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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO. IV. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS. ENGLOBAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, DESTINO AL GASTO PÚBLICO, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. V. CONTRIBUCIONES. SUS ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DE SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. VI. DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. VII. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LA CUANTIFICACIÓN DE SU BASE GRAVABLE A PARTIR DEL PRODUCTO QUE RESULTE DEL BENEFICIO DE METROS DE LUZ QUE TIENE CADA PREDIO, EL DESTINO DEL MISMO Y SI ÉSTE NO TIENE CONTRATO CON LA EMPRESA QUE SUMINISTRA LA ENERGÍA ELÉCTRICA, RESULTA DESPROPORCIONAL E INEQUITATIVO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 69 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN; 61 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI; 66 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO; 44 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO; Y 52 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). VIII. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. LA INTRODUCCIÓN DE ELEMENTOS AJENOS AL COSTO QUE REPRESENTA PARA EL MUNICIPIO LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, A FIN DE DETERMINAR LA BASE DE DICHO TRIBUTO, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y DE EQUIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 69 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN; 61 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI; 66 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO; 44 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO; Y 52 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). IX. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. LAS CUOTAS QUE NO ATIENDAN A LOS COSTOS QUE IMPLICA PRESTAR DICHOS SERVICIOS RESULTAN DESPROPORCIONADAS, PUES NO RESPONDEN AL GASTO QUE EFECTUÓ EL MUNICIPIO PARA BRINDARLOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 59, FRACCIONES I Y IV, EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "POR BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI; 41, FRACCIONES I, II, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS; 46, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO; 30, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO; Y 34, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). X. SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. LAS CUOTAS QUE NO ATIENDAN A LOS COSTOS QUE IMPLICA PRESTAR DICHOS SERVICIOS VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 59, FRACCIONES I Y IV, EN LA PORCIÓN NORMATIVA: "POR BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI; 41, FRACCIONES I, II, IV Y V, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS; 46, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO; 30, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO; Y 34, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. INVALIDEZ POR EXTENSIÓN DE LAS DISPOSICIONES QUE COMPARTEN LOS VICIOS ADVERTIDOS EN LAS NORMAS INVALIDADAS, AUN CUANDO NO FUERAN IMPUGNADAS [INVALIDEZ POR EXTENSIÓN DE LOS ARTÍCULOS 70 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, ASÍ COMO SU "ANEXO 2: RECURSO DE REVISIÓN"; 62 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, ASÍ COMO SU "ANEXO DOS (ARTÍCULO 61. ALUMBRADO PÚBLICO)"; 67 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO, ASÍ COMO SU "ANEXO DOS: RECURSO DE REVISIÓN"; 45 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, ASÍ COMO SU "ANEXO UNO: RECURSO DE REVISIÓN", Y 53 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, ASÍ COMO SU "ANEXO 1 (ARTÍCULO 52) DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO.", TODAS DEL ESTADO DE TLAXCALA, PARA EL EJE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 46/2023. · Registro digital (IUS): 32153
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-02-09
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo I, Pág.649.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 46/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

Los problemas jurídicos que se plantean son: 1. ¿Las normas impugnadas que prevén cobros por el servicio de alumbrado público municipal violan el principio de proporcionalidad tributaria reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que su base gravable se determina –entre otros elementos– por el beneficio en metros luz que tiene de frente cada predio? 2. ¿Las normas que prevén cobros por la búsqueda y por la expedición de documentos en copias simples y certificadas vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal?

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, por el que emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 46/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de preceptos contenidos en leyes de ingresos de diversos Municipios del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2023, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA:

1. Demanda inicial y normas impugnadas. Por oficio presentado a través del buzón judicial el veinticinco de enero de dos mil veintitrés y recibido al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió demanda de acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:

"a) Cobros por servicio de alumbrado público:

"1. Artículo 69 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chiautempan, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"2. Artículo 61 de la Ley de Ingresos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"3. Artículo 66 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"4. Artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"5. Artículo 52 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"b) Cobros excesivos y desproporcionados por servicios de reproducción de información no relacionados con el derecho de acceso a la información:

"1. Artículo 59, fracciones I y IV, en la porción normativa: ‘Por búsqueda de información de los registros’, de la Ley de Ingresos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"2. Artículo 41, fracciones I, II, IV y V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"3. Artículo 46, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Apolonia Teacalco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"4. Artículo 30, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"5. Artículo 34, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023.

"Dichos ordenamientos fueron publicados el 26 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala."

2. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión accionante considera que las normas que combate son contrarias a los artículos 1 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante hace valer, en síntesis, lo siguiente:

• PRIMERO. Cobro de derechos por el servicio de alumbrado público municipal. Los artículos impugnados en el inciso a) del apartado III de la demanda, contenidos en cinco leyes de ingresos municipales del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023, establecen tarifas a pagar por la prestación del servicio de alumbrado público las cuales dependerán de la ubicación de los predios en relación con la distancia que guardan con la fuente de alumbrado público.

Las normas impugnadas de leyes de ingresos de diversos Municipios del Estado de Tlaxcala transgreden los principios de justicia tributaria al prever que el cobro por el servicio de alumbrado público se calculará atendiendo al "beneficio en metros luz" o cercanía de los predios con la fuente de iluminación pública.

La naturaleza del servicio de alumbrado público consiste en proporcionar iluminación artificial en los espacios públicos en que se desarrolla la vida cotidiana de todas las personas que habitan en determinada localidad y no sólo las y los habitantes o las personas residentes, sino también a todas aquellas que se encuentran transitando por el mismo, con el fin de inhibir algún tipo de riesgo que pudiera desarrollarse en áreas carentes de iluminación. En ese sentido, el costo que los contribuyentes deben erogar para contribuir a la prestación de dicho servicio público debe ser igual para cada uno de ellos, pues todos se benefician en la misma medida de aquél.

Las normas controvertidas establecen una fórmula compleja para fijar la cuota de la contribución, la cual, si bien es cierto toma en consideración el costo del servicio y el número de usuarios registrados en la empresa suministradora de energía, introduce como elemento indispensable para la cuantificación el grado de "beneficio" de las personas en metros de luz. En otras palabras, el Congreso tlaxcalteca consideró como componente determinante para fijar la tarifa de la contribución un aparente beneficio en función de los metros luz de los inmuebles propiedad de los sujetos pasivos respecto de la luminaria.

Así, es evidente que el legislador definió el cobro del derecho con base en un parámetro de mayor o menor beneficio presuntamente obtenido por la simple ubicación de los predios, perdiendo de vista que el objeto del servicio no es beneficiar a una persona en particular, sino a toda la población y transeúntes en el territorio municipal correspondiente.

En esa tesitura, los preceptos impugnados establecen una contribución por la prestación de un servicio público para los habitantes de los Municipios tlaxcaltecas, cuya base gravable la determina el mayor o menor beneficio que obtengan los contribuyentes debido a los metros de frente del inmueble respecto a la fuente de alumbrado público.

Es criterio reiterado de ese Alto Tribunal que, para la cuantificación de las cuotas, en el caso de los derechos por servicios, debe identificarse el tipo de servicio público que se trate y el costo que le representa al Estado prestar ese servicio; por ende, no puede considerarse para tales efectos aspectos ajenos a éstos, como lo sería la situación particular del contribuyente o cualquier elemento distinto al costo.

En el caso, la cuota a pagar en los artículos impugnados se determinará a partir de un elemento ajeno, que no atiende al valor que le representa a los Municipios la prestación del servicio de alumbrado público.

Así, las normas impugnadas no observan el principio de proporcionalidad tributaria, dado que los contribuyentes no pagan de manera proporcional, en atención a la naturaleza de las contribuciones denominadas "derechos", que implican el deber de congruencia entre la actuación o servicio que presta el Estado y la cuantificación de su magnitud; además, no son acordes con el principio de equidad en las contribuciones, pues se otorga un trato desigual a los gobernados al establecer diversos montos por la prestación de un mismo servicio que no es posible individualizar a través de la fórmula que el legislador local estableció.

Lo anterior ha sido reiterado en gran número de precedentes de este Máximo Tribunal Constitucional, como son las diversas acciones de inconstitucionalidad 185/2021, 186/2021, 1/2022 y 5/2022, en los cuales se declaró la invalidez de normas que establecían el cobro por concepto de derecho por la prestación de servicio de alumbrado público, en atención al aparente "beneficio" del sujeto pasivo con la fuente de iluminación artificial pública.

• SEGUNDO. Cobros por la búsqueda, expedición de documentos en copias simples y certificadas, así como por su digitalización, no relacionados con el derecho de acceso a la información pública. Los artículos impugnados contenidos en cinco leyes de ingresos municipales de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023, señalados en el inciso b) del apartado III de la demanda inicial, establecen cobros injustificados y desproporcionales, pues no atienden a los costos del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información; por tanto, vulneran el principio de proporcionalidad en las contribuciones reconocido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

En efecto, el Congreso Local debió establecer tarifas acordes con las erogaciones que realmente les representan a los Ayuntamientos la prestación de los servicios relativos.

Las normas impugnadas gravan la simple búsqueda de documentos solicitados, así como la reproducción de información en copias simples y certificaciones, aproximadamente, las siguientes cantidades: 1) por la simple búsqueda de documentos $51.87 a $155.61 pesos; 2) por la expedición de copias simples $51.78 a $103.74 pesos; 3) por cada foja adicional en copia simple $20.74 pesos; 4) por la expedición de copias certificadas de documentos $144.11 pesos; y 5) por cada hoja adicional certificada $13.48 hasta $72.61 pesos.

Por otra parte, se advierte que el legislador local estableció tarifas diferenciadas en la modalidad de copias en atención a las hojas que excedan de una primera cantidad, tal como acontece en el Municipio de Santa Apolonia Teacalco, en el cual las primeras 10 hojas tiene un costo y cada foja adicional tendrá otro valor.

También se advierten cuotas diferenciadas para la modalidad de copias certificadas cuando se exceda de un número específico de fojas, como acontece en los Municipios de Lázaro Cárdenas y Santa Apolonia Teacalco.

En los Municipios de Contla de Juan Cuamatzi y Lázaro Cárdenas, el Congreso Local estableció tarifas por la simple búsqueda de documentos relativos a los registros de ubicación de lotes, la matrícula de identidad militar, así como de aquellos que obran en el archivo municipal, que oscilan entre 1 UMA y 1.5 UMA; e incluso instauró cuotas por cada año de búsqueda.

Así, las normas impugnadas violan el principio de proporcionalidad tributaria, pues las tarifas no guardan relación directa con los gastos que le representa a los Municipios la prestación de esos servicios.

Este Alto Tribunal ha sostenido que las cuotas, en caso de que la entrega de la información tuviera algún costo, dada la forma de reproducción y entrega solicitadas, deberán ser acordes con el costo del servicio prestado e iguales para los solicitantes, atendiendo a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, lo que significa que el Estado no debe lucrar con las cuotas, sino que deben fijarse de acuerdo a una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos, sin que pueda cobrarse la búsqueda de la información o su reproducción cuando el interesado proporcione los medios respectivos.

Asimismo, el Máximo Tribunal ha sostenido que no es justificable ni proporcional cobrar por la simple búsqueda de documentos, pues la actividad para realizar dicha acción no implica necesariamente un gasto por la utilización de materiales u otros insumos que impliquen un gasto para el Municipio que justifique el monto establecido por el legislador local, además de que no puede existir un lucro o ganancia por la referida búsqueda; en tanto que cobrar las cantidades previstas por el legislador por la entrega de información en copias simples, sin que se advierta razonabilidad entre el costo de los materiales usados, se considera como desproporcionado, pues no responde al gasto que efectúo el Municipio para brindar el servicio, ni tampoco resulta objetivamente justificable que la tarifa cambie según el número de fojas o que se establezca cobro adicional por la entrega cuando rebase cierto tope.

Cabe señalar que al resolver las acciones de inconstitucionalidad 182/2021, así como las diversas 185/2021, 186/2021, 1/2022 y 5/2022, se vinculó al Congreso de Tlaxcala para que se abstenga de emitir normas con los mismos vicios de inconstitucionalidad detectados en las sentencias respectivas.

4. Registro del expediente y turno del asunto. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 46/2023, y turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.

5. Admisión de la demanda. La Ministra instructora admitió a trámite la demanda relativa por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial Local en el que conste su publicación; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.

6. Informe del Poder Legislativo de Estado de Tlaxcala. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el tres de abril de dos mil veintitrés,(2) Bladimir Zainos Flores, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, rindió el informe solicitado, en el cual manifestó, en esencia, lo siguiente:

Causales de improcedencia

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos carece de legitimación para solicitar la invalidez de normas que tienen carácter tributario

En la demanda se cuestionaron determinados artículos en tanto establecen una contribución por el "derecho municipal" de servicio de alumbrado público, con relación al cobro, al estimarlas contrarias a los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad, proporcionalidad y equidad tributarias; así como el cobro por la búsqueda de información pública que les sea solicitada por los ciudadanos, lo que desde la perspectiva de la accionante viola el derecho de acceso a la información pública.

La legitimación de la Comisión Nacional accionante está acotada a la vulneración a derechos humanos de las personas, siendo que, en el caso de las personas morales, éstas pueden acudir a la Justicia Federal y ejercer el medio de control constitucional pertinente por sí mismas, puesto que gozan de derechos humanos únicamente para el cumplimiento de sus propios fines.

En la demanda no se explicó por qué se vulneraría materialmente el derecho de proporcionalidad tributaria, esto es, no se demuestra que la norma sea excesiva en el cobro de los derechos que prevé, pues a contrario sensu, dicha interpretación conllevaría posibilitar la impugnación de la totalidad del sistema tributario y vaciaría de contenido la regla de legitimación impuesta a ese organismo constitucional autónomo.

Al respecto, el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional, acota la legitimación de la referida Comisión Nacional a la defensa de los derechos humanos, de otro modo, el legislador constitucional hubiere establecido una acotación sin sentido. Asumir lo contario, implicaría que dicho organismo estaría legitimado para impugnar la totalidad de las normas generales, siempre que adujeran una violación a cualquier norma de la Constitución Federal, independientemente de la vinculación material y específica con un derecho humano.

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos carece de legitimación para solicitar la invalidez de normas relacionadas con el derecho de acceso a la información pública

La legitimación activa para la interposición de una acción de inconstitucionalidad se rige a la materia específica que se señala en el Texto Constitucional, sin que sea posible impugnar normas o violaciones que escapen de dicha materia.

En el caso, quien reviste legitimación para instar un medio de control constitucional como en el que se actúa, lo es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ("INAI") –o su equivalente a nivel local–, al ser un órgano autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión financiera, responsable de garantizar el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como dirigir y vigilar el ejercicio de los derechos que tiene encomendado tutelar, conforme a lo establecido en el artículo 6o. de la Constitución Federal y las leyes de la materia.

De ahí que, para que sea procedente un medio de control constitucional, en el que se estudie la actualización de la legitimación a favor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para impugnar normas referentes a la materia de transparencia y acceso a la información pública, es necesario que se atienda a lo establecido en el artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal, del cual se advierte que los órganos garantes en materia de transparencia, a nivel federal o local, son los que tienen legitimación para promover acción de inconstitucionalidad en la que se haga valer la posible contradicción de una norma y la Carta Magna, cuando se alegue la vulneración al derecho de acceso a la información pública.

Por tanto, resulta manifiesto e indudable que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no tiene legitimación para promover su demanda en contra de las normas que impugna, por lo que se actualiza la improcedencia establecida en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia.

En cuanto al fondo

• PRIMERO. Es infundado el concepto de invalidez relativo a que las tarifas a pagar por la prestación del servicio de alumbrado público son inconstitucionales por depender de la ubicación de los predios en relación con la distancia que guarden con la fuente de alumbrado público.

Son inatendibles e inoperantes los conceptos de invalidez, en relación con la supuesta falta de competencia y violación al principio de legalidad tributaria, dado que es obligación de los ciudadanos contribuir de manera equitativa y proporcional con el gasto público del Estado, a través de contribuciones que se encuentren establecidas en ley, las cuales deben ser pagadas por las personas que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista en la misma, de ahí que la norma impugnada contiene una contribución de las denominadas derechos y no un impuesto.

Las porciones controvertidas al establecer e identificar el hecho imponible real que se encuentra en la base, lleva a concluir que, en efecto, se trata de una contribución perteneciente a la categoría de los derechos, pues, aunque el precepto impugnado no lo establezca en forma detallada, el servicio en mención comprende la instalación y mantenimiento de lámparas, focos, así como cualquier costo

originado al Municipio para transformar la energía eléctrica en luminosa. En términos de lo dispuesto en las leyes de ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal 2023, la cuota del derecho se determina por el costo que origina el servicio de alumbrado público entre el número de usuarios registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, así como los poseedores o propietarios de predios rústicos o urbanos dentro del territorio que comprenden los Municipios donde se aplica la ley impugnada. Tal cálculo no toma como base el consumo individual de energía eléctrica de cada habitante, sino el costo que tiene para la autoridad prestar el servicio de alumbrado público; por ello, si bien existen criterios definidos por el más Alto Tribunal sobre la inconstitucionalidad porque grava la energía eléctrica, sin atender al costo del servicio, por lo que en ese caso constituía un verdadero impuesto, pero eso no acontece en la especie.

No se invade la competencia federal, porque las porciones normativas no imponen un tributo a la energía eléctrica, sino un derecho por la prestación del servicio de alumbrado público municipal, extremo que fija la competencia en favor de la Legislatura Local.

Las porciones normativas impugnadas establecen como base el costo general generado en el Municipio por la prestación del servicio de alumbrado público, a efecto de obtener la tarifa (importe) que se traduce en el resultado de dividir el monto correspondiente a la base (costo global del servicio de alumbrado público) entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad.

La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso de Tlaxcala advirtió, previo a la publicación de las leyes de ingresos, que en efecto resultaba inconstitucional tomar como base para el pago del servicio de alumbrado público el consumo de energía eléctrica; de ahí que prescindiera de dicho esquema de cobro, situación que se corrobora de la literalidad de los artículos impugnados, como ha quedado demostrado, en ningún momento considera tal elemento para el cálculo de su base gravable, ni forma parte de los elementos de la contribución; de ahí que si resulta competencia del Congreso Local gravar la prestación.

Con base en lo anterior, es de afirmarse que el derecho de alumbrado público no grava el consumo de energía eléctrica, sino la prestación del servicio de alumbrado público.

El hecho de que las disposiciones impugnadas prevean tarifas para distintos tipos de sujetos (propietarios o poseedores de viviendas, de negocios o de comercios pequeños, medianos, grandes y super grandes), las cuales aumentan o disminuyen en función del consumo de kilovatio hora (KWH), es para establecer tarifas progresivas, pero, se reitera, el legislador local utilizó el referido elemento –kilovatio hora– para establecer tarifas más altas para consumidores mayores y tarifas más bajas para consumidores menores, pero no para definir cuál sería el objeto (prestación del servicio de alumbrado público) y la base gravable (el costo que le genera al Municipio brindar el servicio), los cuales sí guarden estrecha relación con la prestación de un servicio público, a saber: alumbrado público.

• SEGUNDO. Es infundado el concepto de invalidez relativo a la norma que se aduce prevé cobros injustificados y desproporcionados por la búsqueda y expedición de copias simples y certificadas no relacionadas con el derecho de acceso a la información pública.

No se contraviene el principio de gratuidad consagrado en la Ley Fundamental, porque el cobro se basa en el costo que le genera al Municipio la expedición o la búsqueda de los documentos en donde se hace constar la información pública a la que tienen derecho de acceder las personas; esto es así, porque si bien la información relativa al quehacer del Estado es pública de oficio, también lo es que, la entrega a través de medios físicos de la información o de la que deriva de la búsqueda original materia de la primera solicitud, sí genera un costo que debe ser cobrado.

7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. Mediante escrito recibido el veintisiete de abril de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) José Rufino Mendieta Cuapio, en su carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, en representación del titular de dicho Poder, compareció a rendir el informe solicitado, en el que expone, esencialmente, lo siguiente:

Causal de improcedencia

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos carece de legitimación para solicitar la invalidez de normas que tienen carácter tributario

Si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue facultada para promover acciones de inconstitucionalidad con motivo de la adición del inciso g), realizada al artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, esta legitimidad no le atribuye la facultad de impugnar cualquier norma, sino únicamente las relacionadas con el desarrollo de sus atribuciones en materia de derechos humanos, por lo que, la reclamación por violación a los principios en materia tributaria, prevista en el artículo 31, fracción IV, constitucional, no es materia de sus atribuciones, como tampoco está legitimada para impugnar o combatir temas de impuestos o contribuciones. En el recurso de reclamación 19/2018, interpuesto por la citada Comisión, en contra del auto que desechó la acción de inconstitucionalidad 19/2018, resuelto por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, se desprende el criterio de que dicho órgano sólo puede impugnar normas generales en materia de sus atribuciones, como son derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales.

En cuanto al fondo

• Si bien es cierto que mi representada hizo uso de las facultades que le otorga la Constitución Local, los actos de sanción y promulgación de ninguna manera deben considerarse faltos de fundamentación y motivación, ni mucho menos arbitrarios, toda vez que los actos de sanción y promulgación realizados por la gobernadora del Estado, que se verifiquen en cumplimiento a un decreto emitido por el Congreso Local, no son actos aislados, sino que forman la fase final del proceso legislativo que culmina con el acto por el cual el Ejecutivo Estatal lo da a conocer a los habitantes a través del Periódico Oficial del Gobierno del Estado. De manera que, la intervención del Ejecutivo en el proceso legislativo permite que la norma jurídica adquiera plena validez, pues, sin los actos de éste, la ley aprobada por el Congreso Local no nacería a la vida jurídica, esto es, no tendría vigencia, menos sería obedecida.

8. Acuerdos que tienen por rendidos los informes de las autoridades emisora y promulgadora. Por acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes solicitados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, respectivamente.

9. Pedimento del fiscal general de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El citado funcionario y la referida dependencia no formularon manifestación alguna o pedimento concreto.

10. Cierre de instrucción. Por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

11. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés,(6) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero siguiente, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve el presente medio de control constitucional contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional.

12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

13. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna normas contenidas en leyes de ingresos de diversos Municipios del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2023, publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, las cuales clasifica atendiendo dos temas concretos, como se describe a continuación:

14. A) Cobro de derechos por el servicio de alumbrado público municipal

1) Artículo 69 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chiautempan.

2) Artículo 61 de la Ley de Ingresos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

3) Artículo 66 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Apolonia Teacalco.

4) Artículo 44 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxco.

5) Artículo 52 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos.

15. B) Cobros por la búsqueda y por la expedición de documentos en copias simples y certificadas, no relacionados con el derecho de acceso a la información pública

1) Artículo 59, fracciones I y IV, en la porción normativa: "Por búsqueda de información de los registros", de la Ley de Ingresos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

2) Artículo 41, fracciones I, II, IV y V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas.

3) Artículo 46, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Apolonia Teacalco.

4) Artículo 30, fracción VII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxco.

5) Artículo 34, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32153-b65c0a33/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-que-presida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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