Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE QUIENES INTEGRAN LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LOS PRECEPTOS TRANSITORIOS IMPUGNADOS, DERIVADO DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO QUE ESTABLECÍAN (ARTÍCULO TRANSITORIO SEGUNDO DEL DECRETO NO. 65-776, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 88 Y 89 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (DECRETO NO. 65-776, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 88 Y 89 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO NO. 65-776, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 88 Y 89 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE LA INICIATIVA SE TURNARA A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, LA CUAL ES INCOMPETENTE PARA DESPLEGAR TAREAS DE DICTAMEN LEGISLATIVO, ACTUALIZA UNA IRREGULARIDAD EN DICHO PROCEDIMIENTO QUE NO TIENE POTENCIAL INVALIDANTE (DECRETO NO. 65-776, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 88 Y 89 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE SE CONVOCARA A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO CON MENOS DE VEINTICUATRO HORAS DE ANTICIPACIÓN Y MEDIA HORA ANTES DE QUE INICIARA EL HORARIO LABORAL DEL CONGRESO LOCAL NO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE SE VOTARA EL DICTAMEN FAVORABLE A PARTIR DE LA PROPUESTA DE UNA DIPUTACIÓN DE MODIFICAR UN ARTÍCULO TRANSITORIO NO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE NO SE HUBIERA IMPLEMENTADO UN MECANISMO DE PARLAMENTO ABIERTO NO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE EL DICTAMEN SE HAYA EMITIDO EL MISMO DÍA EN QUE SE CELEBRÓ LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO, QUE SE HAYA DISTRIBUIDO POR WHATSAPP Y QUE SE DISPENSARA LA LECTURA ÍNTEGRA DE LOS DICTÁMENES PROGRAMADOS, NO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE LAS DIPUTACIONES QUE SE MANIFESTARON POR ABSTENERSE A VOTAR SE COMPUTARAN COMO PARTE DE LA MAYORÍA NO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO, DADO QUE SE FUNDAMENTA EN LA NORMATIVA LEGAL RESPECTIVA. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE EL GOBERNADOR DEL ESTADO Y EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO NO SE UBICARAN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA LA PROMULGACIÓN Y EL REFRENDO MINISTERIAL DEL DECRETO RECLAMADO, RESPECTIVAMENTE, NO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO (DECRETO NO. 65-776, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 88 Y 89 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. AUDITORÍA SUPERIOR LOCAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA NORMA LOCAL, CONFORME A LA CUAL SE PRECISAN LOS PLAZOS RELATIVOS AL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA TITULAR, NO VULNERA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEXTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). XIII. AUDITORÍA SUPERIOR LOCAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA NORMA LOCAL, CONFORME A LA CUAL SE PREVÉ LA DESIGNACIÓN DE UNA PERSONA AUDITORA INTERINA, EN LO QUE SE REÚNEN LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CONGRESO ESTATAL PARA NOMBRAR A LA TITULAR, VULNERA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 232/2023. · Registro digital (IUS): 33698
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-10-10
Promovente: DIPUTACIONES INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Octubre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.32.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 232/2023. DIPUTACIONES INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 12 DE MAYO DE 2025. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y AUGUSTO ARTURO COLÍN AGUADO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El seis de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el Decreto No. 65-776, mediante el cual se reforman los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la entidad. En esencia, la modificación consistió en adecuar y precisar el procedimiento para la renovación de la Titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, ya sea por la conclusión del periodo de la designación o por cualquier otra situación que genere la vacancia antes de tiempo.

Un grupo de diputaciones del Congreso local promueven esta acción de inconstitucionalidad en contra del mencionado decreto, reclamando que se actualizaron diversas irregularidades en el procedimiento legislativo que justifican su invalidación.

Por otra parte, sostienen que la regulación contraviene diversos principios constitucionales, por las razones siguientes: i) la previsión de la figura de un Auditor interino, que puede ser designado por la Junta de Gobierno, implica que se eluda la exigencia constitucional de que la persona titular de la entidad de fiscalización sea electa por el Pleno del Congreso estatal, con el voto de las dos terceras partes de las diputaciones presentes (mayoría calificada); ii) se desconocen las garantías de autonomía técnica y de gestión de la Auditoría Superior del estado, debido a que el sistema para cubrir las ausencias de su titular ya se contemplaba en su Reglamento Interior, y iii) las disposiciones transitorias violan los derechos del titular de la Auditoría que asumió el encargo en dos mil diecisiete, pues se trata de una reforma retroactiva en su perjuicio, pues tenía el derecho adquirido para seguir desempeñándolo por un año más a su designación original y la posibilidad de ser reelecto por un periodo adicional, a partir de la evaluación de su desempeño.

Los planteamientos de las diputaciones accionantes se estudian en la presente con base en la estructura que se expone a continuación:

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 232/2023 promovida por un grupo de diputaciones integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, en contra del Decreto No. 65-776, mediante el cual se reformaron los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas.(1) Los promoventes alegan, por una parte, que se actualizaron irregularidades en el procedimiento legislativo que conllevan la invalidez del decreto en su integridad; y, por otra, que el contenido de la reforma es violatorio de diversas normas constitucionales.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Publicación del Decreto controvertido. El seis de diciembre de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el Decreto No. 65-776, mediante el cual se realizaron las modificaciones a la Ley de Fiscalización local que se exponen a continuación:

Ver modificaciones

2. Promoción de la acción de inconstitucionalidad y conceptos de invalidez. Un grupo de diputaciones integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto previamente identificado, cuya demanda se depositó en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés.

3. La parte promovente argumenta que el decreto contraviene los artículos 1º, 6º, 13, 14, 16, 17, 20, 35, fracción VI, 41, 49, 52, 74, fracciones VI y VIII, 79, 94, 116 y 133 de la Constitución Política del país; 2, 7, 8, 25, 28 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 2, 9, 14, 17 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El reclamo se sustenta en los conceptos de invalidez que se sintetizan enseguida:

a) En el apartado de "ANTECEDENTES", los promoventes destacan los siguientes aspectos relativos al desarrollo del procedimiento legislativo que dio origen al decreto controvertido:

• La iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización local se presentó el cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, y se turnó indebidamente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

• Se convocó a la reunión de dicha Comisión con menos de veinticuatro horas de anticipación, para realizarse a las ocho horas con treinta minutos de la mañana del cinco de diciembre (es decir, media hora antes del horario laboral del Congreso). En la reunión, la Diputada Casandra de los Santos Flores realizó una propuesta de modificación a la iniciativa, respecto al artículo segundo transitorio, la cual se aprobó por cuatro votos a favor y una abstención. Sin embargo, se dio por terminada la sesión sin haberse votado el dictamen.

• En el marco de la dictaminación, no se solicitó la opinión de la sociedad civil organizada, colegios de contadores públicos, instituciones académicas, organizaciones empresariales, ni se consultó aspecto alguno sobre la reforma al Órgano Técnico de Fiscalización del Estado; ni a algún integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, su Secretario Ejecutivo o al Comité de Participación Ciudadana.

• El supuesto dictamen no fue dado a conocer a los integrantes del Pleno, ni publicado en la página oficial del Congreso local para difundirlo a la ciudadanía.

• El propio cinco de diciembre, la Junta de Gobierno aprobó añadir, al orden del día de la sesión del Pleno que tendría lugar media hora después, cuatro dictámenes, de entre ellos el correspondiente a las reformas a la Ley de Fiscalización local. Se acordó comunicar dicho acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva, para su informe al Pleno.

• Una vez iniciada la sesión del Pleno del cinco de diciembre, se informó por la Presidencia de la Mesa Directiva la modificación al orden del día derivada del acuerdo de la Junta de Gobierno, para incluir los cuatro dictámenes aludidos. El nuevo orden del día no fue sometido al acuerdo de la Mesa Directiva, ni a la votación del Pleno. Únicamente, al momento del aviso, se distribuyeron los dictámenes vía WhatsApp a los legisladores asistentes, quedando a su conocimiento en ese momento.

• En el apartado de dictámenes, aproximadamente una hora después de iniciada la sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva abrió a discusión el supuesto dictamen sobre las reformas a la Ley de Fiscalización local. Fue presentado por el Diputado Eliphaleth Gómez Lozano, mientras que los diputados Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde y Luis René Cantú Galván se posicionaron en contra. El Diputado Covarrubias Villaverde solicitó la reserva del artículo 89.

• Se sometió a votación el dictamen en lo general, el cual fue aprobado por mayoría de veinte votos. En tanto, el artículo reservado también fue aprobado por veinte votos a favor, diez en contra y una abstención. Sin fundamento legal, la Presidencia de la Mesa Directiva declaró que las personas que habiendo asistido decidieron no votar se sumaban a la mayoría,(2) con base en el artículo 115, numeral 4, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Dicho artículo resulta inconstitucional y, por ende, se debe inaplicar por este Tribunal Pleno.

• El Poder Ejecutivo local recibió el Decreto No. 65-776 en su residencia oficial a las dieciocho horas con veintinueve minutos del cinco de diciembre. Aparentemente, el decreto fue promulgado y mandado a publicar ese mismo día. El decreto fue publicado en el Periódico Oficial el seis de diciembre de dos mil veintitrés, pero de diversos boletines de prensa oficiales se demuestra que el Doctor Américo Villarreal Anaya se encontraba en la Ciudad de México los días cinco y seis de diciembre. Por tanto, resulta imposible que hubiera promulgado y ordenado la publicación del Decreto en cuestión, como supuestamente hace constar el Periódico Oficial.

b) Primero. Es inconstitucional que se otorgue a la Junta de Gobierno del Congreso local, como mero órgano de concertación política, la facultad de nombrar al Auditor Superior del estado, así sea supuestamente con el carácter de interino. Dicha facultad está constitucionalmente reservada al Pleno del Congreso local, por una mayoría calificada de dos terceras partes de personas legisladoras presentes. La entidad federativa no goza de libertad de configuración normativa sobre ese aspecto.

El interinato es un cargo equivalente al del titular de la Auditoría Superior del Estado, por lo que se está ante un fraude legislativo que pretende eludir el cumplimiento de una disposición constitucional expresa, ante la nula voluntad de construir consensos con las fuerzas opositoras para lograr la mayoría calificada. Se violenta el principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución, pues las autoridades solo pueden realizar lo que les está permitido.

La exigencia de mayoría calificada prevista en el artículo 116 constitucional, pretende salvaguardar los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad con que las auditorías superiores de los estados deben ejercer su función de fiscalización, como garante de la transparencia y la rendición de cuentas.

Como la reforma les excluye como minoría parlamentaria de los procesos de emisión de nombramientos de un cargo con garantías institucionales de carácter constitucional, conlleva discriminación con base en las convicciones políticas opositoras, lo que se trata de una categoría sospechosa que requiere de un análisis de escrutinio estricto.

c) Segundo. La reforma es inconstitucional porque no dispone ninguna norma para regular el perfil del Auditor interino, a pesar de que sus funciones se encuentran reservadas a un perfil con una regulación constitucional determinada; a saber, que tengan cinco años de experiencia en control, auditoría financiera y de responsabilidades. Sería violatorio de la Constitución la elección de perfiles con plena libertad, de acuerdo al mero arbitrio, como si se tratara de una facultad soberana y discrecional del Congreso.

Los órganos de fiscalización superior juegan un papel fundamental en el combate a la corrupción, por lo que se conculca el derecho humano de las víctimas de los delitos de hechos de corrupción, de la sociedad y el interés público. La reforma no colma los requisitos de fundamentación y motivación, por lo que debe declararse su inconstitucionalidad.

d) Tercero. La creación e integración de la Junta de Gobierno fue irregular, por lo que el decreto impugnado es ilegal de origen. Ello derivado de los vicios del Decreto No. 65-519, a través del cual se reformó la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, para establecer a la Junta de Gobierno. Entre otros aspectos, dicha reforma no se aprobó por la mayoría calificada que establece la propia Ley. Ese decreto fue impugnado por la misma minoría legislativa en la acción de inconstitucionalidad 177/2023.

Por otra parte, como se manifestó en los antecedentes, viola el principio de legalidad el hecho de que el dictamen se hubiese emitido fuera del tiempo máximo permitido por la Ley sobre la Organización del Congreso local. Resulta evidente que se cometieron vicios en el proceso legislativo que tienen un efecto invalidante del decreto impugnado, pues se violan de manera grave los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Asimismo, como se acredita en la descripción de los antecedentes y con las pruebas aportadas, resulta imposible que el Gobernador haya ejercido su personalísima capacidad de participar en el proceso legislativo mediante el uso de su potestad de promulgación, ni por parte del Secretario General de Gobierno. Ninguno de los dos se encontraba en Ciudad Victoria el día en que se recibió y supuestamente se publicó el decreto en la residencia oficial del Ejecutivo local. El decreto impugnado propiamente no es un decreto, pues realmente no fue promulgado por el titular del Ejecutivo.

e) Tercero.(3) El decreto resulta en una reforma retroactiva y privativa, porque está construida para limitar los derechos del actual titular de la Auditoría Superior del estado (Jorge Espino Ascanio). Se trata de normas expresamente prohibidas por los artículos 13 y 14 de la Constitución.

Al disponer la disposición transitoria de la reforma impugnada su vigencia inmediata y durante el periodo de encargo del actual Auditor, quien tiene facultades para disponer sobre su organización interna, se trata de una ley expresamente creada para mermar sus facultades de manera retroactiva y para su remoción del encargo. Se traduce en una intromisión indebida al pleno ejercicio del derecho al ejercicio de un cargo público.

El actual titular de la Auditoría Superior del estado asumió su encargo por un periodo de siete años en el dos mil diecisiete, y posteriormente le fue prorrogado por un año. Por lo que se generó en su favor un derecho humano adquirido para desempeñar dicho encargo sin interrupción, por un año adicional. Además tenía el derecho a ser reelecto por un periodo adicional, fruto de la evaluación de su desempeño.

f) Cuarto. La reforma viola la autonomía constitucional establecida en favor del órgano superior de fiscalización, al infringir su facultad para proveer sobre su normatividad interna, con base en la cual puede designar a los auditores especiales para que en su ausencia, tanto temporal como definitiva, desempeñen sus funciones, de acuerdo con el artículo 45 del Reglamento.

Las reformas impugnadas materialmente están regulando un aspecto que es propiamente un asunto que cabe totalmente en el ámbito de control reservado en favor de la capacidad legislativa otorgada al titular del Órgano Superior de Fiscalización, no así al Congreso del estado. La norma especial debe primar sobre la general, sobre todo cuando atiende a una disposición expresa de la Constitución.

Asimismo, se configura la subordinación de un poder sobre el otro, lo cual está prohibido por los artículos 49 y 116 constitucionales. Se debe respetar lo dispuesto en el Reglamento Interior, para que el órgano superior de fiscalización, en caso de ausencia del titular que sí fue nombrado por mayoría calificada y que cuenta con las cualidades técnicas exigidas constitucionalmente, siga trabajando como equipo de modo sistemático, sin interrupciones. Lo anterior, hasta en tanto se realice la sustitución en los términos exigidos por el artículo 116 de la Constitución Política del país.

Se está ante una imposición por un órgano de naturaleza política, como lo es la Junta de Gobierno, como ya ocurrió el quince de diciembre, quien ha estado usurpando funciones y disponiendo de recursos materiales y humanos de la propia Auditoría.

Resulta inviable regular que se designa a la persona titular de la Auditoría Superior del estado sin cumplir con el requisito de mayoría calificada que constitucionalmente se exige; más aún que dicha designación sea a través de un órgano ajeno al Pleno del Congreso, quien constitucionalmente es el único facultado para realizar esa designación. La relación existente entre el Congreso del estado y su entidad de Fiscalización Superior es de coordinación, no de supra a subordinación. En virtud de su naturaleza y atribuciones, es fundamental que con la reforma no se genere una relación de subordinación que rompa con el principio de separación de poderes establecido en los artículos 41, 49 y 116 de la Constitución Política del país.

Se insiste, la reforma refleja una intención de evadir el principio de designación del Auditor Superior por mayoría calificada, que es un instrumento que garantiza los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad con que se debe ejercer la función de fiscalización. Se vulnera el principio de supremacía constitucional regulado por el artículo 133, como equilibrio de poderes ante el trastoque de las instituciones por parte de las fuerzas políticas mayoritarias.

El decreto pretende equiparar indebidamente el proceso de designación del titular con su suplencia por ausencia.

4. Registro y admisión. El veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, los integrantes de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación(4) dictaron un acuerdo por el que admitieron a trámite la acción de inconstitucionalidad 232/2023, en relación con la impugnación de la reforma a los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización local. Sin embargo, precisaron que no había lugar a tener como acto impugnado el acuerdo emitido el quince de diciembre de dos mil veintitrés, por la Junta de Gobierno del Congreso local, mediante el cual se designó a Francisco Antonio Noriega Orozco como Auditor interino de la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas.

5. Entre otras cuestiones, también ordenaron dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, para que rindieran los informes respectivos y requirió al primera para que enviara una copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado. En relación con la solicitud de los promoventes para que se concediera la suspensión de la vigencia del decreto impugnado, determinaron negarla pues, de conformidad con la Ley Reglamentaria, no procede la suspensión respecto a normas generales y sus consecuencias; y, en todo caso, no advirtieron elementos para tener por actualizada la excepción establecida en la doctrina de la Suprema Corte, consistente en que las normas generales puedan implicar una afectación inmediata e inminente de algún derecho humano de manera irreversible.(5)

6. Turno. Mediante proveído de dos de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó el expediente previamente identificado a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para la instrucción del procedimiento correspondiente.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. El doce de febrero de dos mil veinticuatro, se recibió el informe rendido por el Diputado Eliphaleth Gómez Lozano, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas, en los siguientes términos:

a) La reforma al artículo 76, fracción IV, párrafo cuarto, que incrementa de siete a ocho años la duración del encargo del Auditor Superior del estado, no es aplicable para el Auditor designado el nueve de febrero de dos mil diecisiete. Las disposiciones transitorias del decreto de reforma no contemplaban su aplicación para el Auditor en funciones.

b) El Reglamento Interior de la Auditoría aprobado el seis de octubre de dos mil veintitrés no ha sido publicado en el medio oficial, por lo que no se encuentra vigente. Por tanto, es aplicable el Reglamento Interior del treinta de noviembre de dos mil diecisiete, el cual no contempla disposición alguna para determinar qué funcionario de la Auditoría podrá suplir temporalmente las ausencias del titular. Esa falta de regulación justificaba la reforma a los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización local.

c) Si se hacen valer violaciones al procedimiento legislativo que dio origen a las normas impugnadas, omitiendo formular conceptos de invalidez específicos en contra de estas (al no cuestionar el contenido resultante del procedimiento), deben prevalecer las normas no impugnadas, pues gozan de una presunción de validez. Por tanto, se debe sobreseer en el asunto, pues no se hacen valer violaciones a la Constitución Política del país, pues no se plantea la no conformidad de los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización local. Asimismo, la acción de inconstitucionalidad no es un medio para constatar posibles violaciones a los derechos fundamentales de los individuos, pues para ese efecto existen otros mecanismos como el juicio de amparo. Ello, de conformidad con las Jurisprudencias 129/99(6) y 32/2010.(7)

d) Las reformas se realizaron con el objeto de establecer plazos específicos para que la Comisión de Vigilancia y el Congreso local den inicio al proceso parlamentario de designación de un nuevo titular de la Auditoría del estado. De modo que la Comisión informe al Congreso ciento veinte días antes de que esté por concluir el periodo del Auditor, para que se lleve a cabo el proceso correspondiente y se materialice una nueva designación sesenta días antes de la conclusión del encargo. Con ello se pretende fortalecer la figura del Auditor interino, pues mientras ocupa la función se le considera como persona titular del órgano de fiscalización, hasta en tanto se realice la designación.

e) Son infundadas las alegaciones referentes a las violaciones en el procedimiento legislativo y a las supuestas afectaciones a los derechos alegados por los promoventes, pues la Sexagésima Quinta Legislatura llevó a cabo el procedimiento con total apego a la Constitución Política del país.

f) El concepto de invalidez identificado como primero es infundado. No existe disposición expresa que señale que la Junta de Gobierno del Congreso local no puede designar de manera provisional un Auditor interino, quien debe tener las mismas facultades y obligaciones que el titular, hasta en tanto se realice la designación correspondiente por las dos terceras partes de integrantes presentes del Pleno.

La Auditoría no es un órgano constitucional autónomo, sino que depende directamente del Congreso, tal como se determinó en el recurso de reclamación 251/2023-CA. La facultad de fiscalización es del Congreso local, quien para su ejercicio cuenta con la Auditoría Superior del estado, como órgano técnico de fiscalización. Toda vez que es el propio Congreso quien designa al titular de ese ente, se dotaron de mecanismos que abonen a la certeza jurídica.

Las reformas son necesarias porque tienen como fin que el Congreso local realice las acciones inmediatas para designar, a la brevedad, a la persona titular de la Auditoría Superior del estado; y, en caso de que no se alcance la votación requerida para la designación, se realiza una provisional. Con ello se pretende que la figura del Auditor Superior del estado no se vea afectada en cuanto a su designación y, en consecuencia, no se trastoque el ejercicio de sus atribuciones de fiscalización.

Ante la relevancia de la Auditoría, se debe velar porque su titularidad siempre esté cubierta, pues la Ley remitía al Reglamento para que se dispusiera quién ocuparía la titularidad ante la falta de nombramiento por parte del Congreso local.

Corresponde al Poder Legislativo designar a un Auditor interino cuando no se alcance la votación exigida para el nombramiento, lo cual se realiza mediante el órgano de dirección política, quien hace esa designación por mayoría ponderada, cuanto el contexto lo amerite. La Junta de Gobierno está integrada por todas las fuerzas políticas existentes en la Asamblea Legislativa.

Con la reforma impugnada no se invaden facultades constitucionalmente reservadas al Pleno, puesto que la designación del titular de la Auditoría Superior queda reservada al Pleno, a partir de un proceso de deliberación democrática reforzada. Solo en el supuesto de no llegar a un consenso, la Junta de Gobierno designará a uno interino con las mismas facultades y obligaciones que el titular, hasta que el Pleno realice la designación.

Antes de la reforma a la Ley de Fiscalización local, en caso de ausencia del titular, se ejercía el cargo por un Auditor especial, conforme al Reglamento Interior de la Auditoría. La circunstancia de que dicho cargo no se designara por el Pleno del Congreso no podía considerarse constitucional, aún y cuando el suplente o interino tenían las mismas facultades y obligaciones que el titular.

g) El concepto de invalidez identificado como segundo es inoperante. La Constitución Política del país y la Constitución local no exigen que el Auditor interino debe tener el perfil de quien va a ocupar la titularidad. Si bien por razones de necesidad y urgencia se designa a una persona para desempeñar de manera transitoria un puesto vacante, no se desprenden lineamientos sobre cómo debe realizarse la designación, por lo que el Congreso local conserva un amplio margen de libertad de configuración.

Lo anterior no quiere decir que no se requiere que el interino no deba tener el mismo perfil que el titular. El propio artículo 89 de la Ley de Fiscalización local señala que tendrá las mismas facultades y obligaciones que el titular, por lo que el interino debe cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 86. Por tanto, el concepto de invalidez es inoperante.

h) El concepto de invalidez identificado como tercero es improcedente e inoperante. El reclamo sobre la ilegalidad de la integración de la Junta de Gobierno, por la inconstitucionalidad del Decreto No. 65-619, se plantea fuera del plazo legal para el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad. Lo procedente es sobreseer respecto a las supuestas violaciones procesales referentes a la expedición del Decreto No. 65-619 del ocho de julio de dos mil veintitrés, mediante la cual se creó la Junta de Gobierno, así como lo relativo a la designación de la Diputación Permanente.

i) Los conceptos de invalidez tercero y cuarto son inoperantes. La acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto, promovido en interés de la regularidad constitucional, no para salvaguardar derechos propios de quien la ejerce o de una persona determinada. El estudio debe realizarse contrastando las normas impugnadas con la Constitución, desatendiendo las afectaciones a personas en concreto. Como los conceptos de invalidez van encaminados a salvaguardar derechos de particulares concretos, deben calificarse inoperantes.

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. El mismo día, se recibió un escrito signado por Jorge Luis Beas Gámez, en su calidad de Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, en el que rinde el informe en representación del Poder Ejecutivo local, en el que señaló lo siguiente:

a) El acto reclamado, relativo a la promulgación y publicación del Decreto No. 65-776, es cierto, toda vez que el Poder Ejecutivo del estado ordenó la publicación con apego al artículo 91, fracción V, de la Constitución Política del estado. Tanto la promulgación como la publicación no se impugnaron por vicios propios.

La publicación se realizó el seis de diciembre de dos mil veintitrés. Los promoventes sustentan su ilegalidad en que hay publicaciones en redes sociales en las que se pone en evidencia que el Gobernador y el Secretario General de Gobierno se encontraban en otros lugares. Se trata de una afirmación subjetiva, carente de razonamiento jurídico, que no demuestra la ilegalidad de esos actos.

b) Dada la naturaleza abstracta de la acción de inconstitucionalidad, las partes legitimadas que la promueven no la pueden ejercer para deducir un derecho propio o para defenderse de los agravios que eventualmente les pudiera causar la norma general cuya invalidez plantean. Si se hacen valer violaciones al procedimiento legislativo, omitiendo formular conceptos de invalidez específicos en contra del contenido de las normas impugnadas, se debe sobreseer el asunto al no plantear violaciones a la Constitución.

c) Las reformas a los artículos 88 y 89 de la Ley de Fiscalización local no solo resultan válidas, sino que además son acordes con el mandato constitucional y garantizan el orden público y el interés social, toda vez que establecen el mecanismo para preparar la entrega-recepción por terminación del cargo del Auditor y nombrar a un Auditor interino que haga las funciones correspondientes, hasta en tanto se designe al definitivo.

d) Por otra parte, sostiene que los conceptos de invalidez son infundados, con base en argumentos análogos a los presentados por el Poder Legislativo en su informe.

9. Plazo para formular alegatos. El nueve de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora emitió un acuerdo por el cual declaró que los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado cumplieron con la obligación de presentar los informes y la documentación requerida. Asimismo, determinó que los autos quedaban a la vista de las partes para que formularan por escrito sus alegatos.

10. Alegatos. Uno de los delegados de la minoría parlamentaria presentó el escrito de alegatos, en el que, entre otras cuestiones, solicitó que se requiriera al titular del Poder Ejecutivo local la información sobre si estuvo en la Ciudad de México los días cinco y seis de diciembre de dos mil veintitrés, así como que se pronunciara sobre su presencia por la tarde y noche del cinco de diciembre en Ciudad Victoria, para estar en aptitud de promulgar el decreto y ordenar su publicación.

11. El tres de mayo de dos mil veintitrés se recibieron los escritos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en los que básicamente reiteraron las ideas centrales de sus informes.

12. Requerimiento al Poder Ejecutivo local. El cuatro de junio siguiente, la Ministra instructora dictó un proveído en el que tuvo a los promoventes y a las autoridades emisoras formulando sus alegatos. En cuanto a una solicitud de la minoría parlamentaria, al vincularse con un aspecto del proceso legislativo susceptible de ser probado, requirió al titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas para que informara, bajo protesta de decir verdad, sobre las actividades que realizó los días cinco y seis de diciembre de dos mil

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33698-96dd1146/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.