I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL EJECUTIVO ESTATAL POR TRATARSE DE UNA LEY QUE ESTABLECE NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO LOCAL QUE NO NECESITA DE PROMULGACIÓN POR PARTE DEL EJECUTIVO PARA TENER VIGENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO TODA VEZ QUE EN EL PRESENTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL TIENEN EL CARÁCTER DE DEMANDADA LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO Y EJECUTIVO QUE HUBIERAN EMITIDO Y PROMULGADO LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS, AUN SI SU PROMULGACIÓN NO ES PRECONDICIÓN PARA SU VIGENCIA (DECRETOS NÚMEROS 65-614 Y 65-615, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MEDIANTE LOS CUALES SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 66 SEXIES Y 29, NUMERAL 2, DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA TODA VEZ QUE SE VINCULÓ CON UN DIVERSO DECRETO QUE NO SE TUVO COMO NORMA IMPUGNADA EN EL PRESENTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL (DECRETOS NÚMEROS 65-614 Y 65-615, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MEDIANTE LOS CUALES SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 66 SEXIES Y 29, NUMERAL 2, DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA EN TANTO QUE SE REFIERE A UNA NORMA DIVERSA A LA IMPUGNADA EN EL PRESENTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL (DECRETOS NÚMEROS 65-614 Y 65-615, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MEDIANTE LOS CUALES SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 66 SEXIES Y 29, NUMERAL 2, DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, AL NO HABER QUEDADO INSUBSISTENTE POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETOS NÚMEROS 65-614 Y 65-615, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MEDIANTE LOS CUALES SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 66 SEXIES Y 29, NUMERAL 2, DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 66 SEXIES DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 176/2023. DIVERSAS PERSONAS DIPUTADAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 9 DE JULIO DE 2025. PONENTE MINISTRA: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos. Diversas diputadas y diputados del Congreso del Estado de Tamaulipas impugnan los Decretos 65-614 y 65-615, mediante los cuales se reformaron los artículos 66, sexies, y 29 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, publicados en el Periódico Oficial del Estado de dicha entidad federativa el seis de julio de dos mil veintitrés. Ello, al considerar que durante el desarrollo del procedimiento legislativo que los precedió se actualizaron varias irregularidades de efecto invalidante. Asimismo, sostienen que las adecuaciones legislativas que se realizaron mediante el referido Decreto pretendieron eludir el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, vulneran la veda legislativa en materia electoral, sus derechos político-electorales y diversos principios constitucionales.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de julio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 176/2023, promovida por diversas Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas contra los Decretos 65-614 y 65-615 por los cuales se reformó la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, ambos publicados en la edición vespertina del Periódico Oficial del mismo Estado el seis de julio de dos mil veintitrés.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda de Acción de Inconstitucionalidad. Mediante escrito depositado el cuatro de agosto de dos mil veintitrés en la oficina de Correos de México –posteriormente recibido el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal–, diversas personas Diputadas integrantes del Congreso del Estado de Tamaulipas(1) promovieron Acción de Inconstitucionalidad, en la que señalaron como normas impugnadas y órganos emisores los siguientes:
“I. ÓRGANO LEGISLATIVO QUE EMITIÓ LA NORMA IMPUGNADA
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con domicilio en Boulevard Prádexis Balboa 3100 Col. Parque Bicentenario Ciudad Victoria Tamaulipas C.P. 87083.
II. ÓRGANO EJECUTIVO QUE PUBLICÓ LA NORMA IMPUGNADA
El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, por su publicación en el Periódico Oficial del Estado del día 6 de julio de 2023, teniendo como domicilio el ubicado en las calles 15 y 16 Juárez Palacio de Gobierno tercer piso Cd Victoria Tamaulipas C.P. 87000.
III. NORMAS GENERALES IMPUGNADAS
El contenido total de los Decretos 65-614 y 65-615, por virtud de los cuales se reformó la Ley sobre Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
IV. MEDIO DE PUBLICACIÓN
Edición Vespertina número 81 del Periódico Oficial del Estado el día 6 de julio de 2023”.
2. Conceptos de invalidez. La parte promovente expuso los siguientes conceptos de invalidez:
PRIMERO. Conceptos de invalidez relativos al proceso legislativo
En la creación del Decreto impugnado se actualizaron las siguientes violaciones al procedimiento legislativo, así como a los principios de transparencia, certeza, legalidad y seguridad jurídica contemplados en los artículos 6, 14, 16, 52, 92, 116 y 133 de la Constitución Federal:
1. Violaciones a las reglas de votación
El artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso Local –vigente al momento de aprobación de los Decretos impugnados–, prevé que las reformas, adiciones, derogaciones o abrogación de dicho ordenamiento deberán ser aprobadas por dos terceras partes de las diputaciones integrantes del Congreso Local, lo que equivale a veinticuatro, ya que el mismo está conformado por treinta y seis personas diputadas.
Tomando en consideración lo anterior, con la emisión de los Decretos Impugnados el Presidente de la Mesa Directiva inobservó lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, al haber declarado aprobadas las reformas y ordenar la expedición de los Decretos Impugnados con solo veinte votos a favor.
Asimismo, debe tenerse en consideración lo resuelto por esta Suprema Corte en las controversias constitucionales 38/2005 y 110/2006, así como la acción de inconstitucionalidad 124/2020 en los que se ha reconocido la relevancia de observar las votaciones requeridas en el ámbito legislativo; habiéndose incluso declarado la invalidez de normas que no reunieron la votación necesaria para su expedición, señalando además que ante la existencia de un dilema sobre el número de votos necesarios, debe privilegiarse la interpretación que implique una mayor legitimidad democrática.
2. Indebida interpretación de las reglas de votación
Se consideran violados el proceso legislativo y los principios de legalidad y de seguridad jurídica, ya que el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local se arrogó facultades que no le corresponden al realizar una interpretación para identificar y calificar antinomias; interpretación que tomó como base para inaplicar las normas del proceso legislativo. Lo anterior, se considera indebido ya que de conformidad con el artículo 52 de la Constitución(sic) su función se limita a tener por aprobados los dictámenes si alcanzan el número de votos establecidos en las órdenes del día.
En este orden de ideas, se considera que legalizar lo sucedido en la aprobación de los Decretos Impugnados implica que la presidencia del órgano legislativo tendrá la facultad de modificar las reglas de votación.
3. Irregularidades en la integración de la Diputación Permanente que trascienden a la validez de la convocatoria a sesión extraordinaria de seis de julio de dos mil veintitrés
Los principios de legalidad y seguridad jurídica fueron vulnerados, ya que estaba indebidamente integrada la Diputación Permanente, autoridad que emitió la convocatoria a la sesión extraordinaria del Congreso Local del seis de julio de dos mil veintitrés –en la que se sometieron a votación los dictámenes de los Decretos Impugnados–.
Lo anterior, pues se considera que la convocatoria a la sesión extraordinaria del seis de julio de dos mil veintitrés fue emitida solo por tres integrantes, ya que dos de las cinco diputaciones conformaron la Diputación Permanente de manera ilegal.
Para justificar lo anterior se expusieron las siguientes razones:
3.1. La Diputada Linda Mireya González Zúñiga se integró a la Junta de Coordinación Política mediante un acuerdo parlamentario emitido en contravención con la Ley Orgánica del Congreso Local –que prevé que únicamente pueden integrar dicho órgano las diputaciones que un grupo o fracción parlamentaria o representación partidista–; situación que resulta relevante porque la Diputación Permanente fue integrada conforme a la propuesta por dicha diputada y no la presentada por quien entonces era Presidenta de la Junta de Coordinación Política, facultada para ello conforme al artículo 53, numeral 5 en conjunto con el 32 de la Ley Orgánica del Congreso.
3.2. La presidencia y las secretarías de la Diputación Permanente al haber recaído en diputaciones de MORENA no acataron el artículo 15, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso Local, que prohíbe que la presidencia y secretaría de la Mesa Directiva correspondan al mismo grupo parlamentario. Situación que además tiene repercusiones en la conducción imparcial de las sesiones del órgano.
3.3. La Diputación Permanente se conformó con cuatro diputaciones del grupo parlamentario de MORENA, dos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y una al llamado Grupo Sin Partido; además de tres posiciones suplentes, una para MORENA, otra para el Partido Acción Nacional y otro para el Partido Revolucionario Institucional. Integración indebida al generar una sobrerrepresentación de MORENA, ya que no le debieron corresponder las cuatro posiciones otorgadas, sino tres; ello, porque solo le podrían corresponder cuatro espacios si tuviese mayoría absoluta en el Congreso Local, lo que no se actualiza.
3.4. La integración de una diputada sin partido a la Diputación Permanente fue indebida, ya que no existía fundamento legal para la existencia de un grupo parlamentario apartidista en la Ley Orgánica del Congreso Local; situación que incluso se reconoció en la iniciativa de ley presentada por el grupo parlamentario sin partido el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés.
Aunado a lo anterior, refieren que las diputadas integrantes del grupo parlamentario sin partido siguen afiliadas al Partido Acción Nacional, por lo que no podían integrar otro grupo parlamentario.
4. Indebido trámite como asuntos de urgente y obvia resolución
No se siguió correctamente el proceso legislativo por cuanto hace a la iniciativa, turno, receso, dictaminación y votación de las reformas a los artículos 66 sexies y 29; esto, pues no se fundó y motivó adecuadamente su trámite como asuntos de urgente y obvia resolución en términos de la Ley Orgánica del Congreso Local.
En este sentido, ninguna de las reformas propuestas a la Ley Orgánica del Congreso Local tenía méritos propios para ser consideradas de urgente y obvia resolución y, por tanto, dispensar las fases del proceso para así dictaminarse en la misma sesión.
Al respecto, el artículo 148 de la Ley de Organización y Funcionamiento Interno del Congreso Local prevé que para que se dispense el trámite parlamentario debe tratarse de un asunto que por sí mismo revista urgencia, situación apremiante u obvia e inobjetable, lo que así deberá ser calificado por una mayoría legislativa; situación que protege el derecho de las personas legisladoras y ciudadanía conforme lo estableció esta Suprema Corte en la contradicción de tesis 15/2017.
5. Irregularidades en la sesión de la Diputación Permanente de cinco de julio de dos mil veintitrés
Como puede advertirse de la versión estenográfica de la sesión de la Diputación Permanente del cinco de julio de dos mil veintitrés, en aquella sesión no se respetó el orden del día establecido para la misma, ya que no se contemplaba la dictaminación de alguna reforma a la Ley Orgánica del Congreso Local, sino que durante el desarrollo de la sesión se presentaron las iniciativas de reforma a sus artículos 66 sexies y 29.
6. Indebida incorporación de dictámenes de reforma a la sesión extraordinaria de seis de julio de dos mil veintitrés
No debió incorporarse a la convocatoria a la sesión extraordinaria de seis de julio de dos mil veintitrés la discusión de los dictámenes de las reformas a los artículos 66 sexies y 29 de la Ley Orgánica del Congreso Local.
SEGUNDO. Conceptos de invalidez relativos a la evasión del cumplimiento de una sentencia
La emisión de los Decretos Impugnados tuvo por objeto evadir el cumplimiento de la sentencia pronunciada el seis de julio de dos mil veintitrés por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente RDC-04/2023 –de ejecución inmediata– y con ello volver a excluir al diputado Félix Fernando García Aguilar como Presidente de la Junta de Coordinación Política, para que en su lugar fuese entregada la presidencia a la diputación titular de la coordinación del grupo parlamentario del partido político que hubiera obtenido más votos o ganado más distritos en la elección inmediata anterior.
En este sentido se refiere lo que la Suprema Corte determinó en el Recurso de Queja 8/2011 derivado del incidente de suspensión en la Controversia Constitucional 90/2011, relativo a que las sentencias surten efectos de acuerdo con lo señalado en ellas, sin que sus efectos puedan hacerse depender de que sean conocidos por las autoridades involucradas –criterio reiterado por la Suprema Corte en el recurso de reclamación 68/2011 CA–.
TERCERO, CUARTO Y QUINTO. Conceptos de invalidez relativos al fondo
1. Contra el artículo 29
1.1. Inconstitucionalidad por violación al principio de igualdad
El artículo 29, al impedir que las minorías parlamentarias accedan a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, vulnera el derecho de las diputaciones de minoría a acceder a cargos del servicio público en condiciones de libertad e igualdad, discriminándoles por sus convicciones políticas
En este sentido, el contenido del artículo 29 limita o restringe absolutamente los derechos de las minorías parlamentarias sin que ello resulte en una restricción válida o justificada al principio de igualdad, siendo procedente el análisis estricto de la constitucionalidad de la norma al discriminarles por sus opiniones políticas, lo que constituye una categoría sospechosa.
Asimismo, es relevante que el artículo 29 también resulta restrictivo de derechos porque conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso Local, la presidencia de la Junta de Coordinación Política dispondrá de un voto de calidad en caso de empate; prerrogativa que conforme al artículo 29 se entregaría a un solo partido político por legislatura.
1.2. Aplicación retroactiva de normas
Con la emisión del artículo 29 se aplica retroactivamente una disposición que restringe derechos y que además les priva de un derecho adquirido, ya que conforme a la norma previa todas las diputaciones del Congreso Local tenían derecho a contender por la presidencia de la Junta de Coordinación Política.
1.3. Ley privativa
El artículo 29 constituye una ley privativa prohibida expresamente por la Constitución Federal al tener como consecuencia reiterar el cese del Diputado Félix Fernando García Aguiar como Presidente de la Junta de Coordinación Política.
1.4. Emisión en contravención a la veda legislativa en materia electoral
La reforma al artículo 29 al ser una norma de carácter electoral no podría ser oponible para el proceso electoral local dos mil veinticuatro, ya que, de acuerdo con el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo de la Constitución General, las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse al menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que habrían de aplicarse.
1.5. Vulneración al principio de separación de poderes
La norma trastoca los derechos humanos a un sistema democrático, además de vulnerar los principios de separación de poderes y de certeza, ya que con la modificación del método de selección de la presidencia de la Junta de Coordinación Política traslada el poder de decisión de la voluntad del pleno del Congreso Local a la consecución de un resultado electoral.
El contenido del artículo 29 permite además que el partido político que hubiera obtenido el mayor número de votos o de distritos pueda retener la presidencia de la Junta de Coordinación Política por toda la legislatura, incluso si la mayoría de los integrantes de su grupo parlamentario se separaran de él y no tuviera más la mayor representatividad en el pleno del Congreso Local.
Asimismo, el artículo en cuestión permite que los partidos políticos influyan en la agenda legislativa y condicionen a las diputaciones que hubieran accedido al Congreso Local por su conducto.
1.6. Violación al principio de certeza electoral
La redacción del artículo 29 genera una hipótesis legal que puede crear conflictos de aplicación en las futuras legislaturas, ya que el partido que obtenga más votos en un proceso electoral no necesariamente podría ser el que hubiera ganado más distritos de mayoría.
Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica del Congreso Local no tiene competencia para legislar sobre materia electoral y lo hace al disponer que el resultado electoral tendrá efectos para la asignación de cargos parlamentarios.
2. Contra el artículo 66 sexies
2.1. Violación al ámbito de validez de las normas parlamentarias
La reforma al artículo 66 sexies de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas al regular cuestiones de índole laboral violenta los principios de transparencia, certeza, legalidad y seguridad jurídica, así como el ámbito de validez de las normas parlamentarias.
2.2. Derogación implícita de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas
Con la emisión del Decreto Impugnado se estarían derogando disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, pues los artículos tercero y cuarto transitorios del Decreto de reformas del artículo 66 sexies, prevén que todas las disposiciones legales que se opusieran al mismo deberían tenerse por derogadas.
Lo anterior porque se pretende establecer una limitante –la aprobación de su remoción por dos terceras partes del pleno legislativo– para la remoción de las personas trabajadoras de confianza del Congreso del Estado, tales como titulares de la Secretaría General, las Unidades, Jefaturas de Departamento, Jefaturas de Unidad y Auxiliares de Dictaminación; lo que resulta contrario a lo estipulado por el artículo 66 sexies, el artículo 4, inciso b) de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que reconoce como trabajadoras de confianza a todas las personas servidoras públicas pertenecientes al Poder Legislativo Estatal, por lo que las personas superiores jerárquicas pueden nombrarles, supervisarles y removerles con libertad.
2.3 Regulación excesiva en perjuicio de la presidencia de la Junta de Coordinación Política
El contenido del artículo 66 sexies impone una carga desproporcionada al ejercicio de los derechos político-electorales de quien ostente la presidencia de la Junta de Coordinación Política, ya que le impide elegir a su persona y disponer laboralmente de las actividades que le asignará si no cumple su encargo.
3. Radicación y trámite. Por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la Acción de Inconstitucionalidad 176/2023, y la turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para instruir el procedimiento correspondiente.
4. Admisión. El cinco de octubre siguiente, la Ministra Instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas para que rindieran sus informes y remitieran los documentos necesarios para la debida integración del expediente; dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su esfera competencial correspondiera; y determinó que no procedía otorgar la suspensión de las normas impugnadas solicitada por las personas promoventes.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Por acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintitrés se agregaron al expediente el escrito y los anexos presentados por Jorge Luis Beas Gámez, Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas; quien rindió informe en representación del Gobernador del referido Estado, exponiendo, en síntesis, lo siguiente:
• La publicación de los Decretos 65-614 y 65-615 se realizó en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, por lo que el Poder Ejecutivo únicamente se sujetó al cumplimiento de la etapa del proceso legislativo que en el ámbito de sus competencias le correspondía.
• Por lo que se refiere a la reforma de los artículos 29 y 66 sexies tuvo como finalidad establecer un lenguaje incluyente; así como brindar certeza jurídica y seguridad a las personas que conforman la estructura orgánica del Poder Legislativo. 6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. Mediante el mismo acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintitrés se agregaron al expediente el escrito y los anexos presentados por la Diputada Linda Mireya González Zúñiga, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, quien rindió informe en representación del citado órgano y planteó los argumentos siguientes:
PRIMERO. Sobre el carácter del Ejecutivo Local como autoridad demandada
El titular del Ejecutivo Local no puede ser autoridad demandada en la presente acción, pues de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución del Estado de Tamaulipas la ley que establezca las normas para la organización y funcionamiento interno del Congreso Local no necesitará promulgación del Ejecutivo para tener vigencia ni podrá ser objeto de veto u observaciones, debiendo ser publicada inmediatamente en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.
Así, si la norma impugnada regula el funcionamiento interno del Congreso de Tamaulipas, la sentencia que se llegara a emitir en la presente acción no tiene incidencia en su ámbito de competencia.
SEGUNDO. Causas de improcedencia y sobreseimiento
1. Existencia de un nuevo acto legislativo
Debe sobreseerse la presente acción al sobrevenir la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V; artículo 20, fracción II; 59 y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello, al haberse reformado y adicionado la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso de Tamaulipas.
Lo anterior, pues mediante el Decreto 65-619 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas se reformaron diversos artículos de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso de Tamaulipas, entre ellos el 66 sexies, conforme al cual el nuevo órgano de dirección política del Congreso Local –la Junta de Gobierno– presentará al Pleno la propuesta de nombramiento de la persona titular de la Secretaría General a fin de que se apruebe por el voto de dos terceras partes de sus integrantes; y asimismo, la Junta de Gobierno aprobará por voto ponderado de la mayoría de sus integrantes, todos los demás nombramientos de las áreas señaladas en el artículo 66 sexies, mismos que podrán ser revocados solo por el voto de dos terceras partes del Pleno.
2. Extemporaneidad
Es extemporáneo el planteamiento sobre la integración de la Diputación Permanente, pues aquella fue designada el treinta de julio de dos mil veintitrés, por lo que, si la demanda fue presentada el cuatro de agosto siguiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción VII y 25, en relación con los artículos 59 y 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Sobre los conceptos de invalidez relativos al procedimiento legislativo
1. Sobre la dispensa de trámite
Contrario a lo señalado en la demanda, no se requería que el Pleno aprobase alguna dispensa de turno a comisiones, ni eximir de la elaboración de dictámenes, ya que estos habían sido aprobados por la Diputación Permanente, que actuó como dictaminadora; asimismo, los documentos fueron conocidos por el resto de las personas legisladoras con suficiente antelación a la sesión extraordinaria de seis de julio de dos mil veintitrés.
Por lo anterior no existen violaciones graves al proceso legislativo con potencial invalidante en la emisión de los Decretos Impugnados.
2. Sobre la vulneración a las normas de votación
Si bien la Ley sobre Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas establece los diversos procedimientos para el desahogo de las atribuciones del Congreso Local, también debe atenderse a lo previsto al respecto por la Constitución Local.
El artículo 67 de la Constitución Local dispone que las iniciativas adquieren el carácter de ley o decreto cuando son aprobadas por la mayoría de las diputaciones presentes, lo que no puede ser modificado por una ley inferior como la Ley sobre Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas o de lo contrario habría una antinomia respecto de las Constituciones General y Local.
Por lo anterior, son inaplicables las disposiciones previstas en los numerales 3 y 4, inciso c) del artículo 109 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, ya que no deben de requerirse distintos tipos de mayorías para la aprobación de reformas, salvo que esto fuese expresamente requerido por la Constitución del Estado de Tamaulipas.
En este orden de ideas, tampoco es aplicable lo dispuesto por el artículo 3, numeral 3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas en el que se hace descansar la vulneración a las reglas de votación, que prevé que las reformas a la ley en comento deberán ser aprobadas por dos terceras partes de las diputaciones integrantes del Congreso Local.
Por las consideraciones previamente expuestas es que la Mesa Directiva del Congreso Local en la sesión extraordinaria del seis de julio de dos mil veintitrés, procedió correctamente al inaplicar el requisito de votación exigido por el artículo 3, numeral 3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas; máxime cuando la abstención debió sumarse a los votos de mayoría, por lo que los Decretos Impugnados habrían sido aprobados por veintiún votos.
3. Sobre la integración de la Diputación Permanente
Contrario a lo que se señala en la demanda, es irrelevante que la propuesta para la integración de la Diputación Permanente hubiera desatendido las formalidades necesarias, pues si el Pleno la aceptó y aprobó, la integración de la Diputación Permanente es un acto válido.
Aunado a esto, el artículo 60 de la Constitución Local no prohíbe que las diputaciones sin partido formen un grupo parlamentario y ocupen espacios en la Diputación Permanente.
Aunado a lo anterior, a partir de la reforma de ocho de julio de dos mil veintitrés a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, las atribuciones de la Junta de Coordinación Política pasaron a la Junta de Gobierno, por lo que ahora no es necesario que sea una diputación integrante de la Junta de Coordinación Política quien proponga la integración de la Diputación Permanente.
CUARTO. Sobre los conceptos de invalidez relativos a la evasión del cumplimiento de una sentencia
Es inatendible el concepto de invalidez en que se hace valer que la emisión de los Decretos Impugnados pretende evadir el cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el expediente TE-RDC-04/2023.
Esto se considera así, ya que a través de este planteamiento se aluden temas no susceptibles de ser revisados en la acción de inconstitucionalidad, aunado a que la sentencia en cuestión fue revocada por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SM-JDC-91/2023, al estimar que el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas carecía de competencia para conocer la controversia planteada.
QUINTO. Sobre los conceptos de invalidez relativos al fondo
1. Contra el artículo 29
1.1. Sobre la imposibilidad de aplicación retroactiva de normas
Las personas promoventes no pueden argumentar la retroactividad de una ley del Congreso Local de conformidad con la jurisprudencia P./J. 90/2011 de rubro “PODERES LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS. TRATÁNDOSE DE SUS LEYES ORGÁNICAS NO PUEDE ALEGARSE, A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PARTIENDO DE QUIENES INTEGRAN EL CONGRESO LOCAL TIENEN DERECHOS ADQUIRIDOS, O BIEN, DE SITUACIONES JURÍDICAS CREADAS AL AMPARO DE LA LEY ANTERIOR, QUE IMPIDAN UNA REFORMA.”.
Incluso, aun previo a la emisión de los Decretos Impugnados las diputaciones inconformes no tenían posibilidad jurídica o fáctica de ser titulares de la presidencia de la Junta de Coordinación Política; primero, porque habrían requerido de una mayoría calificada de votos con la que no cuentan considerando el número de diputaciones en su grupo parlamentario; y segundo, porque aun previo a la emisión de los Decretos Impugnados había cambiado la forma de determinar la presidencia de la Junta de Coordinación Política para recaer en la persona coordinadora del grupo parlamentario del partido político que hubiera obtenido más votos en la elección correspondiente de la legislatura en turno.
1.2. Sobre la alegada restricción de derechos con la reforma del artículo 29
La reforma al artículo 29 que cuestionan las diputaciones promoventes no restringió sus derechos, sino que añadió una hipótesis para la designación de la titularidad de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, ya que podrá ser designada la persona coordinadora del partido político que hubiera ganado más distritos de mayoría en la elección de diputaciones. Supuesto que, además, permite que, ante el empate en la votación de dos fuerzas políticas, exista un criterio para la selección de la presidencia de la Junta de Coordinación Política.
Aunado a lo anterior, suponiendo sin conceder que se estuviese en el supuesto de restricciones a derechos políticos, no es necesario realizar un test de proporcionalidad que justifique la medida legislativa, ya que la reforma tiene una finalidad legítima vinculada a la eficacia de los artículos 35, 39 y 41 de la Constitución General, aunado al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, la hipotética restricción de derechos alegada sería necesaria y adecuada en una sociedad democrática, a efecto de que la ciudadanía tenga mayor peso en las decisiones políticas y en la dirección de asuntos públicos, reflejado a partir de su voluntad mayoritaria en la estructura de los órganos parlamenta
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201047-7c9e2ecc/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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