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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO. IV. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS. ENGLOBAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, DESTINO AL GASTO PÚBLICO, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. V. CONTRIBUCIONES. SUS ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DE SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. VI. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LA INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS AJENOS AL COSTO QUE REPRESENTA PARA EL MUNICIPIO LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, A FIN DE DETERMINAR LAS TARIFAS RESPECTIVAS, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 68 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, 68 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, 56 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, 55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 49 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYANCO, 42 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TERRENATE, 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XALOZTOC, 46 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XALTOCAN, 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, 48 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, 59 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, 35 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 42 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, 66 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, Y 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TODOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). VII. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LA INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS AJENOS AL COSTO QUE REPRESENTA PARA EL MUNICIPIO LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, COMO LO ES EL BENEFICIO EN METROS LUZ QUE RECIBE UN INMUEBLE, A FIN DE DETERMINAR LAS TARIFAS RESPECTIVAS, GENERA UN TRATO DESIGUAL ENTRE LOS CONTRIBUYENTES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 68 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, 68 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, 56 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, 55 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, 49 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYANCO, 42 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TERRENATE, 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XALOZTOC, 46 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XALTOCAN, 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATELCO, 48 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, 59 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, 35 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, 42 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, 66 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, Y 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TODOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). VIII. DERECHOS POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO. LA NORMA QUE PREVÉ QUE LAS TARIFAS DE DICHO SERVICIO PÚBLICO SERÁN ESTABLECIDAS CONFORME A LO CONVENIDO EN CADA COMUNIDAD, O BIEN, A LO QUE DETERMINE LA CABECERA MUNICIPAL, LAS COMUNIDADES, LAS COLONIAS, LOS COMITÉS DE AGUA POTABLE DE CADA COMUNIDAD Y/O EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL, DEJANDO A SU ARBITRIO LA FIJACIÓN DE ESE ELEMENTO ESENCIAL DE LA CONTRIBUCIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 46 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYANCO, 42 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XALTOCAN Y 51, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TODOS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS CUOTAS POR LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS O CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, A PARTIR DE LA HOJA VEINTIUNO, "DERIVADAS DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2023. · Registro digital (IUS): 32152
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-02-09
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo I, Pág.5.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

Los problemas jurídicos que se plantean son los siguientes: 1. ¿Las normas impugnadas que prevén cobros por el servicio de alumbrado público municipal, violan el principio de proporcionalidad tributaria reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que su base gravable se determina, entre otros elementos, por el beneficio en metros luz que tiene de frente cada predio?; 2. ¿Las normas impugnadas que establecen cobros por el servicio de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado, violan el derecho a la seguridad jurídica, así como los principios de reserva de ley y legalidad tributaria, al delegar a una autoridad administrativa la definición de uno de los elementos del tributo, en concreto, el monto de la tarifa respectiva?; 3. ¿Las normas impugnadas que establecen cobros por servicios de reproducción de información en constancias o certificaciones, violan el derecho de acceso a la información pública reconocido en el artículo 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal?; y 4. ¿Las normas que prevén cobros por servicios de búsqueda, así como la expedición de documentos en copias simples y certificadas, y su digitalización, vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal?

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Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de septiembre de dos mil veintitrés emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 32/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de preceptos contenidos en Leyes de Ingresos de diversos Municipios del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa los días veintidós y veintitrés de diciembre de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA:

1. Demanda inicial y normas impugnadas. Por oficio presentado a través del buzón judicial el veintitrés de enero de dos mil veintitrés y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:

"a) Cobros por servicio de alumbrado público:

"1. Artículo 68 de la Ley de Ingresos del Municipio de El Carmen Tequexquitla, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"2. Artículo 68 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"3. Artículo 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"4. Artículo 56 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Ana Nopalucan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"5. Artículo 55 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Catarina Ayometla, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"6. Artículo 49 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepeyanco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"7. Artículo 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Terrenate, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"8. Artículo 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Xaloztoc, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"9. Artículo 46 de la Ley de Ingresos del Municipio de Xaltocan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"10. Artículo 50 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatelco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"11. Artículo 48 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"12. Artículo 59 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetlatlahuca, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"13. Artículo 35 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetla de la Solidaridad, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"14. Artículo 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pablo del Monte, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"15. Artículo 66 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"16. Artículo 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"b) Cobros por servicios de suministro de agua potable:

"1. Artículo 46 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepeyanco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"2. Artículo 42 de la Ley de Ingresos del Municipio de Xaltocan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"3. Artículo 51, primer párrafo, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"c) Cobros excesivos, desproporcionados e injustificados por acceso a la información:

"1. Artículo 39, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"d) Cobros excesivos y desproporcionados por servicios de reproducción de información no relacionados con el derecho de acceso a la información:

"1. Artículo 42, fracciones I, incisos a) y b), y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de El Carmen Tequexquitla, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"2. Artículo 39, fracciones I, II y V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"3. Artículo 36, fracción IV, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"4. Artículo 44, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Ana Nopalucan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"5. Artículo 35, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Catarina Ayometla, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"6. Artículo 34, fracción I, inciso b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepeyanco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"7. Artículo 26, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Terrenate, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"8. Artículo 42, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Xaloztoc, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"9. Artículo 23, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Xaltocan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"10. Artículo 27, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepetitla de Lardizábal, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"11. Artículo 34, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Yauhquemehcan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"12. Artículo 29, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tetla de la Solidaridad, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"13. Artículo 28, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de San Pablo del Monte, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"14. Artículo 41, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"15. Artículo 44, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Ingresos del Municipio de Calpulalpan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"16. Artículo 44, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Huamantla, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"Dichos ordenamientos fueron publicados el 22 y 23 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala."

2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión accionante considera que las normas que combate son contrarias a los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2 y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al estimar que resultan violatorios del principio de gratuidad que rige en el derecho de acceso a la información pública, así como el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad, reserva de ley, proporcionalidad y equidad en las contribuciones.

3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante hace valer, en síntesis, lo siguiente:

• Primero. Cobro de derechos por el servicio de alumbrado público municipal. Los artículos impugnados en el inciso a) del apartado III de la demanda, contenidos en dieciséis leyes de ingresos municipales del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023, establecen tarifas a pagar por la prestación del servicio de alumbrado público las cuales dependerán de la ubicación de los predios en relación con la distancia que guardan con la fuente de alumbrado público.

Las normas impugnadas de leyes de ingresos de diversos Municipios del Estado de Tlaxcala transgreden los principios de justicia tributaria al prever que el cobro por el servicio de alumbrado público se calculará atendiendo al "beneficio en metros luz" o cercanía de los predios con la fuente de iluminación pública.

La naturaleza del servicio de alumbrado público consiste en proporcionar iluminación artificial en los espacios públicos en que se desarrolla la vida cotidiana de todas las personas que habitan en determinada localidad y no sólo las y los habitantes o las personas residentes, sino también a todas aquellas que se encuentran transitando por el mismo, con el fin de inhibir algún tipo de riesgo que pudiera desarrollarse en áreas carentes de iluminación. En ese sentido, el costo que los contribuyentes deben erogar para contribuir a la prestación de dicho servicio público debe ser igual para cada uno de ellos, pues todos se benefician en la misma medida de aquél.

Las normas controvertidas establecen una fórmula compleja para fijar la cuota de la contribución, la cual, si bien es cierto toma en consideración el costo del servicio y el número usuarios registrados en la empresa suministradora de energía, introduce como elemento indispensable para la cuantificación el grado de "beneficio" de las personas en metros de luz. En otras palabras, el Congreso tlaxcalteca consideró como componente determinante para fijar la tarifa de la contribución un aparente beneficio en función de los metros luz de los inmuebles propiedad de los sujetos pasivos respecto de la luminaria.

Así, es evidente que el legislador definió el cobro del derecho con base en un parámetro de mayor o menor beneficio presuntamente obtenido por la simple ubicación de los predios, perdiendo de vista que el objeto del servicio no es beneficiar a una persona en particular, sino a toda la población y transeúntes en el territorio municipal correspondiente.

En esa tesitura, los preceptos impugnados establecen una contribución por la prestación de un servicio público para los habitantes de los Municipios tlaxcaltecas, cuya base gravable la determina el mayor o menor beneficio que obtengan los contribuyentes debido a los metros de frente del inmueble respecto a la fuente de alumbrado público.

Es criterio reiterado de ese Alto Tribunal que, para la cuantificación de las cuotas, en el caso de los derechos por servicios, debe identificarse el tipo de servicio público que se trate y el costo que le representa al Estado prestar ese servicio; por ende, no pueden considerarse para tales efectos aspectos ajenos a éstos, como lo sería la situación particular del contribuyente o cualquier elemento distinto al costo.

En el caso, la cuota a pagar en los artículos impugnados se determinará a partir de un elemento ajeno, que no atiende al valor que le representa a los Municipios la prestación del servicio de alumbrado público.

Así, las normas impugnadas no observan el principio de proporcionalidad tributaria, dado que los contribuyentes no pagan de manera proporcional, en atención a la naturaleza de las contribuciones denominadas "derechos", que implican el deber de congruencia entre la actuación o servicio que presta el Estado y la cuantificación de su magnitud; además, no son acordes con el principio de equidad en las contribuciones, pues se otorga un trato desigual a los gobernados al establecer diversos montos por la prestación de un mismo servicio que no es posible individualizar a través de la fórmula que el legislador local estableció.

Lo anterior ha sido reiterado en gran número de precedentes de ese Máximo Tribunal Constitucional, como son las diversas acciones de inconstitucionalidad 185/2021, 186/2021, 1/2022 y 5/2022, en las cuales se declaró la invalidez de normas que establecían el cobro por concepto de derecho por la prestación de servicio de alumbrado público, en atención al aparente "beneficio" del sujeto pasivo con la fuente de iluminación artificial pública.

• Segundo. Cobro de derechos por el servicio de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado. Las normas impugnadas en el apartado III, inciso b), de la demanda transgreden el derecho a la seguridad jurídica, como los principios de legalidad, reserva de ley y legalidad tributaria, en virtud de que delegan la facultad de determinar los elementos esenciales del derecho relativo a una autoridad administrativa, lo que propicia arbitrariedad y la incertidumbre de las cuotas que se deberán pagar.

Las normas combatidas coinciden en establecer que las tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado serán establecidas conforme a lo convenido en cada comunidad, o bien lo que determine la cabecera municipal, comunidades, colonias, comités de agua potable de cada comunidad y/o el Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, según corresponda.

Lo anterior evidencia que el legislador local habilitó a autoridades administrativas o ajenas al Poder Legislativo para determinar y aprobar el elemento relativo a la tarifa de las mencionadas contribuciones.

El derecho por suministro de agua potable y alcantarillado y otros servicios prestados son una especie de contribución, cuyo monto puede ser cobrado por los Ayuntamientos respectivos por brindar ese servicio público que tienen a su cargo, de conformidad con el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Norma Suprema, actividad de la cual pueden obtener los recursos correspondientes, tal como apunta la fracción IV, inciso c), del mismo precepto constitucional.

Atento a ello, las normas cuestionadas son inconstitucionales al no contener todos los elementos esenciales de los derechos que cobrará el Municipio relativo por el suministro de agua, alcantarillado y otros servicios. En otros términos, no existe en las normas impugnadas al menos un parámetro para la determinación de la tarifa a pagar, dejando a los contribuyentes en la incertidumbre sobre el costo real que deberán cubrir por el servicio público, pues será una autoridad administrativa quien lo determinará cuando defina, apruebe o refrende la propuesta del organismo municipal en la materia.

Lo anterior se corrobora a la luz de lo previsto en el artículo 122 de la Ley de Aguas para el Estado de Tlaxcala, el cual dispone que los organismos operadores elaborarán el proyecto de tarifas correspondientes a la estación de los servicios previstos en dicha ley, y lo someterán a consideración del Ayuntamiento para su aprobación.

De esta forma, las normas impugnadas transgreden el principio de reserva de ley y de legalidad tributaria, toda vez que dejan al arbitrio de la cabecera municipal, colonias, comunidades, comités de agua de las comunidades y/o al Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Municipal el establecimiento de la tarifa o cuota de las contraprestaciones que deban cubrirse por los servicios relacionados con el suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado.

Se transgrede el derecho a la seguridad jurídica en materia tributaria en perjuicio de las personas contribuyentes, ya que no permiten que el propio ordenamiento legal sea un instrumento o mecanismo de defensa frente a la arbitrariedad de la autoridad administrativa, debido a que las personas usuarias de dicho servicio no tendrán la certeza de a qué atenerse respecto de los cobros que, en el momento de la causación realicen las autoridades municipales tlaxcaltecas.

Cabe mencionar que el Pleno de ese Alto Tribunal al resolver las acciones de inconstitucionalidad 182/2021, 185/2021, 1/2022 y 5/2022, entre otras, ha declarado la invalidez de normas similares a las impugnadas, por delegar a las autoridades administrativas el establecimiento de los elementos esenciales del derecho por servicios de agua potable y alcantarillado, además de que no contenían los elementos mínimos para brindar certeza a los contribuyentes, entre ellos, la tasa o cuota sobre la que se cobrará el servicio.

• Tercero. Cobro por la reproducción de información en constancias o certificaciones, relacionados con el derecho de acceso a la información. El artículo 39, fracción XII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtacuixtla de Mariano de Matamoros, Tlaxcala, establece una tarifa injustificada y excesiva por la reproducción de información pública en constancias o certificaciones de los documentos solicitados, en violación al derecho de acceso a la información y el principio de gratuidad que lo rige, reconocidos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Del precepto combatido se desprende que el Municipio relativo, por la expedición de constancias o certificaciones de documentos derivadas de solicitudes de acceso a la información pública, los solicitantes deberán pagar por concepto de derecho la cantidad de $207.84 pesos, equivalente a 2 UMA por cada foja de los documentos solicitados y entregados en constancias o certificaciones.

A diferencia de otros servicios prestados por el Estado, tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información, impera el principio de gratuidad, conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el del envío, en su caso y el de su certificación; cualquier cobro debe justificarse por el legislador, a efecto de demostrar que no está gravando la información.

La cuota prevista en la norma impugnada es excesiva, porque los solicitantes deberán cubrir el monto equivalente a 2 UMA por cada foja, cuando se expida mediante constancias o certificaciones de documentos. Tampoco es posible determinar si dicha expedición alude a copias simples o certificadas o, incluso, si se trata de impresiones. Asimismo, permite que se cobre por la reproducción de información que conste en menos de veinte hojas, lo cual contradice el artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del cual se extrae que la información se debe entregar de manera gratuita cuando no exceda de esa cantidad.

Ese Alto Tribunal ha establecido que se requiere una motivación reforzada por el legislador donde explique o razone el costo de los materiales de reproducción de un documento o, en su caso, de su certificación, así como la metodología que utilizó para llegar a ellos; sin embargo, en el caso, no se encuentra justificada la tarifa en razón del costo real de los materiales empleados para la reproducción de la información solicitada.

De suerte que, si no existe razonamiento que justifique el cobro por la reproducción de información con una base objetiva y razonable, ello sólo puede significar que la cuota se determinó de forma arbitraria, en violación al principio de gratuidad de acceso a la información pública contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal, por lo que debe declararse su inconstitucionalidad. Asimismo, el precepto controvertido tiene un impacto desproporcional sobre el gremio periodístico, por lo que la norma impugnada termina teniendo un efecto inhibidor de la tarea periodística.

Finalmente, al resolver las diversas acciones de inconstitucionalidad 20/2019, 182/2021, 185/2021, 186/2021, 1/2022 y 5/2022, se ha vinculado al Congreso de Tlaxcala para que en el futuro se abstenga de establecer cuotas injustificadas por la reproducción de documentos por solicitantes de información.

• Cuarto. Cobros por la búsqueda, expedición de documentos en copias simples y certificadas, así como por su digitalización, no relacionados con el derecho de acceso a la información pública. Los artículos impugnados contenidos en dieciséis leyes de ingresos municipales del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023, señalados en el inciso d) del apartado III de la demanda inicial, establecen cobros injustificados y desproporcionales, pues no atienden a los costos del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información; por tanto, vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

En efecto, el Congreso Local debió establecer tarifas acordes con las erogaciones que realmente les representan a los Ayuntamientos la prestación de los servicios relativos.

Las normas impugnadas gravan la simple búsqueda de documentos solicitados, así como la reproducción de información en copias simples y certificaciones, aproximadamente, las siguientes cantidades: 1) por la simples búsqueda de $4.91 a $155.61 pesos; 2) por la expedición de copias simples de $4.91 a $155.61 pesos; 3) por la expedición de copias certificadas de $3.39 a $518.70 pesos; y, 4) por la digitalización $3.21 pesos.

Por otra parte, se advierte que el legislador local estableció tarifas diferenciadas en la modalidad de copias en atención a las hojas que excedan de una primera cantidad –por ejemplo, para las 5 o 10 primeras hojas y un costo diverso para foja adicional–, como es el caso de los Municipios de El Carmen Tequexquitla, Xaltocan, Yauhquemehcan y Nanacamilpa de Mariano Arista.

También se advierten cuotas diferenciadas para la modalidad de copias certificadas cuando se exceda de un número específico de fojas, como acontece en los Municipios de El Carmen Tequexquitla, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Papalotla de Xicohténcatl, Terrenate, Xaltocan, Yauhquemehcan, Calpulalpan y Huamantla.

En el Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, el Congreso Local estableció tarifas por la mera búsqueda de documentos como la matrícula de cartilla de identidad militar, se estableció la cuota de 1 UMA y no sólo ello, sino también una cuota por cada año adicional por la búsqueda.

Así, las normas impugnadas violan el principio de proporcionalidad tributaria, pues las tarifas no guardan relación directa con los gastos que le representa a los Municipios la prestación de esos servicios.

Ese Alto Tribunal ha sostenido que las cuotas, en caso de que la entrega de la información tuviera algún costo, dada la forma de reproducción y entrega solicitadas, deberán ser acordes con el costo del servicio prestado e iguales para los solicitantes, atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, lo que significa que el Estado no debe lucrar con las cuotas, sino que deben fijarse de acuerdo a una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos, sin que pueda cobrarse la búsqueda de la información o su reproducción cuando el interesado proporcione los medios respectivos.

Asimismo, el Máximo Tribunal ha sostenido que no es justificable ni proporcional cobrar por la simple búsqueda de documentos, pues la actividad para realizar dicha acción no implica necesariamente un gasto por la utilización de materiales u otros insumos que impliquen un gasto para el Municipio que justifique el monto establecido por el legislador local, además de que no puede existir un lucro o ganancia por la referida búsqueda; en tanto que cobrar las cantidades previstas por el legislador por la entrega de información en copias simples y digitalización, sin que se advierta razonabilidad entre el costo de los materiales usados, se considera como desproporcionado, pues no responde al gasto que efectúo el Municipio para brindar el servicio, ni tampoco resulta objetivamente justificable que la tarifa cambie según el número de fojas o que se establezca cobro adicional por la entrega cuando rebase cierto tope.

Cabe señalar que al resolver la acción de inconstitucionalidad 182/2021, así como las diversas 185/2021, 186/2021, 1/2022 y 5/2022, se vinculó al Congreso de Tlaxcala para que se abstenga de emitir normas con los mismos vicios de inconstitucionalidad detectados en las sentencias respectivas.

4. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 32/2023, y turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.

5. Admisión de la demanda. La Ministra instructora admitió a trámite la demanda relativa por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial LOCAL en el que conste su publicación; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.

6. Informe del Poder Legislativo de Estado de Tlaxcala. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el tres de abril de dos mil veintitrés,(2) Bladimir Zainos Flores, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, rindió el informe solicitado, en el cual manifestó, en esencia, lo siguiente:

Causales de improcedencia

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos carece de legitimación para solicitar la invalidez de normas que tienen carácter tributario.

En la demanda se cuestionaron determinados artículos en tanto establecen una contribución por el "derecho municipal" de servicio de alumbrado público, con relación al cobro, al estimarlas contrarias a los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributarias; así como el cobro por la búsqueda de información pública que les sea solicitada por los ciudadanos, lo que desde la perspectiva de la accionante viola el derecho de acceso a la información pública.

La legitimación de la Comisión Nacional accionante está acotada a la vulneración a derechos humanos de las personas, siendo que, en el caso de las personas morales, éstas pueden acudir a la Justicia Federal y ejercer el medio de control constitucional pertinente por sí mismas, puesto que gozan de derechos humanos únicamente para el cumplimiento de sus propios fines.

En la demanda no se explicó por qué se vulneraría materialmente el derecho de proporcionalidad tributaria, esto es, no se demuestra que la norma sea excesiva en el cobro de los derechos que prevé, pues a contrario sensu, dicha interpretación conllevaría posibilitar la impugnación de la totalidad del sistema tributario y vaciaría de contenido la regla de legitimación impuesta a ese organismo constitucional autónomo.

Al respecto, el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional acota la legitimación de la referida Comisión Nacional a la defensa de los derechos humanos, de otro modo, el legislador constitucional hubiere establecido una acotación sin sentido. Asumir lo contrario, implicaría que dicho organismo estaría legitimado para impugnar la totalidad de las normas generales, siempre que adujeran una violación a cualquier norma de la Constitución Federal, independientemente de la vinculación material y específica con un derecho humano.

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos carece de legitimación para solicitar la invalidez de normas relacionadas con el derecho de acceso a la información pública

La legitimación activa para la interposición de una acción de inconstitucionalidad se rige a la materia específica que se señala en el texto constitucional, sin que sea posible impugnar normas o violaciones que escapen de dicha materia.

En el caso, quien reviste legitimación para instar un medio de control constitucional como en el que se actúa, lo es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ("INAI") –o su equivalente a nivel local–, al ser un órgano autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión financiera, responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como dirigir y vigilar el ejercicio de los derechos que tiene encomendado tutelar, conforme a lo establecido en el artículo 6o. de la Constitución Federal y las leyes de la materia.

De ahí que, para que sea procedente un medio de control constitucional, en el que se estudie la actualización de la legitimación a favor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para impugnar normas referentes a la materia de transparencia y acceso a la información públi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32152-ae7630e9/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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