I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE PODER (ARTÍCULO 11, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN REPRESENTACIÓN DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA PUEDE REPRESENTAR EN ÉSTA AL PODER EJECUTIVO DE ESE ESTADO (ARTÍCULOS 52, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y 26, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA). V. CONTRIBUCIONES. LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CONCURREN EN SUS FACULTADES, EN EL RESPECTIVO ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PARA SU ESTABLECIMIENTO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN VII, Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EXCEPCIÓN DE LAS EXCLUSIVAS DE LA FEDERACIÓN. VI. CONTRIBUCIONES ESPECIALES SOBRE GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. EL CONGRESO DE LA UNIÓN ES EL ÚNICO ÓRGANO COMPETENTE PARA IMPONERLAS, SIN QUE DICHA SITUACIÓN SE TRADUZCA EN UNA VULNERACIÓN A LA SOBERANÍA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES, NI EN UNA INVASIÓN A SUS COMPETENCIAS EN MATERIA IMPOSITIVA. VII. CONTRIBUCIONES. FACULTADES PROHIBIDAS PARA LOS ESTADOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 117 Y 118 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VIII. IMPUESTO AMBIENTAL POR LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. DEL ANÁLISIS DE SUS ELEMENTOS SE ADVIERTE QUE LA CONDUCTA QUE DA LUGAR A LA CONTRIBUCIÓN ES LA VENTA FINAL AL CONSUMIDOR DE GASOLINA, DIÉSEL, GAS NATURAL Y GAS LP (INVALIDEZ, CON EFECTOS GENERALES DE LOS ARTÍCULOS 133, 134, 135, 136, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 Y 136-7 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE EL DECRETO No. 62, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE). IX. IMPUESTO AMBIENTAL POR LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. DEL ANÁLISIS DE SUS ELEMENTOS SE ADVIERTE QUE EL TRIBUTO NO RECAE SOBRE LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES, SINO QUE SE TRATA DE UNA CONTRIBUCIÓN LOCAL A LA VENTA DE GASOLINA, DIÉSEL, GAS NATURAL Y GAS LP, POR LO QUE INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN EN LA MATERIA (INVALIDEZ, CON EFECTOS GENERALES, DE LOS ARTÍCULOS DEL 133 AL 136-5 Y 136-7 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE EL DECRETO No. 62, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE). X. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE VENTA DE GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, PUNTO 5o., INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN DE NATURALEZA FEDERAL DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. XI. CONTRIBUCIONES. LA FACULTAD DE LA FEDERACIÓN PARA LEGISLAR EN DETERMINADA MATERIA NO CONLLEVA UNA POTESTAD TRIBUTARIA EXCLUSIVA PARA ESTABLECER AQUÉLLAS SOBRE CUALQUIER CUESTIÓN PROPIA DE LA MATERIA QUE SE REGULA. XII. IMPUESTO AMBIENTAL POR LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA REGULACIÓN DE LA ENAJENACIÓN DE GASOLINA, DIÉSEL, GAS NATURAL Y GAS LP, EN ESE ESTADO, ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN, TANTO EN EL ÁMBITO SUSTANTIVO GENÉRICO PARA LEGISLAR EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, COMO EN EL TRIBUTARIO PARA ESTABLECER CONTRIBUCIONES SOBRE EL APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN –ENTRE OTROS RECURSOS NATURALES– DEL PETRÓLEO Y TODOS LOS HIDROCARBUROS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASEOSOS (INVALIDEZ, CON EFECTOS GENERALES, DE LOS ARTÍCULOS DEL 133 AL 136-5 Y 136-7 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE EL DECRETO No. 62, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE). XIII. IMPUESTO AMBIENTAL POR LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. GRAVAR LA VENTA AL CONSUMIDOR FINAL DE GASOLINA, DIÉSEL, GAS LP Y GAS NATURAL, INVADE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN, A TRAVÉS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA ESTABLECER CONTRIBUCIONES SOBRE ESTOS PRODUCTOS, ACORDE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 119/2020. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 14 DE MARZO DE 2024. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Promovente: Poder Ejecutivo Federal.
Normas impugnadas: Artículos 133, 134, 135, 136, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, contenidos en el Decreto número 62, publicado en el Periódico Oficial de la referida entidad el treinta de abril de dos mil veinte, los cuales regulan el denominado "Impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera."
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 119/2020, promovida por el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en contra de los artículos 133, 134, 135, 136, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, publicados en el Periódico Oficial de dicha entidad el treinta de abril de dos mil veinte.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda, autoridad demandada y norma impugnada. Por escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional, en representación del Presidente de la República, en contra de las autoridades y por las normas generales que a continuación se indican:
"II. ENTIDAD FEDERATIVA DEMANDADA
"El Estado de Baja California, por conducto de:
"• El Poder Ejecutivo de la entidad ...
"• El Congreso Estatal ...
"..."
"IV. NORMAS GENERALES CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA
"El Decreto número 62, mediante el cual se reforma el Título Segundo, Capítulo IX, artículos 133, 134, 135 y 136 y se adicionan los artículos 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7, y se reforma el Capítulo XIX, artículo 156-9, capítulo XXII, artículo 156-48, de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, publicado en Periódico Oficial del Estado el treinta de abril de dos mil veinte.
"Específicamente por lo que hace al Capítulo IX, conformado por los artículos 133, 134, 135, 136, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7, relativos al impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera, incluyendo los efectos y consecuencias jurídicas que deriven de su aplicación."
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El Poder Ejecutivo Federal estimó vulnerados los artículos 27, párrafos cuarto y sexto; 73, fracciones X y XXIX, numerales 2o. y 5o., inciso c), y XXIX-G; 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Conceptos de invalidez. Para sustentar la invalidez de los preceptos controvertidos el promovente expresó los siguientes argumentos:
• Primero. Los artículos, 134, 135, 136, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, resultan contrarios a los artículos 27, párrafos cuarto y sexto; 73, fracciones X y XXIX, numerales 2o. y 5o., inciso c); 124 y 133 de la Constitución Federal.
• De conformidad con los artículos 27 y 73, fracciones X y XXIX, numeral 5, inciso c), de la Constitución Federal le corresponde a la nación el dominio del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, de tal suerte que son facultades exclusivas del Congreso de la Unión legislar en materia de hidrocarburos y establecer contribuciones especiales sobre la gasolina y otros productos derivados del petróleo. Ello implica que cualquier aspecto que se encuentre relacionado con dichos productos, tales como su enajenación, comercialización, rubro ambiental o de consumo, solo puede ser objeto de legislación por parte del Congreso de la Unión.
• El Decreto 62 impugnado invade esas atribuciones, en primer lugar, porque en el Capítulo IX de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California se crea una contribución especial respecto al expendio de bienes o productos que generen emisiones a la atmósfera, específicamente gasolina, diésel, gas natural y gas LP, lo cual se encuentra fuera del ámbito competencial de la entidad federativa. De ahí que deba declararse la invalidez de todo el capítulo referido.
• Aun cuando a esta contribución se le pretende otorgar un enfoque ambiental, lo cierto es que el impuesto no se genera por la emisión de gases contaminantes de las instalaciones o fuentes fijas, sino por la enajenación de gasolina, diésel, gas natural y gas LP. Esto queda de manifiesto en la medida en que el objeto del impuesto se limita únicamente a los combustibles (gasolina, diésel, gas natural y gas LP) y no sobre todo bien, producto, elemento o actividad que genere emisiones de gases a la atmósfera. No recae en sujetos que emiten gases contaminantes sino en las personas físicas, morales y unidades económicas del Estado o fuera de él, cuyas fuentes fijas o instalación expendan al consumidor los combustibles referidos.
• Así, si lo que se pretendía era preservar el medio ambiente, la imposición del gravamen debió recaer sobre las actividades contaminantes que causen la emisión de sustancias a la atmósfera derivadas del uso de tales bienes y productos, o bien los procesos productivos que se desarrollen en la entidad y que afecten su territorio, pero no sobre el expendio de dichos productos.
• En el caso no se cumplen los puntos que ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar un impuesto como "ecológico" y si bien, en términos de la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución y de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente existe concurrencia en dicha materia, ello no implica que las Entidades Federativas puedan regular en materia de hidrocarburos o legislar sobre tributos especiales sobre gasolina y demás productos derivados del petróleo.
• Refiere que en términos de los artículos 5 y 111 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, corresponde a la Federación la regulación de la contaminación atmosférica proveniente de fuentes fijas o móviles de jurisdicción federal, siendo una de las primeras las industrias del petróleo y petroquímica.
• De una interpretación de los artículos 27, párrafos cuarto y sexto, y 73, fracciones X y XVI, se desprende que tratándose de hidrocarburos y sus derivados, sólo compete al Congreso de la Unión establecer la legislación relativa, ya sea referente a la producción, comercialización, industria, explotación, aspectos ambientales y protección al ambiente, financiera, de organización, entre otras.
• Como cualquier aspecto relacionado con las medidas para prevenir y combatir la contaminación en temas de hidrocarburos y sus derivados sólo puede ser objeto de regulación por parte del Congreso de la Unión, es improcedente que el Estado de Baja California pretenda justificar la implementación de un impuesto bajo el argumento de una tutela al medio ambiente, cuando los bienes o productos objeto del impuesto no abarcan cualquier "emisión contaminante a la atmosfera" sino solo la venta particular de gasolina, diésel, gas natural y gas LP.
• Aunado a ello, lo cierto es que específicamente se prevé en la fracción XXIX, numeral 5o. inciso c) del citado artículo 73, que la imposición de contribuciones en la materia está reservada al Congreso de la Unión.
• El Estado de Baja California pretende sustentar la creación del "impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmosfera", desde un enfoque extrafiscal y ambiental, aludiendo específicamente a la contaminación atmosférica y argumentando una concurrencia legislativa para crear contribuciones en materia ambiental. No obstante, dicha contribución no tiene por objeto gravar las emisiones a la atmósfera por el desarrollo de actividades o uso de gasolina, diésel, gas natural y gas LP; sino que grava la venta al consumidor final de tales bienes o productos, tal y como se desprende del artículo 134 de la Ley impugnada.
• Así, el objeto de este impuesto no tiene índole ambiental ni garantiza que lo recaudado sea para combatir el daño generado a la salud o al ambiente por las emisiones de los bienes o productos a la atmosfera, en tanto ello no está claramente asignado, pues al señalar que su destino será "preferentemente" consignado a la promoción y desarrollo de programas en favor del medio ambiente, genera arbitrariedad y vislumbra su finalidad meramente recaudatoria.
• Segundo. El establecimiento del impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmosfera transgrede el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, en relación con el diverso 73, fracciones X y XXIX, numeral 5o. inciso c), del mismo ordenamiento.
• Esto porque de conformidad con el principio de legalidad aplicado al acto legislativo, es necesario que el Congreso que expide la ley actúe dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente les confiere (fundamentación) y que las leyes que emitan se refieran a relaciones sociales que reclamen ser jurídicamente reguladas (motivación).
• En consecuencia, en el presente caso se vulnera dicho principio porque no existe en la Constitución Política del Estado de Baja California una facultad en favor del Congreso local o cualquier otro poder de ese Estado para regular la materia de hidrocarburo, ni para gravar la venta de gasolina, diésel, gas natural y gas LP; materias reservadas al Congreso de la Unión.
• Tercero. Los numerales de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California que prevén el "impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmosfera", transgreden el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal, así como los diversos 7, 21 y 22 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 30 fracción III, de la Ley General de Cambio Climático; pues el establecimiento de dicho impuesto atiende a fines recaudatorios y no al cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
• De estos últimos preceptos se puede advertir que los impuestos que las entidades federativas establezcan como medida extrafiscal para la prevención y control de la contaminación atmosférica, así como los recursos que a través de ellos se obtengan, deben destinarse obligada y necesariamente a la protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la prevención y control de la contaminación atmosférica.
• Sin embargo, en el artículo 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California se deja al arbitrio o discrecionalidad de la entidad federativa y sus municipios el destinar los recursos obtenidos del impuesto, a la promoción y desarrollo de programas ambientales. Ello si se toma en cuenta que la frase "de manera preferente" ahí contenida, evidencia la discrecionalidad que tienen las autoridades al respecto.
• Tal situación también evidencia una vulneración al principio de legalidad, conforme al cual, el destino del recurso no puede quedar al arbitrio de la autoridad puesto que las normas constitucionales y legales aludidas refieren que el destino debe ser específicamente la protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, que comprende la prevención y control de la contaminación atmosférica.
• Así, el establecimiento del tributo en los términos pretendidos no solo invade una competencia exclusiva del Congreso sobre la materia, sino que además contradicen la regulación ambiental toda vez que estos impuestos conllevan fines exclusivamente recaudatorios, lo cual está prohibido.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte, el entonces Ministro Presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 119/2020 y lo turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que instruyera el procedimiento.
5. El treinta y uno de agosto siguiente, la Ministra instructora dictó un proveído en el que admitió a trámite la controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California, emplazándolos para que produjeran su contestación, otorgó la calidad de terceros interesados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que antes del cierre de instrucción manifestara lo que a su representación correspondiera.
6. Manifestaciones de la Cámara de Senadores. Por escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Senado de la República, por conducto del Presidente de su Mesa Directiva, realizó las siguientes manifestaciones.
"Primero. Tal como lo sostiene el Poder Ejecutivo Federal, con el decreto impugnado que prevé la creación de una contribución especial sobre gasolina, diésel, gas natural y gas LP, se trastoca el ámbito de competencias que el artículo 73, fracciones X y XXIX, punto 5, confiere al Congreso de la Unión para legislar en materia de hidrocarburos y establecer contribuciones especiales sobre gasolina y otros derivados del petróleo, pues de conformidad con dichos numerales cualquier aspecto que se encuentre relacionado con dichos productos tales como su enajenación, comercialización, rubro ambiental o de consumo, sólo puede ser objeto de legislación por parte del Congreso de la Unión.
"Aun cuando el Estado de Baja California pretende otorgar a dicha contribución un enfoque ambiental por la ‘emisión de gases contaminantes’, lo cierto es que el impuesto de referencia no se genera por la emisión de gases contaminantes de las instalaciones o fuentes fijas, sino por la enajenación de derivados del petróleo, tal como se aprecia de los trabajos legislativos y del propio artículo 136 de la Ley de Hacienda local. Ello porque el gravamen no recae sobre actividades contaminantes, sino sobre el expendio de los mismos.
"Aunque de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal y el diverso 1o., fracción VIII, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, existe concurrencia en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, ello no implica que las entidades federativas puedan regular en materia de hidrocarburos o prever exención alguna en relación a los tributos especiales sobre gasolina y demás productos derivados del petróleo, lo cual corresponde únicamente al Congreso de la Unión.
"Aunado a ello, el objeto del impuesto no es de índole ambiental ni se garantiza que su destino sea para combatir el daño generado a la salud o al ambiente por las emisiones de los bienes o productos a la atmosfera; por el contrario, al señalarse que su destino será ‘preferentemente’ consignado a la promoción y desarrollo de programas en favor del medio ambiente, evidencia que sus fines son únicamente recaudatorios.
"Segundo. Se comparte la afirmación del Ejecutivo Federal relativa a que el impuesto controvertido transgrede el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, en relación con el diverso 73, fracciones X y XXIX, numeral 5o., inciso c), del mismo ordenamiento, pues el Estado de Baja California no tiene atribuciones para establecer contribuciones especiales sobre gasolina y otros productos derivados del petróleo; por el contrario, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en toda la República sobre hidrocarburos, así como establecer contribuciones especiales sobre gasolina y otros productos derivados del petróleo.
"Tercero. Los preceptos impugnados también transgreden los artículos 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal; 7, 21 y 22 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático pues tal como lo aduce el Ejecutivo Federal, el establecimiento de un impuesto en materia ambiental debe tener como objeto y fin la protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico.
"En cambio, el impuesto ahí previsto únicamente persigue fines recaudatorios y no constituye una medida extrafiscal para la prevención y control de la contaminación atmosférica. Tan es así que, según se advierte del artículo 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, quedará al arbitrio de las autoridades estatales y municipales destinar los recursos derivados de la recaudación a la promoción y desarrollo de programas en favor del medio ambiente, lo cual además implica una vulneración al principio de legalidad, conforme al cual, el destino de los recursos no puede quedar al arbitrio dichas autoridades."
7. Manifestaciones de la Cámara de Diputados. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto de la Presidenta de su Mesa Directiva, expresó lo siguiente:
"Primero. Los artículos 133, 134, 135, 136, 136-1, 136-2, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6 y 136-7 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, transgreden la atribución de la Federación de legislar en materia de hidrocarburos, así como la de imponer contribuciones especiales sobre gasolina y otros productos derivados del petróleo, según lo dispone el artículo 73, fracciones X y XXIX, de la Constitución Federal.
"Además, el denominado ‘impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmosfera’, no tiene por objeto regular una previsión relativa al medio ambiente, sino que impacta directamente sobre los ingresos por operaciones de venta de gasolina, los derivados del petróleo y del gas LP, dado que se trata de una contribución especial sobre el expendio de bienes o productos que generen emisiones a la atmósfera.
"Segundo. Los referidos artículos también son contrarios a los principios de seguridad jurídica y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues el Estado de Baja California carece de facultades para legislar en materia de hidrocarburos, e imponer contribuciones relativas a los mismos, siendo que estos rubros están reservados constitucionalmente al Congreso de la Unión. Por tanto debe declararse su invalidez."
8. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Correos de México y recibido en este Alto Tribunal el diez de noviembre siguiente, el Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, en representación del Ejecutivo local, dio contestación a la demanda, refiriendo lo siguiente:
"Primero. El impuesto ambiental por emisión de gases a la atmosfera no invade las facultades del Congreso de la Unión, previstas en los artículos 27, párrafos cuarto y sexto; 73, fracciones X y XXIX, numeral 2o. y 5o. inciso c); 124; y, 133 de la Constitución Federal.
"Al respecto, el Alto Tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto a que la facultad con la que cuenta el Congreso de la Unión para legislar en determinadas materiales no conlleva una potestad tributaria exclusiva de la Federación para establecer contribuciones sobre cualquier cuestión propia de la materia regulada, pues el propio texto constitucional distingue y separa en dos apartados, aspectos distintos de la materia competencial del Congreso de la Unión: el general (consistente en la labor legislativa en determinada materia o sector) y el específico (relativo a la imposición de contribuciones).
"En el caso concreto, la parte actora cuestiona que el impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera invade la competencia prevista en favor del Congreso de la Unión en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal para legislar sobre hidrocarburos. Sin embargo, lo cierto es que tal atribución no implica la potestad exclusiva para establecer contribuciones sobre cualquier cuestión o hecho relacionado a dicha materia. En cambio, las entidades federativas puedan ejercer sus atribuciones tributarias sobre cuestiones que puedan llegar a relacionarse con la materia regulada por la norma federal. "Así, el hecho de que la contribución estatal establezca un impuesto cuyo objeto consiste en la emisión a la atmósfera de sustancias o gases generados por la utilización de productos contaminantes, tales como la Gasolina, Diésel, Gas Natural y Gas LP, no repercute en alguna de las actividades de la industria de hidrocarburos, tampoco compromete su realización, ni regula alguna cuestión propia de los hidrocarburos. En consecuencia, no se invade la competencia federal para legislar en materia de hidrocarburos.
"Debe recordarse que al resolver la controversia constitucional 56/2017, el Pleno del Alto Tribunal determinó que si bien constitucionalmente se estableció la facultad exclusiva de la Federación para legislar sobre minería, tal circunstancia no es suficiente para considerar que además le corresponda en exclusiva establecer las contribuciones que se lleguen a relacionar con dicha materia.
"Por otra parte, el impuesto que se combate no es una contribución especial sobre gasolina y productos petrolíferos, por lo que no se atenta contra la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar sobre dicha cuestión prevista en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso c), de la Constitución Federal.
"Ello porque contrario a lo que sostiene la promovente, el objeto del impuesto no es la enajenación de gasolina, diésel, gas natural y gas LP, sino la emisión a la atmósfera de determinadas sustancias generadas por la utilización de productos contaminantes (bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoro-carbonos, perfluoro-carbonos y hexafluoruro de azufre).
"Al respecto se recuerda que al resolver la controversia constitucional 56/2017, el Alto Tribunal reconoció la validez de las disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas que regulaban el impuesto local por la emisión a la atmósfera de determinadas sustancias contaminantes.
"Finalmente, es de destacar que el impuesto no se actualiza por la simple enajenación de hidrocarburos, ya que es el uso o consumo de dichos productos lo que provoca la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera. En este orden de ideas, debe entenderse que la emisión de gases a la atmosfera se encuentra estrechamente relacionada con la calidad del aire como bien jurídico tutelado. En tal virtud, el recurso natural comprometido con esta actividad específica no es el espacio situado sobre el territorio nacional, sino específicamente el aire, el cual funge como un mero receptor de las sustancias contaminantes.
"Por ello, el establecimiento del impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera, en modo alguno invade la facultad federal para establecer contribuciones especiales sobre gasolina y otros productos derivados del petróleo.
"Segundo. Contrario a lo sustentado por el promovente, las disposiciones impugnadas se emitieron en apego a los principios de legalidad y seguridad jurídica, en tanto su creación siguió el procedimiento legislativo respectivo y regulan una materia que es competencia del Estado de Baja California, considerándose además que dichas disposiciones tienen como finalidad la protección al medio ambiente, lo cual encuentra asidero en el artículo 4o., en relación con el diverso 124, de la Constitución Federal.
"Tercero. Los preceptos impugnados tampoco transgreden los artículos 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal, 7, 21 y 22 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático.
"De conformidad con la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución General, el Estado Mexicano debe tomar todas las medidas positivas tendientes a proteger el derecho humano al medio ambiente contra los actos de agentes no estatales que lo pongan en peligro.
"Ello se logra no solo mediante una legislación ambiental adecuada y aplicada de manera efectiva, sino también ofreciendo protección contra posibles actuaciones nocivas de agentes privados, y es bajo ese contexto que tanto al legislador federal como local (al ser una materia concurrente la protección al ambiente de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal) le compete definir los mecanismos legales para dicha protección.
"En ese sentido, el tributo considerado inconstitucional en realidad es acorde con el propósito descrito y por ende, debe considerarse válido al apegarse a los artículos 4o., 31, fracción IV y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal."
9. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Baja California. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correos de México el treinta de noviembre de dos mil veinte y recibido en este Alto Tribunal el veintidós de diciembre siguiente, el Presidente y la Secretaria de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California dieron contestación a la demanda en representación del Poder Legislativo local, en la que expresaron lo siguiente:
"• Se actualizan las siguientes causales de improcedencia: a) extemporaneidad, en términos del artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de la materia, pues la demanda no se presentó dentro de los treinta días posteriores a la fecha de publicación del Decreto impugnado; b) falta de legitimación del promovente, pues para que el Consejero Jurídico cuente con la representación que ostenta, es necesario que así lo acuerde el Ejecutivo Federal en turno en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aspecto que no quedó acreditado, pues el Consejero Jurídico presentó un acuerdo emitido el nueve de enero de dos mil uno por el entonces Presidente de la República; y, c) en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el diverso 105, fracción I, de la Constitución Federal, para la procedencia de la controversia constitucional era necesario que existiera una invasión de esferas competenciales entre la Federación y una Entidad Federativa, lo cual no acontece.
"• Respecto a los conceptos de invalidez, atendiendo a las jurisprudencias 2a./J. 54/2020 (10a.), de rubro: ‘IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. SU DISEÑO DE CÁLCULO INCLUYE UN DEBER PÚBLICO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, QUE LOS DISTINGUE DE OTRAS CONTRIBUCIONES CON FINES AMBIENTALES EXTRAFISCALES’ y 2a./J. 51/2020 (10a.), de rubro: ‘IMPUESTOS ECOLÓGICOS O COSTO EFICIENTES. SU ORIGEN.’, el impuesto por la emisión de gases a la atmósfera es de los denominados ‘impuestos ecológicos’, pues se trata de la imposición de una contribución por la emisión de sustancias que son nocivas para el medio ambiente y su aplicación no es meramente recaudatoria (como lo sostiene el promovente), sino que persigue la protección al ambiente, en términos del artículo 4 de la Constitución General, destino que se encuentra garantizado a través del articulo 136-7 de la Ley cuestionada, donde se señala que lo recaudado deberá ser preferentemente para la promoción y desarrollo de programas en favor del medio ambiente.
"• El hecho que se señale de manera general el destino de lo recaudado no implica que se haga de manera vaga, ya que en el tema de los recursos públicos, los municipios gozan del principio de libre hacienda, por lo que establecer la manera y forma en que estos deberán ejercer el recurso sería violentar dicho principio. Ello no impide que en el caso existan directrices suficientes para cumplir con el propósito del impuesto: que se desarrollen medidas en favor del medio ambiente.
"• El Congreso del Estado de Baja California cuenta con atribuciones para establecer el impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera, de conformidad con lo previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal, que establece la facultad del Congreso de la Unión para emitir leyes que establezcan la concurrencia en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico, los diversos 21 y 22 de la Ley General de Equilibrio Ecológico que prevén los denominados instrumentos económicos, y el numeral 30, fracción III, de la Ley General de Cambio Climático.
"• En consecuencia, al existir concurrencia en la materia ambiental desde la Constitución, la legislatura local no tiene una restricción específica para la creación de impuestos ecológicos. Además, debe tomarse en cuenta que la facultad federal para legislar en determinada materia no conlleva una potestad tributaria exclusiva para establecer contribuciones sobre cualquier cuestión propia de dicha materia.
"• Contrario a lo afirmado por el accionante, no existe alguna incidencia en las facultades de la Federación previstas en el artículo 27 constitucional, pues el impuesto controvertido se refiere a la materia ambiental y no repercute en ningún sentido ni se pretende establecer dominio sobre los productos del petróleo, como tampoco se refiere a la explotación, uso o aprovechamiento de ese recurso.
"• Tampoco se invaden las facultades del Congreso de la Unión previstas en las fracciones X y XXIX, punto 5o. inciso c) del artículo 73 constitucional porque con el establecimiento del impuesto en análisis, no se trastoca la naturaleza del bien señalado como recurso natural (hidrocarburos) ni se legisla sobre éste en específico, sino sobre las emisiones o sustancias que emite a la atmosfera, lo cual encuadra en el bien jurídico tutelado del derecho a un medio ambiente s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32713-8d14980c/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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