I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMPATIBLE CON EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO ACTIONE ES AQUELLA EN EL SENTIDO DE QUE, EXCEPCIONALMENTE, SI EL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA FUESE INHÁBIL, ÉSTA PODRÁ PRESENTARSE EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO QUE A SU JUICIO VULNERAN DERECHOS HUMANOS. V. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS EN MATERIA DE DERECHOS. ESTOS PRINCIPIOS EXIGEN QUE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS SE TOME EN CUENTA EL COSTO QUE REPRESENTA AL ESTADO LA ACTIVIDAD DE QUE SE TRATE Y, ADEMÁS, QUE DICHAS CUOTAS SEAN FIJAS E IGUALES PARA TODOS LOS QUE RECIBAN EL MISMO SERVICIO. VI. ALUMBRADO PÚBLICO. EN LA CUANTIFICACIÓN DE LAS CUOTAS EN EL CASO DE LOS DERECHOS POR ESTE SERVICIO DEBEN IDENTIFICARSE, POR UNA PARTE, EL TIPO DE SERVICIO PÚBLICO DE QUE SE TRATE Y, POR LA OTRA, EL COSTO QUE LE REPRESENTA AL ESTADO PRESTARLO, SIN CONSIDERAR ASPECTOS AJENOS A ÉSTOS, COMO LO SERÍA LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL CONTRIBUYENTE O CUALQUIER OTRO ELEMENTO DISTINTO AL COSTO. VII. ALUMBRADO PÚBLICO. DERECHOS POR ESE SERVICIO QUE TIENEN COMO BASE EL MONTO PAGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA [ARTÍCULOS 35 DE LA LEY NÚMERO 629 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS; 23 Y 24 DE LA LEY NÚMERO 630 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA; 32 DE LA LEY NÚMERO 631 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN; 23 DE LA LEY NÚMERO 632 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA; 98, 99, 100, 101, 102, 103 Y 104 DE LA LEY NÚMERO 638 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ; Y 38, 39 Y 40 DE LA LEY NÚMERO 639 DE INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO (CUAUTEPEC), TODAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL ESTADO DE GUERRERO, PUBLICADAS EL VEINTICINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA]. VIII. ALUMBRADO PÚBLICO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE EL COBRO DE ESTE DERECHO SE DETERMINARÁ EN FUNCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA POR EL LEGISLADOR ENTRE EL DOMICILIO, EL PREDIO, LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LAS ZONAS DEFINIDAS EN EL REGLAMENTO MUNICIPAL, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35 DE LA LEY NÚMERO 629 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS; 23 Y 24 DE LA LEY NÚMERO 630 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA; 32 DE LA LEY NÚMERO 631 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN; 23 DE LA LEY NÚMERO 632 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA; 98, 99, 100, 101, 102, 103 Y 104 DE LA LEY NÚMERO 638 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ; Y 38, 39 Y 40 DE LA LEY NÚMERO 639 DE INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO (CUAUTEPEC), TODAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL ESTADO DE GUERRERO, PUBLICADAS EL VEINTICINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA]. IX. IMPUESTOS ADICIONALES. LOS QUE TIENEN COMO BASE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DE PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES A QUE SE ENCUENTRA OBLIGADO EL CONTRIBUYENTE DESATIENDEN SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, AL NO DENOTAR UNA MANIFESTACIÓN DE RIQUEZA POR PARTE DEL CAUSANTE [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY NÚMERO 629 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS; 13 Y 14 DE LA LEY NÚMERO 630 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA; 18 Y 19 DE LA LEY NÚMERO 631 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN; 11 Y 12 DE LA LEY NÚMERO 632 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA; 22 DE LA LEY NÚMERO 638 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ Y 11 Y 12 DE LA LEY NÚMERO 639 DE INGRESOS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO (CUAUTEPEC), TODAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 EN EL ESTADO DE GUERRERO]. X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE, EN LO FUTURO, NO INCURRA EN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 19, 20 Y 35 DE LA LEY NÚMERO 629 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS; 13, 1
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 15/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE NOVIEMBRE DE 2021. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA, OMAR CRUZ CAMACHO Y JUAN IGNACIO ÁLVAREZ.
Ciudad de México. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Por la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 15/2021, promovida por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de diversas disposiciones de las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, publicadas el veinticinco de diciembre de dos mil veinte en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
I. TRÁMITE
1. Presentación de la demanda y autoridades demandadas. El veinticinco de enero de dos mil veintiuno, la CNDH interpuso la presente acción de inconstitucionalidad y señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Guerrero.
2. Conceptos de invalidez. En síntesis, la CNDH señaló en su escrito de demanda lo siguiente:
Alumbrado público
3. En su primer concepto de invalidez señala que los artículos impugnados establecen una tarifa por la prestación y mantenimiento del servicio de alumbrado público, pero lo hacen a partir del beneficio obtenido en razón del domicilio, el tipo de predio o por las actividades económicas que realicen los contribuyentes, lo que vulnera los principios tributarios de equidad y de proporcionalidad reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
4. En sustento de sus afirmaciones, la CNDH expone la naturaleza y características de las contribuciones, así como los principios de justicia tributaria que rigen a las contribuciones denominadas como derechos.
5. Detalla que los derechos son las contraprestaciones que pagan los contribuyentes a la hacienda pública como precio de un servicio administrativo. Así, la proporcionalidad y la equidad en los derechos exige que las tarifas sean congruentes con el costo que para el Estado implica la ejecución del servicio y que las tarifas sean fijas e iguales para todos los que reciben un servicio análogo. Señala que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente para los particulares.
6. Expone que, conforme a los criterios de la Suprema Corte, para analizar la proporcionalidad y equidad de una norma que establece un derecho se debe tomar en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, en el entendido de que la cuota no debe contener elementos ajenos al servicio prestado, porque esto daría lugar a que por un mismo servicio se contribuya en cantidades diversas.
7. En sustento de sus aseveraciones, cita las tesis jurisprudenciales del Tribunal Pleno, de rubros: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS." y "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA."
8. Concluye que, si el alumbrado público es un servicio de beneficio directo para todos los gobernados, no es válido entonces que el legislador guerrerense haya determinado la tarifa a partir de elementos ajenos al costo del servicio prestado, como son el domicilio, el tipo de predio o la actividad económica, porque esto genera que se contribuya en cantidades diversas por un mismo servicio.
9. Menciona que en las acciones de inconstitucionalidad 28/2019 y 21/2020, este Tribunal Pleno ya ha invalidado leyes de ingresos municipales donde se prevé el cobro del derecho de alumbrado público, porque se consideró que los legisladores no atendieron a la capacidad contributiva ni al costo del servicio prestado.
Impuestos adicionales
10. En su segundo concepto de invalidez, la CNDH señala que las normas impugnadas establecen un impuesto adicional cuyo objeto grava el pago por concepto de impuestos y derechos municipales, lo que contraviene el principio de legalidad, el derecho de seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad tributaria.
11. Señala que el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad se transgreden cuando la actuación estatal no es conforme con la Constitución Federal. En el caso, para respetar tal derecho y principio, el legislativo local debió cumplir con los mandatos establecidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional. En ese sentido, considera que el impuesto adicional impugnado no atiende a la capacidad contributiva de los causantes, por lo que se vulnera el principio de proporcionalidad tributaria reconocido en el mismo precepto constitucional.
12. Considera que el impuesto adicional impugnado no grava en un segundo nivel una manifestación de riqueza que fue sometida previamente a un impuesto primario, como sucede con las sobretasas a las que se refiere el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Federal, y que giran en torno de una misma actividad denotativa de capacidad para aportar al gasto público.
13. Por el contrario, señala que este impuesto adicional grava de manera global todos los pagos de las contribuciones municipales (incluidos los impuestos y los derechos), razón por la cual no se puede estimar que este impuesto participe de la misma naturaleza de un impuesto primigenio, pues no se encuentra circunscrito a una sola contribución.
14. Señala que en estos términos se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 114/2013, de la que derivó la tesis de título y subtítulo: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.", así como el Tribunal Pleno al resolver las acciones de inconstitucionalidad 46/2019, 47/2019 y su acumulada 49/2019, y 95/2020.
15. Por ello, considera que las leyes locales impugnadas son inconstitucionales, porque el impuesto adicional tiene como hecho imponible el cumplimiento de la obligación tributaria, esto es, cuando el contribuyente paga los impuestos y los derechos municipales. Estima que, por tanto, las normas combatidas vulneran el principio de proporcionalidad tributaria.
16. Finalmente, señala que en el artículo 22 de la Ley de Ingresos de Acapulco se establece una "contribución estatal"; sin embargo, considera que es claro que se trata de un impuesto adicional, pues este impuesto grava un determinado porcentaje por los pagos de los impuestos y los derechos, exceptuando sólo algunas contribuciones.
17. Artículos constitucionales violados. La CNDH considera que las normas impugnadas violan los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal; 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
18. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento. Mediante acuerdo de dos de febrero siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, y ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado para que rindieran su informe, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo correspondiente.
19. Informe del Poder Ejecutivo. Por escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, el consejero jurídico rindió el informe de ley en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, donde en síntesis señaló lo siguiente:
a) Es cierto el acto de promulgación y publicación de las normas impugnadas; sin embargo, dicho acto se realizó de conformidad con la Constitución Local, por lo que no se contravino la Constitución Federal o los tratados internacionales. Por esta razón, considera que es válido el acto impugnado por la CNDH.
b) Respecto del primer concepto de invalidez, relativo al alumbrado público, el Ejecutivo Local señala que si bien la CNDH lo atribuye al Congreso Local, por su parte considera que es infundado.
c) Argumenta que los Congresos Locales tienen la facultad de fijar las contribuciones por servicios de los Municipios, y los Municipios tienen la competencia exclusiva sobre el servicio de alumbrado público, lo que incluye la atribución de realizar el cobro por este derecho. Por consiguiente, estima que la Legislatura Local tiene la facultad para regular lo relativo al pago de este derecho.
d) Por lo que hace al segundo concepto de invalidez, relativo a los impuestos adicionales, el Poder Ejecutivo Local estima que los preceptos impugnados no vulneran los derechos fundamentales.
20. Informe del Poder Legislativo. Por escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero rindió el informe de dicha autoridad, donde señaló en síntesis lo siguiente:
a) Reconoció que son existentes las normas generales impugnadas, pero no en la forma en que lo planteó la CNDH. (sic) En el apartado de los antecedentes, dio cuenta del proceso legislativo de las distintas leyes de ingresos combatidas. Luego, en el apartado de los conceptos de invalidez, hizo un resumen de lo alegado por la CNDH en su escrito de demanda.
b) Enseguida, para sostener la validez de las leyes impugnadas, señala que el Congreso Local cuenta con las facultades constitucionales y legales para expedir las leyes y decretos en las materias que no sean de la competencia exclusiva de la Federación, como ocurre con las leyes de ingresos municipales.
Alumbrado público
c) Respecto del primer concepto de invalidez, relativo al alumbrado público, señala que el Congreso Local cuenta con las facultades para incluir las cuotas por la prestación de los servicios públicos en las leyes de ingresos municipales, conforme al artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., último párrafo constitucional.
d) Agrega que ese precepto constitucional faculta a los Congresos Locales para que puedan fijar los porcentajes y las tarifas que le corresponde a cada uno de los Municipios por la prestación de los servicios públicos en la materia de energía eléctrica. Afirma que esta lectura se robustece con el artículo 115 constitucional, según el cual las Legislaturas Estatales deben emitir la normativa en materia de las contribuciones estatales y municipales.
e) Señala que las leyes de ingresos municipales impugnadas buscan salvaguardar la justicia social y el bien común, porque pretenden recaudar con el fin de mejorar la prestación del servicio de alumbrado público, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno, de rubro: "GASTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE JUSTICIA FISCAL RELATIVO GARANTIZA QUE LA RECAUDACIÓN NO SE DESTINE A SATISFACER NECESIDADES PRIVADAS O INDIVIDUALES."
f) Por último, refiere que los artículos 77 y 78 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero (LHMEG) establecen los elementos del tributo, referentes al sujeto, objeto, base y época de pago, mientras que la tasa se encuentra prevista en la Ley de Ingresos de Taxco para el ejercicio fiscal 2019 (sic). En consecuencia, considera que el concepto de invalidez debe declararse inoperante, porque la CNDH sólo combatió lo referente al objeto y la base del tributo, elementos que están contenidos en la LHMEG, misma que no fue impugnada en tiempo y forma, por lo que debe tenerse por consentida.
Impuestos adicionales
g) El Congreso Local considera infundado el segundo concepto de invalidez relativo a los impuestos adicionales, donde la CNDH acusa que las disposiciones impugnadas vulneran el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.
h) La autoridad legislativa señala que el principio de legalidad tributaria se cumple cuando la ley en sentido formal y material contiene, de manera completa y clara, los elementos esenciales de una contribución, de tal manera que exista certidumbre sobre las cargas económicas que deben soportar las personas.
i) Al respecto, cita las tesis de la Suprema Corte, de rubros: (I) "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", (ii) "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR.", (iii) "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN CONCEPTOS INDETERMINADOS." y (iv) "INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS FISCALES QUE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS TRIBUTOS. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA."
j) Señala que en los artículos 51 a 56 de la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero (LHEG) se establecen los impuestos adicionales para el fomento educativo, económico, social y ecológico.
k) Añade que en el artículo 51 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero (LHMEG) se establece como base que el objeto de este derecho es para fines educativos o de asistencia social, construcción de caminos, desarrollo de las zonas turísticas, equilibrio ecológico, abastecimiento de agua potable, etcétera.
l) Por tanto, considera inoperante el concepto de invalidez porque los elementos del tributo referentes al sujeto, objeto, base y época de pago están establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero (LHMEG), por lo que las normas impugnadas no generan incertidumbre entre las personas.
m) Al respecto, cita la jurisprudencia del Tribunal Pleno, de rubro: "TURISMO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY NÚMERO 219, DE INGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 1996, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO ADICIONAL PARA FOMENTARLO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA."
n) Por otra parte, respecto a la presunta violación del principio de proporcionalidad tributaria, señala que un gravamen es proporcional cuando existe congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes. Así, debe pagar más quien tiene una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporción.
o) En relación con esto, cita las tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte, de rubros: (I) "CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS.", (ii) "CONTRIBUCIONES. LA POTESTAD PARA DETERMINAR SU OBJETO NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD, SINO POR EL DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA." y (iii) "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES."
p) Considera que las leyes impugnadas no violan el principio de proporcionalidad tributaria, porque no establecen una cantidad fija para el cobro del impuesto adicional relacionado con los derechos por los servicios de agua potable. Argumenta que si un contribuyente tiene una tarifa de uso doméstico no debe pagar el impuesto relacionado con una tarifa de uso residencial.
q) En suma, afirma que los impuestos adicionales impugnados tienen como fin recaudar más recursos económicos para mejorar la calidad del Municipio; son proporcionales porque están relacionados con el costo que para el Municipio implica prestar el servicio; tienen un fin constitucionalmente válido porque no son excesivos; no buscan satisfacer necesidades privadas o individuales; y tienen como fin fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, conforme al principio constitucional de libre administración de la hacienda municipal.
r) Al respecto, cita las siguientes tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte: (I) "GASTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE JUSTICIA FISCAL RELATIVO GARANTIZA QUE LA RECAUDACIÓN NO SE DESTINE A SATISFACER NECESIDADES PRIVADAS O INDIVIDUALES.", (ii) "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", (iii) "HACIENDA MUNICIPAL. CONCEPTOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y (iv) "TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. LA INTENSIDAD DE SU CONTROL CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN REQUIEREN DE UN MÍNIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN."
s) Finalmente, apunta que conforme al artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, las Legislaturas Locales están autorizadas para establecer contribuciones para mejorar la propiedad inmobiliaria de los Municipios, siempre que no resulten excesivas o que concedan exenciones. Por ello, deduce que se trata de una facultad discrecional para la optimización municipal.
21. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no emitieron opinión alguna.
22. Cierre de la instrucción. Habiéndose llevado a cabo el trámite legal correspondiente y al advertir que había concluido el plazo para formular alegatos,(1) se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.
II. COMPETENCIA
23. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal,(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede,ración,(3) ya que la CNDH plantea una posible contradicción entre diversos artículos de las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2021 respecto de la Constitución Federal y diversos tratados internacionales.
III. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
24. Los artículos impugnados por la CNDH pertenecen a diversas Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Guerrero. En el caso específico de la Ley Número 639 de Ingresos para los Municipios del Estado de Guerrero únicamente es de observancia general para el Municipio de Cuautepec, lo que se desprende de la lectura de su artículo 1.(4) Por esta razón, las referencias que en la presente resolución se hagan a la Ley Número 639 deben entenderse dirigidas al Municipio de Cuautepec, Guerrero.
25. Por otra parte, cabe precisar que el veinticinco de enero de dos mil veintiuno se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado la "Fe de erratas a las leyes de ingresos de los Municipios de Chilpancingo y de Iguala, Guerrero". No obstante, se advierte que su contenido no se relaciona con la presente litis.
26. En efecto, en el caso de la Ley de Ingresos de Chilpancingo se añadieron los artículos 117 y 118, correspondientes al título "De los contratos por la conexión de los servicios de drenaje y alcantarillado sanitario",(5) y en el caso de la Ley de Ingresos de Iguala se corrigieron las cantidades previstas en el artículo 56, que por concepto de expedición y refrendo corresponde pagar por la inscripción al padrón municipal en el caso de los servicios números 28 y 11 respectivamente.(6)
27. En consecuencia, de la lectura integral del escrito de demanda se advierten como efectivamente impugnadas las siguientes disposiciones:
Ver disposiciones impugnadas
IV. OPORTUNIDAD
28. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(7) establece que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo se debe iniciar a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial; no obstante, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar el primer día hábil siguiente.
29. En este caso, las normas impugnadas fueron publicadas el día veinticinco de diciembre de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. Así, el plazo para su impugnación transcurrió del sábado veintiséis de diciembre al lunes veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el entendido de que el domingo veinticuatro fue inhábil. Por consiguiente, la acción de inconstitucionalidad es oportuna, porque el escrito de demanda se presentó el último día del plazo en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte.(8)
V. LEGITIMACIÓN
30. La CNDH esta´ facultada para promover las acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes estatales que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea Parte, actuando a través de su representante legítimo, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(9) y 11, párrafo primero, en relación con el 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(10)
31. En este caso, la demanda fue firmada por María del Rosario Piedra Ibarra en su carácter de presidenta de la CNDH, calidad que acreditó con una copia certificada de su designación por el Senado de la República. Asimismo, la presidenta tiene la facultad de representación legal para promover las acciones de inconstitucionalidad conforme al artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(11) Por último, en este caso, la presidenta demanda la invalidez de diversos artículos de las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2021 porque, desde su perspectiva, vulneran los derechos fundamentales de proporcionalidad y equidad tributaria y el principio de seguridad jurídica.
32. En consecuencia, se satisface la hipótesis de la legitimación, pues esta acción fue promovida por un ente legitimado y mediante su representante para impugnar normas locales que presuntamente vulneran los derechos humanos.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
33. Lo referente a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia y sobreseimiento de las autoridades demandadas.
34. En ese sentido, el Congreso del Estado de Guerrero señaló en su informe lo siguiente:
35. A) Falta de legitimación. Considera que es improcedente esta acción de inconstitucionalidad, porque la titular de la CNDH carece de legitimación para impugnar normas fiscales por violaciones a los principios tributarios del artículo 31, fracción IV, constitucional. Aclara que la CNDH sólo puede impugnar cierto tipo de normas que violan determinados preceptos constitucionales, sin que pueda cuestionarlas por posibles violaciones a otras porciones del texto constitucional.
36. Este Tribunal Pleno considera que debe desestimarse esta causa de improcedencia. En asuntos similares hemos sostenido(12) que, en el caso de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la CNDH, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal únicamente establece como condición de su procedencia la denuncia de que las leyes federales o locales vulneran los derechos humanos constitucionales o convencionales.
37. En consecuencia, la CNDH si´ esta´ legitimada para impugnar las normas de carácter tributario mientras alegue violaciones a los derechos humanos, como en el caso acontece, pues señala como artículos violados los siguientes: 1o., 14, 16 y 31 de la Constitución Federal, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
38. B) Actos consentidos y consumados. Respecto de los impuestos adicionales, el Congreso del Estado de Guerrero manifestó que la acción resulta improcedente porque está enderezada contra un acto que es consecuencia de otro que fue consentido y consumado.
39. La autoridad señala que la Ley de Hacienda del Estado de Guerrero Número 419 (LHEG) –publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete en el medio oficial local– establece que los impuestos adicionales son para el fomento educativo, económico, social y ecológico. Destaca que los elementos del tributo, esto es, el sujeto, objeto, base y época de pago, están establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero (LHMEG). Por consiguiente, considera que la acción es improcedente, porque se enderezó contra un acto (las leyes de ingresos municipales), que es consecuencia de otro consentido y consumado (la LHEG).
40. En principio, cabe precisar que la LHMEG –y no la LHEG como señala el Poder Ejecutivo Local– fue publicada el primero de diciembre de dos mil diecisiete en el medio oficial local. Lo que permite suponer que, en realidad, la autoridad quiso señalar que la ley consentida fue la LHMEG y no la LHEG. No obstante, con independencia de cuál de las dos legislaciones se considera consentida, lo procedente es desestimar esta causa de improcedencia, pues no se encuentra entre las previstas en el artículo 19 ni en ninguna otra disposición de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
41. Sirve de apoyo, por analogía, el criterio contenido en la tesis P./J. 118/2005, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE VÁLIDAMENTE PLANTEARSE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS."(13)
42. Finalmente, el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero señaló en su informe lo siguiente:
43. C) Promulgación y publicación. Es cierta la orden de promulgación y publicación de las normas impugnadas; sin embargo, la orden se hizo acorde con lo dispuesto en la Constitución Local, por lo que el acto impugnado es válido.
44. Este Tribunal Pleno estima que si bien el Poder Ejecutivo Local no planteó este argumento propiamente como una causa de improcedencia. No obstante, lo procedente es desestimar este planteamiento, pues no se encuentra entre las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(14) En cambio, este ordenamiento sí dispone que el promovente debe señalar en su escrito de demanda tanto el órgano legislativo como el ejecutivo que emitió y promulgó la norma impugnada, según se desprende del artículo 61, fracción II.(15)
45. En consecuencia, dado que el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero tuvo injerencia en el proceso legislativo, otorgándole plena validez y eficacia a las normas impugnadas mediante su promulgación y publicación, se concluye que esta autoridad debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal.
46. Lo anterior, de conformidad con el criterio número P./J. 38/2010, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."(16)
VII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
47. Con la finalidad de dar respuesta a cada uno de los conceptos de invalidez de la CNDH, el presente estudio se divide en dos apartados: por un lado, se aborda el tema del alumbrado público (1) y, por otro, el tema de los impuestos adicionales (2).
Tema 1. Alumbrado público
48. La CNDH considera que las normas de ingresos municipales impugnadas son inválidas porque el legislador local, al determinar el monto o la tarifa del derecho de alumbrado público, tomó en cuenta elementos ajenos al costo del servicio, como son el domicilio, el tipo de predio o la actividad económica de los contribuyentes, lo que genera un cobro diferenciado por la prestación de un servicio análogo, en contravención de los principios constitucionales de proporcionalidad y de equidad tributarias.
49. Es fundado este concepto de invalidez. Para fundamentar esta decisión, se retoman las consideraciones vertidas en las acciones de inconstitucionalidad 18/2012, 46/2019, 101/2020 y, de manera destacada, en la 21/2020,(17) donde este Tribunal Pleno sostuvo que en el artículo 115 de la Constitución Federal se establece la facultad de las Legislaturas Locales para aprobar las leyes de ingresos municipales conforme al principio de reserva de ley, así como el derecho de los Municipios a recibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos correspondientes y que tienen a su cargo el servicio de alumbrado público.(18)
50. Así, corresponde a las Legislaturas Locales fijar las contribuciones que perciban los Municipios por concepto de los servicios que deben prestar (entre los que se encuentra el de alumbrado público) para que sea este nivel de gobierno quien pueda realizar el cobro correspondiente por la prestación de los servicios.
51. Ahora bien, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal regula los principios que deben regir a las contribuciones tanto a nivel federal como en los Estados, los Municipios y la Ciudad de México. Estos principios son los de reserva de ley, destino al gasto público, proporcionalidad y equidad, los cuales, además de constituir derechos fundamentales, enuncian las características que permiten construir un concepto jurídico de contribución con los siguientes elementos:(19)
I. Tienen su fuente en el poder de imperio del Estado.
II. Constituyen prestaciones en dinero y excepcionalmente en especie y servicios.
III. Sólo se pueden crear mediante la ley.
IV. Se encuentran afectos a fines esencialmente recaudatorios, es decir, tienen por destino el gasto público, sin que se niegue la posibilidad de servir a propósitos de política económica.
V. Los criterios de justicia tributaria son el de proporcionalidad (o capacidad contributiva) y el de equidad.
52. En suma, la contribución es un ingreso de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30470-5361c79a/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-interpretacion-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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