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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR UN ORGANISMO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN LA DEMANDA RESPECTIVA PUEDEN PLANTEARSE VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y, POR ENDE, LA INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA DE UNA LEY POR CONTRAVENIR LO ESTABLECIDO EN UN TRATADO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, CUANDO LA NORMA GENERAL SE IMPUGNE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL EN QUE ADUCE FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE NORMAS DE CARÁCTER FISCAL CUANDO SE ALEGUE UNA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO. V. CONTRIBUCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN REGIRLAS A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. VI. CONTRIBUCIONES. ANTE EL CONFLICTO ENTRE SU HECHO IMPONIBLE Y SU BASE GRAVABLE DEBE RESOLVERSE ATENDIENDO A LA BASE IMPONIBLE, CONSIDERANDO QUE ÉSTA ES EL PARÁMETRO PARA DETERMINAR EL MONTO QUE DEBERÁ CUBRIR EL SUJETO PASIVO. VII. CONTRIBUCIONES. ELEMENTOS QUE LOS CONFIGURAN. VIII. CONTRIBUCIONES. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ATRIBUYE AL LEGISLADOR LOCAL EN LA MATERIA NO LO AUTORIZA PARA DESNATURALIZAR AQUÉLLAS. IX. CONTRIBUCIONES. SU CLASIFICACIÓN A NIVEL FEDERAL CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. X. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. XI. IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LA IMPOSICIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL DEBER DE PAGAR "DERECHOS" POR ALUMBRADO PÚBLICO CON BASE EN UN PORCENTAJE SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TORNA ESTA CONTRIBUCIÓN MATERIALMENTE EN AQUEL IMPUESTO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE XOCHILTEPEC, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN TODOS SANTOS, YAONAHUAC, YEHUALTEPEC, ZACAPALA, ZAPOTITLÁN, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZARAGOZA, ZAUTLA, ZIHUATEUTLA, ZINACATEPEC, ZONGOZOTLA, ZOQUIAPAN Y ZOQUITLÁN, DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020). XII. ALUMBRADO PÚBLICO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LOS IMPUESTOS SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE XOCHILTEPEC, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN TODOS SANTOS, YAONAHUAC, YEHUALTEPEC, ZACAPALA, ZAPOTITLÁN, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZARAGOZA, ZAUTLA, ZIHUATEUTLA, ZINACATEPEC, ZONGOZOTLA, ZOQUIAPAN Y ZOQUITLÁN, DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS Y VINCULA AL CONGRESO RESPECTIVO PARA QUE NO INCURRA EN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD EL PRÓXIMO AÑO FISCAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 21 DE LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE XOCHILTEPEC, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN TODOS SANTOS, YAONAHUAC, YEHUALTEPEC, ZACAPALA, ZAPOTITLÁN, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZARAGOZA, ZAUTLA, ZIHUATEUTLA, ZINACATEPEC, ZONGOZOTLA, ZOQUIAPAN Y ZOQUITLÁN, DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 97/2020. · Registro digital (IUS): 30012
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-06
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo II, Pág. 1588.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 97/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUSTINO BARBOSA PORTILLO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil veinte, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 97/2020, en la que se impugnan diversas disposiciones normativas contenidas en las Leyes de Ingresos Municipales del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal dos mil veinte.

I. Antecedentes y trámite de la demanda

1. Demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 21, de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Xochiltepec, Xochitlán de Vicente Suárez, Xochitlán Todos Santos, Yaonahuac, Yehualtepec, Zacapala, Zapotitlán, Zapotitlán de Méndez, Zaragoza, Zautla, Zihuateutla, Zinacatepec, Zongozotla, Zoquiapan y Zoquitlán, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil diecinueve.(1)

2. Conceptos de invalidez. Al respecto, se planteó el concepto de invalidez que se sintetiza a continuación:

"Único. Las normas impugnadas remiten y dotan de contenido conforme a lo previsto en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Puebla, cuya configuración establece un derecho por la prestación del servicio de alumbrado público a cargo de los habitantes de los Municipios poblanos, sin embargo refiere que dicha contribución constituye un impuesto sobre energía eléctrica cuyo gravamen corresponde únicamente al Congreso de la Unión.

"Señala que el cobro de derechos por alumbrado público solamente puede establecerse en función al costo que genera la prestación del servicio, no así de manera diferenciada respecto del consumo personal de los habitantes del Municipio, ya que se trata de un beneficio de toda la comunidad y no de sujetos particulares.

"Por tanto, refiere que las normas impugnadas transgreden el derecho humano a la seguridad jurídica, así como los principios de legalidad y proporcionalidad en las contribuciones previstos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

"Aduce que las disposiciones combatidas por sí mismas no configuran el derecho que impugnan, sino que adquieren contenido normativo con la remisión que hacen a la Ley de Hacienda Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, la cual prevé los elementos y la forma en que se calculará el derecho por el servicio de alumbrado público, siendo el penúltimo párrafo de artículo 59 de dicha ley, donde se establece la base por concepto de derechos por el servicio de alumbrado público, por tanto dicha norma se configura como parte integrante de las disposiciones impugnadas.

"Precisado lo anterior, señala que existe incompatibilidad de las disposiciones impugnadas que prevén el cobro del derecho de alumbrado público que, por la forma en que se encuentra regulado, en realidad se está cobrando un impuesto al consumo de energía eléctrica, con lo cual se vulnera el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

"Que el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, constituyen un límite al actuar de todo el Estado Mexicano, los cuales se hacen extensivos al legislador como creador de las normas, quien está habilitado en su función legislativa conforme a la Constitución Federal, encontrándose obligado a establecer disposiciones claras y precisas que no den pauta a una aplicación de la ley arbitraria y, además a que los gobernados de la norma tengan plena certeza a quién se dirige la disposición, su contenido y la consecuencia de su incumplimiento.

"En cuanto a la naturaleza de las contribuciones refiere que existen diversos tipos de gravámenes y cada una conserva su propia naturaleza. Que en el caso particular de las contribuciones denominadas ‘derechos’, el hecho imponible lo constituye una actuación de los órganos del Estado a través del régimen de servicio público, o bien, el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público. En contraste, en el caso de los impuestos, dicho elemento está constituido por hechos o actos que, sin tener una relación directa con la actividad del ente público como tal, ponen de manifiesto de manera relevante la capacidad contributiva del sujeto pasivo.

"Que el hecho imponible constituye el nacimiento de la obligación tributaria y además sirve como elemento de identificación del tributo, por lo que otorga efectos jurídicos a la actualización de determinada hipótesis, debido a que la situación, hecho, acto o actividad, constituye un reflejo de la capacidad contributiva del sujeto que la actualiza.

"Concluye que el hecho imponible, al referirse a la capacidad contributiva del sujeto pasivo que lo actualiza, requiere de un elemento adicional para poder concretar el monto de la obligación tributaria, de manera tal que se respete la garantía de proporcionalidad de las contribuciones en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible.

"Conforme a lo anterior, precisa que las normas impugnadas vulneran el derecho fundamental de seguridad jurídica y las garantías de legalidad y proporcionalidad, ya que establecen una contribución formalmente denominada ‘derecho’, pero cuya naturaleza material, atendiendo al hecho imponible y la base gravable, se identifica con un impuesto por el cobro de energía eléctrica.

"Ello, al establecer que la base para el cálculo del derecho es el consumo de energía, advirtiéndose que la base imponible establece como magnitud o valor denotativo de capacidad contributiva el consumo de energía eléctrica, por lo que en el caso la base gravable se encuentra relacionada con un hecho imponible que no responde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho diverso, esto es, un acto, situación o actividad denotativos de capacidad contributiva ajenos a la actividad municipal que en el caso consiste en dicho consumo de energía. Por tanto, señala que la verdadera naturaleza del tributo en análisis es de ser un impuesto.

"Ahora bien, precisa que de acuerdo con la interpretación armónica de los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a) y 115 de la Constitución Federal, la habilitación de conformar la base de la contribución relativa a la prestación del servicio de alumbrado público de acuerdo al consumo de energía eléctrica por parte de los sujetos obligados, vulnera las referidas garantías, ya que no se está pagando por la prestación del servicio otorgado por el Municipio en sus funciones de servicio público, sino por el consumo de energía eléctrica, puesto que a mayor consumo de dicha energía la base gravable aumenta, y por ende, crece el pago del tributo y a la inversa.

"Señala que no se está cobrando un derecho, sino que en realidad se trata de una contribución al consumo del fluido eléctrico, siendo que el legislador local no se encuentra constitucionalmente habilitado para establecer contribuciones por el consumo de energía eléctrica y las normas pretenden cobrar como derecho un impuesto.

"Precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 23/2005, 18/2018, 27/2018, 15/2019 y 20/2019, entre otras, ha determinado que una contribución a la que se otorga la naturaleza jurídica de derecho, cuyo hecho imponible lo constituye la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes de un Municipio, pero cuya base para el cálculo de este derecho es el importe por el consumo de energía eléctrica, revela que la base gravable se encuentra relacionada con un hecho imponible que no corresponde a una actividad del ente público por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho, acto, situación o actividad denotativos de capacidad contributiva ajenos a la actividad del ente público, y que en el caso consiste en dicho consumo de energía eléctrica.

"Asimismo refiere que al resolver las acciones de inconstitucionalidad 23/2006, 22/2012 y 9/2013, el Pleno de este Alto Tribunal declaró la invalidez de diversos artículos que establecían una contribución denominada derecho, cuando materialmente se trataba de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, preceptos que contenían el mismo vicio de inconstitucionalidad que los artículos cuya invalidez se demanda en el presente asunto, esto es, la falta de congruencia ente el hecho y la base imponible, pues fijaban como base para la cuantificación del derecho por concepto de alumbrado público el consumo de energía eléctrica.

"Resalta que las normas impugnadas generan una afectación arbitraria a la esfera jurídica de los gobernados, ya que las autoridades locales carecen de sustento jurídico que las habilite para establecer contribuciones consistentes en impuestos sobre el consumo de energía eléctrica, lo que implica una transgresión a la certidumbre jurídica del gobernado, vulnerando los derechos humanos reconocidos en los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

"Señala que a nivel internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 1 y 2, así como el diverso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades reconocidos, así como de adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para hacer efectivos los mismos, por lo que el legislador local al no respetar los derechos humanos a la seguridad jurídica y proporcionalidad en las contribuciones contraviene los preceptos convencionales aludidos.

"Refiere que en la acción de inconstitucionalidad 28/2019, promovida por el mismo organismo, en contra de diversos artículos de la Ley Número 170 de Ingresos para el Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2019, el Tribunal Pleno declaró la invalidez de las disposiciones que establecían el derecho de alumbrado público, no sólo porque el legislador gravó el consumo de energía eléctrica siendo incompetente para ello, sino también porque el cobro de este derecho se fijó teniendo en cuenta el tamaño, ubicación y destino del predio que se consideró beneficiado, lo cual no atendía a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos ni al costo del servicio por lo que no cumplió con el contenido de los principios de justicia tributaria.

"Concluye que toda vez que el legislador local consideró como elemento determinante para el establecimiento de la cuota del derecho el consumo de energía eléctrica constituye un tributo que incumple con el mandato de proporcionalidad, al no atender al costo real del servicio proporcionado por el Municipio, sino al consumo de que se trate, por tanto, procede que se declare la invalidez de las normas impugnadas.

"Cuestiones relativas a los efectos. Solicita que de ser tildadas de inconstitucionales las disposiciones normativas impugnadas, también se invaliden todas aquellas normas que estén relacionadas, por cuestión de efectos, particularmente el artículo 59 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Asimismo, solicita que en los efectos de la sentencia relativa se precisen efectos vinculatorios hacia el futuro al órgano legislativo del Estado de Puebla para que se abstenga de legislar en el mismo sentido.

3. Admisión y trámite. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil veinte, el Ministro presidente ordenó registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 97/2020, y turnar dicho expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.(2)

4. Mediante proveído de siete de febrero de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y admitió a trámite la acción; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Puebla para que rindieran su informe dentro del plazo de quince días hábiles y enviaran copias certificadas de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas; ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, hasta antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su representación correspondiera.(3)

5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla. A través del escrito recibido el diez de marzo de dos mil veinte ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el director general de Asuntos Jurídicos, de Estudios y Proyectos Legislativos de dicha entidad rindió su informe(4) y expresó los razonamientos que se detallan a continuación.

I. Causal de improcedencia. Estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que genera el sobreseimiento del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los artículos 20, fracción II y 21, fracción II, en términos de lo que dispone el artículo 59 de la ley reglamentaria y de manera específica lo establecido en los artículos 105, fracción II, segundo párrafo e inciso g) y 133 de la Constitución Federal. Ello, porque la actora reclama la invalidez del artículo 21 de diversas leyes de ingresos de los Municipios del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, publicadas el treinta de diciembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial de la entidad; sin embargo, la demanda fue presentada después del término de treinta días al haberla presentado el treinta de enero de dos mil veinte de forma extemporánea.

Por otro lado, refiere que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, ya que este precepto no legitima expresamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover acciones de inconstitucionalidad tratándose de normas en materia fiscal, ya que la obligación de contribuir con los gastos de la Federación, Estados y Municipios no es técnicamente un derecho humano.

II. Señala que, del análisis a la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado de Puebla consideraron que los Municipios están facultados para realizar el cobro de los derechos impugnados.

III. Conceptos de invalidez. Considera que no tiene razón la accionante al considerar que las normas impugnadas violan la Constitución Federal, ya que el cobro que están impugnando tiene sustento en la misma, en lo que dispone el artículo 115, fracción IV, inciso c) y, en su caso, lo que existe es un conflicto entre normas de la misma jerarquía, esto es, entre lo que disponen los artículos 14 y 16 y lo que prevé el artículo 115 de la Constitución Federal.

6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. A través del escrito recibido el trece de marzo de dos mil veinte ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consejero jurídico del gobernador del Estado Puebla rindió su informe(5) y expresó los razonamientos que se detallan a continuación:

Refiere que los artículos cuya invalidez demanda no son inconstitucionales en virtud de que el gobernador del Estado de Puebla cuenta con atribuciones relativas a la promulgación, orden de publicación y sanción de las leyes y decretos que el Congreso del Estado emana, de conformidad con el artículo 79, fracción III, de la Constitución Política del Estado.

Respecto de la validez de las normas impugnadas, señala que cumplen a cabalidad los requisitos y formalidades constitucionales que toda ley fiscal debe poseer para tener efectos generales, en virtud de que el servicio de alumbrado público, además de ser una contribución especial que indefectiblemente coadyuva a la eficacia y mejora de la distribución de energía eléctrica, se rige bajo las disposiciones del Municipio Libre.

Por otra parte aduce que las disposiciones impugnadas no vulneran los principios de proporcionalidad y equidad, ya que la causación de derechos tiene por objeto sufragar a manera de contraprestación los servicios públicos que otorga el Estado, por lo que la proporcionalidad nada tiene que ver con la capacidad contributiva del gobernado sino con el costo del servicio público que se solicita, además las disposiciones prevén que todo aquel que se ubique en el supuesto de recibir el servicio de alumbrado público será causante del pago de derechos por los servicios prestados por el Municipio.

7. Pedimento del fiscal general de la República y manifestaciones del Consejo Jurídico del Ejecutivo Federal. Los referidos funcionarios no formularon manifestación alguna o pedimento.

8. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y transcurrido el plazo para la presentación de alegatos sin que las partes ejercieran ese derecho, por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veinte se declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.(6)

II. Competencia

9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013(9) de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve este medio de control constitucional contra normas generales al considerar que su contenido es inconstitucional y violatorio de derechos humanos.

III. Precisión de las normas reclamadas

10. Del análisis al escrito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se advierte que la norma impugnada señalada como contraria a los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, es el numeral 21, de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Xochiltepec, Xochitlán de Vicente Suárez, Xochitlán Todos Santos, Yaonahuac, Yehualtepec, Zacapala, Zapotitlán, Zapotitlán de Méndez, Zaragoza, Zautla, Zihuateutla, Zinacatepec, Zongozotla, Zoquiapan y Zoquitlán, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicadas el treinta de diciembre de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.

11. Así las cosas, este Tribunal Pleno considera como efectivamente impugnado el artículo 21 de las diversas Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Puebla.

IV. Oportunidad

12. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(10) (de ahora en adelante la "ley reglamentaria de la materia") dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial.

13. En ese sentido, las normas cuya declaración de invalidez se solicita fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el día treinta de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que el plazo de treinta días naturales para presentar la acción transcurrió del martes treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve al miércoles veintinueve de enero de dos mil veinte.

14. Consecuentemente, dado que la acción de inconstitucionalidad se interpuso ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintinueve de enero de dos mil veinte,(11) resulta inconcuso que es oportuna su presentación.

V. Legitimación

15. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para impugnar leyes expedidas por la Legislatura Estatal que estimen violatorias de derechos humanos.

16. El escrito inicial de la acción que nos ocupa está signado por María del Rosario Piedra Ibarra, quien demostró tener el carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mediante la copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, expedido por la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Senado de la República, por el periodo que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

17. Cabe precisar que se impugnan preceptos de las leyes de ingresos de diversos Municipios del Estado de Puebla expedidas por el Poder Legislativo de la misma entidad federativa que establecen el cobro de derechos por alumbrado público, lo cual la promovente estima violatorio del derecho humano de legalidad y seguridad jurídica, así como del principio de proporcionalidad.

18. Sin que sea óbice a lo anterior, el que la autoridad emisora de las normas impugnadas en su informe señale que la promovente carece de legitimación para impugnar normas de carácter tributario pues está legitimada únicamente para impugnar normas relacionadas con el desarrollo de sus atribuciones en materia de derechos humanos, pero no las relacionadas con una violación a los principios en materia tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna.

19. No obstante, el artículo 105, fracción II, inciso g) constitucional establece únicamente como condición de procedencia de la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la denuncia de inconstitucionalidad de leyes federales o locales que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que México sea Parte, sin que establezca otra condición, por lo que, como se adelantó, dicha comisión sí está legitimada para impugnar normas de carácter tributario o de transparencia y acceso a la información, mientras se alegue la violación a un derecho humano, como en el caso acontece.(12)

20. Aunado a ello, si se tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es un análisis en abstracto, inclusive previo a la aplicación de las normas correspondientes, es inconcuso que tratándose de normas respecto de las que se alega invasión competencial de una autoridad legislativa local a una federal en materia contributiva, tales cuestiones son justiciables a través de este medio de defensa, en tanto las normas emitidas por autoridades incompetentes podrían implicar, desde luego, violación al artículo 16 constitucional respecto a los requisitos que las autoridades deben observar en relación con los actos de molestia que generan en particulares, dentro de los que se encuentra la competencia para ejecutarlos, legalidad y seguridad jurídica.(13)

VI. Causas de improcedencia y sobreseimiento

21. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se procede a analizar las causas de improcedencia formuladas por las partes, así como aquellas que se adviertan de oficio.

22. a) En principio, el Poder Legislativo Estatal planteó la causal de improcedencia relativa a que el escrito de demanda se presentó de forma extemporánea, aduciendo que las normas impugnadas fueron publicadas en fecha treinta de diciembre de dos mil diecinueve y que el escrito de demanda fue presentado el treinta de enero de dos mil veinte, esto es, fuera del plazo de treinta días naturales que prevé el segundo párrafo de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

23. Tal planteamiento se desestima, ya que tal como se señaló en el apartado IV, la acción es oportuna al haberse presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte, esto es, dentro del plazo de treinta días que prevé el artículo 60 de la ley reglamentaria.

24. El argumento del Poder Legislativo únicamente parte del señalamiento de que el escrito de demanda fue presentado el treinta de enero de dos mil veinte; sin embargo, en las constancias del expediente consta como fecha de recepción de la demanda el veintinueve de enero de dos mil veinte, tal como se advierte del sello de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(14)

25. Por tanto, toda vez que el plazo de treinta días naturales para presentar la acción transcurrió del martes treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve al miércoles veintinueve de enero de dos mil veinte, al haberse presentado la acción de inconstitucionalidad el último día de dicho plazo, es evidente que su presentación fue oportuna.

26. b) Por otra parte, el Poder Legislativo Estatal planteó la causal de improcedencia referente a la falta de legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de normas de carácter fiscal, aduciendo que la obligación de contribuir con los gastos de la Federación, Estados y Municipios, no es técnicamente un derecho humano.

27. Tal planteamiento ya fue abordado en el apartado que antecede, al determinarse que dicho organismo a través de su presidenta sí tiene legitimación suficiente para promover la presente acción de inconstitucionalidad, por lo que debe desestimarse lo argumentado por el Poder Legislativo del Estado de Puebla.

28. Al no existir otro motivo de improcedencia planteado por las partes ni advertirse alguno de oficio por este Tribunal Pleno, se procede a realizar el estudio de la materia de fondo.

VII. Estudio de fondo

29. Dado que no se adujeron razonamientos de inconstitucionalidad en contra del procedimiento legislativo y no se advierte violación alguna de oficio, se procede de forma directa al análisis del único concepto de invalidez formulado por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual resulta fundado.

30. En efecto, tal como refiere la accionante, las contribuciones por alumbrado público previstas en los numerales impugnados no tienen la naturaleza de derechos como lo propuso el legislador local, sino que, dadas las características que envuelven su configuración necesariamente provocan que, en realidad, se trate de un impuesto que grava directamente el consumo de energía eléctrica.

31. Los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a) y, 115, fracciones III, incisos b) y IV, inciso c), ambos de la Constitución Federal, disponen lo siguiente:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

XXIX. Para establecer contribuciones:

"...

"5o. Especiales sobre:

"a) Energía eléctrica."

"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

"...

"III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

"...

"b) Alumbrado público.

"...

"Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

"...

"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"...

"c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

"...

"Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

"Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

"Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

"...

"Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."

32. De los citados preceptos se desprende que corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica y que los Municipios tendrán a su cargo, entre otros servicios, el de alumbrado público.

33. En los artículos constitucionales se establece que los Municipios tienen derecho a recibir –entre otros– los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura contributiva "derechos" para el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de ley que obliga a que las contribuciones sólo tengan esta fuente normativa, es facultad de las Legislaturas aprobar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30012-a52ad3fd/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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