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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA SÍNDICA MUNICIPAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE UN MUNICIPIO DEL ESTADO DE TLAXCALA (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN III, DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN DE LAS NORMAS GENERALES OBJETO DE LA CONTROVERSIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE PARA COMPARECER EN EL JUICIO (ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 75, FRACCIONES II Y XI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO IMPUGNADO SÓLO PREVÉ LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA, PARA EL EJERCICIO DE 2024). IX. HACIENDA MUNICIPAL. PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE ESTABLECER EXENCIONES O SUBSIDIOS EN FAVOR DE PERSONA O INSTITUCIÓN ALGUNA RESPECTO A LAS CONTRIBUCIONES QUE ESTABLEZCAN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SALVO BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. X. HACIENDA MUNICIPAL. LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ES UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS CONGRESOS LOCALES. XI. HACIENDA MUNICIPAL. EL PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN OBJETIVA Y RAZONABLE CONSTITUYE UN LÍMITE A LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN TRIBUTARIA POR PARTE DEL LEGISLADOR Y UNA CONCRECIÓN DE LA FACULTAD DE INICIATIVA EN MATERIA DE INGRESOS RECONOCIDA A LOS MUNICIPIOS. XII. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. EL ESTÁNDAR DE MOTIVACIÓN EXIGIBLE A LOS CONGRESOS LOCALES DEPENDERÁ DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE DESARROLLE DIALÉCTICAMENTE EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. XIII. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA ENVIADA POR LOS MUNICIPIOS. XIV. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. GRADO DE MOTIVACIÓN EXIGIBLE A LOS CONGRESOS. XV. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA DE INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIVACIÓN EN LA INICIATIVA PRESENTADA POR ÉSTE, SON PARÁMETROS PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN ADECUADA EXIGIBLE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES CUANDO SE APARTAN DE LAS PROPUESTAS MUNICIPALES. XVI. DERECHOS POR INSCRIPCIÓN A PADRONES MUNICIPALES, POR LA EXPEDICIÓN, REFRENDO Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES. ANÁLISIS DEL GRADO DEL DISTANCIAMIENTO ENTRE LA INICIATIVA PROPUESTA POR EL MUNICIPIO RESPECTIVO Y LO APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 30, 31 Y 32 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024). XVII. DERECHOS POR INSCRIPCIÓN A PADRONES MUNICIPALES, POR LA EXPEDICIÓN, REFRENDO Y MODIFICACIÓN DE PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES. LA OMISIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN PARA MODIFICAR LA INICIATIVA PRESENTADA POR UN MUNICIPIO, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 30, 31 Y 32 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2024). XVIII. DERECHOS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. SI LA PROPUESTA MUNICIPAL NO ES ACORDE A LOS PARÁMETROS DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL ESTABLECIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RESULTA INVÁLIDA EN SÍ MISMA Y, POR ENDE, ES VÁLIDA LA EXCLUSIÓN REALIZADA POR EL LEGISLADOR LOCAL DE LA NORMA RESPECTIVA, DADA SU NOTORIA INCONSTITUCIONALIDAD (VALIDEZ DE LA EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 49 A 49 BIS 11 DE LA INICIATIVA

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/2024. · Registro digital (IUS): 33162
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-04-25
Promovente: MUNICIPIO DE APIZACO, ESTADO DE TLAXCALA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Abril de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.7.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 14/2024. MUNICIPIO DE APIZACO, ESTADO DE TLAXCALA. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Norma impugnada: El decreto 280 emitido por el Congreso del Estado de Tlaxcala, publicado el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, mismo que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, específicamente, los artículos 30, 31, 32, Primero Transitorio y la modificación u omisión por la que se dejó de contemplar en el citado decreto los artículos 49 y 49 Bis 11 que se referían al derecho de alumbrado público, contemplados en el proyecto remitido por ese ayuntamiento el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Demanda inicial y norma reclamada. Por escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Luisa Marina Aguilar López, Síndica Propietaria y representante legal del Ayuntamiento del Municipio de Apizaco, Estado de Tlaxcala, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad federativa. En el apartado correspondiente a la norma cuya invalidez se demanda, señaló:

IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA INVALIDEZ DE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERE PUBLICADO.

La aprobación del decreto 280 por el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala y su posterior publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, por parte del Poder Ejecutivo del Estado; decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco, para el ejercicio 2024, específicamente los artículos 29, 31, 32, PRIMERO TRANSITORIO y además la modificación u omisión, por la que se dejó de contemplar en el citado decreto los artículos 49 a 49 Bis 10 que contemplaban el Derecho de Alumbrado Público (DAP) que originalmente fue establecido en el proyecto emitido por el Ayuntamiento de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés.

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La autoridad accionante considera que las normas que impugna son contrarias a los artículos 16 y 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Antecedentes. Algunos de los antecedentes que refirió la parte actora son los que a continuación se enuncian:

• Los integrantes del Municipio de Apizaco, Estado de Tlaxcala electos para el periodo constitucional 2021-2024, tomaron protesta el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.

• El veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés fue presentada ante la Oficialía del Congreso del Estado de Tlaxcala, la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco de esa entidad para el ejercicio dos mil veinticuatro, previamente aprobada en sesión de cabildo por los integrantes de ese Ayuntamiento.

• Señala que, con fundamento en el artículo 80, párrafo segundo, del Código Financiero del Estado de Tlaxcala, que señala “La Comisión (...) a través de su presidente, podrá citar al ayuntamiento para realizar las modificaciones correspondientes a su iniciativa de ley de ingresos.”, el Municipio presentó diversas peticiones con el propósito de que, previo a que se dictaminara su ley de ingresos, se realizaran mesas de trabajo en las que se abordaran diversos temas de interés, particularmente, aquellos relacionados con las anomalías y complicaciones que había generado la aplicación de la ley de ingresos para dos mil veintitrés.

• Las solicitudes mencionadas fueron presentadas ante la oficialía de partes del citado Poder Legislativo local los días once de octubre y diecisiete, veintidós y veinticuatro de noviembre, todos de dos mil veintitrés.

• En fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, sesionó con el objeto de aprobar la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, para su posterior análisis y aprobación en el Congreso, sin que se considerara de forma alguna, las peticiones realizadas.

• El veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, el Congreso del Estado aprobó la ley de ingresos en votación económica, es decir, se aprobó en los términos propuestos por la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

• En fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el decreto 280 que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

4. Concepto de invalidez. En su escrito inicial de demanda, el Municipio accionante formuló un único concepto de invalidez, en el cual esencialmente expuso lo siguiente:

ÚNICO. El Congreso del Estado de Tlaxcala, al aprobar el decreto 280 que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, y con ello modificar el contenido de los artículos 29, 31, 32 y además eliminar u omitir incluir el apartado del derecho de alumbrado público, contenido en los artículos 49 a 49 Bis 11 de la iniciativa propuesta por el Ayuntamiento de Apizaco, sin fundamentación ni motivación alguna, transgredió con ello la competencia constitucional del Municipio, específicamente su autonomía hacendaria y el principio de motivación objetiva y razonable, contenido en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.

Señala que se transgredieron las atribuciones y competencia original que dicho precepto constitucional confiere a los ayuntamientos para elaborar y proponer ante la Legislatura Estatal las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, a través de sus respectivas leyes de ingresos, pues dicha legislatura tenía la obligación de imprimir razonamientos y juicios suficientes para sostener las modificaciones realizadas y que tal desapego a la iniciativa del Ayuntamiento no sea consecuencia de un acto caprichoso o arbitrario.

Dicha falta de fundamentación y motivación implica una violación directa a los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no justificó dicha legislatura la omisión de considerar en sus términos la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco, propuesta por el Ayuntamiento en ejercicio de sus atribuciones y competencia.

Aduce que la norma impugnada afecta sustancialmente el debido funcionamiento del Ayuntamiento, así como las obligaciones de pago, mantenimiento y demás funciones necesarias para el desarrollo de las actividades de las áreas que lo integran.

Argumenta que la norma cuya invalidez reclama, debió ser consecuencia de un procedimiento distinto al ordinario, es decir, el mismo tenía que ser la conclusión de un proceso de reflexión apoyado en argumentos sustentados de manera objetiva y razonable, en el que se imprimiera un peso importante a los principios de fortalecimiento y autonomía municipal.

Asimismo, que el mencionado principio de motivación objetiva y razonable, funciona como un límite a la libertad de configuración de los tributos por parte de legislador y como una concreción de la facultad de iniciativa en materia de ingresos que tienen reconocida los municipios en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.

En este sentido, refiere que la relación que existe entre las legislaturas estatales y los Ayuntamientos en torno a los ingresos municipales previstos en la Constitución debe desenvolverse como un auténtico dialogo en el que existe un ejercicio alternativo de facultades y razonamientos.

Señala que la reflexión o estudio de las modificaciones realizadas por la Legislatura Estatal al proyecto de ley de ingresos remitida por el municipio, debe estar centrada en torno a dos ejes: 1) el grado de distanciamiento frente a la propuesta envida por el Municipio; y, 2) el grado de motivación en la iniciativa presentada por el Municipio.

Por lo que hace al grado de distanciamiento entre la iniciativa propuesta por el Ayuntamiento y el texto del decreto aprobado por el Congreso, precisa que en el proyecto corregía el texto de los artículos 29, 31 y 32, que contemplan cuotas por la expedición de dictámenes de protección civil y ecología, así como lo concerniente a licencias de funcionamiento.

Dicha corrección se realizó en atención a que la ejecución de la ley de ingresos para dos mil veintitrés generó afectaciones al sector comercial, pues se habían eliminado los parámetros de cobro (mínimos y máximos). Esta afectación, señala el municipio actor, se buscó remediar en el proyecto de ley de ingresos; sin embargo, en la ley aprobada el Congreso modificó la propuesta y permanecieron las inconsistencias que se buscaron prevenir.

En este sentido, la propuesta de ley de ingresos con la ley aprobada difiere en cuanto a las cuotas relativas a licencias de funcionamiento, emisión del dictamen de protección civil y ecología, pues son totalmente diferentes, existiendo un grado de distanciamiento considerable. Dicho distanciamiento se maximiza en virtud de que el decreto 280, no consideró de forma alguna e incluso eliminó por completo los artículos 49 a 49 Bis 11 (relacionados con el derecho de alumbrado público), de la iniciativa de ley de ingresos presentada por el municipio.

Por otra parte, respecto al segundo punto relacionado con el grado de motivación en la iniciativa presentada por el municipio, refiere el poder accionante que en la iniciativa de ley contemplo una exposición de motivos en la que destacó que en la propuesta de ley de ingresos para dos mil veinticuatro, primero, corrigió las cuotas o tarifas que corresponde a los rubros de licencia de funcionamiento, dictamen de protección civil y ecología, todo para no afectar a los contribuyentes y, segundo, describió la aplicación del derecho de alumbrado público y su justificación, situación que fue detallada de manera pormenorizada y técnica.

Refiere que, con lo anterior, la iniciativa propuesta contiene la motivación básica y técnica por parte del municipio, lo que exigía al Congreso del Estado a exponer y plasmar un estándar de motivación alto, teniendo la obligación de desvirtuar la posición del Ayuntamiento, con argumentos equivalentes, a partir de los aportados por la iniciativa.

En el caso concreto, señala que no se cumplió con el principio de motivación objetiva y razonable que rige el proceso legislativo respecto a las leyes de ingresos municipales, aunado a que no hubo un auténtico diálogo entre poderes, porque no se permitió la intervención del municipio a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones.

Argumenta que el Congreso estatal se apartó de la iniciativa presentada por el Municipio, porque determinó que tomaría como documento base para dictaminar la ley de ingresos para dos mil veintitrés y, no así, la iniciativa propuesta por el ayuntamiento, lo que afecta su hacienda municipal.

También, refiere que la comisión de finanzas fue incongruente porque por una parte señaló que tomaría como base la ley de ingresos para dos mil veintitrés y por otra señala que la formula del derecho de alumbrado público debía ser propuesta por el mismo Ayuntamiento, lo que resulta contradictorio.

Finalmente, refiere que el poder demandado violó el principio de motivación objetiva y razonable porque no justificó la modificación a la propuesta municipal de ley de ingresos, específicamente, de los artículos 29, 31 y 32 referentes a cuotas y tarifas para la expedición de licencias de funcionamiento, dictamen de protección civil y ecología, mismas que la propuesta se corrigieron con el propósito de establecer un monto mínimo más asequible a los contribuyentes; asimismo, respecto a la eliminación del cobro del derecho de alumbrado público.

5. Registro de expediente y designación de la ministra instructora. Por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 14/2024 y designó como instructora a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, toda vez que se encuentra conexa con la acción de inconstitucionalidad 233/2023, en la cual es también instructora.

6. Admisión. Por auto de trece de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

7. Contestación de demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. Por oficio recibido el veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Rufino Mendieta Cuapio, ostentándose como Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, contestó la demanda de controversia constitucional.

8. En dicha contestación, medularmente, refiere que es infundado el concepto de invalidez formulado en la demanda, pues, conforme al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, la intervención de los municipios en lo concerniente a sus leyes de ingresos, se extingue con la presentación de su proyecto ante el Congreso local; esto es, el municipio sólo presenta su proyecto de ley de ingresos sin que tenga derecho a intervenir en el proceso de creación, pues es facultad exclusiva de la legislatura.

9. Asimismo, señala que, una vez expedida la ley por el Congreso estatal, el Poder ejecutivo únicamente se encarga de su promulgación, acto sobre el cual, la fundamentación y motivación se cumplen con la sola publicación de la ley, sin que sea necesaria, para la satisfacción de tales requisitos, que en el texto promulgatorio se citen preceptos legales que faculten al Ejecutivo a efectuar dicho acto, ni las razones que lo llevaron a realizarlo; por lo cual, solicita sea declarada la validez de la sanción y promulgación de la ley de ingresos combatida a través de este medio de control constitucional.

10. Contestación de demanda del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Mediante oficio recibido el dos de mayo de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Gilberto Temoltzin Martínez, en calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, contestó la demanda de controversia constitucional.

11. En su oficio de contestación, el Poder Legislativo local planteó las causales de improcedencia siguientes:

12. En su primera causal refiere que es improcedente la presente controversia constitucional porque el accionante no señala cuál es el ámbito o esfera competencial que considera se ve afectada o limitada por los preceptos que impugna de la Ley de Ingresos para el Municipio de Apizaco, Estado de Tlaxcala y cuya aplicación implique contravención con la Constitución Federal.

13. Por lo que hace a la segunda causal, argumenta que la facultad para adicionar las iniciativas de leyes de ingresos municipales se encuentra implícita en la potestad de legislar establecida en el artículo 54, fracción XII, de la Constitución del Estado de Tlaxcala, norma sobre la cual este Alto Tribunal carece de competencia para analizar su violación.

14. Finalmente, en su tercera causal aduce que procede el sobreseimiento de la presente controversia al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, pues los preceptos legales reclamados fueron aprobados respetando los principios de proporcionalidad y equidad que deben participar las contribuciones, por lo que no se vulnera el contenido del precepto 115, fracción IV, de la Constitución Federal.

15. Por otro lado, al dar contestación al único concepto de invalidez formulado, expuso, en síntesis, lo siguiente:

Refiere que no existieron violaciones al proceso legislativo con la supresión del cobro del derecho de alumbrado público, propuesto por el municipio actor en su proyecto de ley de ingresos, ya que el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal establece que es competencia del municipio proponer, pero es el Congreso local quien apruebe dichas leyes.

Señala que la propuesta de ley de ingresos remitida por el municipio accionante era contraria a diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues incluso en algunas de las sentencias se exhortó al Congreso local para que en lo futuro se abstuviera de incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad.

Por lo anterior, solicita se declare infundado el concepto de invalidez debido a que los cambios formulados en el proyecto de ley de ingresos propuesto por el municipio actor se encuentran debidamente motivados y contienen los razonamientos lógico-jurídicos con los cuales se justifican las modificaciones realizadas.

Por lo que hace al derecho de alumbrado público establecido en la iniciativa de ley de ingresos, refiere la demandada que la propuesta tomaba en cuenta el gasto que realizaba el municipio por la prestación del servicio de alumbrado, pero para el cálculo de la tasa se tomaban en cuenta elementos ajenos a dicho gasto como lo es el beneficio que reciben en metros luz cada predio, cuestión que hace a la contribución inconstitucional conforme a diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citados en el proyecto.

Aunado a que en las acciones de inconstitucionalidad que sirvieron de referencia para eliminar el cobro del derecho de alumbrado público, se exhortó al Congreso local a que en el futuro se abstuviera de emitir normas con los mismos vicios de inconstitucionalidad; por lo cual, el legislador decidió eliminar ese derecho de la iniciativa.

Finalmente, refiere que las normas cuya invalidez se reclama están debidamente fundadas y motivadas, con lo que se respetan los principios de autonomía municipal y hacendaria que la Constitución Federal reconoce a favor de los Ayuntamientos.

16. Pedimento del Fiscal General de la República y de la Consejería Jurídica Federal. Ni el Fiscal General de la República ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal rindieron opinión, a pesar de estar debidamente notificados.

17. Audiencia y cierre de instrucción. Substanciado el procedimiento, el veintiséis de junio de dos mil veinticuatro tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia. El dieciséis de agosto siguiente se dictó proveído en el que se determinó el cierre de la instrucción.

I. COMPETENCIA

18. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el punto Segundo, fracción I, del Acuerdo General 1/2023,(3) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero del dos mil veintitrés, modificado el diez de abril de dos mil veintitrés, toda vez que el Municipio actor promueve este medio de control constitucional contra de diversas normas de la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio de dos mil veinticuatro, al considerar que se vulnera su esfera de competencias.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA 19. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, así como de la legitimación pasiva y activa, es preciso determinar cuál es el acto o actos concreta y específicamente impugnados por el municipio actor.

20. En primer lugar, debe aclararse que, en su demanda, el Municipio actor impugnó el artículo 29 y no el 30 de la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco; sin embargo, al aprobarse el decreto que contiene dicha ley, el precepto 29 de la iniciativa quedó como 30.

21. En consecuencia, del análisis integral tanto de la demanda como de las constancias que obran en el expediente se desprende que se impugna el decreto 280 que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco, para el ejercicio de dos mil veinticuatro, específicamente, los artículos 30, 31 y 32, en los que se fijaron las cuotas o tarifas que corresponde a los rubros de inscripción en el padrón de industria y comercio, el refrendo de las licencias de funcionamiento, la expedición de dictámenes por la Coordinación Municipal de Protección Civil y la expedición de permisos relacionados con la materia ambiental; así como su artículo Primero Transitorio; asimismo, la eliminación de los artículos 49 a 49 Bis 11 que se contemplaban en la iniciativa de ley de ingresos propuesta por el municipio actor y que contenían el derecho de alumbrado público.

III. OPORTUNIDAD

22. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida en forma oportuna.

23. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia establece en su fracción II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen normas generales, el que se computará de la forma siguiente:(4)

24. Tratándose de normas generales a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

25. El caso concreto se encuentra en dicho supuesto y de autos se advierte que el Decreto 280 por el cual se expide la Ley de Ingresos para el Municipio de Apizaco, Estado de Tlaxcala, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, se publicó el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

26. De esta manera, el plazo de treinta días para impugnar la referida ley transcurrió del jueves treinta de noviembre de dos mil veintitrés al jueves veinticinco de enero de dos mil veinticuatro;(5) en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) en relación con los diversos 3 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(7) así como en el Punto Primero del Acuerdo General 18/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(8)

27. Por tanto, si la demanda se presentó el veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que su presentación es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

28. Se procede a realizar el estudio de la legitimación de quien promueve la controversia constitucional, por ser un presupuesto procesal para el ejercicio de la acción.

29. Del escrito de demanda se advierte que quien promueve la controversia constitucional es la Síndica Propietaria Municipal del Ayuntamiento de Apizaco, Estado de Tlaxcala, carácter que acredita con copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección para la sindicatura municipal expedida por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en la que se hace constar que María Luisa Marina Aguilar López fue electa como síndica propietaria del Municipio de Apizaco, Tlaxcala.

30. El artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que podrán comparecer a juicio los funcionarios que, en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representar a los órganos correspondientes.

31. Por su parte, el artículo 42, fracción III, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala(9) establece que son facultades del síndico el representar al Ayuntamiento en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos.

32. Conforme al dispositivo referido, la Síndica Propietaria del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, comparece en nombre y representación del municipio actor, por tanto, tiene la legitimación necesaria para promover la presente controversia constitucional.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

33. A continuación, se analizará la legitimación de las partes demandadas, atendiendo a que es una condición necesaria para la procedencia de la acción, consistente en que dicha parte sea la obligada por la ley a satisfacer la exigencia que se demanda.

34. Los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia, prevén quiénes tienen carácter de demandada o demandado y por conducto de quién pueden comparecer.(10)

35. Al respecto, cabe recordar que las normas cuya invalidez se demanda se encuentran contenidas en la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.

36. Tienen el carácter de autoridades demandadas en esta controversia constitucional los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad federativa, a quienes el municipio actor les atribuyó la emisión y promulgación, respectivamente.

37. Poder Legislativo local. José Gilberto Temoltzin Martínez, en calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, dio contestación a la demanda, acreditando su personalidad con copia certificada del acta de sesión pública de doce de enero de dos mil veinticuatro, en la que se eligió a los ciudadanos que integrarán la Mesa Directiva durante el segundo periodo ordinario de sesiones que comprende del quince de enero al treinta de mayo del año en curso.

38. Ahora, el artículo 48, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala(11) establece que el Presidente de la Mesa Directiva tendrá la representación legal del Congreso del Estado, por lo cual, quien presentó la contestación de demanda del Congreso estatal tiene la legitimación para actuar en su representación.

39. Poder Ejecutivo local. José Rufino Mendieta Cuapio, dio contestación a la demanda, acreditando su personalidad con copia certificada de su nombramiento como Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.

40. Al respecto, el artículo 75, fracciones II y XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala(12) establece la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala tendrá la representación del titular del Ejecutivo del Estado en cualquier procedimiento jurisdiccional, específicamente, en controversias constitucionales y su representación será amplísima. En ese orden de ideas, tiene legitimación pasiva.

VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

41. Las cuestiones relativas a la procedencia de la controversia constitucional son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquéllas que este Alto Tribunal advierta de oficio.

42. En el presente medio de control constitucional, únicamente, el Poder Legislativo local formuló causales de improcedencia, pues de la revisión que se realizó a la contestación de demanda del Poder Ejecutivo local no se advierte causal alguna.

VI.1. Primera causal de improcedencia.

43. Refiere el demandado que la presente controversia constitucional es improcedente porque el accionante no señala cuál es el ámbito o esfera competencial que considera se ve afectada o limitada por los preceptos que impugna de la Ley de Ingresos para el Municipio de Apizaco, Estado de Tlaxcala y cuya aplicación implique contravención con la Constitución Federal; por lo cual, se actualizaría el contenido del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia.

44. Tal planteamiento es infundado porque de la lectura que se realice a la demanda que dio origen a la presente controversia, se puede advertir que el municipio actor adujo, principalmente, que la modificación de los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, y la eliminación del derecho de alumbrado público de la misma legislación, transgredía su competencia constitucional, específicamente, su autonomía hacendaria y el principio de motivación objetiva y razonable, contenidos en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.

VI.2. Segunda causal de improcedencia.

45. El legislativo local refiere que esta controversia es improcedente porque la facultad para adicionar las iniciativas de leyes de ingresos municipales se encuentra implícita en la potestad de legislar establecida en el artículo 54, fracción XII, de la Constitución del Estado de Tlaxcala, norma sobre la cual —afirma— este Alto Tribunal carece de competencia para analizar su violación.

46. Tal argumento es infundado porque la materia de esta controversia es determinar si con la modificación de los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Ingresos del Municipio de Apizaco para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, así como con la exclusión del derecho de alumbrado público de la misma legislación, se transgredió la autonomía hacendaria del municipio actor, contenida en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.

47. Aunado a lo anterior, cabe precisar que la controversia constitucional tiene por objeto que este Alto Tribunal tutele el ámbito de atribuciones que la Constitución Federal confiere a los órganos originarios del Estado, es decir, tutela las invasiones competenciales que se generen entre las autoridades federales, locales o municipales.(13)

48. En este sentido, al conocer de una controversia constitucional este Tribunal Pleno puede analizar cualquier tipo de n

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33162-2ca4b229/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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