I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL SENTIDO DE QUE EL ACCIONANTE CONSINTIÓ LA NORMA AL NO HABER IMPUGNADO LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESA ENTIDAD, AL SER UNA DISPOSICIÓN ESPECIAL CON VIGENCIA ANUAL (LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN). II. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. EN ELLAS PUEDEN ESTABLECERSE IMPUESTOS CON TODOS SUS ELEMENTOS. III. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. CUANDO CONTIENEN ELEMENTOS ESENCIALES Y ACCESORIOS, ASÍ COMO LA MECÁNICA DE OPERACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES, SE ERIGEN EN SÍ MISMAS COMO UNA LEY TRIBUTARIA ESPECIAL. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA IMPUGNAR LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PREVISTOS EN UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL. VI. CONTRIBUCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN REGIRLAS A NIVEL FEDERAL Y LOCAL. VII. CONTRIBUCIONES. ANTE EL CONFLICTO ENTRE SU HECHO IMPONIBLE Y SU BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR SU VERDADERA NATURALEZA DEBE ATENDERSE A ÉSTA. VIII. CONTRIBUCIONES. ELEMENTOS QUE LAS CONFIGURAN. IX. CONTRIBUCIONES. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ATRIBUYE AL LEGISLADOR LOCAL EN LA MATERIA NO LO AUTORIZA PARA DESNATURALIZAR AQUÉLLAS. X. CONTRIBUCIONES. SU CLASIFICACIÓN A NIVEL FEDERAL CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. XI. INGRESOS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE GUERRERO. SU CLASIFICACIÓN CONFORME AL CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL DE ESA ENTIDAD. XII. CONTRIBUCIONES EN EL ESTADO DE GUERRERO. TIENEN COMO PRESUPUESTO LA CONGRUENCIA QUE DEBE EXISTIR ENTRE EL HECHO Y LA BASE IMPONIBLE. XIII. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. XIV. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. AL ESTABLECERSE COMO SU BASE GRAVABLE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD SE TRATA DE UN IMPUESTO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY NÚMERO 170 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019). XV. ALUMBRADO PÚBLICO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LOS IMPUESTOS SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY NÚMERO 170 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019). XVI. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO. LAS LEGISLATURAS LOCALES PUEDEN GRAVARLO, REALIZAR COBROS Y RECAUDACIONES PARA SEGUIR PRESTÁNDOLO, SIEMPRE Y CUANDO LO HAGAN COMO UN DERECHO Y NO COMO IMPUESTO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY NÚMERO 170 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019). XVII. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO. PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CUOTAS PARA EL CASO DE LOS DERECHOS, DEBE IDENTIFICARSE EL TIPO DE SERVICIO DEL QUE SE TRATA, ASÍ COMO EL COSTO QUE SU PRESTACIÓN REPRESENTA PARA EL ESTADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY NÚMERO 170 DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019). XVIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CRITERIOS PARA EXTENDER LOS EFECTOS INVALIDANTES DE UNA NORMA JURÍDICA. XIX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 28, PÁRRAFO TERCERO, Y EN CONSECUENCIA DE SUS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO, DE LA LEY NÚMERO 170 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019). XX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 28, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY NÚMERO 170 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019). XXI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA A UN CONGRESO LOCAL PARA QUE NO INCURRA EN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD EL PRÓXIMO AÑO FISCAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 28, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY NÚMERO 170 DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 28/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al treinta de septiembre de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por oficio presentado el treinta de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, con el carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, planteando la invalidez de los artículos 14 y 28, párrafo tercero, de la Ley Número 170 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La accionante estimó violados los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los preceptos 1o., 2o. y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 2o., 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y adujo, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
3. A. Que la contribución prevista en el artículo 28, párrafo tercero, de la Ley Número 170 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019, tiene la naturaleza de un impuesto en vez de un derecho, ya que toma como base para su cobro el consumo de energía eléctrica de cada usuario, que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión y se traduce como una violación a los principios de legalidad y proporcionalidad en las contribuciones.
4. Asimismo, señala que el artículo establece el derecho por la prestación del servicio de alumbrado público, por lo que vulnera los principios de seguridad jurídica y legalidad y el principio de proporcionalidad en las contribuciones, por tomar como base el consumo de energía eléctrica de cada usuario.
5. En relación con lo anterior, externa que las contribuciones previstas en la Constitución tienen distinta naturaleza atendiendo a los elementos esenciales que los estructuran (sujeto, hecho imponible, base gravable, tasa o tarifa y época de pago). Estos componentes, a pesar de ser una constante estructural de los tributos, su contenido se presenta de distinta forma dependiendo del tipo de contribución. Por lo anterior, aduce que si bien el legislador puede establecer diferentes tipos de tributos, esa habilitación no le otorga la facultad de desnaturalizarlos, por el contrario, debe respetar las notas esenciales de la contribución en cuestión.
6. Refiere que en el caso de los derechos, el hecho imponible consiste en la prestación de un servicio público por parte del Estado o por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación; mientras que el hecho imponible de los impuestos consiste en hechos o actos que no están vinculados con la actividad de un ente público pero reflejan la capacidad tributaria del contribuyente.
7. Así, manifiesta que el hecho imponible constituye un elemento relevante, pues además de ser el presupuesto para el nacimiento de la obligación impositiva, es el elemento que permite identificar la naturaleza de la contribución.
8. Agrega que para individualizar el monto de la obligación impositiva, además del hecho imponible es necesaria la base gravable, pues ambos elementos deben guardar congruencia para cumplir con el principio de proporcionalidad, ya que de lo contrario existiría una imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y la categoría del tributo, lo que incluso puede incidir en la competencia de la autoridad legislativa quien puede carecer de facultades constitucionales para gravar ese hecho.
9. Trasladado lo anterior al caso, menciona que la ley de ingresos impugnada establece el cobro de "derechos" por el servicio de alumbrado público; sin embargo, no hay congruencia entre el hecho imponible (prestación del servicio de alumbrado público) y la base gravable (consumo de energía eléctrica), pues la naturaleza material de la contribución se identifica, en realidad, con un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica.
10. En este sentido, manifiesta que dada la naturaleza de la contribución, lo que se regula en realidad es un impuesto por el consumo de energía eléctrica y, por tanto, afecta la esfera jurídica de los gobernados de forma desproporcionada e injustificada, porque esta autoridad no tiene sustento constitucional para imponer esta carga tributaria.
11. Así, refiere que cuando se presenta un conflicto entre el hecho imponible y la base gravable para efectos de determinar el cálculo del tributo, debe resolverse en favor de lo que contempla la base gravable dado que es el elemento que sirve para calcular el tributo. Por tanto, si la base gravable consiste en el consumo de energía eléctrica –hecho no relacionado con una actividad del ente público–, la verdadera naturaleza del tributo en cuestión es un impuesto, puesto que el carácter deriva de su propia estructura y no de la denominación que el legislador elija.
12. En otro orden de ideas, expresa que si bien el artículo 115, interpretado armónicamente con el diverso numeral 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), ambos de la Constitución Federal, establecen que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado público, ello no lo habilita para cobrar impuestos por el consumo de energía eléctrica.
13. Concatenados los argumentos, concluye que la contribución establecida en la norma impugnada vulnera el derecho de seguridad jurídica en relación con el principio de proporcionalidad de los tributos, en virtud de que la autoridad legislativa que impone la contribución carece de sustento constitucional para realizarlo, aunado a que no existe una relación entre el hecho y la base imponible, lo que se traduce en el cobro de un impuesto al consumo del flujo eléctrico.
14. De esta manera, la Comisión sostiene que la norma impugnada genera una afectación arbitraria a la esfera jurídica de los gobernados, pues las autoridades locales carecen de sustento jurídico constitucional que las habilite para establecer impuestos sobre el consumo de energía eléctrica.
15. B. Aunado a lo anterior, sostiene que el artículo 14 de la Ley Número 170 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019, impone el pago de derechos por concepto de instalación, mantenimiento y conservación del alumbrado público, lo cual es desproporcional en la medida que establece una tarifa diferenciada en razón del tipo de inmueble.
16. Esto es, que el artículo 14 al establecer una contribución adicional por la instalación, mantenimiento y conservación del alumbrado público y contener una tarifa distinta entre predios destinados a casa habitación o baldíos o prestación de servicios relacionados con el turismo, resulta inconstitucional, pues el servicio de alumbrado público es un servicio que presta el Municipio a todos los contribuyentes por igual, con independencia del tipo de inmuebles que posean.
17. Finalmente, solicita que de ser consideradas inconstitucionales las disposiciones impugnadas, también se invaliden todas aquellas normas que estén relacionadas por cuestión de efectos y, que en la sentencia, atendiendo el carácter de las leyes de ingresos cuya vigencia es anual, se precisen efectos vinculatorios hacia el Poder Legislativo del Estado de Guerrero para que en el futuro se abstenga de legislar en el mismo sentido.
18. TERCERO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de uno de febrero de dos mil diecinueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad a la que le correspondió el número 28/2019 y, por razón de turno, designó al Ministro Luis María Aguilar Morales como instructor del procedimiento.
19. Por diverso proveído de uno de febrero de dos mil diecinueve, el Ministro instructor admitió la acción y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, para que rindieran sus respectivos informes, y dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente.
20. CUARTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero rindió el informe a cargo del Poder Legislativo en el que manifestó lo siguiente:
21. Causas de improcedencia.
22. A. Expresa que la acción de inconstitucionalidad es improcedente por falta de legitimación de la Comisión accionante, en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, en relación con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General.
23. Considera lo anterior, en virtud de que la legitimación de la promovente se encuentra limitada a plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general que vulnere los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
24. En el caso, señala que este medio de control fue promovido en contra de normas fiscales por violación a los principios tributarios establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General, alegando que el Congreso del Estado de Guerrero estableció el pago del derecho municipal por concepto de servicio de alumbrado público, tomando como base el consumo de energía eléctrica de cada usuario.
25. En este sentido, estima que ese organismo de protección de derechos humanos sólo puede impugnar cierto tipo de normas en atención a su contenido material, es decir, aquellas que transgredan determinados contenidos constitucionales, de manera que existe una limitación constitucional en materia de legitimación, al establecerse, específicamente, que la Comisión sólo podrá promover el presente medio de control constitucional cuando se aleguen violaciones de leyes y tratados internacionales a derechos humanos y, por ende, no se le permite la impugnación de una norma, por violación a otros contenidos constitucionales.
26. Para justificar su aserto, señala que los argumentos expresados han sido sostenidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2018 y el recurso de inconformidad 19/2018-CA.
27. B. En otro orden de ideas, externa que los elementos del tributo referentes al sujeto, objeto, base y época de pago se encuentran establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, mientras que la tasa está contenida en la Ley de Ingresos Municipal de Taxco de Alarcón, de modo que debe entenderse que el accionante sólo combate lo referente al objeto y base del tributo, elementos contemplados en la Ley de Hacienda Municipal, por lo que al no haber demandado la inconstitucionalidad de esta última norma en tiempo y forma, deben tenerse por consentidas las disposiciones que se establecen respecto de la disposición impugnada.
28. Por tanto, aduce que existe un consentimiento por parte del accionante, en razón de que no combatió la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el uno de diciembre de dos mil diecisiete, por este motivo considera que el término para cuestionarla feneció el treinta y uno de diciembre siguiente.(1)
29. Contestación a los conceptos de invalidez.
30. El Congreso del Estado de Guerrero señala que es un órgano que cuenta con plenas facultades constitucionales y legales para expedir leyes y decretos de todas aquellas materias que no sean de competencia exclusiva de la Federación, como lo establece el artículo 124 de la Constitución General, así como el numeral 61, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y 116, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Guerrero.
31. En relación con lo anterior, refiere que realizó el procedimiento correspondiente para la creación de la norma reclamada, por lo que no existe razón jurídica alguna para considerar que la disposición jurídica es contraria a la Constitución General.
32. Asimismo, expresa que en términos del artículo 115 de la Constitución Federal, los numerales 170, 171, 178 y 185 de la Constitución Política del Estado y el artículo 28 del Código Civil del Estado, los Municipios son personas morales con personalidad jurídica y patrimonio propio, que ejercen su competencia a través de un órgano de elección popular llamado Ayuntamiento, quien ejerce el gobierno municipal y se relaciona de manera directa con los Poderes del Estado, además de que manejan su hacienda libremente, la cual se integra con los bienes muebles e inmuebles públicos, las contribuciones, derechos, aprovechamientos, productos y otros ingresos.
33. En igual sentido, manifiesta que las atribuciones y competencia del Congreso del Estado, en materia presupuestaria, al tratarse de la aprobación de Leyes de Ingresos de los Municipios, se encuentran establecidas en los artículos 61 y 62 de la Constitución Política Local y 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
34. Bajo el anterior esquema, considera que al emitir la Ley Número 170 de Ingresos del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019, se respetó la autonomía hacendaria municipal sin contravenir disposiciones constitucionales, ya que los Congresos están facultados para fijar los porcentajes y tarifas que les corresponda a cada uno de los Municipios por la prestación de los servicios públicos en materia de energía eléctrica.
35. Agrega que conforme a lo previsto en el artículo 115 de la Constitución General, el servicio de alumbrado público está a cargo de los Municipios, por lo que las Legislaturas Locales son las encargadas de emitir la normatividad en materia de contribuciones propias de los Estados y sus Municipios.
36. Finalmente, menciona que los artículos 77 y 78 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero establecen que el objeto de este derecho es la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes de los Municipios; que son sujetos a cubrirlo los propietarios o poseedores que se beneficien con el bien, sin importar que sea casa habitación o negocio; que servirá de base para el cálculo el importe de consumo que los propietarios o poseedores, sin que sea mayor al quince por ciento del total de consumo; que su cobro lo llevará a cabo el Ayuntamiento por conducto de la empresa suministradora del servicio.
37. QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. El consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero señaló, en esencia, lo siguiente:
38. Manifiesta que es cierto el acto que se le atribuye por lo que refiere a la promulgación de las normas generales impugnadas, es decir, los artículos 14 y 28, párrafo tercero, de la Ley Número 170 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
39. En relación con lo anterior, refiere que el acto se realizó por el Ejecutivo del Estado, conforme a la facultad que le confieren los artículos 71, 72 y 91, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, por lo que actuó en apego a su facultad y competencia constitucional, que es la de ordenar la promulgación y publicación de las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado y, por tanto, no debe considerarse que hubiera incurrido en invasión e intromisión en la esfera de competencia del Congreso de la Unión.
40. Que la violación aducida por la accionante es infundada, pues los artículos combatidos no vulneran los principios de proporcionalidad tributaria, legalidad y seguridad jurídica, ni son invasores de la esfera competencial del Congreso de la Unión.
41. Asimismo, considera que la norma cuestionada no establece un impuesto o contribución sobre el consumo de energía eléctrica, pues lo que prevé únicamente es el cobro del derecho de alumbrado público, cuya función y ejercicio está a cargo del Municipio, quien puede hacer uso de su derecho para recibir el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de ley.
42. Por lo anterior, estima que es obligación de la Legislatura del Estado fijar las contribuciones que correspondan a los Municipios por concepto de los servicios que presten, por lo que al concernir al Municipio de manera exclusiva el servicio de alumbrado público, éste puede realizar el cobro de dicho servicio, de ahí que la Legislatura cuenta con facultad y competencia para regular el pago de derechos por el aprovechamiento del alumbrado público.
43. Con base en los argumentos plasmados, sostiene que es infundada la acción planteada, pues los artículos 14 y 28 no establecen de manera alguna una facultad recaudatoria para el Municipio, sino que se refiere a la forma de recabar el derecho que se regula en dicho precepto, esto es, al pago de la contribución.
44. SEXTO.—Opinión del fiscal general de la República. No formuló opinión en relación con el presente asunto.
45. SÉPTIMO.—Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, por proveído de doce de abril de dos mil diecinueve se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
46. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, finalmente, en términos del punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que se plantea la posible contradicción entre normas de carácter estatal y la Constitución General.
47. SEGUNDO.—Oportunidad. Por razón de orden, en primer lugar, se debe analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
48. La Ley Número 170 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.(2)
49. Así, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del uno al treinta de enero de dos mil diecinueve.
50. En consecuencia, toda vez que el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el treinta de enero de dos mil diecinueve, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la demanda,(4) su presentación fue oportuna.
51. No desvirtúa la anterior conclusión, lo manifestado por la Legislatura del Estado de Guerrero, en el sentido de que la accionante consintió la norma al no haber impugnado la Ley de Hacienda Municipal de esa entidad, publicada en el Periódico Oficial del Estado el uno de diciembre de dos mil diecisiete, la cual contiene los elementos del derecho de alumbrado público referentes al sujeto, objeto, base y época de pago.
52. En efecto, la parte accionante reclama en la presente instancia la Ley Número 170 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019, la cual, aun cuando se encuentra relacionada con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, lo cierto es que la legislación de ingresos tiene el carácter de norma especial con vigencia anual, por lo que el cobro de la contribución se hará conforme a lo establecido en esta norma y no en la hipótesis contenida en la legislación hacendaria municipal del Estado.
53. Se concluye lo anterior, porque la ley de ingresos municipal impugnada no constituye en mero catálogo de contribuciones (que en el caso, debe entenderse referido a derechos) establecidas por otras leyes tributarias especiales, ya que el examen de dicha ley controvertida permite advertir que, si bien contiene disposiciones normativas en las que se determina anualmente el monto de los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones e ingresos extraordinarios, que tenga derecho a percibir el Municipio conforme a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; adicionalmente, establece normas en las que se prevén los elementos esenciales y accesorios, así como la mecánica de operación de diversas contribuciones, entre las que se encuentra el pago de derechos por el servicio de alumbrado público prestado por el Municipio, en los términos regulados por el precepto impugnado.
54. En torno a esta cuestión –consistente en que las leyes de ingresos pueden incorporar y regular materialmente las contribuciones–, esta Suprema Corte ha considerado que no existe prohibición al respecto, por lo que resulta válido que se proceda de esa manera, lo anterior conforme al criterio que se encuentra en la tesis de rubro: "LEYES DE INGRESOS. PUEDEN ESTABLECER IMPUESTOS CON TODOS SUS ELEMENTOS."(5)
55. De este modo, si la ley de ingresos municipal combatida no se reduce a un mero catálogo de contribuciones, sino que en ella se contienen los elementos esenciales y accesorios, así como la mecánica de operación, particularmente por lo que se refiere a los derechos por el servicio de alumbrado público prestado por el Municipio, sin que en ella se establezca dependencia alguna en ese rubro respecto de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, o del Código Fiscal Municipal número 152 de la misma entidad federativa; luego, dicha ley se erige en sí misma como una ley tributaria especial, además de constituir un catálogo de contribuciones, por lo que en ella se conjuntan ambos caracteres.
56. En efecto, la ley de ingresos municipal impugnada:
57. A. Regula material y directamente el pago de derechos por el servicio de alumbrado público prestado por el Municipio;
58. B. Tiene autonomía e independencia de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Guerrero y del Código Fiscal Municipal número 152 de la misma entidad federativa, al margen de que todas ellas formen parte del marco jurídico tributario municipal en sus correspondientes ámbitos de aplicación;
59. C. Se constituye en un caso de excepción que escapa a la regla general; por tanto, su constitucionalidad no depende de las leyes tributarias especiales; y
60. D. Debe cumplir por sí misma con los parámetros constitucionales, particularmente, con los principios tributarios de proporcionalidad y equidad.
61. En tales condiciones, en la medida en que la ley de ingresos municipal impugnada tiene el carácter de ley tributaria especial, su constitucionalidad no puede hacerse depender de las otras leyes a que alude el Congreso del Estado de Guerrero, pues no se establecen en éstas todos los elementos y mecánica de operación de los derechos por el servicio de alumbrado público, sino sólo en aquélla.
62. Por tanto, no era necesario que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hubiese reclamado de manera conjunta la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero y la Ley Número 170 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019, ya que la constitucionalidad de esta última, en el caso analizado, no depende de aquellas otras leyes tributarias en los términos antes explicados, además de que –en esa lógica– no puede asumirse que, ante la falta de impugnación de los dos primeros ordenamientos señalados, pudiera sostenerse que la última ley aludida no viola el citado artículo 31, fracción IV, constitucional.
63. De ahí que es infundado el argumento formulado por la Legislatura del Estado de Guerrero, en virtud de que no es materia de estudio la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, aunado a que la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Número 170 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019, fue promovida en tiempo, como se ha evidenciado en líneas anteriores.
64. En similares términos se pronunció este Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/2012,(6) en la que declaró infundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad legislativa demandada en ese asunto.
65. Del mismo modo, siguiendo lo resuelto por este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 135/2007,(7) vale señalar que para analizar la constitucionalidad de la Ley de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, en esta sede jurisdiccional, no era necesario que se reclamaran de forma conjunta todas las disposiciones que regulan el cobro de los servicios de alumbrado público.
66. TERCERO.—Legitimación. De conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.
67. Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, de la ley reglamentaria de la materia,(9) establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
68. En el caso, el escrito inicial fue suscrito por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia del oficio número DGPL-1P3A.-4858, emitido por el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el que se le hace saber que, en sesión celebrada el trece de noviembre de dos mil catorce, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo dos mil catorce a dos mil diecinueve.(10)
69. Dicho funcionario ostenta la representación de la Comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(11) y 18 de su reglamento interno;(12) por lo que cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(13)
70. Además, en el caso se plantea la incompatibilidad de la Ley Número 170 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019 con la Constitución General y tratados internacionales, por estimar que se violan los derechos a la seguridad jurídica, principio de legalidad, de proporcionalidad en las contribuciones, así como la obligación del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos.
71. En consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este asunto.
72. No irrumpe con lo anterior, lo señalado por el Congreso del Estado en su informe en el sentido de que el accionante carece de legitimación procesal porque impugna una norma de carácter fiscal y no una relacionada con derechos humanos.
73. En efecto, como quedó relatado en párrafos anteriores, el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional, condiciona la procedencia de la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la denuncia de inconstitucionalidad de leyes federales o locales que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que México sea Parte, sin que de esa norma se desprenda algún límite o restricción que impida reconocer la legitimación de la Comisión para promover la presente acción de inconstitucionalidad en contra de normas tributarias.
74. Por el contrario, este Alto Tribunal ha sostenido en precedentes,(14) que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de ingresos de las entidades federativas, pues este tipo de normas, al establecer diversos tributos, se encuentran sometidas a los principios de la materia fiscal, reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, como el de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad, los cuales, además de constituir derechos fundamentales, enuncian las características que permiten construir un concepto jurídico de tributo o contribución con base en la Norma Fundamental.
75. En este sentido, las normas que contienen tributos, además de permitir la conformación de la hacienda pública, generan, a su vez, una carga u obligación para las personas contribuyentes, de manera que existe un impacto en el derecho de propiedad de las personas y, por tanto, se actualiza el supuesto de legitimación de la Comisión Nacional de los D
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29703-d264ee12/i-accion-de-inconstitucionalidad-no-se-actualiza-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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