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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 90, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EN RELACIÓN CON EL 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA INEXISTENCIA DEL CONTENIDO DE LA NORMA SEÑALADA POR EL ACCIONANTE (ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BACOACHI DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICUATRO). V. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN. SUS DIFERENCIAS. VI. LIBERTAD DE REUNIÓN. SU EJERCICIO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN O CELEBRACIÓN DE BAILES, FIESTAS, ESPECTÁCULOS O FESTIVIDADES, NO DEBE CONDICIONARSE AL COBRO POR LA EMISIÓN DE UN PERMISO PREVIO QUE CARECE DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 47, INCISO C), FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARIZPE, Y 77, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, AMBOS DEL ESTADO DE SONORA, TODOS PARA EL EJERCICIO DOS MIL VEINTICUATRO]. VII. TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. VIII. PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. IX. LIBERTAD DE REUNIÓN. LAS NORMAS QUE SANCIONAN A QUIEN ORGANICE O CELEBRE BAILES, FIESTAS, ESPECTÁCULOS O FESTIVIDADES, POR NO CONTAR CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE, NO SUPERAN LA PRIMERA GRADA DEL TEST DE RAZONABILIDAD, PUES NO TIENEN UN FIN CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDO [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 47, INCISO C), FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARIZPE, Y 77, INCISO A), DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA, AMBOS DEL ESTADO DE SONORA, TODOS PARA EL EJERCICIO DOS MIL VEINTICUATRO]. X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. XI. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LAS NORMAS QUE PREVEAN ALGUNA PENA O DESCRIBAN ALGUNA CONDUCTA QUE DEBA SER SANCIONADA A NIVEL ADMINISTRATIVO Y DOTEN A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE UN AMPLIO MARGEN DE APRECIACIÓN SOBRE LOS ACTOS QUE EN CONCRETO PUEDAN UBICARSE EN LA HIPÓTESIS DE QUE SE TRATE, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 46, INCISO C), FRACCIONES XVI, XXIII EXCLUSIVAMENTE EN SU PORCIÓN NORMATIVA "BESTIAS ALCOHÓLICAS", XXXVIII, XLV, ÚNICAMENTE EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O COMPRAR", XLVI, INCISO D), FRACCIONES I Y II, INCISO E), FRACCIÓN IV EXCLUSIVAMENTE EN SU PORCIÓN NORMATIVA "QUE VAYAN CONTRA LA MORAL O LAS BUENAS COSTUMBRES, QUE SEAN OBSCENOS O", E INCISO F), FRACCIÓN I, Y 47, INCISO C), FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ARIZPE, SONORA; 56, FRACCIONES I Y IX, 57, FRACCIÓN I, 58, FRACCIÓN II, 59, FRACCIÓN I, Y 60, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA; 88, FRACCIONES I Y III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, SONORA Y 179, FRACCIÓN II, ÚNICAMENTE EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SEAN CONTRARIOS A LA MORAL Y A LAS BUENAS COSTUMBRES", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NOGALES, TODAS DEL ESTADO DE SONORA, DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICUATRO]. XII. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UNA MULTA POR ATENTAR CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES COMO PUEDE SER MANCHAR, MOJAR O CAUSAR ALGUNA MOLESTIA SEMEJANTE INTENCIONALMENTE A UNA O MÁS PERSONAS, VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, YA QUE DEJA UN MARGEN AMPLIO, TANTO A LA AUTORIDAD COMO A LAS PERSONAS QUE RESINTIERON LA MOLESTIA, PUES LO QUE PARA ALGUNA PERSONA PUEDE SER MOLESTO PARA OTRA NO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS DEL ESTADO DE SONORA DEL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICUATRO). XIII. MULTAS Y SANCIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UNA MULTA POR FALTAS QUE ATENTEN CONTRA LA MORAL, ESPECÍFICAMENTE, EJECUTAR ACTOS INDECOROSOS POR CUALQUIER MEDIO, VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, AL DOTAR A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE UN AMPLIO MARGEN DE APRECIACIÓN SOBRE LOS ACTOS QUE PUEDAN UBICARSE EN ESA HIPÓTESI

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2024. · Registro digital (IUS): 33663
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-26
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Septiembre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.338.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.

Hechos: El Presidente de la República impugna diversos artículos de Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, que establecen cobros por servicios de búsqueda de información y copias certificadas no relacionadas con el derecho de acceso a la información pública; por servicios de alumbrado público, así como multas por bailes, fiestas, espectáculos o festividades; derivadas de faltas que atentan contra las buenas costumbres, la moral y la libertad sexual; por participar en juegos y deportes en la vía pública y por pernoctar en la vía pública.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 41/2024, promovida por la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora; en la que plantea la invalidez de diversas disposiciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

1. Demanda y normas impugnadas. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los preceptos legales siguientes:

a) Multas por bailes, fiestas, espectáculos o festividades:

1. Artículo 47, inciso c), fracción XI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Arizpe, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

2. Artículo 77, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Agua Prieta, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

b) Multas derivadas de faltas que atentan contra las buenas costumbres, la moral y la libertad sexual:

1. Artículos 56, fracciones I y IX (sic), 57, fracción I (sic), 58, fracción II (sic), 59, fracción I (sic), 60, fracción I (sic), de la Ley de Ingresos del Municipio de Fronteras, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

2. Artículo 39, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Bacoachi, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

3. Artículo 46, inciso c), fracciones XVI, XXIII, XXXVIII, XLV, XLVI, inciso d), fracciones I y II, inciso e), fracción IV, inciso f), fracción I, 47, inciso c), fracción XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Arizpe, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

4. Artículo 88, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

5. Artículo 179, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nogales, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

c) Multas por participar en juegos y deportes en la vía pública:

1. Artículo 47, inciso c), fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Arizpe, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

2. Artículo 87, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

3. Artículo 72, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Agua Prieta, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

d) Cobros por búsqueda de información y copias certificadas:

1. Artículo 32, numeral 6, letra B, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Arizpe, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

2. Artículo 57, fracción XV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Magdalena, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

3. Artículo 73, fracción IV, inciso o), de la Ley de Ingresos del Municipio de Etchojoa, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

4. Artículo 67, fracción XV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Empalme, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

5. Artículo 75, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guaymas, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

6. Artículo 25, fracción XIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Caborca, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

7. Artículo 63, numeral 6, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

8. Artículo 104, fracción XV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nogales, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

9. Artículo 79, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Navojoa, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

10. Artículo 27, fracción I, incisos a), c) y d), de la Ley de Ingresos del Municipio de Sahuaripa, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

e) Cobro por la prestación del servicio de alumbrado:

1. Artículo 77 de la Ley de Ingresos del Municipio de Nogales, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

2. Artículo 63 de la Ley de Ingresos del Municipio de Navojoa, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

f) Multa por "pernoctar en estado de ebriedad o bajo el influjo de tóxicos en interiores de Vehículos o en la vía pública", "dormir habitualmente en lugares públicos o lotes baldíos" y "pernoctar en la vía pública, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos":

1. Artículo 56, fracciones VI y VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Fronteras, Sonora, para el Ejercicio Fiscal 2024.

2. Artículo 47, inciso c), fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Arizpe, para el Ejercicio Fiscal 2024.

2. Artículos constitucionales que se estiman violados. La Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal consideró que se violaban los artículos 1o., 4o., 9o., 14, 16, 31, fracción IV, y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez del Poder Ejecutivo Federal. En su escrito inicial de demanda la Consejera jurídica del Ejecutivo Federal planteó seis conceptos de invalidez, en los cuales argumentó esencialmente lo siguiente:

Primero. Los artículos que prevén cobros por bailes, fiestas, espectáculos o festividades de las leyes de ingresos de ambos municipios del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal 2024, vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad, además del derecho a la libertad de reunión, previstos en los artículos 9o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 11 y 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Lo anterior, porque no establecen con claridad la forma en que se actualizará el supuesto de infracción, pues el legislador no definió con claridad qué debe entenderse por los conceptos "bailes", "fiestas'', "espectáculos" o "festividades", ni el momento en el que se determinará actualizada la conducta infractora, lo cual genera incertidumbre y falta de certeza jurídica.

Asimismo, pretenden establecer como una conducta sancionable (si no hay permiso expedido previamente) la celebración de "bailes", "fiestas", "espectáculos" o "festividades", lo que implica la imposición de una restricción injustificada al ejercicio del derecho fundamental a la libertad de reunión.

Al resolver las acciones de inconstitucionalidad 34/2019 y 68/2023, y por las mismas razones antes expuestas, este Alto Tribunal determinó declarar la invalidez de diversas porciones normativas. Por lo tanto, resulta indudable la inconstitucionalidad de los preceptos analizados, pues limitan de forma injustificada el ejercicio del derecho de reunión de los habitantes de los municipios de Arizpe y Agua Prieta, al establecer una conducta prohibitiva que no resulta necesaria.

Segundo. Los artículos que prevén la imposición de diversas multas establecidas en las leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal 2024, vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las disposiciones prevén infracciones ambiguas, abiertas e imprecisas, que de manera discrecional y subjetiva aplicarán las autoridades administrativas, además de que no permiten a los gobernados conocer con certeza y anticipación a los hechos, las posibles conductas tipificadas como infracciones.

El legislador local faltó a su obligación de establecer las conductas infractoras en la ley de forma precisa y clara, lo que permite un margen amplio para la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación, ya que les corresponderá determinar qué conductas pueden ser sancionadas y el destinatario de la norma no conoce las hipótesis que constituyen dichas infracciones a la ley, con lo cual se genera falta de certeza jurídica.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 47/2019 y su acumulada 49/2019, así como la diversa 94/2020, este Alto Tribunal señaló que son inconstitucionales las normas cuya redacción evidencia un amplio margen de apreciación por parte del aplicador, ya que no establecen parámetros objetivos para determinar qué tipo de escándalo, ademanes groseros, señas, palabras o actitudes de carácter obsceno o falta contra la integridad moral encuadrarían en el supuesto para que el presunto infractor sea acreedor a una sanción, lo que genera incertidumbre entre los gobernados.

Los artículos impugnados constituyen una restricción indirecta, carente de sustento constitucional, al permitir que la autoridad municipal pueda calificar discrecionalmente y de manera subjetiva cuando un sujeto se haga acreedor a la imposición de una sanción administrativa de carácter pecuniario y, por tal razón, resultan imprecisas las normas impugnadas ya que permiten un margen de aplicación muy amplio e injustificado que autoriza que, bajo categorías ambiguas y subjetivas, cualquier acto de expresión de ideas sea susceptible de una sanción administrativa.

En el caso de las porciones normativas relativas a "causar escándalo en lugares públicos o privados", "causar escándalos o molestias", "causar daños o escándalos en el interior de panteones", "provocar disturbios que alteren la paz y la tranquilidad", la calificación de "escándalo" no responde a criterios objetivos, ya que no determina la acción y permite que se sancione de manera discrecional a las personas que realicen un acto que resulta impreciso y que pudiera no considerarse lo suficientemente grave como para ser reprochable. En esa medida, el grado de afectación puede variar entre cada persona, bien sea por la determinación de su carácter, su entorno o los diferentes ámbitos en el que se desarrolla como el social, familiar e incluso educativo, que definirán cuando algún tipo de expresión o acción pudiera resultar "escandalosa'', mientras que para otros no.

Asimismo, en el caso de "inducir a incapaces a ejecutar actos contra las buenas costumbres", "ejecutar actos indecorosos o notificantes por cualquier medio", "faltar al respeto", "proferir palabras o ejecutar actos irrespetuosos", "fabricar, exhibir, publicar o comerciar impresiones de papel, fotografías, laminas (sic), material magnetofónico o filmado, que vayan en contra de la moral y buenas costumbres, que sean obscenos", "proferir palabras obscenas o ejecutar cualquier acto inmoral", "acciones que causen molestias", "expresarse con palabras soeces o hacer señas, o gestos obscenos, insultantes o indecorosos", "instalar anuncios que contengan ideas o imágenes con textos o figuras que sean contrarios a la moral y a las buenas costumbres", contiene diversos conceptos indefinidos, ya que no tienen los elementos que integran la infracción de forma clara y precisa, pues dependen de la perspectiva social y la apreciación subjetiva del operador de la norma, por lo que su determinación no puede ser valorativa, ni atender a criterios objetivos, para poder ser susceptible de construir restricciones constitucionalmente legítimas.

En lo referente a la tipicidad de la infracción por "manchar, mojar o causar alguna molestia semejante intencionalmente a una o más personas", "manchar, mojar o causar alguna molestia", "provocar disturbios que alteren la paz y tranquilidad", "permitir a los padres de familia o a las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela sobre los menores de edad, que estos incurran en acciones que causen molestias", violan el artículo 14 constitucional ya que constituyen infracciones ambiguas, abiertas e imprecisas, que de manera discrecional y subjetiva aplicarán las autoridades administrativas, además de que no permiten a los gobernados conocer con certeza, y anticipación a los hechos, las posibles conductas tipificadas como infracciones.

Por otro lado, respecto a la porción normativa que prohíbe "utilizar en la vía pública una bicicleta infantil", no define que debe entenderse por "vía pública", por lo que representa un amplio margen de apreciación para el operador de la norma, el cual puede realizar el cobro de dicha multa en caso de que la utilización de una bicicleta "infantil" se dé en cualquier espacio de dominio común por donde transitan los peatones o circulan los vehículos, como puede ser un parque o incluso la banqueta.

Ahora bien, en lo referente a la aplicación de una multa por "permitir, obligar, invitar a proporcionar de cualquier manera a los menores, bebidas alcohólicas", toda vez que no puede interpretarse por el operador de la norma, ya que se trata de una redacción que carece de elementos claros y precisos, lo que deja en total estado de indefensión al gobernado.

En el caso de la porción normativa "usar disfraces en cualquier tiempo que propicien la alteración del orden público o atenten contra la seguridad de las personas" no responde a criterios objetivos, ya que se permite que se sancione de manera discrecional a las personas que usen disfraces, sin importar que dicho disfraz pueda ser su instrumento de trabajo o bien como parte de alguna tradición.

En lo concerniente a la porción normativa "exigir el débito conyugal cuando exista razón que justifique la negativa" da lugar a una interpretación, a contrario sensu, de que en caso de no existir razón que justifique dicha negativa, sí puede ser exigible el débito, lo que genera que no exista certeza jurídica para el gobernado que sea víctima de dicha conducta al no tener alguna justificación.

Finalmente, en la porción normativa "vender o comprar bebidas alcohólicas de personas que no cuenten con permiso para realizar tal enajenación" contiene elementos que pueden dar lugar a la aplicación de una multa de forma arbitraria, toda vez que al comprar bebidas alcohólicas se desconoce si la persona que realiza dicha venta cuenta con permiso para enajenar bebidas alcohólicas, por lo que se deja en estado de indefensión al gobernado que no tiene conocimiento de si se porta dicho permiso.

Tercero. Los artículos que establecen multas por participar en juegos y deportes en la vía pública, en las leyes de ingresos del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal 2024, vulneran el derecho de acceso al deporte y los principios del libre desarrollo de la personalidad, seguridad jurídica y legalidad, en su vertiente de taxatividad, previstos en los artículos 1o., párrafo quinto, 4o., párrafo trece, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el presente caso, los artículos impugnados vulneran el derecho al libre desarrollo de la personalidad, toda vez que el Congreso estatal no puede interferir en la libertad de los individuos para el desarrollo de la cultura física y deporte al establecer una multa por provocar molestias a las familias por la práctica de juegos o deportes.

El legislador incumplió con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar la libertad del desarrollo a la cultura física, lo que genera una desventaja injustificada a la persona para satisfacer sus derechos, sobre todo si el estado no garantiza un lugar destinado para ello, razón por la cual privó del derecho al libre esparcimiento y desarrollo del deporte.

Las porciones normativas impugnadas infringen la posibilidad de las personas, incluidos los menores de edad, a desarrollar libremente su personalidad, ya que la elección de las actividades recreativas es una decisión que pertenece exclusivamente a los gobernados, es decir, forma parte de la autonomía personal, por lo que el legislador local está obligado a protegerlo y no a disminuir ni restringir ese derecho.

De igual forma, vulneran el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que impone una sanción injustificada e innecesaria para la sociedad; además, resulta ambigua, abierta y poco clara la manera en la que el operador de la norma puede establecer las referidas sanciones, en virtud de que no prevé el parámetro para determinar qué tipo de juego amerita una multa, ni establece qué tipo de acciones pueden llegar a provocar molestias a las personas.

Las normas que se impugnan, al indicar que se aplicará una multa contra "la causa de molestia, por tomar parte en juegos", implica necesariamente una evaluación subjetiva, cuya brecha de apreciación de la norma es desproporcionada, pues en ese tenor cualquier juego o reunión sería susceptible de atentar notoriamente contra la tranquilidad de las personas. Lo que puede resultar una afectación evidente de molestia de una persona no implica que lo sea para todos, pues ello depende del margen de tolerancia de cada individuo.

Las normas tienen un espectro de aplicación muy amplio que puede redundar incluso en la afectación de derechos como el libre desarrollo de la personalidad, libertad de tránsito en vía pública, libre concurrencia y la libre manifestación de ideas, motivo por el cual, nos encontramos ante una descripción normativa que puede ser utilizada para reprimir un acto social. Lo que deja al criterio de las autoridades administrativas definir discrecionalmente los alcances de los supuestos actos de molestia.

Cuarto. Los artículos correspondientes al cobro de búsqueda de información y copias certificadas vulneran los principios de gratuidad en materia de acceso a la información y proporcionalidad tributaria, previstos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El ejercicio del derecho de acceso a la información, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6o. constitucional, es gratuito y únicamente se requerirá el pago que corresponda a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, sin que permita el cobro por la búsqueda o la disponibilidad momentánea de la información.

Por tanto, resulta injustificado aplicar cobros por realizar los procesos internos establecidos para la obtención de la información; ya que, en todo caso, solo puede imponerse una carga al solicitante de la información con motivo de los soportes en los que la información deba ser entregada, tales como medios magnéticos, copias o mensajería.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 44/2022 y sus acumuladas 45/2022 y 48/2022; 37/2022 y su acumulada 40/2022; así como la 107/2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el principio de gratuidad se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como de acceso o rectificación de datos personales, sin que se incluyan los eventuales costos que derivan de la modalidad en los que se entregue la información.

Los artículos impugnados establecen un pago de derechos por concepto de búsqueda de información que se lleva a cabo en los archivos municipales, lo que contraviene el principio de gratuidad, al prever una tarifa para localizar la información solicitada sin importar la modalidad de entrega de la misma. Además, restringe de forma injustificada el ejercicio del derecho de acceso a la información, ya que no puede imponer mayores requisitos de los previstos en la Constitución Federal y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El pago de una tarifa por la búsqueda de información pública tiene implicaciones negativas que trascienden al ejercicio del derecho de acceso a la información en sus dos dimensiones, lo que representa un elemento discriminatorio para el ejercicio del derecho de acceso al negar la búsqueda de información a quien no cuenta con recursos para cubrir las tarifas establecidas por la simple localización de la información.

Los preceptos también violan el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio que proporcionan efectivamente los municipios del Estado de Sonora.

Las disposiciones impugnadas establecen un pago que va de los 0.02 UMA equivalente a $2.17 (dos pesos 17/100 M.N.), hasta los 10.35 UMA equivalente a $1,123.69 (mil ciento veintitrés pesos 69/100 M.N.), con motivo de copias simples, certificaciones y búsqueda relacionada con la información que poseen los municipios en sus archivos, es decir, se trata de un cobro excesivo, dado que la cuota determinada no encuentra justificación, pues de ninguna forma puede considerarse que ese sea el costo de los materiales utilizados para la búsqueda de la información solicitada o la reproducción fotostática o certificada.

La exclusión del cobro por el ejercicio del derecho de acceso a la información no permite un cobro per se por la simple solicitud de información, lo que significa que el ente requerido pueda cobrar únicamente sobre los insumos o los gastos materiales y de envío de la información que puedan llegar a suscitarse. Situación que no ocurre en los casos impugnados, puesto que las tarifas que establecen las normas son excesivas, lo cual, de ninguna manera corresponde al costo de los materiales empleados para su reproducción.

Las disposiciones impugnadas condicionan de forma injustificada el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y lo desincentiva, al establecer una tarifa por búsqueda sin estar relacionada con la modalidad de reproducción o, en su caso, entrega de la información solicitada.

Derivado de lo anterior, solo puede cobrarse al solicitante de la información de los archivos municipales los costos de los materiales utilizados en la reproducción de la información, el envío y la certificación de documentos. Para ello, debe analizarse que las cuotas se hayan fijado de acuerdo con una base objetiva y razonable de los mismos, de lo contrario, la tarifa resulta violatoria del principio de proporcionalidad en materia tributaria.

Los municipios no pueden construir barreras desproporcionadas al derecho de acceso a la información; pues si el solicitante proporciona el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información, ésta debe ser entregada sin costo alguno, pues no se tiene la posibilidad de lucrar con la tarifa que se pretende establecer.

De manera específica, el artículo 32, numeral 6, apartado B, inciso a), de Arizpe, establece el cobro de copia certificada de documentos por hoja; y el artículo 27, fracción I, incisos a), c) y d), de Sahuaripa, establece el cobro por expedición de certificados, expedición de certificados de no adeudo de créditos fiscales, así como la expedición de certificados de residencia, respectivamente, con lo cual vulnera el artículo 6o., apartado A, fracción III, de la constitucional, en relación con el diverso 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que el legislador local no justificó los elementos que sirvieron de base para determinar la tarifa por la expedición de copias certificadas, por lo que no es posible determinar si las cuotas corresponden al costo real de los materiales.

El artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicable por analogía, establece que los costos para obtener información no podrán ser superiores al costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información y que ésta deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas, lo cual no acontece en la especie, ya que los municipios de Arizpe y Sahuaripa pretenden cobrar por copia certificada de documentos por hoja y la expedición de certificados, respectivamente en franca violación al principio de gratuidad, en relación con el de proporcionalidad.

Quinto. Los artículos que establecen el cobro por la prestación del servicio de alumbrado público vulneran los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad tributaria, así como de proporcionalidad en las contribuciones.

Lo anterior, porque no es permisible la afectación a la esfera jurídica de las personas a través de actos de autoridad que no cuenten con un marco normativo que los habilite para realizarlos. Además, en términos del artículo 31, fracción IV, constitucional, todas las contribuciones deben cumplir con los principios tributarios de proporcionalidad y equidad; sin embargo, estos se aplican de manera distinta al atender el tipo de tributo del que se trate.

Las contribuciones a las que hace referencia el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal pueden ser de distinta naturaleza, lo que atiende a su configuración estructural compuesta por sus elementos esenciales que, por un lado, determinan su naturaleza y, por el otro, constituyen el punto de partida para el análisis de su adecuación al marco jurídico constitucional que los regula.

El principio de proporcionalidad tributaria entraña una garantía de las personas por virtud de la cual el legislador, al diseñar el objeto de las contribuciones, debe respetar un umbral libre o aminorado de tributación, al observar los parámetros constitucionales para la imposición de contribuciones y lo correspondiente a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas. De esta manera, solo las autoridades constitucionalmente habilitadas pueden imponer los tributos, y las personas no deben ser llamadas a contribuir si se ve amenazada su capacidad para salvaguardar sus necesidades más elementales.

El principio de proporcionalidad en las contribuciones rige de manera distinta cuando se trata de derechos o de impuestos, puesto que tienen una naturaleza distinta, por lo que es necesario establecer un concepto adecuado de proporcionalidad y equidad que les sea aplicable. En materia de "derechos" implica que la determinación de las cuotas correspondientes debe tener en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

Este Alto Tribunal, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 101/2020, 21/2020, 27/2021 y su acumulada 30/2021, y la 107/2023, determinó que, para la cuantificación de las cuotas en el caso de los derechos por servicios, deben identificarse por el tipo de servicio público de que se trate y por el costo que le representa al Estado prestar ese servicio, lo cual en la especie no acontece, ya que el legislador omitió establecer cuánto le cuesta al municipio proporcionar el servicio de alumbrado público para distribuir el costo de manera proporcional entre los usuarios del servicio.

Aun y cuando el Congreso local haya desglosado los conceptos que representan los costos del servicio de alumbrado público, estos no contienen las cantidades que gastaron en cada concepto, por lo que no es posible determinar una tarifa si no se cuenta con los costos que erogó el municipio para suministrar el referido servicio, de ahí que devenga su inconstitucionalidad, ya que establecieron tarifas fijas para el cobro de servicio, sin especificar cuanto se gastaron por la instalación y mantenimiento de las luminarias.

Las porciones impugnadas establecen un cobro por: tarifa social de $10.00 (diez pesos 00/100 M.N); tarifa general de $20.18 (veinte pesos 18/100 M.N.); predios industriales de $2,629.80 (dos mil seiscientos veintinueve pesos 80/100 M.N.) del Municipio de Nogales y de $65.00 (sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) del Municipio de Navojoa, con motivo del pago de derechos por el servicio de alumbrado público, lo que representa un cobro excesivo, dado que la cuota determinada no encuentra justificación, pues de ninguna forma se puede comprobar que ese sea el costo real que representa el servicio, ya que no se cuenta con las cantidades que erogó el municipio para arribar a la tarifa establecida por el legislador local.

Sexto. Los artículos 56, fracciones VI y VII, de Fronteras; y 47, inciso c), fracción VIII, de Arizpe, de las leyes de ingresos de ambos municipios del Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal 2024, vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, tutelados por el artículo 1o., quinto párrafo de la Constitución Federal.

En atención a los derechos de igualdad y no discriminación, el creador de la norma tiene el deber de cuidar (en la medida de lo posible) el contenido de la terminología empleada en la formulación de leyes, de manera que las palabras y oraciones utilizadas no conduzcan a una desigualdad o discriminación. Sin embargo, al establecer que se cobrará una multa por "pernoctar en estado de ebriedad o bajo el influjo de tóxicos en interiores de Vehículos o en la vía pública", "dormir habitualmente en lugares públicos o lotes baldíos" y "pernoctar en la vía pública, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos", tiene por efecto discriminar de forma directa a las personas, que por diversas circunstancias se ven en la necesidad de dormir o pernoctar en esas condiciones.

Asimismo, el hecho de que un individuo duerma o pernocte en un espacio común no representa peligro o daño alguno a los espacios públicos, plazas, parques, etc. Por lo que, el cobro de multa por dichas conductas resulta discriminatorio al imponer una sanción desproporcional, lo que tra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33663-ade7c253/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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