I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. LA IMPOSICIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL DEBER DE PAGAR "DERECHOS" POR ALUMBRADO PÚBLICO CON BASE EN UN PORCENTAJE SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TORNA ESTA CONTRIBUCIÓN MATERIALMENTE EN AQUÉL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, 25 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, Y TABLA DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO PREDIAL, 15 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, 19 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, 23 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, TODOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2020). III. SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO. LAS LEGISLATURAS LOCALES PUEDEN GRAVARLO, REALIZAR COBROS Y RECAUDACIONES PARA SEGUIR PRESTÁNDOLO, SIEMPRE Y CUANDO LO HAGAN COMO UN DERECHO Y NO COMO IMPUESTO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, 25 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, Y TABLA DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO PREDIAL, 15 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, 19 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, 23 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, TODOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2020). IV. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS. ENGLOBAN LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, DESTINO AL GASTO PÚBLICO, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. V. CONTRIBUCIONES. SU CONCEPTO JURÍDICO APLICABLE A TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO LOS DEFINE COMO INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, NORMALMENTE PECUNIARIOS, DESTINADOS AL FINANCIAMIENTO DE GASTOS GENERALES, OBTENIDOS POR ENTES DE IGUAL NATURALEZA Y CUYA OBLIGACIÓN SURGE DE LA LEY QUE GRAVA UN HECHO INDICATIVO DE CAPACIDAD ECONÓMICA. VI. CONTRIBUCIONES. SUS ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DE SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. VII. CONTRIBUCIONES. LA LIBERTAD CONFIGURATIVA QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ATRIBUYE AL LEGISLADOR LOCAL PARA CONFIGURAR SUS CATEGORÍAS NO LO AUTORIZA PARA DESNATURALIZAR AQUÉLLAS. VIII. HECHO IMPONIBLE. DIFERENCIAS DE SU CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CONTRIBUCIONES DENOMINADAS "DERECHOS" Y LOS IMPUESTOS. IX. CONTRIBUCIONES. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA SE RESPETA EN LA MEDIDA QUE EXISTA CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA CUANTIFICACIÓN DE SU MAGNITUD. X. CONTRIBUCIONES. LA EXIGENCIA DE CONGRUENCIA ENTRE EL HECHO IMPONIBLE Y LA BASE IMPONIBLE ES UNA CUESTIÓN DE LÓGICA INTERNA DE AQUÉLLAS, ADEMÁS DE SER UN REQUISITO DE PROPORCIONALIDAD. XI. CONTRIBUCIONES. ANTE EL CONFLICTO ENTRE SU HECHO IMPONIBLE Y SU BASE GRAVABLE PARA DETERMINAR SU VERDADERA NATURALEZA DEBE ATENDERSE A ÉSTA. XII. DERECHOS POR ALUMBRADO PÚBLICO. AL ESTABLECERSE COMO SU BASE GRAVABLE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD SE TRATA DE UN IMPUESTO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, 25 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, Y TABLA DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO PREDIAL, 15 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, 19 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, 23 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, TODOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2020). XIII. ALUMBRADO PÚBLICO. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LOS IMPUESTOS SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 16 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, 25 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, Y TABLA DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO PREDIAL, 15 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, 19 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, 23 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, TODOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2020). XIV. IMPUESTOS ADICIONALES. SU OBJETO IMPONIBLE ES DIFERENTE AL DE LOS IMPUESTOS PRIMARIOS, AUNQUE PUEDE PARTICIPAR DE ALGUNOS ELEMENTOS DE ÉSTE. XV. IMPUESTOS ADICIONALES. LOS QUE TIENEN COMO BASE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA DE PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES A QUE SE ENCUENTRA OBLIGADO EL CONTRIBUYENTE, DESATIENDEN SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Y 24 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, 26, 27, 28, 29 Y 30 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TECATE, Y TABLA DE VALORES CATASTRALES UNITARIOS, BASE DEL IMPUESTO PREDIAL, 9, 10, 11, 12 Y 13 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, 9, 10 Y 11 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, 7 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, TODOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2020). XVI. I
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 107/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 13 DE OCTUBRE DE 2020 PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: HÉCTOR HIDALGO VICTORIA PÉREZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día trece de octubre de dos mil veinte.
VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Normas impugnadas, autoridades emisoras y promulgadoras. Por escrito presentado el treinta de enero de dos mil veinte ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las siguientes normas:
1. Artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 53, numeral 7 y 57, apartado C), inciso b), todos de la Ley de Ingresos del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, para el ejercicio fiscal del 2020.
2. Artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 48, apartado U, inciso a), todos de la Ley de Ingresos del Municipio de Tecate, Baja California, y Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal del 2020.
3. Artículos 15, 22, numeral 8, inciso 2), y 25, inciso a), todos de la Ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal del 2020.
4. Artículos 9o., 10, 11, 12, 13, 19, 25, fracción I, apartados B y C, este último en sus incisos a) y b), así como 49, apartados A y B, todos de la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal del 2020.
5. Artículos 9o., 10, 11 y 23, de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio fiscal del 2020.
6. Artículos 7o. y 8o. de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal del 2020.
Todas las anteriores normas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente; asimismo, señaló como autoridades emisora y promulgadora de las mencionadas normas, respectivamente, al Congreso y el Gobernador, ambos del Estado de Baja California.
SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El promovente estima violados los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., 9o. y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2, 15 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que expresó los argumentos de invalidez que se sintetizan a continuación:
I. Disposiciones que prevén el pago del derecho de alumbrado público.
A juicio de la accionante, determinados preceptos establecen una contribución por la prestación del servicio de alumbrado público, cuyo objeto o hecho imponible lo constituye el consumo de energía eléctrica. Asimismo, advierte que la base imponible establece como magnitud o valor denotativo de la capacidad contributiva, el consumo de energía eléctrica, por lo que en el caso la base gravable se encuentra relacionada con un hecho imponible que responde a una actividad ajena a la actividad municipal, esto es, el consumo de energía eléctrica.
Por otra parte, estima que con independencia de la denominación otorgada por el legislador y toda vez que el hecho imponible real se encuentra en la base, debe concluirse que el tributo en comento pertenece a la categoría de los impuestos.
Así, concluye que las normas relativas a las contribuciones consistentes en la prestación del servicio de alumbrado público resultan inconstitucionales, toda vez que la base de la contribución se conforma de acuerdo al importe de energía eléctrica por parte de los sujetos obligados, lo cual trastoca el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, ya que no se está pagando por la prestación de un servicio público otorgado por el Municipio, sino por el consumo de energía eléctrica, puesto que a mayor consumo de dicha energía la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo.
II. Disposiciones que prevén la obligación de pagar diversos impuestos cuyo objeto grava los pagos que se hayan realizado por concepto de otros impuestos, derechos y trámites municipales, o bien, los montos resultantes del cálculo de otros tributos.
Estima que las contribuciones establecidas no cumplen con los principios de proporcionalidad ni legalidad tributaria, ya que no existe congruencia entre el mecanismo impositivo que prevén los tributos reclamados y la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues el legislador local, al expedir las normas que establecen las cargas impositivas en análisis, gravan los pagos por concepto de impuestos, derechos y trámites de pago municipales y estatales previstos en la legislación tributaria de ese orden jurídico, hechos que de ninguna manera reflejan la capacidad contributiva de los causantes. Máxime, que en ciertos casos, los ordenamientos no prevén todos los elementos necesarios para su debido entero a la hacienda pública.
Los artículos impugnados de las Leyes de Ingresos Municipales de Baja California establecen los siguientes impuestos:
• Impuesto para el fomento deportivo y educacional.
• Impuesto para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura.
• Impuesto para el desarrollo integral de la familia.
• Impuesto para turismo, convenciones y fomento industrial.
• Impuesto para el subsidio a organismos no gubernamentales sin fines de lucro y vinculados a fortalecer la seguridad pública y social.
Por su parte, la Ley de Ingresos del Estado de Baja California establece la tasa por la cual se causará el impuesto adicional para la educación media y superior, cuyos restantes elementos se encuentran previstos en los artículos 152 a 156 de la ley de hacienda de dicha entidad federativa.
En suma, se estima que dichas contribuciones resultan ajenas a la capacidad real contributiva de los contribuyentes, toda vez que los impuestos controvertidos fueron estructurados para gravar de manera global los pagos de contribuciones municipales y estatales que efectúen los causantes, o bien, los montos generados en el cálculo de tales prestaciones públicas, por lo que su hecho imponible se materializa precisamente al momento de cumplir con esa obligación tributaria, por ende, vulneran el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria reconocidos en la Carta Fundamental.
III. Disposiciones que prevén el pago de derechos por "permisos para eventos particulares" y otras autorizaciones para marchas y actividades sociales en vía pública.
Las normas impugnadas transgreden los derechos fundamentales de libertad de reunión, derecho a la privacidad y derecho a la libertad de expresión, pues prevén como requisito previo a la realización de fiestas sociales o familiares, así como para realizar marchas o peregrinaciones, la solicitud de un permiso ante las autoridades municipales, es decir, se requiere la anuencia del Municipio para realizar eventos particulares, incluso en casa habitación, o para llevar a cabo marchas o peregrinaciones por lo cual estima actualizado un mecanismo de censura previa, el cual se encuentra expresamente prohibido por el Texto Constitucional.
A partir de lo anterior, estima que dichas normas establecen un mecanismo de censura previa en tanto se requiere la anuencia del Municipio para realizar eventos particulares incluso en casa habitación, o para llevar a cabo marchas o peregrinaciones. Asimismo, genera que existan manifestaciones prohibidas y permitidas, lo cual redunda en una restricción arbitraria que hace nugatorios derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libre manifestación de ideas.
A su juicio, lo anterior trastoca profundamente la libertad de asociarse ya que el solicitar un permiso a la autoridad correspondiente para que considere si es procedente o no el derecho humano de reunirse lícitamente, implicaría que en el caso de manifestaciones estaría al arbitrio de la autoridad su realización, pues dependerían de la concesión del permiso correspondiente, es decir, de un acto volitivo de la autoridad municipal.
IV. Disposiciones que constituyen cobros excesivos, desproporcionados e injustificados por acceso a la información:
Argumenta que ciertas disposiciones impugnadas transgreden los derechos humanos de acceso a la información, a la seguridad jurídica, así como los principios de gratuidad en el acceso a la información, de legalidad y de proporcionalidad tributaria.
Para demostrar ello, se pone de manifiesto que en las normas impugnadas se fijaron cuotas por la búsqueda y reproducción de información que se entregue en copias simples, las cuales a juicio de esa comisión nacional, no se encuentran justificados en razón del costo real de los materiales empleados para ello.
Lo anterior, toda vez que en las leyes combatidas no se justificó ni se hizo referencia a los elementos que sirvieron de base al legislador para determinar dichas cuotas, esto es, el precio de las hojas de papel, de la tinta para las impresiones y copias, entre otros. Al respecto destaca, que a diferencia de otros servicios prestados por el Estado, cuando se trata del ejercicio del derecho de acceso a la información, debe regir el principio de gratuidad, conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el del envío, en su caso, y el de su certificación. Consecuentemente, cualquier cobro debe justificarse por el legislador, a efecto de demostrar que no está gravando la información.
En el mismo orden de ideas, manifiesta que el legislador no ofreció justificación respecto de establecer esas tarifas con base en elementos objetivos y razonables que atiendan al costo de los materiales en que se reproduce la información solicitada, ya que no responden a la única excepción prevista en nuestro orden constitucional para aplicar un cobro en materia de acceso a la información.
Adicionalmente, la comisión nacional advierte que los preceptos impugnados vulneran el principio de proporcionalidad tributaria que rige a las contribuciones, pues para que la determinación de las cuotas por concepto de derechos de servicios resulte acorde con el principio de proporcionalidad, debe tenerse en cuenta el costo que le cause al Estado la ejecución del servicio en cuestión, asimismo, la cuota que establezca deberá ser fija e igual para todas las personas que reciban servicios de la misma índole.
V. Disposición que establece el impuesto sobre la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos:
El impuesto combatido vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que dicha carga fiscal no se encuentra impuesta sobre alguna forma de manifestación o movimiento de riqueza que incremente el patrimonio de los sujetos pasivos de las referidas contribuciones, o bien, que refleje su capacidad contributiva, sino que el gravamen se aplica a situaciones fácticas y/o jurídicas que por sí mismas no reflejan una potencialidad real para aportar al gasto público.
Lo anterior se desprende del análisis de los elementos esenciales que forman parte del impuesto sobre la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos, ya que el objeto y la base del impuesto referido no atienden a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues la simple extracción de cierto tipo de materiales del suelo y subsuelo en ningún momento implica que exista un acontecimiento o fenómeno económico que refleje que el patrimonio de los causantes se ve incrementado o afectado favorablemente, ni que exista una capacidad para gasto como si se tratara de un impuesto indirecto.
Asimismo, la base gravable y la cuota que se establecen para su configuración tampoco se relacionan ni guardan congruencia con la capacidad económica de los contribuyentes, toda vez que no se aplican ni miden unidades de valor que reflejen un haber patrimonial susceptible de ser gravado, con base en el cual sea posible aportar al gasto público.
Finalmente, es necesario mencionar que la configuración de esta contribución responde realmente a la remediación o compensación ambiental en lugar de atender a la naturaleza de los tributos. Por ende, sin dejar de reconocer la obligación del Estado de garantizar la existencia de un medio ambiente sano, propicio y de calidad para el desarrollo humano y el bienestar de las personas, resulta indispensable que los actos tendientes a alcanzar dichos objetivos se encuentren apegados a las normas constitucionales en su integridad, como lo es el de proporcionalidad tributaria que se considera vulnerado por las cargas impositivas impugnadas.
TERCERO.—Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de seis de febrero de dos mil veinte, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 107/2020 y, por razón de turno, designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.
Por auto de siete de febrero de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió la acción relativa, ordenó dar vista al Órgano Legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.
CUARTO.—Informes de las autoridades. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus informes respectivos, en relación de los cuales debe precisarse lo siguiente:
Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, representado por el secretario de Gobierno, en el que señala:
1. Que el Impuesto Ambiental sobre la Extracción y Aprovechamiento de Materiales Pétreos cumple con la estructura constitucional que se establece en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues si bien el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para cubrir el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que la implementación de un tributo se puede orientar a buscar otro fin de similar naturaleza, ya que dichas contribuciones también pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés de impulsar, lo que dentro del sistema impositivo constitucional se conoce como fines extrafiscales.
Sostiene que el fin extrafiscal que persigue el impuesto, consiste en contar con un marco normativo adecuado que asegure la sustentabilidad en materia ambiental, proponiendo medidas tendientes al mantenimiento y conservación de nuestros ecosistemas, pero sobre todo a evitar el daño ambiental que tales actividades representan. Por tal razón, la imposición del impuesto pretende inhibir la extracción indiscriminada y llevar un control de la actividad relacionada con materiales pétreos, a través de la promoción y aplicación de los instrumentos normativos respectivos, impulsando un esquema de desarrollo sustentable acorde con la Carta Magna. Máxime, que dicho impuesto fue generado bajo la perspectiva "el que contamina paga".
Por otra parte, el Poder Legislativo del Estado de Baja California, representado por presidente y la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, hizo valer en su informe lo siguiente:
1. Que en el caso particular se está ante la expedición de una ley de ingresos en cada Municipio, en la cual se establecen como ingresos de la hacienda pública, el pago de un derecho por el servicio de alumbrado público, aplicando para su cuantificación determinado porcentaje respecto del consumo de energía eléctrica, el cual será determinado y recaudado por la Comisión Federal de Electricidad, esto es, que con base en el consumo de energía eléctrica establecido por la Comisión Federal de Electricidad, será la cantidad que resulte como pago de derechos de alumbrado público (aplicando el porcentaje que establezca la ley al respecto), la cual será incluida en el aviso-recibo que emita la propia Comisión Federal de Electricidad.
Lo anterior es así, ya que de conformidad con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad tiene la facultad de celebrar convenios o contratos con los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios, para la realización de actos relacionados con la prestación del servicio público de energía eléctrica.
En razón de lo expuesto, considera que el Congreso del Estado de Baja California cuenta con competencia constitucional y legal, para aprobar y expedir las normas generales contenidas en las leyes de Ingresos Municipales.
2. No se trastoca el principio de proporcionalidad tributaria, ya que de conformidad con distintas jurisprudencias dicho principio no se vulnera si se crean grupos o categorías para una misma base de causación, toda vez que dentro de la universalidad de los sujetos pasivos seguramente se encontrarán grupos que, encuadrando en el sujeto general, guarden una situación distinta por razones específicas, incluso si se trata de una capacidad contributiva distinta a la que la universalidad de sujetos pasivos tienen, encontrando aquí un ejemplo de congruencia y equilibrio con el principio de proporcionalidad tributaria, sin que mutuamente se excluyan o incluyan para probar un caso de violación del resto de los principios coexistentes en esta materia fiscal, incluyendo el de legalidad y el relativo al destino de las contribuciones.
3. El pago de un derecho para la realización de eventos encuentra su justificación en la limitante referente a la afectación del orden público, puesto que es responsabilidad de los Ayuntamientos mantener el orden público, a través de la atribución que en materia de seguridad pública, le ha sido conferida por nuestra Constitución Federal, en este sentido, la exigencia de obtener un permiso u autorización para la celebración de eventos sociales de carácter privado, no debe ser justificación para considerar que se vulnera en perjuicio de las personas un ámbito de su libertad de expresión, sino por el contrario se garantiza a quienes realicen dichos eventos lo hagan bajo el orden y legalidad exigido por los Municipios del Estado a fin de salvaguardar la tranquilidad social.
4. Que el cobro de derechos en materia de transparencia y acceso la información no vulnera el artículo 6o. constitucional, pues como se advierte de la regulación federal, el acceso a la información pública en poder de los sujetos obligados debe ser garantizado bajo parámetros de gratuidad en el acceso a la misma, sin embargo, esto no significa que los sujetos obligados no puedan establecer cobros tratándose de la expedición de copias simples de la información solicitada. Además, de conformidad con la legislación local el acceso a la información de forma física resulta gratuito para las personas.
5. Por último, en cuanto al impuesto ambiental, se limita a reiterar los argumentos sintetizados en el numeral 2, tendientes a demostrar que dicha contribución respeta el principio de proporcionalidad tributaria.
QUINTO.—Cierre de Instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veinte se declaró cerrada la instrucción.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos preceptos de las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Baja California, así como la Ley de Ingresos de la misma entidad, todas para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, y los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria, así como el derecho humano de acceso a la información pública y la libertad de reunión.
SEGUNDO.—Oportunidad. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada.
En congruencia con lo anterior, el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
El análisis armónico de los preceptos constitucional y legal antes precisados, permite establecer que tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue que para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.
En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el martes treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el miércoles uno de enero siguiente y concluyó el jueves treinta de enero de dos mil veinte.
Luego, si la demanda relativa a la presente acción de inconstitucionalidad se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el último día del plazo, es claro que su interposición resulta oportuna.
TERCERO.—Legitimación. La legitimación de la promovente se analiza en primer término por ser requisito indispensable para el ejercicio de la acción.
De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.
Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, de la ley reglamentaria de la materia,(2) establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
En el caso, el escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia de la comunicación emitida por el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo dos mil diecinueve a dos mil veinticuatro.(3)
Dicha funcionaria ostenta la representación de la Comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(4) y 18 de su Reglamento Interno;(5) y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(6)
Además, en el caso se plantea la incompatibilidad de diversos preceptos de distintas Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, expedidas por el Poder Legislativo de la misma entidad federativa, las cuales establecen el cobro por la reproducción de información en copias simples solicitada mediante el ejercicio del derecho al acceso a la información, el cobro del derecho de alumbrado público y la posibilidad de establecer gravámenes no previstos en dicha legislación, lo cual estima violatorio del principio de gratuidad que rige el derecho al acceso a la información pública y los principios tanto de legalidad como de proporcionalidad tributaria. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el referido artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, procede reconocerse la legitimación activa en este asunto.
CUARTO.—Causas de improcedencia. Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia y como este órgano colegiado tampoco advierte de oficio la actualización de alguna, corresponde resolver el fondo del asunto.
QUINTO.—Estudio. Previamente, es menester precisar que la materia de estudio de esta acción de inconstitucionalidad se ocupará del análisis de las disposiciones legales establecidas por el Congreso Local, las cuales versan sobre tres tópicos, a saber: 1) pago del derecho de alumbrado público; 2) impuestos que gravan los pagos que se hayan realizado por concepto de otros impuestos, derechos y trámites municipales, o bien, los montos resultantes del cálculo de otros tributos; 3) derechos por "permisos para eventos particulares", así como autorizaciones para marchas y actividades sociales en vía pública; 4) disposiciones que constituyen cobros excesivos, desproporcionados e injustificados por acceso a la información y 5) impuesto por la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos.
Los señalados preceptos fueron impugnados por la accionante al considerar que vulneran los derechos a la seguridad jurídica y acceso a la información, así como los principios de legalidad tributaria, proporcionalidad en las contribuciones, gratuidad en el acceso a la información y la libertad de reunión, preceptos fundamentales que se encuentran reconocidos por los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por cuestión de método, se dividirá el estudio en los cinco temas antes identificados, en cada uno de los cuales se explicará, primero, el marco constitucional y legal aplicable y, posteriormente, se analizarán los preceptos controvertidos.
TEMA I. Disposiciones que establecen el cobro de derechos de alumbrado público.
La comisión accionante afirma, en esencia, que diversos artículos violan la garantía de seguridad jurídica y los principios de justicia tributaria, en la medida en que si bien establecen un derecho por la prestación del servicio de alumbrado público, lo que en realidad regulan es un impuesto, porque toman como base el consumo de energía eléctrica de los usuarios.
Explica que la base que regulan los aludidos preceptos se relaciona con un hecho imponible que no corresponde a una actividad del Estado por concepto del servicio de alumbrado público, sino a un hecho, acto, situación o actividad que revela capacidad contributiva y, por ende, que es ajeno a la naturaleza de la contribución denominada derecho.
Dice que si bien el artículo 115 constitucional prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio de alumbrado público, tal circunstancia no lo faculta o habilita para cobrar contribuciones por el consumo de energía eléctrica, de modo que aquel precepto debe interpretarse de manera sistemática con el diverso 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), constitucional, a fin de concluir que lo que realmente se está regulando es un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica.
Agrega que como los preceptos impugnados en realidad regulan un impuesto, es claro que se viola la garantía de seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad tributaria, pues el legislador local no está constitucionalmente habilitado para establecer contribuciones por el consumo de energía eléctrica y se pretende cobrar como derecho un tributo que en realidad tiene una naturaleza jurídica diferente, tal como dice, lo ha resuelto este Tribunal Pleno en los precedentes que invoca.
Al resolver, entre otras, la acción de inconstitucionalidad 18/2018, en sesión de cuatro de diciembre del dos mil dieciocho, este Tribunal Pleno estableció que conforme a los artículos 73, fracción XXIX, numeral 5, inciso a), y 115, fracciones III, inciso b), y IV, inciso c), de la Constitución Federal, corresponde al Congreso de la Unión establecer contribuciones especiales sobre energía eléctrica, mientras que los Municipios tienen a su cargo, entre otros servicios, el de alumbrado público.
Asimismo, que los Municipios tienen derecho a recibir, entre otros, los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo y, en caso de que se utilice la figura contributiva denominada "derechos" para el financiamiento del servicio público, conforme al principio de reserva de ley en materia tributaria, es facultad de las Legislaturas aprobar las leyes de ingresos municipales.
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Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30015-ea3503e4/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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