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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS PERSONAS QUE INTEGREN LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO [ARTÍCULOS 26, 27, NUMERAL 1, 28 QUINQUES, INCISO F), 60, NUMERAL 2, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 66 SEXIES, NUMERAL 2, DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (DECRETO NO. 65-619, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO NO. 65-619, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE MÉRITO, NO CONSTITUYE UN VICIO INVALIDANTE, PUES NO FORMA PARTE DE LAS FASES DE ESTE ACTO LEGISLATIVO (DECRETO NO. 65-619, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE HAYA RECIBIDO LA INICIATIVA Y EMITIDO EL DICTAMEN RESPECTIVO DURANTE EL PERIODO DE RECESO DEL CONGRESO LOCAL NO SIGNIFICA QUE SE HAYA DISPENSADO EL TRÁMITE NI SE HAYA CALIFICADO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PUES LA DIPUTACIÓN PERMANENTE PUEDE RECIBIR DURANTE ESE PERIODO LA INICIATIVA Y EMITIR EL DICTAMEN, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 62, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL (DECRETO NO. 65-619, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE SE HAYA APROBADO EL DICTAMEN POR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE SIN QUE ESTUVIERA PREVISTO EN EL ORDEN DEL DÍA RESPECTIVO, NO REPRESENTA UNA IRREGULARIDAD Y, POR TANTO, NO CONTRAVIENE DICHO PROCEDIMIENTO (DECRETO NO. 65-619, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE EL DICTAMEN QUE CULMINÓ CON LA EMISIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO SE HAYA APROBADO POR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE CON UNA MAYORÍA DISTINTA A LA PREVISTA EN LA REGLA VIGENTE EN ESE MOMENTO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO CON POTENCIAL INVALIDANTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NO. 65-619, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (INVALIDEZ DEL DECRETO NO. 65-619, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 177/2023 Y SU ACUMULADA 178/2023. · Registro digital (IUS): 33778
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-12-12
Promovente: DIVERSOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Diciembre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.61.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 177/2023 Y SU ACUMULADA 178/2023. DIVERSOS DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 19 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 177/2023 y su acumulada 178/2023, promovidas por diversos diputados y diputadas del Congreso del Estado de Tamaulipas y por el Partido Acción Nacional, en contra del Decreto 65-619, por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, publicado el ocho de julio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LAS DEMANDAS

1. Presentación de la acción de inconstitucionalidad 177/2023. Diversos diputados y diputadas del Congreso del Estado de Tamaulipas promovieron acción de inconstitucionalidad,(1) solicitando la invalidez del Decreto 65-619, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas (en adelante “Ley interna del Congreso”), publicado el ocho de julio de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, en la que expusieron los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

• PRIMERO. VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. El Decreto impugnado resulta inconstitucional ya que se violó el proceso legislativo, conculcando los principios de transparencia, certeza, legalidad y seguridad jurídica contemplados en los artículos 6°, 14, 16, 52, 92, 116 y 133 de la Constitución Federal.

A. De una interpretación armónica de los artículos 66 y 67 de la Constitución local, y 3° y 109 de la Ley interna del Congreso, los promoventes sostienen que en ciertos actos legislativos resulta necesaria una mayor deliberación y consenso, por lo que se exige que sean aprobados por mayoría calificada.

En específico, el artículo 3 de la Ley interna del Congreso —vigente al momento de aprobación del Decreto impugnado—, prevé que las reformas, adiciones, derogaciones o abrogación de dicho ordenamiento deberán ser aprobadas por dos terceras partes de las diputaciones integrantes del Congreso local (veinticuatro de treinta y seis diputaciones).

En el caso, el Presidente de la Mesa Directiva inobservó lo dispuesto en el referido artículo 3, al haber declarado aprobadas las reformas y ordenar la expedición del Decreto impugnado con diecinueve votos a favor y no con veinticuatro.

Este Alto Tribunal al resolver las controversias constitucionales 38/2005 y 110/2006, así como la acción de inconstitucionalidad 124/2020, reconoció la relevancia de observar las votaciones exigidas por el marco legal aplicable a un procedimiento legislativo, aparejando la invalidez absoluta de aquellos decretos que no reúnan los votos suficientes.

B. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local se arrogó facultades que no le corresponden al realizar una interpretación para identificar y calificar antinomias a efecto de inaplicar normas del proceso legislativo, cuando su función se limita únicamente a tener por aprobados los dictámenes si alcanzan el número de votos respectivos. Permitir lo anterior, implica que la Presidencia del órgano legislativo tenga la facultad de modificar —vía interpretación legal— las reglas de votación.

C. Resulta ilegal la conformación de la Diputación Permanente, como la autoridad responsable que emitió la convocatoria para la sesión extraordinaria del ocho de julio de dos mil veintitrés.

Durante la sesión de treinta de junio de dos mil veintitrés, la integración de la Diputación Permanente fue propuesta por la Diputada Linda Mireya González Zúñiga, quien no forma parte de la Junta de Coordinación Política, por lo que su presencia y votación deriva de un acuerdo del propio órgano parlamentario, lo cual contraviene la ley interna —vigente al momento de la elección de dicho órgano—, que dispone que sólo pueden ocupar tales espacios quienes conformen una fracción o grupo parlamentario, o representación partidista; ello, conforme al artículo 53, numeral 5, en conjunto con el diverso 32 de la Ley interna del Congreso.

D. La Diputación Permanente se encuentra indebidamente integrada, ya que se conformó con cuatro diputaciones del grupo parlamentario de MORENA, dos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y una del llamado Grupo Sin Partido; estableciéndose tres suplencias, una para MORENA, otra para el Partido Acción Nacional y otra para el Partido Revolucionario Institucional, lo que resulta en una sobrerrepresentación del Grupo Parlamentario de MORENA, ya que le correspondían tres y no cuatro espacios.

E. Al detentarse la Presidencia y dos secretarías de la Diputación Permanente en tres diputados del Grupo Parlamentario de Morena, se viola el artículo 15 numeral 2, párrafo cuarto, de la ley interna, que establece la obligatoriedad de que la Mesa Directiva tenga una representación plural en sus encargos.

F. Al momento del nombramiento de la Diputada del Grupo Parlamentario sin Partido en la Diputación Permanente, no había una norma legal que sustentara su existencia como grupo parlamentario propiamente dicho, ni tampoco con un espacio con derecho voto en la Junta de Coordinación Política.

G. Resulta ilegal la convocatoria a la sesión extraordinaria de ocho de julio de dos mil veintitrés, ya que fue convocada únicamente por cuatro integrantes de la Diputación Permanente, de los cuales uno es ilegal, (por sobrerrepresentación de un diputado de Morena).

H. No se siguió correctamente el proceso legislativo en cuanto a la presentación de la iniciativa, turno, receso, dictaminación y votación del dictamen que derivó en la expedición del Decreto impugnado, ya que no se fundó y motivó adecuadamente su trámite como asunto de urgente y obvia resolución en términos de la Ley interna del Congreso local.

En la sesión de la Diputación Permanente de siete de julio de dos mil veintitrés, no se respetó el orden del día establecido para dicha sesión, en el cual no se contemplaba la dictaminación de reforma alguna a la ley interna; sin embargo, se presentó la iniciativa sin méritos propios para ser considerada de urgente y obvia resolución que la hicieran merecedora de dispensar fases del proceso y con ello ser dictaminada en la misma sesión.

• SEGUNDO. La emisión del Decreto impugnado tuvo por objeto burlar el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente RDC-04/2023, lo que no solo constituye un desacato, sino un fraude legislativo.

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de queja 8/2011 —derivado del incidente de suspensión en la controversia constitucional 90/2011— y en el recurso de reclamación 68/2011-CA, —derivado del incidente de nulidad de notificación tramitado dentro del incidente de suspensión de la controversia constitucional 87/2011—, sostuvo que las sentencias surten efectos de acuerdo con lo señalado en ellas, sin que dependan de que sean conocidas por las autoridades involucradas.

• Dicho criterio resulta aplicable al caso, ya que en la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas se dispuso que se ejecutara de manera inmediata y fue dictada con anterioridad a la expedición del Decreto impugnado y este último elimina las facultades que ya le habían sido restituidas al Diputado Félix Fernando García Aguiar como Presidente de la Junta de Coordinación Política, electo por el Pleno para desempeñar dicho cargo por el término de la legislatura.

• TERCERO. Las reformas a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso local reiteran la exclusión e imposibilitan a todos los accionantes a acceder al cargo de Presidente o Presidenta de la Junta de Gobierno, por no formar parte del Grupo Parlamentario de MORENA.

• La Presidencia de la Junta de Gobierno Política cuenta con el llamado “voto de calidad” o “voto decisorio” en caso de empate, por lo que resulta inconstitucional que dicha facultad sea entregada al grupo parlamentario del partido político de MORENA.

• El Decreto impugnado resulta violatorio del principio de no retroactividad de normas, ya que se viola el derecho adquirido del Diputado Félix Fernando García Aguiar como Presidente de la Junta de Coordinación Política.

• CUARTO. La reforma impugnada resulta inconstitucional, ya que viola las garantías de democracia representativa y deliberativa, así como los principios de separación de poderes y certeza electoral.

• La elección de las treinta y seis diputaciones no supone la elección de cargo parlamentario alguno, por lo que no se puede disponer a través de una ley interna que el resultado electoral tendrá efecto para la asignación de un cargo parlamentario.

• La redacción del Decreto impugnado genera una hipótesis legal que crea conflictos de aplicación en las futuras integraciones del Congreso local, toda vez que el partido que obtenga más votos en el Estado no necesariamente será el que haya ganado más distritos de mayoría.

• QUINTO. El Decreto impugnado violenta el ámbito de validez de las normas parlamentarias al disponer normativa en materia laboral, ya que se pretende garantizar la permanencia de las personas titulares de la secretaría general, las unidades, las jefaturas de departamento, jefaturas de unidad y los auxiliares de dictaminación en sus puestos, a pesar de que éstos son considerados por la ley e, inclusive, por la jurisprudencia como puestos de confianza que pueden ser removidos en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 4° de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos para el Estado de Tamaulipas.

• La ley interna regula únicamente la organización y funcionamiento del Congreso, de ahí que, por su naturaleza no debe interferir en temas de legislación que regula otra normativa estatal, como lo es la burocrática, por lo que es inadmisible "sindicalizar a los trabajadores de confianza" mediante “candados” a la remoción de los titulares de estas posiciones, puesto que para tal remoción se requeriría la aprobación de las dos terceras partes del Pleno del Congreso.

2. Presentación de la acción de inconstitucionalidad 178/2023, promovida por el Partido Acción Nacional. Luis René Cantú Galván, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, promovió acción de inconstitucionalidad,(2) solicitando la invalidez del Decreto antes indicado.

3. Radicación de las acciones de inconstitucionalidad. Por acuerdos de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibidos los escritos de demanda y sus anexos; ordenó formar el expediente físico y electrónico de la presente acción de inconstitucionalidad, bajo el número 177/2023 y su acumulada 178/2023; y, finalmente, turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales para que fungiera como instructor del procedimiento.

4. Desechamiento, admisión y trámite. Por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor desechó la acción de inconstitucionalidad 178/2023, promovida por el Partido Acción Nacional (por falta de legitimación activa del promovente) y admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 177/2023; asimismo, ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas, a efecto de que rindieran su informe, requiriendo los antecedentes legislativos del Decreto impugnado.

5. De igual forma, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que formularan el pedimento o manifestación que a su representación correspondiera; solicitó al Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la opinión respectiva; y al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado le ordenó informar la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad.

6. Requerimiento al Instituto Electoral local. El Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas desahogó el requerimiento referido, al informar que el próximo proceso electoral (2026-2027) en Tamaulipas, dará inicio el segundo domingo del mes de septiembre de dos mil veintiséis.

7. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió su opinión,(3) en el sentido de considerar que los planteamientos hechos valer por los accionantes no son materia de una opinión especializada en materia electoral.

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Jorge Luis Beas Gámez, Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, rindió informe en representación del Gobernador del Estado,(4) en el que expuso, en síntesis, lo siguiente:

• La publicación del Decreto 65-619 se realizó en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución local, por lo que el Poder Ejecutivo únicamente se sujetó al cumplimiento de la etapa del proceso legislativo en el ámbito de su competencia.

• Las normas cuya invalidez se demanda tienen como propósito crear un nuevo órgano de dirección política denominado Junta de Gobierno, que permita reconocer y otorgar las mismas consideraciones a todos los diputados que conforman la legislatura, así como fortalecer la labor de acuerdos y convergencias de las distintas fuerzas parlamentarias, garantizando con ello una representación efectiva en la toma de decisiones.

9. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. Linda Mireya González Zúñiga, Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, rindió informe en representación del Poder Legislativo estatal,(5) en el que sostuvo, esencialmente, los argumentos siguientes:

• CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. El titular del Ejecutivo Local no puede ser autoridad demandada en la presente acción, pues de conformidad con el artículo 40 de la Constitución del Estado de Tamaulipas, la ley que establezca las normas para la organización y funcionamiento interno del Congreso Local no necesitará promulgación del Ejecutivo para tener vigencia ni podrá ser objeto de veto u observaciones, debiendo ser publicada inmediatamente en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.

Por tanto, si en el caso, el Decreto impugnado regula la estructura del Congreso del Estado de Tamaulipas, el Gobernador no puede ser parte, ya que la sentencia que se llegara a emitir no tiene incidencia en su ámbito de competencia.

Resulta extemporáneo el planteamiento sobre la integración de la Diputación Permanente, pues aquélla fue designada en sesión de treinta de junio de dos mil veintitrés, y al presentar la demanda ya había transcurrido el plazo para su impugnación, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción VII, y 25, en relación con los diversos 59 y 60 de la Ley Reglamentaria de la materia.

• PRIMERO. Son infundados los argumentos que hacen valer los accionantes, ya que no existen violaciones al procedimiento legislativo, que tengan efectos invalidantes sobre el Decreto impugnado.

• No se requería que el Pleno aprobara alguna dispensa de turno a comisiones, ni eximir de la elaboración de dictámenes, ya que éstos habían sido aprobados por la Diputación Permanente, que actuó como dictaminadora; asimismo, los documentos fueron conocidos por el resto de las personas legisladoras con suficiente antelación a la sesión extraordinaria de ocho de julio de dos mil veintitrés.

• El artículo 67 de la Constitución local prevé que las iniciativas adquieren el carácter de ley o decreto cuando son aprobadas por la mayoría de las diputaciones presentes, lo que no puede ser modificado por una ley inferior como la Ley sobre Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, de lo contrario, habría una antinomia no sólo frente a la Constitución local, sino también con el artículo 116 de la Constitución Federal.

• Son inaplicables los numerales 3 y 4, inciso c), del artículo 109 de la ley interna, ya que establecen que, salvo que la ley exija mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros del Congreso, toda votación requiere de la expresión de la mayoría absoluta de votos (dos terceras partes de los diputados presentes).

• Tampoco es aplicable lo dispuesto en el artículo 3, numeral 3, de la Ley interna del Congreso, pues prevé que las reformas a la referida normativa deberán ser aprobadas por dos terceras partes de las diputaciones integrantes del Congreso local.

• En ese sentido, resulta correcto que la Mesa Directiva del Congreso local en sesión extraordinaria del ocho de julio de dos mil veintitrés, inaplicara el requisito de votación establecido en el artículo 3°, numeral 3, de la ley interna, y aprobara las reformas al Decreto impugnado con diecinueve votos a favor, que son más de la mitad de los integrantes del Congreso.

• Es irrelevante que la propuesta para la integración de la Diputación Permanente hubiera desatendido las formalidades necesarias, pues si el Pleno aceptó y votó su integración es un acto válido; incluso, el artículo 60 de la Constitución local no prohíbe que las diputaciones sin partido formen un grupo parlamentario y ocupen espacios en la Diputación Permanente.

• Desde el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, la entonces Junta de Coordinación Política del Congreso local, mediante acuerdo de esa fecha, aprobó incluir y reconocer como parte integrante de los miembros de la Junta de Coordinación Política al grupo parlamentario sin partido conformado por las diputadas Linda Mireya González Zúñiga, Sandra Luz García Guajardo y Danya Silvia Arely Aguilar Orozco, por lo tanto, es intrascendente aducir hechos que se encuentran superados por el consentimiento de los integrantes del órgano de dirección política del Poder Legislativo.

• SEGUNDO. Es inatendible el concepto de invalidez en que se hace valer que la emisión del Decreto impugnado pretende evadir el cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RDC-04/2023, ya que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de regularidad constitucional en la que se examina la conformidad de las normas generales frente a la Constitución, no así la de actos de aplicación de normas.

• Aunado a que la referida sentencia fue revocada por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SM-JDC-91/2023 y acumuladas, al estimar que el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas carecía de competencia para conocer la controversia planteada, lo cual es cosa juzgada, al haber sido desechados los recursos de reconsideración SUP-REC-292/2023 y SUP-REC-293/2023 promovidos por el diputado Félix Fernando García Aguiar contra las sentencias de la Sala Regional.

• Lo impugnado por el diputado panista Félix Fernando García Aguiar en el recurso local de apelación TE-RDC-04/2023 y a lo largo de la cadena impugnativa referida se relacionaba con su disputa por la titularidad de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, tras la reforma al artículo 29 de la Ley interna del Congreso, mediante Decreto 65-504, el trece de enero de dos mil veintitrés; sin embargo, tal precepto no figura entre los artículos reformados en el Decreto impugnado. • De ahí que no resulten aplicables los precedentes que citan los accionantes en el segundo concepto de invalidez, pues con la creación de la Junta de Gobierno y con las atribuciones que se le confieren al órgano de dirección política del Congreso del Estado, y a su Presidencia en el Decreto impugnado, no se elimina ninguna facultad ni se “repite” vulneración alguna a los derechos humanos de los promoventes, porque las adiciones no pueden aplicarse antes de entrar en vigor, ni se les priva de un derecho que no han adquirido.

• TERCERO. Con la expedición del Decreto impugnado no se transgrede el principio de irretroactividad de la ley, dado que antes de su emisión ninguna de las personas diputadas accionantes fungía como titular de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, ni menos de la Junta de Gobierno, ya que es un órgano creado por el referido Decreto, porque quien fungía y funge en tal cargo es la diputada coordinadora del grupo parlamentario de MORENA; de modo que no hay un supuesto por el que puedan alegar restricción alguna de derechos adquiridos.

• No se establecieron restricciones ni limitantes al ejercicio de los derechos políticos de las personas legisladoras, pues desde el Decreto 65-504, de trece de enero de dos mil veintitrés y, posteriormente, en el Decreto 65-615 de seis de julio siguiente, ya habían cambiado las reglas en cuanto a la forma de determinar a la persona presidenta o presidente de la Junta de Coordinación Política, de manera que, en el Decreto impugnado se establecieron las reglas para la conformación de la Junta de Gobierno, incluida la forma de determinar a la persona diputada titular de la Presidencia del órgano de dirección política, lo que implica que no pueden ser normas de aplicación retroactiva, puesto que no se trata del mismo órgano del Congreso.

• En específico, el Decreto impugnado no tuvo por consecuencia "reiterar" el cese del encargo del diputado Félix Fernando García Aguiar en la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, pues al día en que dicha norma entró en vigor (ocho de julio de dos mil veintitrés), éste no era Presidente de esa Junta ni de la de Gobierno, es decir, carecía de ese encargo, de ahí que no hay aplicación retroactiva.

• En el artículo 28 Bis de la ley interna se permite que el titular de la Presidencia de ese órgano de dirección política sea cualquier diputada o diputado cuyo partido político obtenga más votos o gane más distritos en sucesivos procesos comiciales.

• El contenido normativo del referido artículo 28 Bis, numeral 2, de la ley interna y, en general, las normas parlamentarias del Decreto impugnado no son electorales, pues no se aplicarán en algún proceso comicial, sino posterior a su conclusión.

• CUARTO. No se trastoca el principio de certeza electoral de los ciudadanos, pues, las normas contenidas en el Decreto impugnado dan mayor certeza de que quien ocupe la Presidencia de la Junta de Gobierno sea quien mayor respaldo ciudadano represente, de manera que su nombramiento recaiga en el coordinador o la coordinadora del grupo parlamentario del partido político con mayor respaldo efectivo entre la ciudadanía.

• Los artículos 28 Bis y 50 reformados y adicionados en el Decreto impugnado optimizan en mayor medida el derecho ciudadano a participar en la determinación de qué coordinador o coordinadora de partido político ha de presidir el órgano denominado Junta de Gobierno en el Congreso del Estado, por lo que debe confirmarse su validez constitucional.

• Las normas legales impugnadas reconocen adecuadamente la representación política de los diversos grupos parlamentarios, fracciones o representaciones partidistas en sede parlamentaria, pues todas las expresiones ideológicas participan en la conformación del voto ponderado en la Junta de Coordinación Política.

• QUINTO. El Decreto impugnado es constitucional y convencionalmente válido, ya que en los artículos 66 Ter, numeral 3, 66 Quáter, numeral 3, 66 Quinquies, numeral 3, y 66 Sexies, de la ley interna y sus artículos segundo y sexto transitorios, se ampliaron los derechos de los titulares, coordinadores, jefes de unidad y de departamento, responsables de área, coordinadores y dictaminadores, particularmente el relativo a la estabilidad en sus empleos, lo cual no se opone al contenido de la fracción XIV del apartado 8 del artículo 123 constitucional, en tanto que es jurídicamente posible que en una norma legal se mejoren las condiciones generales de desempeño del servicio público de los trabajadores, aun si son de confianza.

10. Alegatos. Mediante acuerdo de tres de junio de dos mil veinticuatro, se tuvo al delegado de los accionantes formulando alegatos.

11. Pedimento. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento alguno en el presente asunto.

12. Manifestaciones. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal no realizó manifestación alguna.

13. Cierre de instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo y previo acuerdo de cierre de instrucción —de tres de junio de dos mil veinticuatro—, se recibió el expediente en la ponencia del Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

14. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución General;(6) 1º de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7) (en adelante “Ley Reglamentaria”); y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) así como en el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario 1/2023, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el Decreto 65-619 impugnado y la Constitución Federal.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción I,(9) de la Ley Reglamentaria, es necesario fijar de manera precisa las normas generales controvertidas.

16. Esta Suprema Corte advierte que en el apartado respectivo del escrito inicial los promoventes precisan como norma impugnada la totalidad del Decreto 65-619, publicado el ocho de julio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, por el cual se adicionaron y reformaron diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

17. De manera específica, en dicho Decreto se modificaron los artículos 19, numeral 4, inciso a); 23 bis, numeral 1, inciso c); el capítulo Tercero, del Título Segundo, para denominarse “DE LAS FORMAS DE AGRUPACION”; 24, numeral 6; 25, numeral 3; 26; 27, numeral 1; 28; 31; 32; 33; 34; 38, numeral 2; 39, numerales 2, 3 y 4; 40, numeral 2; 42, numeral 1; 43, inciso b); 47, numeral 2; 51, numeral 1; 52 ter, numeral 2; 53, numerales 4 y 5; 60, numerales 2 y 4, incisos b), d) y f); 62, numeral 1, inciso a); 64, numerales 1, inciso a) y 3; 65, numeral 2; 66, párrafo único del numeral 1; 66 bis, numeral 2; 66 ter, numeral 3; 66 quater, numerales 3 y 6, inciso c); 66 quinquies, numeral 3; 66 sexies; 67, numeral 1, inciso i); 77, numerales 7 y 8; 78, numeral 2; 81, numeral 2, inciso c); 83, numerales 3 y 4; 88, numeral 2; 97, numerales 3 y 4; 99, numeral 2; 130, numerales 2 y el párrafo único del numeral 3; 134, numerales 3, 8, inciso a), 9, inciso a), 10, inciso a) y 11, inciso a); 136, numeral 1; 137, numeral 1, inciso a); 138, numeral 1; y 166, numerales 2 y 3, y se adicionó el capítulo Tercero bis, denominado “DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO” al título segundo, y los artículos 28 bis; 28 ter; 28 quater; 28 quinquies; 28 sexies y 28 septies.

18. Sin que sea el caso tener como reclamado el diverso Decreto 65-607 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cuatro de julio del dos mil veintitrés, a través del cual la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas realizó la elección de la Diputación Permanente que fungiría durante el segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio de la Legislatura LXV, pues si bien en el primer concepto de invalidez los promoventes formulan argumentos en los que cuestionan la conformación de ese órgano, aducen que constituye un “vicio de origen” del procedimiento legislativo del Decreto 65-619 que efectivamente impugnan, por lo que es evidente que no es su intención reclamar aquel decreto.

III. OPORTUNIDAD

19. Conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria,(10) el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente, precisando que, como regla general, si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. No obstante, en el párrafo segundo del referido precepto se especifica que en materia electoral todos los días y las horas son hábiles, de manera que el cómputo de la oportunidad en esta materia vence incluso si se trata de un día que ordinariamente es inhábil.

20. Conviene precisar que el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Tamaulipas promovió la acción de inconstitucionalidad 178/2023 en contra de todo el Decreto 65-619, que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, al considerar que éste tiene un contenido bidimensional en tanto se integra por normas que, si bien regulan la designación y funciones de cargos públicos en el parlamento estatal, lo cierto es que ello deriva de un resultado electoral, lo cual les otorga una naturaleza en materia electoral.

21. En ese sentido, en virtud de que el partido político acudió a este medio de control constitucional argumentando conceptos de invalidez desde un ámbito político-electoral, el presente asunto se tramitó como electoral

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33778-7a02aeca/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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