Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IMPROCEDENCIA DEL DESISTIMIENTO CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES (LEY DE HACIENDA Y LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, AMBAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POR LO REGULAR SÓLO PROCEDE CONTRA NORMAS GENERALES FORMALMENTE LEGISLATIVAS (LEY DE HACIENDA Y LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, AMBAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE CONTRA ACTOS FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVOS (ARTÍCULOS 1o., 26 Y 27 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE CONTRA LA NORMA QUE VINCULA AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, A INFORMAR AL CONGRESO DEL ESTADO TRIMESTRALMENTE SOBRE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN RELACIÓN CON LOS MONTOS ESTIMADOS EN ESA MISMA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA (ARTÍCULO 1o., DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE CONTRA LA NORMA QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA CONTRATAR FINANCIAMIENTO CON LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, PARA DESTINARLO A INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS Y A LA CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE RESERVA, ASÍ COMO PARA REALIZAR DIVERSAS OPERACIONES Y ACTOS RELACIONADOS (ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE CONTRA LA NORMA QUE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, PARA CONTRATAR FINANCIAMIENTO CON LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, PARA DESTINARLO AL REFINANCIAMIENTO Y/O LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE LARGO PLAZO A CARGO DEL ESTADO Y A LA CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE RESERVA, ASÍ COMO PARA REALIZAR DIVERSAS OPERACIONES Y ACTOS RELACIONADOS (ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULOS 7o. A 25, ASÍ COMO EL 28 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, DEBE ANALIZARSE EL RÉGIMEN TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA. XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, Y SE CONVALIDA SU VOTACIÓN EN TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. FORMALIDADES Y ESTÁNDARES PARA VERIFICAR SU VALIDEZ (PROCESO LEGISLATIVO QUE REFORMÓ Y DEROGÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, ASÍ COMO DE LA LEY DE HACIENDA, AMBAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. FASES QUE LO COMPONEN. XV. PROCESO LEGISLATIVO PARA LA EMISIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. EL HECHO DE QUE EL EJECUTIVO LOCAL CON POSTERIORIDAD A LA INICIATIVA ORIGINALMENTE PRESENTADA HAYA ENVIADO EN ALCANCE AÑADIR OTROS INGRESOS POR CONCEPTO DE DEUDA PÚBLICA NO AFECTA SU VALIDEZ (INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 315 EN LA TRIGÉSIMA SECCIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019). XVI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA LA EMISIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. LA INICIATIVA RESPECTIVA, ASÍ COMO EL ALCANCE REMITIDO POR EL EJECUTIVO LOCAL INCLUYEN EL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA (INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 315 EN LA TRIGÉSIMA SECCIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019). XVII. PROCEDIMIENTO LEGISLA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2020 Y SU ACUMULADA 100/2020. · Registro digital (IUS): 30016
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-06
Promovente: DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEPTUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo II, Pág. 2675.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2020 Y SU ACUMULADA 100/2020. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEPTUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE DICIEMBRE DE 2020. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO.

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual de ocho de diciembre de dos mil veinte, emite la siguiente:

Sentencia

Correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 99/2020 y su acumulada 100/2020, promovidas, respectivamente, por diversos diputados integrantes de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, así como de la Ley de Hacienda, ambas del Estado de Michoacán.

I. Antecedentes

1. El treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, los Decretos 314 y 315, en los que, respectivamente, se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo y se expidió la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 de esa misma entidad federativa.

2. El treinta de enero de dos mil veinte, diversos diputados integrantes de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo promovieron acción de inconstitucionalidad, mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

3. En la demanda fueron señaladas como autoridades demandadas, normas generales impugnadas y concepto de invalidez, los que enseguida se precisan:

ÓRGANOS LEGISLATIVO Y EJECUTIVO QUE EMITIERON Y PROMULGARON LAS NORMAS IMPUGNADAS:

•Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

•Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

NORMAS GENERALES CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA:

•Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2020, publicada mediante Decreto Número 315 en la Trigésima Sección del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

En específico, se impugnan los artículos 1o., 26, 27 y 28 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2020.

De igual forma, este Pleno observa que en la primera página de la demanda se indicaron en forma destacada como normas impugnadas los artículos 7o. a 25 de esa misma legislación.

•Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, reformada mediante Decreto Número 314, publicado en la Trigésima Primera Sección del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

En particular, se impugnan los artículos 32 a 39 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, los cuales regulan el impuesto ecológico por remediación ambiental en la extracción de materiales.

4. La minoría parlamentaria actora, señala en su primer concepto de invalidez que los artículos 1o., en la porción normativa que establece que los ingresos que recibirá el Gobierno del Estado de Michoacán por concepto de financiamiento serán de $4,090´000,000.00 (cuatro mil noventa millones de pesos 00/100 M.N.), así como el diverso 26 que prevé la autorización del Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración para contratar financiamiento hasta por esa misma cantidad, ambos de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2020, son inconstitucionales.

5. Lo anterior es así, a decir de los actores, porque no se respetaron las formalidades del proceso legislativo para la creación de normas, pues dichos preceptos, al tratarse de la autorización de financiamiento, debieron ser aprobados por las dos terceras partes de los diputados presentes, de conformidad con los artículos 7o. de la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán y 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y no por una mayoría simple como en realidad se hizo.

6. Al respecto, indican que el Ejecutivo del Estado presentó, de forma extemporánea, una segunda iniciativa de Ley de Ingresos que le denominaron "alcance", en la que incluyó un apartado relativo a la solicitud para contratar financiamiento, por lo que algunos diputados propusieron en la sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Michoacán, de treinta de diciembre de dos mil diecinueve, que dichos temas debían ser analizados y votados por separado, pues para la aprobación de la Ley de Ingresos se exige una votación distinta a la aprobación para autorizar la contratación de deuda pública.

7. En ese sentido, los diputados promoventes consideran que el tema de la solicitud de autorización para contratar deuda pública debió presentarse a través de una iniciativa distinta y no estar incluida en la iniciativa de la Ley de Ingresos, máxime que se tenía que realizar un análisis previo de la capacidad de pago del Estado de Michoacán, del destino del financiamiento y, en su caso, del otorgamiento de recursos como fuente o garantía de pago.

8. No obstante, indican que se hizo caso omiso de lo anterior y se sometió a votación nominal en lo general el dictamen de decreto que contenía la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2020, el cual obtuvo veintiocho votos a favor, siete en contra y ninguna abstención, por lo que se aprobó el dictamen en lo general.

9. Asimismo, señalan que diez diputados tuvieron como reservados los artículos 1o. y 26 de la Ley de Ingresos que contenía el dictamen que se discutió; de ahí que, si diecisiete diputados de treinta y cinco presentes no aprobaron dichos preceptos, se debió concluir que los mismos no alcanzaron la votación requerida para su validez.

10. Sin embargo, los promoventes exponen que la votación del dictamen en lo general fue ratificada y se sometió a votación en lo particular el artículo 1o. de Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2020, el cual obtuvo dieciocho votos a favor, catorce en contra y ninguna abstención; de ahí que para alcanzar las dos terceras partes requeridas para su aprobación se necesitaban veintidós votos a favor.

11. De igual forma, indican que el artículo 26 del ordenamiento referido se sometió a votación nominal y obtuvo dieciocho votos a favor, dieciséis en contra y ninguna abstención; por lo que tampoco alcanzó la votación requerida de las dos terceras partes de los diputados presentes, pues para ello debió ser aprobado por veintitrés votos a favor.

12. Así, los diputados promoventes señalan que, a pesar de lo anterior, la presidencia de la Mesa Directiva determinó que dichos artículos habían sido aprobados en lo particular conforme al dictamen, soslayando que para toda solicitud de autorización que realicen los entes públicos para contratar financiamiento o deuda debe ser aprobada, sin excepción, por las dos terceras partes de los diputados presentes, con base en fundamentos constitucionales y legales.

13. Al respecto, argumentan que el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Federal establece que las Legislaturas Locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deben autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar empréstitos.

14. A su vez, que el artículo 44, fracción XII, de la Constitución de Michoacán prevé la facultad del Congreso de dicha entidad federativa para establecer las bases para que el gobernador y los Ayuntamientos contraten deuda pública, por lo que el artículo 7o. de la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán, así como el diverso 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, prevén que el Congreso aludido debe autorizar los montos máximos para la contratación de financiamiento por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

15. Es por ello que, con independencia de la legislación en donde se pretenda incluir la autorización de contratar deuda pública, la misma debe aprobarse por la mayoría calificada exigida. Asimismo, indican que lo anterior adquiere mayor relevancia porque el artículo 37 de la Constitución de Michoacán, prevé que la aprobación de las iniciativas de ley o decreto deben hacerse por mayoría absoluta del número de diputados presentes, o por las dos terceras partes cuando así lo exija dicho ordenamiento.

16. En ese sentido, señalan que el legislador local estableció que, en ciertas leyes, por su importancia o trascendencia, se debía lograr el consenso de una amplia mayoría parlamentaria con el propósito de incluir la voluntad de los partidos políticos minoritarios y permitir la gobernabilidad multilateral.

17. Por tanto, los diputados promoventes afirman que la aprobación de los artículos 1o. y 26 de la Ley de Ingresos impugnada, sin haber alcanzado la mayoría de las dos terceras partes de los diputados presentes, vulnera el debido proceso y el principio de legalidad, en la vertiente de fundamentación y motivación, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que no se cumplió con esa formalidad para aprobar la autorización de contratar deuda o financiamiento.

18. Además, consideran que esa transgresión no debe ser convalidada por el hecho de que los preceptos impugnados se aprobaron por una mayoría o porque se le permitió a la minoría parlamentaria exponer las razones por las que votaría en contra, ya que implicaría desconocer las reglas de votación que prevén la Ley Fundamental y las leyes locales.

19. En el segundo concepto de invalidez, se argumenta que los artículos 1o., 26 y 27 de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2020 son inconstitucionales, ya que durante el proceso legislativo que dio origen a dicha ley, se cometieron violaciones graves a la Constitución Federal, a la Constitución del Estado de Michoacán y a diversas leyes locales y federales.

20. Ello, a decir de los promoventes, pues el gobernador de Michoacán envió al Congreso de dicha entidad federativa la iniciativa de Ley de Ingresos el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, fecha límite que señala la Constitución Local para presentarla y, posteriormente, el veintiséis de diciembre del mismo año, envió una diversa iniciativa a la que le llamó "alcance", en la que incluyó la solicitud para que se le autorizara contratar financiamiento y que el Congreso le dio trámite a pesar de que había sido presentada de forma extemporánea.

21. Al respecto, indican que se trata de una nueva iniciativa porque no fue un oficio que aclarara, precisara o propusiera un cambio menor, toda vez que incluyó la solicitud de contratación de deuda; además de que los fundamentos citados y el formato en que se presentó el "alcance", correspondieron a los de una iniciativa.

22. De esta forma, señalan que si en la primera iniciativa de la Ley de Ingresos presentada en tiempo no se incluyó la solicitud de autorización para contratar deuda para proyectos productivos, ni para refinanciar o reestructurar la deuda pública del Estado de Michoacán, al hacerlo en la segunda iniciativa, se transgredió la fracción VII del artículo 60 de la Constitución de dicha entidad federativa, pues se presentó treinta y seis días después de lo permitido y a cuatro días de que venciera el plazo del Congreso para aprobarla.

23. Asimismo, afirman que, si bien no existe una consecuencia legal por presentar dos iniciativas de Ley de Ingresos dentro del plazo previsto, al haberse presentado una segunda iniciativa de forma extemporánea, ésta debió haberse desechado. Además de que, si la Constitución Local prevé una fecha límite para presentarla, de manera implícita establece una prohibición para hacerlo posteriormente, toda vez que los servidores públicos sólo tienen permitido hacer lo que la ley les permite; máxime que dicho límite se estableció para que los legisladores tuvieran tiempo de analizar el contenido de la Ley de Ingresos.

24. En ese sentido, exponen que el artículo 234 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, define a la iniciativa de ley o decreto como el acto mediante el cual se propone crear, adicionar, modificar, derogar o abrogar un ordenamiento jurídico; mientras que el artículo 235 de la misma ley establece que las iniciativas deben ser dirigidas al presidente del Congreso, debidamente fundadas, tener una exposición de motivos y la propuesta del articulado respectivo, además de presentarse por escrito con firma autógrafa del promovente y estar acompañada de una versión digital.

25. Por tanto, aducen que el término "alcance" que se menciona en la segunda iniciativa es intrascendente, pues va dirigida al presidente del Congreso, contiene una exposición de motivos, propone un articulado, la firma del gobernador y se acompaña una versión digital; de ahí que la aprobación del dictamen de iniciativa de Ley de Ingresos es inconstitucional, pues se analizó la segunda iniciativa, misma que, al ser extemporánea, no debió tomarse en cuenta, particularmente, en lo relativo a la solicitud de endeudamiento.

26. Además, reiteran que el gobernador de Michoacán debió solicitar la autorización de financiamiento a través de una iniciativa por separado, atendiendo a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Michoacán y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las cuales establecen los requisitos, el procedimiento y el porcentaje de votación requerida para aprobar la autorización de financiamiento, la cual es distinta a la que se requiere para aprobar la Ley de Ingresos.

27. Por otra parte, los diputados promoventes argumentan que el mismo día en que se turnó la iniciativa de Ley de Ingresos a las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, sus integrantes fueron citados de manera informal a una reunión de trabajo para analizar y dictaminar dicha ley, sin que se hubiere presentado algún proyecto de dictamen, por lo que no es posible afirmar que las comisiones lo aprobaron válidamente, ya que dicho dictamen no existió.

28. Al respecto, señalan que existen diversas disposiciones legales que prevén la obligación de presentar un proyecto de dictamen en las reuniones de trabajo de las comisiones para que los diputados integrantes tengan la oportunidad de analizarlo, discutirlo y, en su caso, aprobarlo o no.(1)

29. Asimismo, aducen que el hecho de convocar a una reunión de trabajo en el mismo día en el que se recibieron las iniciativas, provocó una urgencia para aprobarlas, soslayando que respecto a la Ley de Ingresos no se presentó algún proyecto de dictamen y, en consecuencia, tampoco se aprobó ninguno, ya que únicamente se expusieron las diferencias entre la primera y segunda iniciativa (consistentes en que la segunda se trataba de un "alcance" de la primera). De ahí que lo que se aprobó fue la iniciativa turnada ese mismo día y no un dictamen.

30. Además, indican que, del acta de sesión de la reunión de trabajo se sigue que ni siquiera se analizó la iniciativa de Ley de Ingresos, pues sólo se expuso un resumen de la segunda iniciativa en la parte relativa a la solicitud de deuda pública para después considerar que la iniciativa estaba suficientemente discutida, someterla a votación y, una vez aprobada por mayoría simple, instruir la elaboración del dictamen correspondiente.

31. En ese sentido, afirman que existe una violación al procedimiento que trasciende a la ley reclamada, pues como no hubo un proyecto de dictamen aprobado válidamente en comisiones, el que se presentó y se aprobó en el Pleno del Congreso carece de validez, aun teniendo la firma de la mayoría de los integrantes de las comisiones.

32. Por último, los promoventes argumentan que no se permitió a los legisladores realizar un análisis responsable de la segunda iniciativa de Ley de Ingresos por cuanto hace a la procedencia o no de la solicitud de financiamiento para contratar deuda y refinanciar créditos de largo plazo, ni realizar un debate parlamentario tanto en las comisiones como en el Pleno del Congreso.

33. Al respecto, señalan que para que el Congreso Local esté en condiciones de aprobar la solicitud de autorización para contratar deuda pública y para refinanciar y/o reestructurar créditos a largo plazo, requiere de tiempo suficiente para analizar el contenido y alcance de la iniciativa y sus anexos, así como de la capacidad de pago del Estado de Michoacán, del destino del financiamiento y del otorgamiento de recursos como fuente o garantía de pago, entre otros aspectos que prevén la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán, la Ley de Disciplina Financiera y la Constitución Política de dicho Estado.

34. No obstante, indican que ese análisis jamás se realizó en la sesión de las comisiones, pues la reunión de trabajo para analizar, entre otras, la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Michoacán se llevó a cabo el mismo día en que el Pleno del Congreso la turnó; por lo que algunas horas resultan insuficientes para analizar su contenido y alcance.

35. Aunado a lo anterior, los promoventes aducen dos transgresiones graves que afectaron la validez constitucional de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2020; la primera consistente en que no se permitió a legisladores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional presentar ni leer una moción suspensiva, y otra aclarativa que tenían el propósito de proponer al Pleno del Congreso de Michoacán que antes de discutir y votar dicha ley, se separara el tema de la deuda pública, por lo que se privó la posibilidad de debatir si era correcto o no el procedimiento de aprobación.

36. La segunda vulneración al procedimiento que aluden, es que se dispensó la segunda lectura del dictamen que contenía la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2020, sin que dicha decisión estuviera debidamente fundada y motivada.

37. En ese sentido, afirman que si bien los artículos 33, fracción XXI y 38 de la Constitución de Michoacán, así como el 246 de la Ley Orgánica del Congreso de Michoacán que fueron citados al someter a consideración la dispensa de la segunda lectura referida, sí corresponden a esa decisión legislativa, lo cierto es que su aplicación fue incorrecta porque dichos preceptos prevén que sólo se podrá dispensar la segunda lectura de un dictamen cuando se exponga o califique la urgencia notoria y se apruebe por acuerdo expreso de las dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno del Congreso.

38. Sin embargo, a decir de los promoventes, dichos requisitos no se cumplieron, pues en ningún momento se expusieron las causas de urgencia notoria, sino que sólo se sometió a votación omitir la segunda lectura con el argumento de que así se había solicitado y aprobado en el orden del día. Además, la dispensa fue aprobada por mayoría simple y no por las dos terceras partes de los diputados presentes; de ahí que se debió dar la segunda lectura en una sesión distinta, en términos del artículo 246 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Michoacán.

39. Asimismo, indican que, de conformidad con el artículo 266 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Michoacán, la dispensa debió ser por votación nominal al tratarse de un dictamen con proyecto de ley, por lo que, al haberse hecho de forma económica, se actualizó otra violación al procedimiento legislativo.

40. Para reforzar lo anterior, invocan las jurisprudencias «P./J. 36/2009 y P./J. 37/2009», de rubros: "DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE." y "DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. SU FALTA DE MOTIVACIÓN NO SE CONVALIDA POR LA VOTACIÓN DE LA MAYORÍA O UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA.", que derivaron de la acción de inconstitucionalidad 107/2008 y sus acumuladas 108/2008 y 109/2008.

41. Por tanto, los promoventes consideran que las violaciones al procedimiento legislativo referidas impactan directamente en la validez constitucional de los artículos impugnados, las cuales no pueden ser convalidadas por el solo hecho de que el dictamen respectivo fue aprobado por una mayoría parlamentaria.

42. En el tercer concepto de invalidez se argumenta que en la aprobación del dictamen que contenía la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2020, hubo transgresiones al debido proceso legislativo, así como a los derechos de legalidad, exacta aplicación de la ley, seguridad jurídica y de democracia deliberativa.

43. Al respecto, los diputados promoventes aducen que la iniciativa referida en ningún momento considera al "Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán", ni señala la justificación para no tomarlo en cuenta, aun cuando existe obligación para ello, de conformidad con los artículos 11 y 13 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, los cuales prevén que la Ley de Ingresos de dicha entidad federativa debe sustentarse en el Plan de Desarrollo aludido.

44. Asimismo, señalan que se vulneran los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley, ya que la iniciativa de la Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán, el "alcance" presentados por el gobernador de dicha entidad federativa, así como el dictamen aprobado por el Congreso del mismo Estado, no reflejan los ingresos generados por instancias desconcentradas y descentralizadas, los cuales deben ser proporcionados por la Secretaría de Finanzas de Michoacán.

45. De igual forma, indican que en la reunión de las Comisiones Unidas de veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve, no se agotó el procedimiento del artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, consistente en hacer la lectura del proyecto de dictamen de la Ley de Ingresos, por lo que los integrantes de las comisiones no tuvieron conocimiento certero de lo que estaban por discutir y aprobar, máxime que la discusión no se llevó a cabo con el tiempo suficiente ni con la exhaustividad requerida.

46. También, exponen que conforme al artículo 58 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, es posible invitar a personas o representantes de organismos públicos, privados, sociales y académicos a las reuniones de Comisión, mediante acuerdo previo, para que participen en la discusión de los asuntos. No obstante, sin acuerdo previo, el día de la reunión de trabajo algunos diputados integrantes de las Comisiones Unidas tuvieron una reunión privada con funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo del Estado de Michoacán, por lo que se transgredió el artículo referido, así como el principio de división de poderes.

47. Igualmente, aducen que como no se agotó la etapa de discusión y votación del dictamen que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2020, se transgredieron los artículos 66 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán y el 18 del Reglamento de Comisiones y Comités del Congreso del Estado de Michoacán, los cuales establecen que las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros presentes.

48. Además, señalan que el dictamen aludido es ilegal porque no cumple con varios requisitos establecidos por la doctrina parlamentaria, tales como indicar los antecedentes del asunto, el número de dictamen, la descripción del análisis, el soporte con información y citas provenientes de fuentes fidedignas, así como las conclusiones y el impacto de la ley a aprobar.

49. Por otra parte, argumentan que en las exposiciones de motivos de la segunda iniciativa de Ley de Ingresos y de la iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda, ambas del Estado de Michoacán, no existe justificación sólida sobre la implementación de los impuestos ecológicos, ya que no se acompaña un estudio pleno sobre la recaudación de esos tributos que ayude a concluir un monto estimado a recaudarse en un periodo determinado, lo cual impacta en el cálculo de percepción anual y en el destino final del ingreso recaudado.(2)

50. Lo anterior es así, a decir de los promoventes, ya que la estimación de los impuestos ecológicos no cumple con el formato aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, pues no se establecen las cuotas, tarifas y tasas de dichos impuestos, ni se establecen criterios generales de política económica que permitan lograr y evaluar el desempeño de los objetivos planteados, con lo cual se vulnera el principio de certeza jurídica.

51. Asimismo, aducen que los artículos 32 a 39 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán, relativos al impuesto ecológico por remediación ambiental en la extracción de materiales, contravienen lo previsto por el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Federal y no cumplen con una debida fundamentación y motivación.

52. Al respecto, señalan que dicho precepto constitucional no prevé la creación de impuestos como medida de responsabilidad ambiental y, si bien es válido emitir mecanismos normativos de carácter fiscal para tal efecto, los mismos deben consistir en estímulos fiscales y no en cargas impositivas. Sin embargo, la Ley de Hacienda para el Estado de Michoacán tiene como objeto establecer contribuciones y diversos conceptos de ingreso que, en su conjunto, se incorporen al patrimonio de dicha entidad federativa; es decir, sus fines son exclusivamente recaudatorios, lo cual es inconstitucional.

53. Por ello, indican que el objetivo y la finalidad de los impuestos ecológicos aludidos también contravienen el artículo 22 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el cual establece que, en ningún caso, los instrumentos económicos para combatir problemas ambientales se establecerán con fines recaudatorios.

54. En ese sentido, los promoventes exponen que las responsabilidades ambientales de carácter económico tienen un fin extrafiscal, pues su objeto fundamental no es recaudar, sino desincentivar actividades que representen un daño ecológico. No obstante, la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán no contempla medidas de remediación, ya que los artículos impugnados de dicho ordenamiento se refieren a fines meramente recaudatorios.

55. De igual forma, indican que al aprobar la reforma a dicho ordenamiento legal y crear los impuestos ecológicos, se vulneró el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal, porque el Congreso de la Unión es el único órgano facultado para establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales, lo que conlleva una invasión de competencia y jurisdicción del ámbito federal.

56. Asimismo, argumentan que en la exposición de motivos de la Ley de Hacienda aludida se pretendió justificar la creación de impuestos ecológicos bajo el principio de "quien contamina, paga", lo cual incentiva y legitima la contaminación a escala industrial, permitiendo la degradación ambiental irreversible a cambio del pago de impuestos, en perjuicio del interés social y del fin de toda responsabilidad ambiental, por lo que se vulneran derechos humanos sin atender medidas efectivas para abatir el problema que representa el deterioro del medio ambiente.

57. También, aducen que los artículos de la ley en cuestión, relativos a los impuestos ambientales, vulneran el derecho a la seguridad jurídica y al mínimo vital, ya que el procedimiento para aplicar las tarifas aplicables no está fundado ni motivado; además de que la autoridad que impone las cargas tributarias carece de sustento constitucional para realizarlo, pues no existe una relación entre el hecho y la base impositiva, por lo que, en realidad, no se está cobrando un derecho sino un impuesto. De ahí que, igualmente, se vulneran los derechos a la conservación del medio ambiente, al acceso a la justicia, al orden constitucional y se transgrede la autonomía de los Municipios.

58. Por último, los diputados promoventes señalan que, en caso de ser fundada la acción de inconstitucionalidad, la declaración de invalidez debe hacerse extensiva al Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2020, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 53/2010, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INVALIDEZ INDIRECTA DE LAS NORMAS."

59. A su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por conducto de su presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

60. En la demanda fueron señaladas como autoridades demandadas, normas generales impugnadas y conceptos de invalidez, los siguientes:

ÓRGANOS LEGISLATIVO Y EJECUTIVO QUE EMITIERON Y PROMULGARON LAS NORMAS IMPUGNADAS:

•Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

•Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA:

•Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, reformada mediante Decreto Número 314, publicado en la Trigésima Primera Sección del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.

En particular, se reclama la invalidez de los artículos 34 a 39 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, los cuales regulan el impuesto ecológico por remediación ambiental en la extracción de materiales.

61. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala en su demanda que, si bien no todas las normas impugnada

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30016-b900f7d7/i-accion-de-inconstitucionalidad-los-diputados-que-conformen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.