias simples y certificadas no relacionados con acceso a la información.
1) Artículo 38, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla, Distrito de Huajuapan, Oaxaca.
2) Artículo 44, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco, Distrito de Silacayoápam, Oaxaca.
3) Artículo 81, fracciones XVII y XXXIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Colotepec, Distrito de Pochutla, Oaxaca.
4) Artículo 60, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Mixtequilla, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca.
5) Artículo 71, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Teotitlán de Flores Magón, Distrito de Teotitlán, Oaxaca.
b) Multas administrativas ambiguas.
• Escándalo en la vía pública o general molestias.
1) Artículo 108, numerales 28 y 34, de la Ley de Ingresos del Municipio de (sic) Heroica Villa de San Blas Atempa, Distrito (sic) Tehuantepec, Oaxaca.
2) Artículo 76, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco, Distrito de Silacayoápam, Oaxaca.
3) Artículo 151, fracción XII, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Colotepec, Distrito de Pochutla, Oaxaca.
4) Artículo 91, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Mixtequilla, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca.
5) Artículo 120, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Teotitlán de Flores Magón, Distrito de Teotitlán, Oaxaca.
• Faltar al respeto o injurias.
1) Artículo 108, numeral 42, de la Ley de Ingresos del Municipio de (sic) Heroica Villa de San Blas Atempa, Distrito (sic) Tehuantepec, Oaxaca.
2) Artículo 76, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco, Distrito de Silacayoápam, Oaxaca.
• Participar en juegos de cualquier índole en la vía pública.
1) Artículo 108, numeral 7, de la Ley de Ingresos del Municipio de (sic) Heroica Villa de San Blas Atempa, Distrito (sic) Tehuantepec, Oaxaca.
c) Multas a encargados de la guarda o custodia por el tránsito de personas con discapacidad mental.
1) Artículo 108, numeral 35, de la Ley de Ingresos del Municipio de (sic) Heroica Villa de San Blas Atempa, Distrito (sic) Tehuantepec, Oaxaca, para el Ejercicio Fiscal 2024.
III. OPORTUNIDAD
12. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General,(8) (de ahora en adelante la “Ley Reglamentaria de la materia”) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial y, en caso de que el último día del referido plazo sea inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
13. En el caso, las Leyes de Ingresos de los diversos Municipios del Estado de Oaxaca que fueron publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad el sábado diez de febrero de dos mil veinticuatro, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del domingo once de febrero al lunes once de marzo de dos mil veinticuatro. 14. Por lo que dado que la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el once de marzo de dos mil veinticuatro,(9) resulta inconcuso que fue oportuna su presentación.
IV. LEGITIMACIÓN
15. El artículo 105, fracción II, párrafo segundo, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(10) dispone en lo que interesa, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o estatales que consideren vulneren derechos humanos.
16. En ese sentido, se advierte que la demanda fue presentada, por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(11) acreditándolo con la copia certificada del acuerdo de designación expedido por el Senado de la República.
17. Conviene precisar que, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, argumenta que las disposiciones reclamadas vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, seguridad jurídica, legalidad en su vertiente de taxatividad, igualdad y no discriminación, por lo que es de reiterarse el criterio sostenido por el Tribunal Pleno, en el sentido de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para impugnar normas de carácter tributario, como acontece en el caso.(12)
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
18. El Poder Ejecutivo Local señala que la acción de inconstitucionalidad resulta improcedente de conformidad con los artículos 19, fracción VIII y 65, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia, debido a que no existen las violaciones a la Constitución Federal que impugna la accionante y en consecuencia aduce que procede el sobreseimiento del asunto. Añade que la promulgación de las distintas leyes impugnadas se realizó en ejercicio de las facultades que le confieren las disposiciones aplicables, y que de las violaciones a diversos principios que aduce la accionante no se advierta violación alguna por parte del Congreso Estatal, ni del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que no resultan inconstitucionales.
19. Tal argumento debe desestimarse porque no constituye una causa de improcedencia de las previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, aunado a que el referido Poder Ejecutivo local, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas impugnadas para otorgarles plena validez y eficacia, se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma, por lo que debe responder por la validez de sus actos.(13)
20. Por otra parte, en cuanto al análisis de la actualización de las violaciones a derechos humanos que refiere la accionante en su demanda, ello involucra el estudio de fondo del asunto.(14)
VI. ESTUDIO DE FONDO
21. Toda vez que no se adujeron razonamientos de inconstitucionalidad en contra del procedimiento legislativo, se procede de forma directa al análisis de los conceptos de invalidez formulados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los preceptos impugnados.
22. Los argumentos planteados por la Comisión abordan problemáticas distintas por lo que este Tribunal Pleno realizará el análisis de las normas impugnadas en el orden siguiente: 1. Cobros por la reproducción e información no relacionada con el derecho de acceso a la información; 2. Multas administrativas ambiguas, el cual se subdivide en a) por escándalos en la vía pública o generar molestias (gritos y ofensas); b) faltas de respeto a la autoridad o injuriar a personas que asistan a un espectáculo o diversión; c) Participar en juegos de cualquier índole en la vía pública; y 3. Multas a encargados de la guarda o custodia por el tránsito de personas con discapacidad mental.
Tema 1. Cobros por reproducción de documentos existentes en los archivos municipales en copias simples y certificadas no relacionados con acceso a la información.
23. En el concepto de invalidez primero la Comisión accionante alega que las normas impugnadas transgreden los principios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal; ello al prever cobros que no guardan una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio que proporciona el Estado, facultando a las autoridades a realizar el cobro de diversas cantidades por el mismo servicio, ya sea la reproducción de solo una hoja o de más hojas.
24. Este Tribunal Pleno, para analizar dichos argumentos estima oportuno precisar el contenido de las normas impugnadas:
Ver normas impugnadas 1
25. Como se advierte de la transcripción, las disposiciones cuestionadas establecen diversas cuotas por la expedición de copias simples, certificadas y certificaciones de documentos existentes en los archivos de las oficinas municipales, y en uno de los casos derivados de las actuaciones de servidores públicos municipales.
26. Este Tribunal Pleno ha determinado que en el caso de las normas que establecen costos por servicios que no se relacionan con el derecho a la información pública, lo procedente es analizarlas a la luz de los principios tributarios previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, cuyos alcances y aplicación ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinando que para considerar constitucionales las normas que prevén las contribuciones denominadas derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cuestiones, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser igual para todos aquellos que reciban el mismo servicio.
27. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 2/98 y P./J.3/98, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: “DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS” y “DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA”,(15) respectivamente.
28. Ahora bien, al resolver recientemente las acciones de inconstitucionalidad 76/2023 y sus acumuladas 80/2023 y 83/2023,(16) 106/2023, 135/2023, 104/2023 y su acumulada 105/2023,(17) entre otras, en las que se analizaron normas de Leyes de Ingresos de diversos municipios del Estado de Oaxaca, este Tribunal Pleno ha sostenido lo siguiente:
• Que la solicitud de copias certificadas y el pago de los correspondientes derechos implica para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas, de modo que dicho servicio es un acto instantáneo porque se agota en el mismo acto en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo.
• A diferencia de las copias simples, que son meras reproducciones de documentos que para su obtención se colocan en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, de que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado; las copias certificadas involucran la fe pública del funcionario que las expide, la cual es conferida expresamente por la ley como parte de sus atribuciones.
• La fe pública es la garantía que otorga el funcionario respectivo al determinar que el acto de reproducción se otorgó conforme a derecho y que lo contenido en él es cierto, proporcionando así seguridad y certeza jurídica al interesado. Luego de esas consideraciones concluyeron que certificar cualquier documento consiste en compararlo con su original y, después de confrontarlo, reiterar que son iguales, esto es, que la reproducción concuerda exactamente con su original.
• El servicio que presta el Estado en este supuesto se traduce en la expedición de copias que se soliciten y el correspondiente cotejo con el original que certifica el funcionario público en ejercicio de las facultades que le confiere una disposición jurídica.
• A diferencia de lo que ocurre en el derecho privado, la correspondencia entre el servicio proporcionado por el Estado y la cuota aplicable por el acto de certificar no debe perseguir lucro alguno, pues se trata de una relación de derecho público, de modo que, para que la cuota aplicable sea proporcional, debe guardar relación razonable con lo que cuesta para el Estado la prestación de dicho servicio, en este caso, de certificación o constancia de documentos, actas, datos y anotaciones.
29. Precisado lo anterior, de la revisión a las constancias que obran en autos, se advierte que en lo que respecta al costo de las copias simples por hoja en $5.00 (cinco pesos 00/100 M.N.), y la cuota por evento de 0.05 UMA que equivale a $5.42 (cinco pesos 42/100 M.N.),(18) no se advierte la relación razonable que guarden las cuotas establecidas con el costo de los materiales usados, tales como hojas y tinta, sobre todo si se atiende al costo que en el mercado tiene una fotocopia, por lo que procede declarar su invalidez.
30. Al respecto, es importante tener en cuenta lo fallado por este Tribunal Pleno recientemente, al resolver la acción de inconstitucionalidad 75/2024, en la que se analizaron Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, que establecían cuotas por la expedición de copias simples en cantidad de $5.00 (Cinco pesos 00/100 M.N.), declarando la invalidez de las mismas al considerar que las cuotas previstas no guardan relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio.(19)
31. En cuanto a las tarifas de las certificaciones por evento el rango va de $60.00 (sesenta pesos 00/100 M.N.) y hasta $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), así como las copias adicionales certificadas por evento en cantidad de 0.73 UMA cuya equivalencia en pesos corresponde a $79.25(20) (setenta y nueve pesos 25/100 M.N.); si bien este servicio no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener una certificación o constancia, sino que procede a imprimir la certificación re
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33420-4e8bb82b/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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