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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISOS C) Y G), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 90, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EN RELACIÓN CON EL 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR UN ORGANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN LA DEMANDA RESPECTIVA PUEDEN PLANTEARSE VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y, POR ENDE, LA INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA DE UNA LEY POR CONTRAVENIR LO ESTABLECIDO EN UN TRATADO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES NO EXCLUYE A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVER AQUÉLLA POR UNA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A QUE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, CONSTITUYEN ACTOS DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTES. IX. CONTRIBUCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN REGIRLAS A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. X. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS. ENGLOBAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, DESTINO AL GASTO PÚBLICO, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. XI. CONTRIBUCIONES. SU CONCEPTO JURÍDICO APLICABLE A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO LOS DEFINE COMO INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, NORMALMENTE PECUNIARIOS, DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERALES, OBTENIDOS POR ENTES DE IGUAL NATURALEZA Y CUYA OBLIGACIÓN SURGE DE LA LEY QUE GRAVA UN HECHO INDICATIVO DE CAPACIDAD ECONÓMICA. XII. CONTRIBUCIONES. SUS ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DE SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. XIII. CONTRIBUCIONES. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ATRIBUYE AL LEGISLADOR LOCAL EN LA MATERIA NO LO AUTORIZA PARA DESNATURALIZAR AQUÉLLAS. XIV. HECHO IMPONIBLE. DIFERENCIAS DE SU CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CONTRIBUCIONES DENOMINADAS "DERECHOS" Y LOS IMPUESTOS. XV. HECHO IMPONIBLE. CONSTITUYE EL PRESUPUESTO PARA EL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y SIRVE COMO ELEMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL TRIBUTO EN UNA SITUACIÓN DE NORMALIDAD. XVI. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. XVII. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. XVIII. CONTRIBUCIONES. ANTE EL CONFLICTO ENTRE SU HECHO IMPONIBLE Y SU BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR SU VERDADERA NATURALEZA DEBE ATENDERSE A ÉSTA. XIX. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ESTADO DE TLAXCALA. ELEMENTOS QUE LOS CONFIGURAN. XX. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LA INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS AJENOS AL COSTO QUE REPRESENTA PARA EL MUNICIPIO LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, A FIN DE DETERMINAR LA BASE DE DICHO TRIBUTO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 56 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ; 63 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC; 33 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC; 58 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ACUAMANALA; 68 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA; 68 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA; 46 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA; 48 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOL

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 168/2022 Y SU ACUMULADA 171/2022. · Registro digital (IUS): 32298
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-22
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo I, Pág.186.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 168/2022 Y SU ACUMULADA 171/2022. PODER EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día once de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTOS para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 168/2022 y su acumulada 171/2022, promovidas por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de las acciones, autoridades demandadas y normas impugnadas. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:

I. Poder Ejecutivo Federal (acción de inconstitucionalidad 168/2022): Por oficio presentado el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, promovió acción de inconstitucionalidad.

II. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (acción de inconstitucionalidad 171/2022): En escrito recibido el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad.

2. Órganos que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

3. Normas generales cuya invalidez se reclama: El Poder Ejecutivo Federal reclama la invalidez de la siguiente norma:

• Artículo 26 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

4. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclama la invalidez de los siguientes artículos:

a) Cobros por servicio de alumbrado público

• Artículo 56 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 63 de la Ley de Ingresos del Municipio de Totolac, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 33 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tzompantepec, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 58 de la Ley de Ingresos del Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 68 de la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 68 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 46 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Teolocholco, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 67 de la Ley de Ingresos del Municipio de Atlangatepec, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtenco, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 43 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Jerónimo, Zacualpan, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 66 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuaxomulco, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 54 de la Ley de Ingresos del Municipio de Hueyotlipan, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 54 de la Ley de Ingresos del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 73 de la Ley de Ingresos del Municipio de Natívitas, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 56 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Huactzinco, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 81 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tocatlán, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 45 de la Ley de Ingresos del Municipio de San José Teacalco, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

b) Cobros por servicios de suministro de agua potable

• Artículo 40, primer párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tenancingo, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículos 69 y 70 de la Ley de Ingresos del Municipio de Natívitas, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículos 51, en la porción normativa, "Las cuotas por servicios que preste la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, serán establecidas conforme a las tarifas que determine en su Reglamento el Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio, debiendo el Ayuntamiento en sesión de cabildo ratificarlas o reformarlas", y 52, ambos, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 49, primer párrafo, y 50, último párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de San José Teacalco, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

c) Cobros excesivos, desproporcionados e injustificados por acceso a la información

• Artículo 18, primer párrafo, en la porción normativa "y las derivadas de solicitudes de acceso a la información pública", de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de Tetlanohcan, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 45, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

d) Cobros excesivos y desproporcionados por servicios de reproducción de información no relacionados con el derecho de acceso a la información

• Artículo 26, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Mazatecochco de José María Morelos, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 23, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Damián Texóloc, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 34, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas Tecopilco, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 37, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 23, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tenancingo, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 55, fracción I y II, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Totolac, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 28, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tzompantepec, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 39, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 39, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 38, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 32, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 31, fracciones I y VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 32, fracciones I y VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Teolocholco, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 34, fracción I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Xicohtzinco, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 61, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Atlangatepec, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 36, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuapiaxtla, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 34, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtenco, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 49, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuaxomulco, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 38, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Hueyotlipan, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 29, fracción I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 48, fracciones I, IV y V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Natívitas, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 46, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Juan Huactzinco, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 44, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 63, fracción I, y 64, fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tocatlán, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

• Artículo 37, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San José Teacalco, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023.

5. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. Los promoventes exponen, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

Poder Ejecutivo Federal (acción de inconstitucionalidad 168/2022)

• En su único concepto de invalidez, señala que el artículo impugnado establece un pago de derechos por concepto de búsqueda de información pública que se lleva a cabo en los archivos del municipio; lo que contraviene el artículo 6o. de la Constitución y, en específico, el principio de gratuidad, al prever una tarifa para localizar la información solicitada sin importar la modalidad de entrega de los datos solicitados.

• Lo anterior, representa un elemento discriminatorio para el ejercicio del derecho de acceso al negar la búsqueda de información a quien no cuenta con recursos para cubrir las tarifas establecidas por la simple localización de la información.

• En otro orden de ideas, aduce que el precepto señalado de inconstitucional viola los principios de proporcionalidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, toda vez que no existe una relación razonable entre la tarifa establecida y el costo del servicio que proporcionan efectivamente la entidad municipal del Estado de Tlaxcala.

• Indica que la porción normativa impugnada establece un pago de derechos por el equivalente a 0.50 UMA, respectivamente, con motivo de la búsqueda de información pública que se lleva a cabo en los archivos del municipio; lo que constituye un cobro excesivo y desproporcionado; aunado a que no está justificado ni guarda relación con el costo de los materiales empleados para la localización de la información pública solicitada.

• Explica que en la ley impugnada el Congreso estatal no justificó el cobro por la búsqueda de información con una base objetiva cuya razonabilidad pudiera ser estudiada por el Alto Tribunal, sino que lo determinó de forma arbitraria.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (acción de inconstitucionalidad 171/2022)

• En el primer concepto de invalidez la Comisión accionante menciona que los diversos artículos impugnados en el capítulo a) de su demanda, denominado "Cobros por servicio de alumbrado público" establecen las tarifas a pagar por dicho servicio, las cuales dependen de la ubicación de los predios en relación con la distancia que guardan con la fuente de alumbrado público.

• Indica que, los preceptos impugnados de los diversos ordenamientos establecen una contribución por la prestación de un servicio público para los habitantes de los municipios del Estado de Tlaxcala, la que otorga la naturaleza jurídica de derecho (cuyo objeto o hecho imponible lo constituye el servicio de alumbrado público). Sin embargo, su base gravable la determina el mayor o menor beneficio que obtengan las personas contribuyentes en razón de los metros de frente del inmueble respecto a la fuente de alumbrado público.

• Señala que las normas combatidas no resultan respetuosas de los principios vinculados con las obligaciones fiscales, a pesar de que el legislador haya establecido, como parte de las variables de la determinación de la cuota, los costos totales previstos para otorgar el servicio, pues lo cierto es que para el cálculo individualizado se toma en cuenta la cercanía del predio en relación con la iluminaria.

• En esa tesitura, menciona que el diseño normativo en las leyes impugnadas se aleja del parámetro de regularidad constitucional, en virtud de que es criterio de la Suprema Corte que para la cuantificación de las cuotas, en el caso de los derechos por servicios, debe identificarse el tipo de servicio público que se trate y el costo que le representa al Estado prestar ese servicio, por ende, no puede considerarse para tales efectos aspectos ajenos a éstos, como lo sería la situación particular del contribuyente o cualquier elemento distinto al costo.

• Estima que las normas tildadas de inconstitucionales son contrarias a los principios de justicia tributaria: por una parte, no observan el principio de proporcionalidad, dado que los contribuyentes no pagan de manera proporcional en atención a la naturaleza de las contribuciones denominadas derechos; mientras que, por la otra, no es acorde con el principio de equidad en las contribuciones, pues se otorga un trato desigual a los gobernados al establecer diversos montos por la prestación de un mismo servicio que no es posible individualizar a través de la fórmula que el legislador local propuso.

• Por lo anterior, considera que los artículos de las leyes de ingresos municipales combatidas vulneran los principios tributarios de proporcionalidad y equidad que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, toda vez que su diseño no atiende únicamente al gasto que para el Estado representa prestar el servicio, ni se estaría cobrando un mismo monto a todos aquellos que reciben el mismo; siendo que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en los particulares.

• En su segundo concepto de invalidez indica que las disposiciones señaladas en el apartado b) de su escrito inicial, denominado: "Cobros por servicios de suministro de agua potable", facultan a las comisiones de agua potable y alcantarillado municipales para fijar las tarifas de los derechos que deben pagar por el servicio indicado.

• Refiere que las normas impugnadas establecen que los servicios que presten las comisiones de agua potable y alcantarillado serán establecidos conforme a las tarifas que estas determinen en su reglamento, pudiendo ser ratificadas o reformadas por los ayuntamientos.

• En ese orden lógico, menciona que el Congreso del Estado delegó indebidamente a los municipios la atribución de determinar los elementos esenciales del derecho correspondiente en una autoridad administrativa, sin indicar expresamente en los preceptos el parámetro o el mecanismo de control objetivo que impida que la determinación del tributo quede a discreción de la autoridad encargada de la exacción.

• Estima que no se permite que el ordenamiento legal sea un instrumento o mecanismo de defensa frente a la arbitrariedad de las autoridades administrativas, debido a que las personas usuarias de dicho servicio no tendrán la certeza de a qué atenerse respecto de los cobros a que, en el momento de causación, realicen las autoridades municipales.

• Por lo señalado, considera que los artículos impugnados de los municipios del Estado de Tlaxcala contravienen el derecho humano de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y reserva de ley en materia tributaria.

• En su tercer concepto de violación señala que las normas impugnadas en el capítulo c) de su demanda, denominado: "Cobros excesivos, desproporcionados e injustificados por acceso a la información", establecen cuotas injustificadas y excesivas por la reproducción de información pública.

• Aduce que, en el caso, la cuota prevista en la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, para el Ejercicio Fiscal 2023, es excesiva pues deberán cubrirse con el monto de 2 UMAS por cualquier expedición de constancias o información derivadas de solicitudes de acceso a la información, sin precisar si trata de copias simples, certificadas, o si se entregan en otro medio, lo cual habilita a la autoridad a imponer ese cobro con independencia del material empleado para su reproducción, lo cual incluso hace imposible determinar su razonabilidad.

• Además, la amplitud de la norma permite que se cobre por la expedición de menos de 20 copias simples, lo cual contradice lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues en su artículo 141 se extrae que la información se debe entregar de manera gratuita cuando no exceda de esa cantidad.

• Por su parte, indica que, el dispositivo normativo impugnado de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, para el Ejercicio Fiscal 2023, prevé tarifas que tampoco son razonables, al establecer cobros diferenciados por la expedición de copias certificadas en atención al número de fojas, distinción que en sí misma ya es desproporcional, pues no existe justificación para que el legislador establezca un costo por las primeras diez fojas y otro por cada foja adicional a esa cantidad, pues se utilizan exactamente los mismos materiales en los dos casos, siendo que lo único que ocasiona son pagos inequitativos por los mismos servicios.

• De igual manera, por su redacción, permite que, por ejemplo, a una persona que sólo requirió 5 o menos fojas certificadas se le cobre la misma cantidad que aquella a la que se le entregaron 10 de ellas.

• Conforme a lo expuesto, estima que el Congreso Local estableció cuotas que no se encuentran justificadas en razón del costo real de los materiales empleados para la reproducción de la información solicitada.

• Precisa que, a diferencia de otros servicios prestados por el Estado, cuando se trata del ejercicio del derecho al acceso a la información, debe imperar el principio de gratuidad conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el del envío, en su caso, y el de su certificación, consecuentemente, cualquier cobro debe justificarse por el legislador, a efecto de demostrar que no está gravando la entrega de la información.

• Por lo que, lo procedente es declarar la invalidez de los artículos en cuestión, ya que no se justifica el cobro por la reproducción de la información solicitada, pues no se ajustan al parámetro de regularidad constitucional que rige en esta materia.

• Adicionalmente, señala que los preceptos controvertidos tienen un impacto desproporcionado sobre un sector de la población: el gremio periodístico, pues al realizar cobros por la entrega de información, unos de los sujetos destinatarios de las normas podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que las normas terminan teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico.

• En su cuarto concepto de invalidez, argumenta que las normas impugnadas en el inciso d) de su escrito inicial, denominado: "Cobros excesivos y desproporcionados por servicios de reproducción de información no relacionados con el derecho de acceso a la información", establecen tarifas que no atienden a los costos del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información, por lo tanto, vulneran el principio de reproducción en las contribuciones, reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución. • Aduce que las normas combatidas vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, pues al establecer el cobro de derechos por los servicios que prestan los municipios por la búsqueda y expedición de copias simples y certificadas, el Congreso Local debió prever tarifas acordes a las erogaciones que realmente les representa a los ayuntamientos la prestación de tales servicios.

• Explica que en las diversas normas impugnadas gravan la simple búsqueda de documentos solicitados, asimismo, prevén tarifas por copias simples que oscilan entre 2.99 pesos hasta 192.44 pesos; mientras que, en la expedición de copias certificadas, la cuota, en general es de 4.56 pesos hasta 96.22 pesos por cada hoja.

• Precisa que algunas tarifas previstas en las normas combatidas son diferenciadas de acuerdo con el número de fojas, por ejemplo, las primeras diez y luego un costo por foja adicional, mismo caso que ocurre con las copias certificadas.

• En ese contexto, indica que en caso de que la entrega de la información tuviera algún costo, dada la forma de reproducción y entrega solicitada, deberían ser acordes con el costo del servicio prestado e iguales para los solicitantes, atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, lo que quiere decir que el Estado no debe lucrar con las cuotas, sino que las mismas deben fijarse de acuerdo a una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos, sin que pueda cobrarse la búsqueda de información o su reproducción cuando el interesado proporcione los medios respectivos.

• Adicionalmente, explica que, por lo que hace a la norma controvertida de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas Tecopilco, Estado de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2023, está únicamente establece que cobrar lo equivalente a los costos de los materiales empleados, sin embargo, estima que, dicha regulación no dota de certeza jurídica a los destinatarios del precepto, porque admite la discrecionalidad de la autoridad para precisar la tarifa por concepto de derecho.

6. TERCERO.—Admisión y trámite. Mediante proveído de cuatro de enero de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 171/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, en atención a que existía identidad respecto de las normas generales impugnadas en dicho asunto y la combatida en la diversa acción de inconstitucionalidad 168/2022, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, decretó la acumulación de aquélla a la más antigua y se designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que fungiera como instructor en el procedimiento.

7. El diecisiete de enero de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, por lo que ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para que rindieran su informe respectivo.

8. CUARTO.—Informes de las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada al rendir respectivamente sus informes manifestaron, en síntesis, lo siguiente:

A) Informe del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala:

En cuanto a la procedencia de la acción

• Señala que se actualiza la causal consistente en la falta de legitimación por parte de los órganos accionantes. Ello, porque las disposiciones impugnadas contienen normas de carácter contributivo y de acceso a la información pública, mismas que escapan de la facultad de los entes referidos.

• En ese sentido, indica que la legitimación de la Comisión accionante está acotada a las vulneraciones a derechos humanos de las personas, pues la legitimación activa para la interposición de una acción de inconstitucionalidad se rige a la materia específica que se señala en el texto constitucional, sin que le sea posible impugnar normas o violaciones que escapen de dicha materia.

• Al igual, sostiene que ninguno de los órganos promoventes tiene legitimación para impugnar normas en materia de transparencia y acceso a la información pública, pues el órgano legitimado para plantear una acción de inconstitucionalidad, en todo caso, sería el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o su equivalente en el Estado de Tlaxcala.

En cuanto al fondo

• Primero. Señala que al quedar fijada la base imponible para calcular la contribución correspondiente al pago del derecho de alumbrado público, conforme al costo global generado por la prestación del servicio otorgado por el ente público, se trata de un derecho y no de un impuesto, como infundadamente lo refieren los promoventes.

• En esa lógica, menciona que, contrario a lo aducido por los accionantes, las porciones normativas impugnadas no invaden la esfera de atribuciones de la federación.

• Aduce que, se llega a dicha conclusión si se toma en consideración, por una parte, el hecho gravable del derecho de alumbrado público regulado en las leyes de los municipios para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, consistente en la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes, en las vías, edificios y áreas, mientras que la base gravable radica en la contraprestación del servicio público y que comprende todos los gastos que le genera al municipio la prestación del servicio y está dividido entre el total de sujetos pasivos que tiene la Comisión Federal de Electricidad.

• Lo anterior, a su juicio, revela que el tributo cuya constitucionalidad se reclama, no grava el consumo de energía eléctrica, sino la prestación del servicio de alumbrado público.

• Indica que, el hecho de que las disposiciones normativas de las leyes reclamadas prevea tarifas para distintos sujetos las cuales aumentan o disminuyen en función del consumo de kilovatio, es para establecer tarifas progresivas, pero se reitera, el legislador estatal utilizó el referido elemento para establecer tarifas más altas para consumidores mayores y tarifas más bajas para consumidores menores, pero no para definir cuál sería el objeto (prestación del servicio de alumbrado público) y la base gravable (el costo que le genera al municipio brindar ese servicio), los cuales sí guardan estrecha relación con la prestación de un servicio público, a saber: el alumbrado público.

• Segundo. Aduce que respecto a las leyes de ingresos que prevén el cobro por la búsqueda de información que derivan de las solicitudes de acceso a la información pública, no contravienen el principio de gratuidad consagrado en la Ley Fundamental Federal, puesto que el cobro está basado en el costo que genera al municipio la expedición o búsqueda de los documentos en donde se hace constar la información pública a la que tienen derecho de acceder las personas; esto es así, porque si bien, la información relativa al quehacer del Estado en sus tres órdenes de gobierno es pública de oficio también lo es que, la entrega a través de los medios físicos de la información o de la búsqueda que se derive materia de la primera solicitud, si genera un costo que puede ser cobrado.

• Por lo que, la porción normativa "y las derivadas de solicitudes de acceso a la información pública", de las referidas Leyes de Ingresos de los diversos Municipios del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, se expresa que dicho cobro se refiere al costo que genera la entrega física de la información, no al acceso de ésta.

• Precisa que la búsqueda de información genera el uso y desgaste de las herramientas y consumibles del municipio, por lo que, a efecto de garantizar la operatividad y funcionamiento adecuado dentro del orden municipal es necesario el cobro referido; por su parte, tratándose de la búsqueda, copia simple y expedición de certificaciones, tampoco puede considerarse que contravienen el principio de gratuidad de la información.

• Tercero. Menciona que los gobiernos municipales, con base en la división territorial de los Estados, en uso de las facultades y atribuciones que les otorga la Constitución, quienes tienen la facultad originaria para aprobar y expedir Leyes de Ingresos, de acuerdo a los procedimientos que rigen en cada entidad federativa, en materia de prestación de servicios públicos municipales.

• Por lo tanto, indica, al tener los municipios la obligación de prestar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, es claro que también les corresponde la creación de leyes de ingresos en las que se contemple el cobro respectivo para la prestación de dicho servicio, haciéndose hincapié en que deberán observar y respetar las normas y lineamientos vigentes de cada Estado; ello, en atención al artículo 115 de la Constitución.

• Argumenta que el derecho humano al agua se tutela, protege y cumplimenta a nivel federal, estatal y municipal, de tal suerte que tanto la federación como los estados tienen el deber de garantizar su cumplimiento. No obstante, en lo referente a la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales es el municipio, por disposición constitucional, el sujeto obligado a dicha prestación.

• Aduce que el Municipio está facultado en su ámbito competencial exclusivo para dictar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general para organizar la administración pública municipal y regular la materia de procedimientos, funciones y servicios públicos que le competen, así como para asegurar la participación ciudadana y vecinal.

B) Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo

• Menciona que, en lo relativo a las atribuciones e intervención del Poder Ejecutivo local en el proceso legislativo de creación de las normas impugnadas por la parte actora, deberá declararse su constitucionalidad, en razón de q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32298-072fd813/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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