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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. III. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SUS DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL, Y SU RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD. IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE EL COBRO DE DERECHOS POR LA BÚSQUEDA DE DATOS, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE GRATUIDAD Y DE PROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR POR CONDICIÓN ECONÓMICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ANGANGUEO, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHERÁN, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COALCOMÁN, 32 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUITZEO, 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, 25 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PARACHO, 30 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO, 32 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PERIBÁN, 29 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PURÉPERO, 30 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, 29 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 30 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, 33 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, 30 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TARETAN, 33 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO, 32 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TINGAMBATO, 33 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN, 30 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA, 28 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, 33 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA Y 34 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, TODAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). V. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS CUOTAS EXCESIVAS Y DESPROPORCIONADAS POR LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN COPIAS SIMPLES MEDIANTE SU DIGITALIZACIÓN EN DISCO COMPACTO O DVD, AL NO ATENDER A LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS, VULNERAN EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD DE ESTE DERECHO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ANGANGUEO, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHERÁN, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHURINTZIO, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHURUMUCO, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COALCOMÁN, 32 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUITZEO, 50 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE INDAPARAPEO, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE GABRIEL ZAMORA, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, 25 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PARACHO, 30 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PÁTZCUARO, 32 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PERIBÁN, 29 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PURÉPERO, 30 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉNDARO, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ESCALANTE, 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA, 29 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 30 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TANCÍTARO, 33 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO, 30 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TARETAN, 33 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TARÍMBARO, 32 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TINGAMBATO, 33 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TINGÜINDÍN, 30 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TLAZAZALCA, 28 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TUXPAN, 33 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA Y 34 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, TODAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR DE JUSTIFICAR LAS TARIFAS O CUOTAS POR LA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 96/2020. · Registro digital (IUS): 30009
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-06
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo II, Pág. 1065.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 96/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE OCTUBRE DE 2020. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: HÉCTOR HIDALGO VICTORIA PÉREZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de octubre de dos mil veinte.

VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Normas impugnadas, autoridades emisoras y promulgadoras. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las siguientes normas:

1. Artículo 17, fracciones I, II y III, 31 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Angangueo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

2. Artículo 17, fracciones I, II y III, 31 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Cherán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

3. Artículo 17, fracciones I, II y III, 31 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Chinicuila, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

4. Artículo 17, fracciones I, II y III, 31 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Churintzio, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

5. Artículo 17, fracciones I, II y III, 31 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Churumuco, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

6. Artículo 17, fracciones I, II y III, 31 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Coalcomán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

7. Artículo 18, fracciones I, II y III, 32 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuitzeo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

8. Artículo 17, fracciones I, II y III, 50 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Indaparapeo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

9. Artículo 17, fracciones I, II y III, 31 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Gabriel Zamora, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

10. Artículo 17, fracciones I, II y III, 31 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Huiramba, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

11. Artículo 16, fracciones I, II y III, 25 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

12. Artículo 17, fracciones I, II y III, 31 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Ocampo, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

13. Artículo 17, fracciones I, II y III, 31 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Paracho, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

14. Artículo 17, fracciones I, II y II, 30 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

15. Artículo 18, fracciones I, II y III, 32 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Peribán, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

16. Artículo 16, fracciones I, II y III, 29 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Purépero, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

17. Artículo 17, fracciones I, II y III, 30 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Queréndaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

18. Artículo 17, fracciones I, II y III, 31 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Salvador Escalante, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

19. Artículo 17, fracciones I, II y III, 31 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa Ana Maya, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

20. Artículo 17, fracciones I, II y III, 29 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de San Lucas, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

21. Artículo 17, fracciones I, II y III, 30 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tancítaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

22. Artículo 18, fracciones I, II y III, 33 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tangancícuaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

23. Artículo 17, fracciones I, II y III, 30 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Taretan, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

24. Artículo 18, fracciones I, II y III, 33 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tarímbaro, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

25. Artículo 17, fracciones I, II y III, 32 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tingambato, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

26. Artículo 17, fracciones I, II y III, 33 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tingüindín, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

27. Artículo 17, fracciones I, II y III, 30 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlazazalca, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

28. Artículo 16, fracciones I, II y III, 28 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Tuxpan, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

29. Artículo 17, fracciones I, II y III, 33 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

30. Artículo 17, fracciones I, II y III, 34 y segundo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Vista Hermosa, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2020.

Todas las anteriores normas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente; asimismo, señaló como autoridades emisora y promulgadora de las mencionadas normas, respectivamente, al Congreso y el gobernador, ambos del Estado de Michoacán.

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El promovente estima violados los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que expresó los argumentos de invalidez que se sintetizan a continuación:

I. Disposiciones que prevén el pago del derecho de alumbrado público

A juicio de la accionante, determinados preceptos establecen una contribución por la prestación del servicio de alumbrado público, cuyo objeto o hecho imponible lo constituye el consumo de energía eléctrica. Asimismo, advierte que la base imponible establece como magnitud o valor denotativo de la capacidad contributiva el consumo de energía eléctrica, por lo que en el caso la base gravable se encuentra relacionada con un hecho imponible que responde a una actividad ajena a la actividad municipal, esto es, el consumo de energía eléctrica.

Por otra parte, estima que con independencia de la denominación otorgada por el legislador y toda vez que el hecho imponible real se encuentra en la base, debe concluirse que el tributo en comento pertenece a la categoría de los impuestos.

Así, concluye que las normas relativas a las contribuciones consistentes en la prestación del servicio de alumbrado público resultan inconstitucionales, toda vez que la base de la contribución se conforma de acuerdo al importe de energía eléctrica por parte de los sujetos obligados, lo cual trastoca el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, ya que no se está pagando por la prestación de un servicio público otorgado por el Municipio, sino por el consumo de energía eléctrica, puesto que a mayor consumo de dicha energía la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo.

II. Disposiciones que constituyen cobros excesivos, desproporcionados e injustificados por acceso a la información

Argumenta que ciertas disposiciones impugnadas transgreden los derechos humanos de acceso a la información, a la seguridad jurídica, así como los principios de gratuidad en el acceso a la información, de legalidad y de proporcionalidad tributaria.

Para demostrar ello, se pone de manifiesto que en las normas impugnadas se fijó una cuota mínima de $1.00 hasta $2.00 por copias simples, ya sea en tamaño oficio y carta; de $2.00 a $3.00 por impresiones en hojas carta u oficio; por la información digitalizada, por hoja, que se entregue en dispositivo magnético de $0.50 hasta $2.00; y por información digitalizada en disco CD o DVD, de $16.00 hasta $20.00; cuotas que a juicio de esa Comisión Nacional, no se encuentran justificadas en razón del costo real de los materiales empleados para ello.

Lo anterior, toda vez que en las leyes combatidas no se justificó ni se hizo referencia a los elementos que sirvieron de base al legislador para determinar dichas cuotas, esto es, el precio de las hojas de papel, de la tinta para las impresiones y copias, entre otros. Al respecto destaca, que a diferencia de otros servicios prestados por el Estado, cuando se trata del ejercicio del derecho de acceso a la información, debe regir el principio de gratuidad, conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el del envío, en su caso, y el de su certificación. Consecuentemente, cualquier cobro debe justificarse por el legislador, a efecto de demostrar que no está gravando la información.

En el mismo orden de ideas, manifiesta que el legislador no ofreció justificación respecto a establecer esas tarifas con base en elementos objetivos y razonables que atiendan al costo de los materiales en que se reproduce la información solicitada o la digitalización de los documentos solicitados, por ende, las normas transcritas también resultan inconstitucionales, ya que no responden a la única excepción prevista en nuestro orden constitucional para aplicar un cobro en materia de acceso a la información.

Lo anterior, porque el supuesto de digitalización de documentos conforma una actividad que no implica erogación alguna, sino por el contrario, significa que la información que se contenga en algún material (como el papel, por ejemplo), se digitaliza, esto es, se convierte en una representación o archivo digital.

Por tanto, el establecimiento de una cuota por la digitalización de la información equivale en realidad, al cobro por la búsqueda de información, lo cual es violatorio al principio de gratuidad.

Adicionalmente, la Comisión Nacional advierte que los preceptos impugnados vulneran el principio de proporcionalidad tributaria que rige a las contribuciones, pues para que la determinación de las cuotas por concepto de derechos de servicios resulte acorde con el principio de proporcionalidad, debe tenerse en cuenta el costo que le cause al Estado la ejecución del servicio en cuestión, asimismo, la cuota que establezca deberá ser fija e igual para todas las personas que reciban servicios de la misma índole.

III. Disposiciones que contravienen el principio de legalidad en materia tributaria, al prever la posibilidad de establecer gravámenes no previstos en dicha legislación

La Comisión actora estima que algunos artículos transitorios configuran una transgresión del principio de legalidad en materia tributaria.

Ello, toda vez que dichas normas dejan al arbitrio de un órgano administrativo municipal el establecimiento de la contribución y del resto de los elementos esenciales de cualquier otro tributo, en perjuicio de la seguridad jurídica de los contribuyentes. En ese sentido, las disposiciones impugnadas no permiten que el propio ordenamiento legal sea un instrumento o mecanismo de defensa frente a la arbitrariedad de las autoridades administrativas municipales, en razón de que los sujetos pasivos no sabrán a qué atenerse cuando soliciten ante la autoridad correspondiente la información que requieran.

TERCERO.—Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de seis de febrero de dos mil veinte, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 96/2020 y, por razón de turno, designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.

Por auto de siete de febrero de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió la acción relativa, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.

CUARTO.—Informes de las autoridades. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus informes respectivos, los cuales, en síntesis, consisten en lo siguiente:

El Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, representado por el Consejero Jurídico del Ejecutivo, señaló:

1. Que de conformidad con el mandato establecido en la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, el gobernador del Estado no puede rehusarse a promulgar y publicar las leyes y decretos expedidos por el Congreso del Estado.

2. Que el cobro de los derechos relativos al acceso a la información pública no impiden al solicitante el acceso a información pública, ya que dicha información se encuentra catalogada como un bien público.

3. Que el principio de gratuidad no impide que se establezca una cuota de recuperación por la reproducción de la información solicitada por el peticionario, en razón de que esos medios de reproducción y envío de documentos tienen un costo, no así la información, de ahí que se estime que dichos ordenamientos resultan acordes con el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo, representado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, señaló:

1. Que de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Michoacán y la Ley Orgánica Municipal del mismo Estado, los Ayuntamientos y Consejos Municipales administran libremente su hacienda municipal, de conformidad con las normas vigentes, mientras que el Congreso Local se limita a aprobar el proyecto de Ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal correspondiente, el cual es presentado por el tesorero municipal.

En relación con los argumentos relativos al derecho de alumbrado público, señala que las normas impugnadas no vulneran el principio de legalidad tributaria, ya que la obligación controvertida nace y surge de la propia ley.

Agrega, que el principio de legalidad se salvaguarda en tanto que las disposiciones impugnadas son emitidas por el Congreso Local, el cual posee atribuciones constitucionales para la creación de leyes. Por esta razón, todos los ciudadanos deberán respetar dichas normas para una mejor coexistencia.

Señala, que las leyes de hacienda municipales tienen como finalidad atender y cubrir el gasto público y demás obligaciones a su cargo, así como los ingresos por conceptos de derechos municipales, sin que con ello se vulnere el principio de legalidad tributaria, pues es a través de dicha normas que se definen todos los elementos que forman parte de la obligación tributaria (objeto, sujetos, base, pago del derecho, infracciones y sanciones).

Por otro lado, en cuanto al principio de proporcionalidad tributaria, destaca que conforme a éste los gravámenes deberán establecerse acorde con la capacidad de cada sujeto obligado, por consiguiente, las personas que cuenten con mayor riqueza deberán contribuir de forma diferenciada.

En esa medida, carece de sustento la impugnación de la accionante, en tanto el legislador se encuentra constitucionalmente habilitado para establecer contribuciones por el consumo de energía eléctrica.

Agrega, que atendiendo a los servicios que deben proveer los Municipios y los escasos recursos con los que cuentan, debe considerarse lógico que éstos tengan la facultad de cobrar los derechos correspondientes. Máxime, que la doctrina define éstos como una contraprestación en dinero que se paga por los servicios que proporciona la administración activa, tal como es el caso del alumbrado público.

Resalta que los derechos de alumbrado público que se reclaman establecen que el pago del mismo estará a cargo de los propietarios o poseedores de predios que aprovechen el servicio provisto por las instalaciones de alumbrado público, por tanto, las contraprestaciones que se exigen resultan directamente benéficas tanto para el Municipio como para los gobernados. En esa medida, es claro que el hecho imponible de la contribución responde a una actividad desarrollada por el ente público.

En cuanto a la competencia para legislar, aduce que el Congreso Local no legisló sobre la materia de energía eléctrica, sino que lo hizo con base en la facultad impositiva que el Estado tiene para el logro de las funciones que le son encomendadas, a partir de la cual puede establecer las contraprestaciones que estime convenientes sobre los servicios públicos que presta.

En relación con la tasa de la contribución, precisa que dicho derecho no se establece con base en el consumo de energía eléctrica, sino que determinó el pago de una cuota fija en atención al aprovechamiento que se realiza de la instalación del alumbrado público.

Por otra parte, si los gobernados no se encuentran registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, deberán pagar anual o mensualmente dicho derecho tomando como base el tipo de predio o su extensión superficial. En esa medida estima que los elementos para fijar dicha contribución, son aquellos relativos con el costo del servicio prestado.

Asimismo, señala que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada Ayuntamiento propondrá a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos o contribuciones de mejoras. Por su parte, las Legislaturas de los Estados, previo proceso legislativo apegado a las normas vigentes, aprobará las Leyes de Ingresos de los Municipios y los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos de forma directa por los Ayuntamientos.

2. En relación con el concepto de invalidez tendiente a demostrar la violación del principio de gratuidad que rige el derecho de acceso a la información pública, afirma que los derechos establecidos en relación con la expedición de copias no vulneran el derecho de acceso a la información y de seguridad jurídica, así como tampoco los principios de gratuidad y proporcionalidad tributaria.

Si bien es cierto que la regulación de esta contribución corresponde a la modalidad de los "derechos", lo cierto es que en el caso no se cobra el acceso a la información sino lo relativo a la reproducción y entrega de la misma, ello conformidad con lo previsto por el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En ese orden, estima justificado el cobro por la reproducción de la información solicitada pues las cuotas ahí establecidas se fijaron con base en lo sustentado y propuesto por cada Ayuntamiento a través de las Leyes de Ingresos Municipales, señalando para ello las modalidades de reproducción y entrega correspondientes.

3. En cuanto a las disposiciones transitorias cuya invalidez se reclama, señala que dichas normas se apegan al marco regulatorio constitucional que rige en nuestro país a partir de dos mil once.

Para ello, destaca que para la interpretación de los derechos fundamentales como los que aquí se estiman vulnerados, no basta la aplicación del método literal para determinar sus extremos constitucionales, sino que es necesario armonizar sus disposiciones buscando que el resultado de esta actividad interpretativa redunde en una mayor efectividad del bien jurídico que deba resultar protegido, de manera que las restricciones constitucionales queden reducidas a la mínima expresión. Lo anterior, se verifica en los numerales reclamados, razón por la cual no conculcan los derechos de los ciudadanos.

QUINTO.—Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil veinte se tuvo por presentado el escrito presentado por el Poder Legislativo local para que surta los efectos legales correspondientes, no así respecto del ocurso presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en virtud de lo anterior, mediante el mismo proveído se declaró cerrada la instrucción.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos preceptos de las leyes de ingresos de diversos Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, y el principio de legalidad tributaria así como el derecho humano de acceso a la información pública.

SEGUNDO.—Oportunidad. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada.

En congruencia con lo anterior, el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

El análisis armónico de los preceptos constitucional y legal antes precisados permite establecer que tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue que para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.

En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Estado del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el lunes treinta de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el martes treinta y uno siguiente y concluyó el miércoles veintinueve de enero de dos mil veinte.

Luego, si la demanda relativa a la presente acción de inconstitucionalidad se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el último día del plazo, es claro que su interposición resulta oportuna.

TERCERO.—Legitimación. La legitimación del promovente se analiza en primer término por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.

Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, de la ley reglamentaria de la materia,(2) establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

En el caso, el escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia de la comunicación emitida por el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo dos mil diecinueve a dos mil veinticuatro.(3)

Dicha funcionaria ostenta la representación de la Comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(4) y 18 de su reglamento interno;(5) y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(6)

Además, en el caso se plantea la incompatibilidad de diversos preceptos de diversas Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, expedidas por el Poder Legislativo de la misma entidad federativa que establece el cobro por la reproducción de información en copias simples y dispositivos magnéticos solicitados mediante el ejercicio del derecho al acceso a la información, el cobro del derecho de alumbrado público y la posibilidad de establecer gravámenes no previstos en dicha legislación, lo cual estima violatorio del principio de gratuidad que rige el derecho al acceso a la información pública y los principios, tanto de legalidad como de proporcionalidad tributaria. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el referido artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, procede reconocerse la legitimación activa en este asunto.

CUARTO.—Causas de improcedencia. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquéllas que este Alto Tribunal advierta de oficio.

En el caso, el Poder Ejecutivo Estatal argumenta que su participación en el proceso legislativo de las normas impugnadas, se limitó únicamente a su promulgación, en cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, lo cual debe desestimarse acorde con la jurisprudencia P./J. 38/2010 de este Tribunal Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."(7)

Ahora bien, al no existir otro motivo de improcedencia planteado por las partes ni advertirse alguno de oficio por este Tribunal Pleno, se procede a realizar el estudio de fondo.

QUINTO.—Estudio. Previamente, es menester precisar que la materia de estudio de esta acción de inconstitucionalidad se ocupará del análisis de las disposiciones legales establecidas por el Congreso Local, las cuales versan sobre tres tópicos, a saber: 1) el pago de contraprestaciones para obtener la reproducción de información en copias simples y dispositivos magnéticos, así como la digitalización de dicha información, 2) el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, y 3) la posibilidad de establecer gravámenes que no se encuentren previstos en las legislaciones de ingresos respectivas.

Los señalados preceptos relativos a este apartado fueron impugnados por la accionante al considerar que vulneran los derechos a la seguridad jurídica y acceso a la información, así como los principios de legalidad tributaria, proporcionalidad en las contribuciones y gratuidad en el acceso a la información, preceptos fundamentales que se encuentran reconocidos por los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por cuestión de método, se dividirá el estudio en los tres temas antes identificados, en cada uno de los cuales se explicará, primero, el marco constitucional y legal aplicable y, posteriormente, se analizarán los preceptos controvertidos.

Tema I. Disposiciones que establecen derechos para obtener la reproducción de información en copias simples y dispositivos magnéticos, así como la digitalización de dicha información

En su primer concepto de invalidez la accionante afirma que las normas que en este apartado controvierte violan los artículos 6o., apartado A, fracción III, y 31, fracción IV, constitucionales, así como los diversos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues establecen cobros excesivos y desproporcionados por la reproducción de información pública en los medios ahí contenidos, dado que no atienden a los costos de los materiales utilizados.

Explica que tales disposiciones c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30009-9e76d94c/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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