I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER. IV. SERVICIO POR BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. LAS DISPOSICIONES QUE NO ESTÁN VINCULADAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SINO EN FUNCIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. V. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS EN MATERIA DE DERECHOS. ESTOS PRINCIPIOS EXIGEN QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS SE TOME EN CUENTA EL COSTO QUE REPRESENTA AL ESTADO LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE Y, ADEMÁS, QUE DICHAS CUOTAS SEAN FIJAS E IGUALES PARA TODOS LOS QUE RECIBAN EL MISMO SERVICIO. VI. DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DE LOS IMPUESTOS. VII. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. VIII. SERVICIO POR BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS. LAS CUOTAS ESTABLECIDAS POR ESTE SERVICIO SON DESPROPORCIONALES CUANDO NO EXISTE UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024]. IX. SERVICIO POR LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN EL COBRO POR ESTE SERVICIO QUE NO GUARDAN UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO NI CON EL DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN II, INCISO F) DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024]. X. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. SE CLASIFICA COMO PARTE DE LA SALUBRIDAD GENERAL. XI. SALUBRIDAD GENERAL. LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA CONFIERE FACULTADES ADMINISTRATIVAS EXCEPCIONALES PARA ATENDER SITUACIONES EXTRAORDINARIAS QUE AFECTEN LA SALUBRIDAD DE LA NACIÓN Y DISPONE LA EXISTENCIA DE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO. XII. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. EXISTE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL COMPLEJO EN EL QUE PARTICIPAN TANTO LA FEDERACIÓN COMO LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AL REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESAS ACTIVIDADES, CUANDO CONSTITUYAN UN PROBLEMA REAL O POTENCIAL PARA LA SALUBRIDAD GENERAL. XIII. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA NORMA QUE SANCIONA A LAS PERSONAS POR NO USAR CUBREBOCAS, CUANDO SE HA DECLARADO UNA EMERGENCIA SANITARIA Y LA PORTACIÓN SE HA DECRETADO OBLIGATORIA EN CONJUNTO CON LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE EN MATERIA DE SALUD, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA [ARTÍCULO 46, FRACCIÓN VI, INCISO A), PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024]. XIV. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UNA SANCIÓN POR NO HACER USO DE CUBREBOCAS CUANDO SE DETERMINE OBLIGATORIO, A LOS JORNALEROS, OBREROS, O TRABAJADORES, EN RAZÓN DE "UN DÍA DE SALARIO DE SU JORNAL", ES DESPROPORCIONAL Y, POR ENDE, CONTRARIO A LA NORMA CONSTITUCIONAL [ARTICULO 46, FRACCIÓN VI, INCISO A), SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024]. XV. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UNA MULTA A LA PERSONA ENCARGADA DE LA GUARDA O CUSTODIA DE UN "ENFERMO MENTAL" QUE LO DEJE TRASLADARSE LIBREMENTE EN LUGAR PÚBLICO, NO CUMPLE CON UNA FINALIDAD IMPERIOSA, PUES NO CONTIENE ALGÚN PROPÓSITO VÁLIDO, SINO MÁS BIEN UN APERCIBIMIENTO QUE PROMUEVE LA RESTRICCIÓN EN LA LIBERTAD DE TRÁNSITO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INOBSERVA QUE ÉSTAS DEBEN TENER IGUAL RECONOCIMIENTO ANTE LA LEY Y GOZAR DE LOS MISMOS DERECHOS QUE EL RESTO DE LAS PERSONAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 44, FRACCIÓN II, NÚMERO 24, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE Y 44, FRACCIÓN II
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 53/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: VIOLETA ALEMÁN ONTIVEROS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El Poder Ejecutivo Federal impugna diversas disposiciones de distintas leyes de ingresos de municipios del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro en diversos temas.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 53/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra de una diversidad de artículos contenidos en leyes de ingresos de municipios del Estado de San Luis Potosí, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial de la Entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. El treinta de enero de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo Federal presentó demanda de acción de inconstitucionalidad señalando como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito, el Poder promovente hizo valer, esencialmente, lo siguiente:
• Primero. Cobros injustificados y excesivos sobre el impuesto a la plusvalía. Señala que las normas impugnadas violan los principios de taxatividad, proporcionalidad y equidad de las contribuciones contenidos en los artículos 14, 16 y 31 de la Constitución Federal.
En un inicio, expone el principio de proporcionalidad en materia de derechos, el cual implica que la determinación de las cuotas correspondientes por ese concepto debe tener en cuenta el costo que para el Estado tenga para la ejecución del servicio y que las mismas sean fijas e iguales para todos.
Posteriormente, en relación con el impuesto a la plusvalía, señala que a pesar de que el Congreso local haya desglosado los costos de dicho servicio, derivado del incremento en el valor de los bienes inmuebles urbanos, suburbanos y rústicos del Municipio que obtengan sus propietarios o poseedores, debido a la realización de una obra ejecutada total o parcialmente con recursos municipales, no pueden ser excesivos y sin justificación.
En efecto, señala que las disposiciones impugnadas establecen un cobro del pago de derechos por la plusvalía, que va de una tasa de 1.20% a 7.0%, sobre la base gravable y en ningún caso será menor a 4 UMA, lo que representa un cobro excesivo, dado que la cuota determinada no encuentra su justificación, pues de ninguna forma se puede comprobar que ese sea el costo real que representa, ya que no se cuenta con las cantidades que erogó el municipio para arribar a esa tarifa establecida por el legislador local.
Menciona que se fijó el cobro de derecho a la plusvalía sin atender al costo que representa para el Municipio, ni establece las bases de como cobrar dicho impuesto y la prestación de este, lo que contraviene el principio de proporcionalidad, al no contemplar un parámetro razonable propio de un cobro de derecho.
El hecho de que se imponga otro impuesto sobre la propiedad es inconstitucional, sobre todo, cuando ya existen impuestos sobre bienes inmuebles, como lo es, el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y el Impuesto Predial.
• Segundo. Multas administrativas que vulneran los principios de legalidad y seguridad jurídica, en su vertiente de taxatividad. Las normas impugnadas que establecen multas por faltas administrativas constituyen infracciones abiertas que dejan a las autoridades administrativas, de manera discrecional y subjetiva, determinar las conductas supuestamente infractoras, lo cual no permite a los gobernados conocer con certeza y anticipación las posibles conductas tipificadas como infracción. Así, el legislador local faltó a su obligación de establecer las conductas infractoras de forma precisa y clara, pues la forma en que las determina permite un amplio margen para su arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación, ya que correspondería a estas determinar qué conductas pueden ser sancionadas y el destinatario de la norma no conocería las hipótesis que constituyen dichas infracciones a la ley, con lo cual genera falta de certeza jurídica.
La calificación de “escándalo” no responde a criterios objetivos, ya que no se determina la acción y se permite que se sancione de manera discrecional a las personas que realicen un acto que resulta impreciso y que pudiera no considerarse lo suficiente grave para reprocharse. Mientras que el individuo a quien se dirige la sanción no tiene certeza de que con su conducta puede o no actualizar la acción, debido a que se alude a referencias imprecisas e indeterminadas que conllevan a un amplio espectro de conductas.
Tampoco se define qué debe entenderse por “alterar el orden” y tampoco se establecen cuáles son las “agresiones verbales”, toda vez que este tipo de actos o acciones contienen un amplio margen de apreciación y contienen diversos conceptos indefinidos, pues no tienen los elementos que integran la infracción de forma clara y precisa, pues dependen de la perspectivas social y la apreciación subjetiva del operador de la norma, por lo que su determinación no puede ser valorativa, ni atender a criterios subjetivos.
En lo concerniente a la multa por “no hacer uso de cubrebocas cuando se determine obligatorio”, tampoco contiene los elementos que integran la infracción de forma clara y precisa, ya que no especifica si el cubrebocas debe ser usado en lugares públicos abiertos o cerrados, ni el momento en el que se determinará el uso obligatorio.
En lo relativo a las multas por “la irresponsabilidad de los padres, tutores o encargados de personas con incapacidades mentales, al permitir que estos deambulen en lugares públicos, sin ir acompañados y conducidos por ellos mismos o por un adulto y a los familiares que tengan la custodia legal o responsabilidad de la persona que padezca de sus facultades mentales”, señala que viola el libre desarrollo de la personalidad y el libre tránsito, y el multar a la población por dichos conceptos restringe el ejercicio de los derechos tutelados por la Constitución.
• Tercero. Multas por bailes en domicilios de particulares en forma reiterada que causen molestias a los vecinos. Señala que las normas impugnadas vulneran el derecho a la libertad de reunión, así como los principios de taxatividad y proporcionalidad contenidos en los artículos 9, 14, 16 y 31 de la Constitución Federal.
Señala que su redacción no es clara y precisa, puesto que se pretende establecer multas por la simple celebración de bailes en domicilios de particulares en forma reiterada que causen molestias a los vecinos, sin que se defina con claridad qué debe entenderse por bailes, ni señala los elementos para determinar cómo se actualiza. Así como también el legislador local no justifica por qué se debe pagar una multa y menos aún, especifica en dónde podrán celebrarlos.
Refiere que no se establece con claridad cuándo se debe pagar por la realización de un baile o evento en vía pública o en el interior del domicilio, lo que deja en estado de incertidumbre al no saber en qué momento se encuentra frente a la obligación de la contribución.
Por otra parte, señala que dicho precepto limita de forma injustificada el ejercicio del derecho de reunión de los habitantes del referido municipio, en virtud de que no se establecen lugares específicos para la celebración de estos sin ser sancionados. De manera similar la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 52/2023, determinó declarar la invalidez de diversas leyes de ingresos que establecían el cobro de permisos para realizar eventos sociales.
Señala que el Estado no puede restringir actividades que garantiza la Constitución al individuo, como es el caso de los bailes en domicilios de los particulares, los cuales puede ejecutar libremente sin permiso de la autoridad, ya que estos se celebran de forma pacífica con un fin lícito y sin fines de lucro.
• Cuarto. Búsqueda de información que se lleva a cabo en el archivo histórico municipal. La porción impugnada establece un pago de derechos por concepto de búsqueda de información que se lleve a cabo en el archivo histórico municipal de Armadillo de los Infantes, lo que contraviene el derecho de acceso a la información, específicamente, el principio de gratuidad, al prever una tarifa para localizar la información solicitada.
Por otra parte, señala que la disposición impugnada establece un pago de 1.20 Unidades de Medida de Actualización (en adelante UMA), equivalente a $130.28 pesos, con motivo de la búsqueda relacionada con la información que posee el archivo histórico, es decir, se trata de un cobro excesivo, dado que la cuota determinada no encuentra su justificación, pues de ninguna forma puede considerarse que ese sea el costo de los materiales utilizados para la búsqueda de la información solicitada.
No se permite un cobro por la simple solicitud de información, ya que únicamente pueden cobrar sobre los insumos o los gastos materiales y de envío de la información. Por lo que las tarifas que establecen las normas son excesivas, lo cual, de ninguna manera corresponde al costo de los materiales empleados para su reproducción.
3. Admisión y trámite. Por proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta formó y registró el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó su turno al Ministro Instructor, quien, mediante acuerdo de veinte de febrero de la misma anualidad, admitió el presente medio de control y realizó los requerimientos y trámites ordenados por ley.
4. Informe del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. El órgano parlamentario local argumentó, en síntesis, lo siguiente:
• Respecto al cobro del derecho a la plusvalía, en el que el promovente impugna una violación al principio de proporcionalidad al no contemplarse un parámetro razonable, esto es, por no haberse atendido al costo que representa para el Municipio, ni establece las bases del como cobrar dicho impuesto y la prestación de este. El Congreso local señala que es incorrecta su postura, ya que se trata de un impuesto y no de un derecho por la prestación de servicios municipales.
• En el caso de las multas por sanciones administrativas por ser violatorias del principio de taxatividad, difiere del criterio del accionante ya que no considera que exista ambigüedad en las disposiciones reclamadas, puesto que las expresiones son del conocimiento popular y entendible para toda la población, por lo que no se da lugar a la incertidumbre jurídica.
• En cuanto a la multa por realizarse bailes en domicilios particulares en forma reiterada que causen molestias a los vecinos en el que se aduce violación al derecho a la libertad de reunión, seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad. El Congreso local señala contar con libertad configurativa para regular reuniones sociales, a fin de que estas respeten los derechos humanos de las demás personas y exista una sana convivencia entre los habitantes del Municipio.
• Finalmente, por lo que hace a la norma impugnada que regula la búsqueda de archivo histórico municipal, el Congreso señala que la ley de transparencia local hace una distinción entre el procedimiento para la obtención de la información (los cuales deben ser gratuitos), y los eventuales costos de los soportes en los que se entregue (copias simples o certificadas), por lo que permite establecer el pago de certificaciones cuando sea el caso. Además de que dichos costos no son excesivos ni son desproporcionales en virtud de los costos que representa al Municipio otorgar dicho servicio de certificación.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. El Poder local argumentó, en síntesis, lo siguiente:
• En cuanto a los actos de promulgación y publicación de las normas impugnadas, señala que son indiscutibles dichos actos.
• Sin embargo, no advirtió que las normas impugnadas vulneraran derechos fundamentales de manera restrictiva o de forma amplia, por lo que, en su oportunidad, no ejerció su facultad de formular observaciones al proyecto que discutió y votó el Congreso local.
6. Pedimento del Fiscal General de la República. En el presente asunto no formuló pedimento ni realizó manifestaciones.
7. Alegatos. El poder accionante, así como los poderes Legislativo y Ejecutivo locales, formularon alegatos mediante escritos presentados ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
8. Cierre de la instrucción. Habiéndose llevado a cabo el trámite legal correspondiente y al advertir que había concluido el plazo para formular alegatos, se declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) toda vez que el Ejecutivo Federal, por medio de su Consejera Jurídica, promueve el presente medio de control constitucional contra normas generales al considerar que su contenido es violatorio de diversos preceptos de la Constitución General.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
10. Del escrito de demanda se advierte que el poder accionante impugna artículos contenidos en diversas leyes de ingresos de municipios del Estado de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial de la Entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. Para claridad, enseguida se inserta un cuadro con el municipio correspondiente y los preceptos cuestionados en cada caso.
Ver cuadro
III. OPORTUNIDAD
11. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. Asimismo, señala que, si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
12. Las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés; por tanto, el plazo de impugnación transcurrió del uno de enero al treinta de enero de dos mil veinticuatro. Consecuentemente, dado que la demanda de la acción de inconstitucionalidad se presentó el treinta de enero del citado año, resulta oportuna su promoción.
IV. LEGITIMACIÓN
13. En términos de lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) así como en el artículo 63, en relación con el 11, párrafo segundo, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia,(5) el Poder Ejecutivo Federal cuenta con legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas generales de las entidades federativas, lo cual hará por conducto de quien ocupe la titularidad de la Consejería Jurídica del Gobierno.
14. Lo anterior se verifica en el caso, puesto que el Presidente de la República acude por conducto de su Consejera Jurídica, quien acredita su personalidad con la copia certificada de su nombramiento y presenta la demanda en contra de diversos preceptos contenidos en las leyes de ingresos de los municipios del Estado de San Luis Potosí, de manera que cuenta con legitimación para impugnarlos.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
15. Las partes no hicieron valer algún motivo de improcedencia o sobreseimiento. Este Tribunal Pleno tampoco advierte, de oficio, que se actualice alguno, por lo que corresponde realizar el estudio de fondo de la acción de inconstitucionalidad.
VI. ESTUDIO DE FONDO
16. Metodología de estudio. De la lectura de la demanda de acción de inconstitucionalidad se advierte que los artículos impugnados se relacionan con diversas temáticas, conforme a las cuales puede desplegarse el estudio de los conceptos de invalidez. Los temas son los siguientes:
Ver temas
17. En los apartados subsecuentes se dará respuesta a los conceptos de invalidez hechos valer por el accionante en cada uno de los tópicos, en el orden expuesto.
VI.1. Cobros por servicio de búsqueda de la información no relacionado con el derecho de acceso a la información
18. En su cuarto concepto de invalidez, el poder accionante sostiene que el artículo 37, fracción II, inciso f) de la Ley de Ingresos del Municipio de Armadillo de los Infante, para el ejercicio fiscal 2024, al establecer un pago de derechos por concepto de búsqueda de archivo histórico, contraviene el principio de gratuidad, al prever una tarifa para localizar la información solicitada.
19. También aduce que dicho precepto prevé un cobro injustificado y desproporcionado por la búsqueda de información, ya que contiene una tarifa que no atiende a los costos del servicio que representa al Estado y, por tanto, vulnera el principio de proporcionalidad tributaria.
20. El precepto cuestionado establece lo siguiente:
Ver artículo 37
21. Se advierte que el precepto impugnado contempla una cuota por búsqueda de documentos en el archivo histórico municipal, de 1.20 UMA, equivalente a $130.28 (ciento treinta pesos 28/100 MN).(6)
22. De forma preliminar al análisis de constitucionalidad de la norma, es necesario precisar que, de la lectura del artículo impugnado, no se aprecia que reglamente aspectos relativos al derecho de acceso a la información, como lo afirma la Consejera Jurídica en su demanda, pues ni el precepto ni la sección en que se contiene refieren al ejercicio de este derecho.(7)
23. Por el contrario, la ley de ingresos analizada contiene una sección o apartado en la que contempla una disposición específica para el acceso a la información pública (artículo 36)(8) y esta no fue impugnada; por tanto, el estudio de la norma cuestionada se realizará bajo la óptica de los principios de justicia tributaria y no bajo la del derecho de acceso a la información.
24. Ello es así, toda vez que este Tribunal Pleno ha sostenido,(9) que las normas que establecen cuotas relacionadas con el servicio de expedición de copias y su certificación o búsqueda, que no se relacionan con el derecho de acceso a la información, deben ser analizados a la luz de los principios de justicia fiscal, tutelados por el artículo 31, fracción IV, constitucional y no del principio de gratuidad.
25. Sentado lo anterior, a juicio de este Tribunal Pleno, el planteamiento de inconstitucionalidad es fundado, puesto que la norma trasgrede el principio de proporcionalidad en materia de cobro de servicios, tal como se explica a continuación.
26. El principio de proporcionalidad tributaria se encuentra contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal(10) y su aplicación en el ámbito de los derechos por servicios ha sido desarrollada jurisprudencialmente por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
27. Este Alto Tribunal en diversos precedentes como la acción de inconstitucionalidad 93/2020,(11) y de manera reciente en las acciones de inconstitucionalidad 51/2021,(12) 33/2021,(13) 75/2021(14) y 77/2021(15) ha sostenido que para considerar constitucionales las normas que prevén las contribuciones denominadas derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cosas, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser iguales para todos aquellos que reciban el mismo servicio.
28. Lo anterior, porque la naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta a la de los impuestos, de manera que para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributarios es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, el costo que para el Estado implica la ejecución del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé determinado derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio.(16)
29. Tomando lo anterior en consideración, para esta Suprema Corte resulta patente que la cuota prevista en el artículo impugnado es desproporcional como lo sostiene el accionante, pues no guardan una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio.
30. Como se apuntó, este Tribunal Pleno ha considerado que las tarifas por la prestación de servicios deben guardar una relación razonable con el costo del servicio y los materiales utilizados. En ese sentido, y por mayoría de razón, la búsqueda de documentos requiere de menores recursos que la expedición de copias simples, pues es suficiente con que el funcionario encargado realice dicha búsqueda sin generar costos adicionales para el Estado.
31. Así, atendiendo a las consideraciones precisadas, lo procedente es declarar la invalidez del artículo 37, fracción II, inciso f), de la Ley de Ingresos del Municipio de Armadillo de los Infante.
32. Normas similares fueron declaradas invalidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte al resolver las acciones de inconstitucionalidad 50/2023(17) y 55/2023.(18)
VI.2. Multa por no usar cubrebocas
33. En su segundo concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo Federal impugna el artículo 46, fracción VI, inciso a) de la Ley de Ingresos del Municipio de Axtla de Terrazas, para el ejercicio fiscal 2024, el cual prevé una sanción económica por no hacer uso de cubrebocas cuando se haya determinado obligatorio, al considerar que vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, pues la norma no expresa en forma clara y precisa si el cubrebocas debe ser usado en lugares públicos, abiertos o cerrados.
34. Para claridad, se procede a transcribir el contenido del artículo impugnado:
Ver transcripción
35. De lo antes transcrito se aprecia que la norma combatida sanciona por no hacer uso de cubrebocas cuando se determine obligatorio, lo cual amerita una multa de 2 a 4 UMA, equivalente de $217.14 a $434.28 (doscientos diecisiete pesos 14/100 MN a cuatrocientos treinta y cuatro pesos 28/100 MN). Así como también prevé que se sancionará a las y los infractores jornaleros, obreros, o trabajadores, con un día de salario de su jornal, conforme a lo contenido en el artículo 21 de la Constitución Federal.
36. En consideración de este Alto Tribunal, el argumento del accionante es infundado.
37. Este Tribunal Pleno, al analizar normas con contenido similar, especialmente en la acción de inconstitucionalidad 107/2023,(19) retomó las consideraciones sostenidas en la diversa acción de inconstitucionalidad 48/2021(20) donde se consideró que en la materia de prevención y control de enfermedades transmisibles existe un sistema de distribución competencial complejo en el que participan tanto la Federación como las entidades federativas; es decir, tanto la Federación como las entidades pueden realizar actividades relacionadas con la prevención y control de las enfermedades transmisibles, cuando constituyan un problema real o potencial para la salubridad general.
38. Así pues, se concluyó que de una lectura integral de la Constitución Federal, especialmente del artículo 124, cuando las entidades federativas legislen dentro del ámbito de sus competencias previstas en los artículos 13, apartado B, fracción I, y 134 (especialmente su fracción II)(21) de la Ley General de Salud, la regulación resultará válida en tanto no contravenga de manera frontal lo previsto por la Ley General de Salud, las NOMs o los acuerdos tomados por la Federación en un contexto de acciones extraordinarias en materia de salubridad general.
39. Tales consideraciones se estimaron relevantes para aquel asunto (acción 107/2023), en la medida en que permitían colegir que tanto las autoridades federales como estatales, en sus respectivos ámbitos de competencia en materia de salud, tienen facultades para establecer el uso obligatorio de cubrebocas como una medida preventiva y de control tratándose de enfermedades transmisibles, para lo cual deben emitir los actos respectivos que permitan conocer a la población las medidas que deben adoptar, es decir, actos de carácter general que adviertan sobre la existencia de enfermedades transmisibles y el uso del cubrebocas como una medida necesaria para prevenir la transmisión.
40. Una vez sentado lo anterior, en el precedente de referencia se analizaron los preceptos impugnados que establecían sanciones por no portar cubrebocas en lugares públicos, cuando existían enfermedades contagiosas o pandemias, sin que el supuesto normativo para considerar configurada la infracción se relacionara o condicionara al establecimiento previo (por la autoridad competente para ello) de la medida sanitaria consistente en el uso obligatorio de cubrebocas.(22)
41. De tal forma, se permitía que la autoridad municipal, de manera arbitraria, determinara cuándo sancionar la falta de uso de cubrebocas, independientemente de si se había declarado la existencia de una pandemia o de si se estaba en el contexto del combate a enfermedades contagiosas. Conforme al precepto entonces impugnado, el solo hecho de no usar cubrebocas o careta facial en espacios públicos configuraba una razón suficiente para ser acreedor a una multa, de manera tal que las autoridades municipales, incluso cuando no existían enfermedades transmisibles, podían imponer este tipo de sanciones a cualquier persona que, en calles, mercados o dependencias del municipio, no portaran cubrebocas o careta facial.
42. En consecuencia, se determinó que el precepto en estudio generaba una transgresión al principio de seguridad jurídica, pues la autoridad municipal podía determinar de forma discrecional la época o periodo en que la falta de uso de un cubrebocas o una careta facial generaba la actualización de la infracción, sin que ello se correlacionara con la necesidad de acatar una medida sanitaria impuesta por la autoridad competente para ello.
43. Por otra parte, en el citado precedente (acción de inconstitucionalidad 107/2023) se analizaron otras dos normas(23) contenidas en las leyes de ingresos de municipios de Oaxaca, las cuales, si bien incluían en el supuesto jurídico de infracción la existencia de enfermedades que pusieran en riesgo la salud de la población y la declaratoria de pandemia; la hipótesis normativa no se relacionaba ni condicionaba con el establecimiento previo (por la autoridad competente para ello) de la medida de seguridad sanitaria consistente en el uso obligatorio de cubrebocas.
44. En consideración de este Tribunal Pleno, tal circunstancia generaba inseguridad jurídica, debido a que la autoridad municipal podía determinar discrecionalmente la actualización de la infracción por la falta de uso de cubrebocas y la consecuente imposición de la sanción, aun cuando se tratara de una enfermedad o pandemia en la que no se hubiera decretado como medida sanitaria el uso obligatorio del cubrebocas.
45. Derivado de lo anterior, el Tribunal Pleno estableció que los supuestos normativos de infracción contenidos en los artículos impugnados permitían que las autoridades municipales determinaran de forma discrecional la aplicación de sanciones pecuniarias por no usar cubrebocas ante cualquier contexto de enfermedad contagiosa o pandemia, incluso para aquellos casos en que no se haya decretado el uso obligatorio de cubrebocas como medida sanitaria necesaria para evitar el contagio y resguardar la salud de la población y, más aún, hasta tratándose de enfermedades cuya transmisión no ocurra por vías respiratorias, en las que el uso de cubrebocas podría ser ineficaz.
46. Consecuentemente, los preceptos en estudio colocaban a los particulares en un estado de incertidumbre jurídica, al no vincular el supuesto de infracción a la existencia de una medida de seguridad sanitaria previa que estableciera el uso obligatorio del cubrebocas, emitida por las autoridades competentes en materia de salud, por lo que las normas sometidas a examen se declararon inválidas.
47. En la diversa sentencia dictada al resolver la acción de inconstitucionalidad 104/2023 y su acumulada 105/2023,(24) esta Suprema Corte se pronunció sobre la invalidez de un artículo de la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de Zaachila, Distrito de Zaachila, Oaxaca, que sancionaba por no usar cubrebocas o por la portación incorrecta de cubrebocas en espacios públicos.
48. Al respecto, este Alto Tribunal invocó lo resuelto en la ya referida acción de inconstitucionalidad 107/2023, en cuanto a que la descripción de las conductas susceptibles de ser sancionadas administrativamente no debe ser vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad, pues para garantizar el principio de seguridad jurídica, ésta debe ser precisa para lo que resulta imprescindible que las conductas punibles estén descritas con exactitud y claridad.
49. A partir de esa premisa, se concluyó que la norma cuestionada violaba el derecho a la seguridad jurídica, garantizado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues no contenía parámetro para que los particulares pudieran conocer cuándo la conducta descrita era susceptible de ser sancionada y para que las autoridades municipales determinaran el periodo o las situaciones en las cuales se justificaba imponer la sanción; ni señalaba de manera clara y precisa si el cubrebocas debía ser usado en lugares públicos, abiertos o cerrados, lo que daba un amplio mar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33615-b587e954/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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