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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS COMPATIBLE CON EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO ACTIONE ES AQUELLA EN EL SENTIDO DE QUE, EXCEPCIONALMENTE, SI EL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA FUESE INHÁBIL, ÉSTA PODRÁ PRESENTARSE EL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO QUE A SU JUICIO VULNERAN DERECHOS HUMANOS. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LAS NORMAS IMPUGNADAS (ARTÍCULOS 21 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE ACAJETE, ACATENO, ACATZINGO, ACTEOPAN, AHUACATLÁN, AHUATLÁN, AHUAZOTEPEC, AHUEHUETITLA, ALBINO ZERTUCHE, ALJOJUCA, ALTEPEXI, AMIXTLÁN, AQUIXTLA, ATEMPAN, ATEXCAL, ATLEQUIZAYAN, ATOYATEMPAN, ATZALA, ATZITZIHUACAN, ATZITZINTLA, AXUTLA, AYOTOXCO DE GUERRERO, CALTEPEC, CAMOCUAUTLA, CAÑADA MORELOS, CAXHUACAN, COATEPEC, COATZINGO, COHETZALA, COHUECAN, CORONANGO, COXCATLÁN, COYOMEAPAN, CUAPIAXTLA DE MADERO, CUATEMPAN, CUAYUCA DE ANDRADE, CUETZALAN DEL PROGRESO, CUYOACO, CHAPULCO, CHICONCUAUTLA, CHICHIQUILA, CHIETLA, CHIGMECATITLÁN, CHILA, CHILA DE LA SAL, CHILCHOTA, CHINANTLA, DOMINGO ARENAS, ELOXOCHITLÁN, EPATLÁN Y ESPERANZA; 34 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AMOZOC; 22 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE CALPAN Y FRANCISCO Z. MENA; 20 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE CUAUTINCHÁN Y CHIAUTZINGO Y 19 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, TODOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE). VI. ALUMBRADO PÚBLICO. DERECHOS POR ESE SERVICIO QUE TIENEN COMO BASE EL MONTO PAGADO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ARTÍCULOS 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AJALPAN; 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC Y 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, TODOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE). VII. ALUMBRADO PÚBLICO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LOS IMPUESTOS SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AJALPAN; 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC Y 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, TODOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AJALPAN; 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC Y 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, TODOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL, PARA QUE, EN LO FUTURO, NO INCURRA EN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AJALPAN; 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC Y 21 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, TODOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2020. · Registro digital (IUS): 30469
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-03-25
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo I, Pág. 711.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 14/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE NOVIEMBRE DE 2021. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

Ciudad de México. Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 14/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversas disposiciones contenidas en las Leyes de Ingresos Municipales de Puebla para el ejercicio fiscal de dos mil veinte; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—El diecinueve y veinte de diciembre de dos mil diecinueve se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Puebla los decretos mediante los cuales se expidieron las Leyes de Ingresos de los Municipios de Acajete, Acateno, Acatzingo, Acteopan, Ahuacatlán, Ahuatlán, Ahuazotepec, Ahuehuetitla, Ajalpan, Albino Zertuche, Aljojuca, Altepexi, Amixtlán, Amozoc, Aquixtla, Atempan, Atexcal, Atlequizayan, Atoyatempan, Atzala, Atzitzihuacan, Atzitzintla, Axutla, Ayotoxco de Guerrero, Calpan, Caltepec, Camocuautla, Cañada Morelos, Caxhuacan, Coatepec, Coatzingo, Cohetzala, Cohuecan, Coronango, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Cuapiaxtla de Madero, Cuautempan, Cuautinchán, Cuautlancingo, Cuayuca de Andrade, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chapulco, Chiautzingo, Chiconcuautla, Chichiquila, Chietla, Chigmecatitlán, Chignautla, Chila, Chila de la Sal, Chilchotla, Chinantla, Domingo Arenas, Eloxochitlán, Epatlán, Esperanza y Francisco Z. Mena, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte.

2. SEGUNDO.—En contra de lo anterior, el veinte de enero de dos mil veinte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que desarrolló un concepto de invalidez en el cual se inconformó en contra de los derechos por el servicio de alumbrado público. En síntesis, expuso:

a) Que los artículos que prevén un derecho por la prestación del servicio de alumbrado público, en realidad, imponen un impuesto sobre consumo de energía eléctrica, cuyo gravamen corresponde al Congreso de la Unión, pues se toma como base el consumo de energía eléctrica de cada usuario.

b) Que lo anterior vulnera el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y proporcionalidad tributarias, porque la base gravable está relacionada con un hecho imponible que no corresponde a una actividad del Estado por concepto del servicio de alumbrado público, a saber, el consumo de energía eléctrica. Esto es, no se paga por la prestación del servicio otorgado, sino por el consumo de energía eléctrica: a mayor consumo de dicha energía la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo.

c) Que, si bien el artículo 115 de la Constitución Federal prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio de alumbrado público, ello no implica una habilitación para cobrar impuestos por el consumo de energía eléctrica.

d) Que lo anterior afecta a los gobernados, al ver su esfera jurídica vulnerada por una autoridad que no está facultada para ello.

e) Que, de declararse la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, se deberán extender los efectos a las diversas relacionadas, particularmente al artículo 59 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, ya que está vinculado con los preceptos reclamados.(1)

3. TERCERO.—En la demanda se señalaron como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y; 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4. CUARTO.—El veintiséis de febrero de dos mil veinte, el Poder Legislativo del Estado de Puebla rindió su informe.(2) Se posicionó por la improcedencia del asunto y, en el fondo, defendió la constitucionalidad de las normas. En síntesis, expuso:

a) Respecto de la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad:

• Que la demanda se presentó fuera del plazo previsto en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal,(3) esto es, después de los treinta días naturales siguientes a la publicación de las normas impugnadas.

• Que el hecho de que el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia prevea que: si el último día del plazo referido es inhábil la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente, es insuficiente para considerar oportuna la presentación de la demanda, pues la Constitución Federal no autoriza dicha extensión del plazo, por lo que debe prevalecer la supremacía del Texto Constitucional y, por ende, el cómputo de los treinta días no puede extenderse al primer día hábil siguiente en aquellos supuestos en que el último día del plazo sea inhábil.(4)

• Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no está legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad contra normas en materia fiscal, pues la obligación de contribuir con los gastos públicos no constituye un derecho humano.

b) Respecto de los derechos de alumbrado público:

• Que no tiene razón la accionante, pues las normas impugnadas tienen fundamento en lo ordenado en el artículo 115, fracciones III, inciso b), y IV, inciso c), de la Constitución Federal, que establece que los Municipios tienen a su cargo los servicios públicos de alumbrado público, para cuya prestación se requieren recursos económicos, y que corresponde al Congreso Local establecer los derechos respectivos.(5)

• Que, en todo caso, se trata de un conflicto entre normas de la misma jerarquía, esto es, entre el referido artículo 115 y los diversos 14 y 16 constitucionales.

5. QUINTO.—El mismo veintiséis de febrero de dos mil veinte, el gobernador del Estado de Puebla rindió su informe.(6) Manifestó que las normas son constitucionales porque cuenta con atribuciones para promulgar, ordenar la publicación y sancionar las leyes impugnadas; respecto del contenido de dichas disposiciones, expuso, en síntesis:

a) Que las normas impugnadas cumplen los requisitos constitucionales que toda ley fiscal debe poseer para tener efectos generales, en virtud de que el servicio de alumbrado público, además de ser una contribución especial que coadyuva a la eficacia y mejora de la distribución de energía eléctrica, se rige bajo las disposiciones del Municipio Libre previstas en el artículo 115, fracción III, inciso b), constitucional.

b) Que las disposiciones impugnadas no vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, ya que la causación de derechos tiene por objeto sufragar los servicios públicos que otorga el Estado, por lo que nada tiene que ver la capacidad contributiva de los gobernados.

c) Que las disposiciones impugnadas no vulneran el principio de equidad tributaria, pues prevén que todo aquel que se ubique en el supuesto de recibir el servicio de alumbrado público será causante del derecho respectivo.

6. SEXTO.—El fiscal general de la República no formuló pedimento ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal manifestó su opinión en el presente asunto.

7. SÉPTIMO.—Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veinte se declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución.

8. OCTAVO.—El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la Secretaría General de Acuerdos circuló el proyecto de resolución del presente asunto en el que se analizaba la constitucionalidad de los artículos impugnados. No obstante, en virtud de las cargas de trabajo del Tribunal Pleno, dicho proyecto de sentencia no pudo ser discutido antes del quince de diciembre de dos mil veinte, fecha en la que se clausuró el segundo periodo ordinario de sesiones. En consecuencia, mediante oficio de cuatro de enero de dos mil veintiuno, el proyecto se retiró de la lista del Tribunal Pleno con la finalidad de analizar los impactos de la conclusión del ejercicio fiscal.

9. NOVENO.—Con fundamento en la facultad prevista en el artículo 35 de la ley reglamentaria, la Ministra instructora requirió al Congreso del Estado de Puebla para que informara si las Leyes de Ingresos de los Municipios de Ajalpan, Coyotepec y Chignautla para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno fueron aprobadas o no, y si, en el caso de no haber sido aprobadas, continúan vigentes las del ejercicio fiscal de dos mil veinte.

10. DÉCIMO.—Mediante el oficio DGAJEPL/CAJC/536/2021, recibido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de julio de dos mil veintiuno, la delegada del Poder Legislativo del Estado de Puebla informó que las iniciativas de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Ajalpan, Coyotepec y Chignautla para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno no cumplieron con los requisitos legales y, por tanto, no fueron aprobadas. Además, anexó al oficio copias certificadas de los oficios CHPM/172/2020, CHPM/173/2020 y CHPM/175/2020, por los que el presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado de Puebla informó a los referidos Municipios que no fue posible analizar y estudiar las iniciativas al no haber sido presentadas en tiempo y forma y que, por tanto, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno deberán sujetarse a lo dispuesto por el artículo primero transitorio de las leyes de ingresos vigentes para el ejercicio fiscal inmediato anterior.(7)

CONSIDERANDO:

11. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada,(8) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la posible contradicción entre normas de rango constitucional y decretos que expiden diversas Leyes de Ingresos del Estado de Puebla.(9)

12. SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial; si el último día del plazo es inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.(10)

13. En ese sentido, las normas impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el diecinueve y el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que el plazo de treinta días naturales transcurrió del viernes veinte de diciembre del mismo año al sábado dieciocho de enero de dos mil veinte y del sábado veintiuno de diciembre de dos mil diecinueve al domingo diecinueve de enero de dos mil veinte; al ser estos días inhábiles, el plazo para presentar la acción concluyó el lunes veinte de enero siguiente.

14. Consecuentemente, dado que la acción de inconstitucionalidad se promovió ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el mismo veinte de enero de dos mil veinte, resulta evidente que su presentación es oportuna.

15. No pasa inadvertido que el Poder Legislativo, en su informe, alega que la demanda es extemporánea porque el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal no autoriza (como lo hace el diverso 60 de la ley reglamentaria) la extensión del plazo de treinta días al siguiente día hábil, en los casos en que el último día es inhábil.(11)

16. No obstante, el citado argumento es infundado porque, contrario a lo que sugiere el Poder Legislativo, el hecho de que sólo la norma secundaria prevea que el plazo referido se extenderá al día hábil siguiente cuando éste finalice en día inhábil no implica una contradicción entre la ley reglamentaria y la Constitución Federal, pues de la última no se advierte una prohibición para extender el plazo referido. De ahí que la disposición reglamentaria simplemente constituya una regulación más precisa respecto a la forma en que se debe computar el plazo en este medio de defensa.

17. Por ende, al haberse presentado la demanda de la acción de inconstitucionalidad dentro del plazo previsto en la normativa aplicable, es claro que ésta resulta oportuna.

18. TERCERO.—Legitimación. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal dispone, en lo que interesa, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas federales o de las entidades federativas que considere que vulneran derechos humanos.(12)

19. En ese sentido, se advierte que la demanda fue presentada por la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(13) lo que acredita con la copia certificada del acuerdo de designación expedido por el Senado de la República.

20. Cabe destacar que la promovente argumenta que las disposiciones reclamadas de las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal de dos mil veinte son violatorias del derecho a la seguridad jurídica, así como de los principios de legalidad y proporcionalidad tributarias.

21. Por tanto, este Tribunal Pleno concluye que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada para ello. Sin que sea impedimento a lo anterior que el Poder Legislativo de Puebla en su informe alegue que la promovente carece de legitimación para impugnar disposiciones de carácter tributario, pues de la normativa aplicable no se advierte dicha limitante.

22. En efecto, el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional sólo establece, como condición para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se denuncie la inconstitucionalidad de leyes federales o locales que vulneren los derechos humanos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. De ahí que, como se adelantó, dicha Comisión está legitimada para impugnar normas de carácter tributario mientras alegue la violación a un derecho humano, como ocurre en el caso, pues la promovente afirma que las normas impugnadas vulneran los derechos de legalidad y seguridad jurídica, así como el principio de proporcionalidad tributaria.(14)

23. Aunado a lo anterior, se destaca que la promovente sustenta la inconstitucionalidad de las normas impugnadas sobre la base de que existe una invasión competencial de una autoridad legislativa local a una federal en materia contributiva. Tales cuestiones son justiciables a través de este medio de defensa, pues las normas emitidas por autoridades incompetentes podrían implicar una violación al artículo 16 constitucional.(15)

24. CUARTO.—Precisión de las normas impugnadas. Del escrito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se advierte que las normas impugnadas son las siguientes:

1) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Acajete, para el ejercicio fiscal 2020.

2) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Acateno, para el ejercicio fiscal 2020.

3) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Acatzingo, para el ejercicio fiscal 2020.

4) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Acteopan, para el ejercicio fiscal 2020.

5) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ahuacatlán, para el ejercicio fiscal 2020.

6) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ahuatlán, para el ejercicio fiscal 2020.

7) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ahuazotepec, para el ejercicio fiscal 2020.

8) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ahuehuetitla, para el ejercicio fiscal 2020.

9) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ajalpan, para el ejercicio fiscal 2020.

10) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Albino Zertuche, para el ejercicio fiscal 2020.

11) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aljojuca, para el ejercicio fiscal 2020.

12) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Altepexi, para el ejercicio fiscal 2020.

13) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Amixtlán, para el ejercicio fiscal 2020.

14) Artículo 34 de la Ley de Ingresos del Municipio de Amozoc, para el ejercicio fiscal 2020.

15) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aquixtla, para el ejercicio fiscal 2020.

16) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Atempan, para el ejercicio fiscal 2020.

17) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Atexcal, para el ejercicio fiscal 2020.

18) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Atlequizayan, para el ejercicio fiscal 2020.

19) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Atoyatempan, para el ejercicio fiscal 2020.

20) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Atzala, para el ejercicio fiscal 2020.

21) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Atzitzihuacan, para el ejercicio fiscal 2020.

22) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Atzitzintla, para el ejercicio fiscal 2020.

23) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Axutla, para el ejercicio fiscal 2020.

24) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ayotoxco de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2020.

25) Artículo 22 de la Ley de Ingresos del Municipio de Calpan, para el ejercicio fiscal 2020.

26) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Caltepec, para el ejercicio fiscal 2020.

27) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Camocuautla, para el ejercicio fiscal 2020.

28) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cañada Morelos, para el ejercicio fiscal 2020.

29) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Caxhuacan, para el ejercicio fiscal 2020.

30) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Coatepec, para el ejercicio fiscal 2020.

31) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Coatzingo, para el ejercicio fiscal 2020.

32) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cohetzala, para el ejercicio fiscal 2020.

33) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cohuecan, para el ejercicio fiscal 2020.

34) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Coronango, para el ejercicio fiscal 2020.

35) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Coxcatlán, para el ejercicio fiscal 2020.

36) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Coyomeapan, para el ejercicio fiscal 2020.

37) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Coyotepec, para el ejercicio fiscal 2020.

38) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuapiaxtla de Madero, para el ejercicio fiscal 2020.

39) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautempan, para el ejercicio fiscal 2020.

40) Artículo 20 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautinchán, para el ejercicio fiscal 2020.

41) Artículo 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautlancingo, para el ejercicio fiscal 2020.

42) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuayuca de Andrade, para el ejercicio fiscal 2020.

43) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuetzalan del Progreso, para el ejercicio fiscal 2020.

44) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuyoaco, para el ejercicio fiscal 2020.

45) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chapulco, para el ejercicio fiscal 2020.

46) Artículo 20 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chiautzingo, para el ejercicio fiscal 2020.

47) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chiconcuautla, para el ejercicio fiscal 2020.

48) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chichiquila, para el ejercicio fiscal 2020.

49) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chietla, para el ejercicio fiscal 2020.

50) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chigmecatitlán, para el ejercicio fiscal 2020.

51) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chignautla, para el ejercicio fiscal 2020.

52) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chila, para el ejercicio fiscal 2020.

53) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chila de la Sal, para el ejercicio fiscal 2020.

54) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chilchotla, para el ejercicio fiscal 2020.

55) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Chinantla, para el ejercicio fiscal 2020.

56) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Domingo Arenas, para el ejercicio fiscal 2020.

57) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Eloxochitlán, para el ejercicio fiscal 2020.

58) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Epatlán, para el ejercicio fiscal 2020.

59) Artículo 21 de la Ley de Ingresos del Municipio de Esperanza, para el ejercicio fiscal 2020.

60) Artículo 22 de la Ley de Ingresos del Municipio de Francisco Z. Mena, para el ejercicio fiscal 2020.

25. QUINTO.—Causas de improcedencia y sobreseimiento. En virtud de que las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, se realizará el examen de los aspectos de procedencia hechos valer.

26. El Poder Legislativo del Estado de Puebla planteó la causal de improcedencia relativa a que el escrito de demanda se presentó de forma extemporánea. Como se expuso párrafos atrás, tal planteamiento se desestima porque la demanda se presentó dentro del plazo de treinta días que prevé el artículo 60 de la ley reglamentaria.

27. Por otra parte, el Poder Legislativo estatal alega la falta de legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas de carácter fiscal, pues considera que la obligación de contribuir con los gastos de la Federación, Estados y Municipios no es técnicamente un derecho humano.

28. Dicho planteamiento ya fue analizado en el apartado de legitimación, en el que se determinó que la promovente está facultada para promover la presente acción de inconstitucionalidad, por lo que se debe desestimar lo argumentado por el Poder Legislativo.

29. Por último, este Tribunal Pleno advierte que respecto de todas las normas impugnadas, con excepción de las contenidas en las Leyes de Ingresos de los Municipios de Ajalpan, Chignautla y Coyotepec, con la conclusión del ejercicio fiscal y la aprobación de las leyes de ingresos correspondientes para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, sobrevino la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad por cesación de efectos, en términos del artículo 19, fracción V, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad en términos de los artículos 59 y 65, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(16)

30. De dicho artículo se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o el acto impugnado, esto es, cuando hayan dejado de surtir efectos jurídicos. Tratándose de acciones de inconstitucionalidad, es posible afirmar que la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, antes citado, se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda, al constituir ésta el único objeto de análisis en este medio de control constitucional.

31. A diferencia del resto de las normas, cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación, las normas contenidas en las leyes de ingresos y de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.

32. Este principio es aplicable a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas, incluidas las leyes de ingresos municipales, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y con las Constituciones Locales, que regulan los procedimientos relativos.(17)

33. Así, en el Estado de Puebla, de conformidad con el artículo 50 de la Constitución Local, el Congreso tendrá cada "año legislativo" tres periodos de sesiones ordinarias, y que en el primero, que comienza el día quince de cada septiembre y termina el quince de diciembre de cada año calendario, se ocupará de estudiar, discutir y aprobar la Ley de Ingresos del Estado y de cada Municipio que habrán de entrar en vigor al año siguiente, así como de las zonas catastrales y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción que sirvan de base para el cobro de las contribuciones a la propiedad inmobiliaria. Para ello, el Poder Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos remitirán las iniciativas correspondientes a más tardar el quince de noviembre del ejercicio previo a su vigencia.(18)

34. Ahora, la propia Constitución Local prevé una excepción a la regla señalada en el párrafo anterior. En el párrafo final de la fracción I del referido artículo 50 se señala que, si al iniciar el ejercicio fiscal no han sido aprobadas la ley de ingresos del Estado y la ley de egresos, alguna de ellas, o alguna de las leyes de ingresos municipales, provisionalmente seguirán vigentes las correspondientes al ejercicio anterior, hasta que el Congreso apruebe las nuevas.(19)

35. En el caso, las Leyes de Ingresos de los Municipios de Acajete, Acateno, Acatzingo, Acteopan, Ahuacatlán, Ahuatlán, Ahuazotepec, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Aljojuca, Altepexi, Amixtlán, Amozoc, Aquixtla, Atempan, Atexcal, Atlequizayan, Atoyatempan, Atzala, Atzitzihuacan, Atzitzintla, Axutla, Ayotoxco de Guerrero, Calpan, Caltepec, Camocuautla, Cañada Morelos, Caxhuacan, Coatepec, Coatzingo, Cohetzala, Cohuecan, Coronango, Coxcatlán, Coyomeapan, Cuapiaxtla de Madero, Cuautempan, Cuautinchán, Cuautlancingo, Cuayuca de Andrade, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chapulco, Chiautzingo, Chiconcuautla, Chichiquila, Chietla, Chigmecatitlán, Chila, Chila de la Sal, Chilchotla, Chinantla, Domingo Arenas, Eloxochitlán, Epatlán, Esperanza y Francisco Z. Mena, todos del Estado de Puebla, impugnadas, prevén los ingresos que durante el ejercicio fiscal de dos mil veinte, comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, percibieron los referidos Municipios o hasta que se aprobaron las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.(20)

36. Las leyes de ingresos municipales respectivas para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiuno y el veintidós de diciembre de dos mil veinte,(21) las cuales, de conformidad con el artículo primero transitorio (similar en todas), entraron en vigor el primero de enero del presente año.(22)

37. De esta forma, resulta evidente para este Tribunal Pleno que los efectos de las normas impugnadas, al ser aplicables para el ejercicio fiscal 2020 y al haberse aprobado y publicado las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal subsecuente, cesaron cuando concluyó la vigencia de las leyes en las que están contenidas, esto es, el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.

38. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(23) sin que en el caso, pudieran darse efectos retroactivos a la determinación que en el fondo pudiera adoptarse, al no tratarse de normas de naturaleza penal, en términos del artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia.(24)

39. Resulta aplicable por analogía la tesis P./J. 9/2004,(25) de rubro y texto siguientes:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS. De lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Federal, se advierte que en relación con la Ley de Ingresos y con el Presupuesto de Egresos de la Federación rige el principio de anualidad, consistente en establecer los ingresos que puede recaudar la Federación durante un ejercicio fiscal, así como la forma en que aquéllos han de aplicarse, con el fin de llevar un adecuado control, evaluación y vigilancia del ejercicio del gasto público, lo cual se patentiza con el hecho de que el Ejecutivo Federal tiene la obligación de enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de egresos de la Federación, en la cual se deberán contemplar las contribuciones a cobrar en el año siguiente, para cubrir el presupuesto de egresos, aunado a que en la propia ley de ingresos se establece que su vigencia será de un año, así como la de todas las disposiciones referentes a su distribución y gasto. En consecuencia, si la ley de ingresos y el presupuesto de egresos tienen vigencia anual y ésta concluyó, resulta indudable que no es posible realizar pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad, pues al ser de vigencia anual la materia de impugnación, y concluir aquélla, no puede producir efectos posteriores, en atención a su propia naturaleza, además de que aun cuando se estudiara la constitucionalidad de la norma general impugnada, la sentencia no podría surtir plenos efectos, ya que de acuerdo con el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de invalidez de las sentencias dictadas en ese medio de control constitucional no tiene efectos retroactivos. Por tanto, proc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30469-b201dcfb/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-interpretacion-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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