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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (DECRETO NO. 65-777, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, 10, PÁRRAFOS SEGUNDO Y CUARTO, 11 Y 31 DE LA LEY PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PODERES, ÓRGANOS Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL. IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE (DECRETO NO. 65-777, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9, 10, PÁRRAFOS SEGUNDO Y CUARTO, 11 Y 31 DE LA LEY PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PODERES, ÓRGANOS Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LOS PLANTEAMIENTOS RELACIONADOS CON LOS VICIOS QUE DIERON ORIGEN AL DECRETO POR EL QUE SE CREA LA JUNTA DE GOBIERNO NO PUEDEN ANALIZARSE EN EL JUICIO AL NO FORMAR PARTE DE LA LITIS. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL HECHO DE QUE EL DICTAMEN QUE DIO ORIGEN AL DECRETO IMPUGNADO NO SE PRESENTARA CON MENOS DE VEINTICUATRO HORAS DE ANTICIPACIÓN A LA SESIÓN EN LA QUE SE DISCUTIÓ, CUMPLE UN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97, PUNTO 4, DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LA SUPUESTA AUSENCIA FÍSICA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO PARA LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO Y DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO PARA EL REFRENDO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN, PORQUE CON SU PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL SE DIO A CONOCER A LA POBLACIÓN EN GENERAL. IX. ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PODERES, ÓRGANOS Y AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LAS NORMAS LOCALES CONFORME A LAS CUALES SE CREA UN COMITÉ DE ENLACE PARA REVISAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, NO CONSTITUYEN INTROMISIÓN O INVASIÓN EN LAS FACULTADES, ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS ENTRE LAS DEPENDENCIAS O CARGOS IMPLICADOS. X. ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PODERES, ÓRGANOS Y AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LAS NORMAS LOCALES, CONFORME A LAS CUALES SE PREVÉ LA FACULTAD DEL COMITÉ DE ENLACE DE CONOCER DE MANERA GENERAL, PARTICULAR Y ESPECÍFICA LOS RECURSOS Y RESPONSABILIDADES QUE SERÁN RECIBIDOS, NO PRODUCEN UNA ANTINOMIA CON EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN NI IMPLICA QUE PUEDA REQUERIR CUALQUIER INFORMACIÓN DE MANERA ARBITRARIA. XI. ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PODERES, ÓRGANOS Y AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. LAS NORMAS LOCALES, CONFORME A LAS CUALES SE PREVÉ QUE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ENLACE "NO PODRÁ OCUPAR MÁS DE OCHO HORAS HÁBILES DIARIAS", ÚNICAMENTE SE REFIEREN A LOS INTEGRANTES DE DICHO COMITÉ, NO ASÍ PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS SALIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 231/2023. · Registro digital (IUS): 33662
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-26
Promovente: DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Septiembre de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.283.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 231/2023. DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 6 DE MAYO DE 2025. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOZUE TONATIUH ROMERO MENDOZA.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 231/2023, promovida por diversas Diputadas y Diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, contra los poderes Ejecutivo y Legislativos de dicha entidad.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

3. Presentación del escrito de demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés diversos Diputados y Diputadas integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Tamaulipas, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 65-777, por virtud del cual se reformaron diversos artículos de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.

4. Órganos que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan. Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas.

5. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez manifestaron lo siguiente:

• Primer concepto de invalidez. Aducen que el decreto impugnado es inconstitucional porque se otorga a una autoridad o servidor público que aún no ha asumido el cargo, atribuciones que representan una invasión o instalación de administraciones paralelas a las facultades otorgadas a los actuales titulares de la función pública; lo que vulnera los derechos humanos consagrados en los artículos 5, 14, 16 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como una violación a los principios de periodicidad, coordinación del sistema nacional y estatal anticorrupción y representación democrática contenidos en los artículos 41, 49, 113 y 116 Constitucionales.

• Para ello, indican que conforme a la acción de inconstitucionalidad 62/2022, la función pública debe ser ejercida plenamente sin interferencias indebidas, lo que no acontece con el decreto impugnado que permite la interferencia del siguiente titular del órgano que habrá de sustituirle en las funciones.

• Así, refieren que una de las garantías institucionales es que se permita al servidor público en ejercicio destinar su horario laboral para desempeñar las funciones sustantivas que le han sido encomendadas, lo que resulta nugatorio porque el decreto impugnado prevé ocho horas de la jornada laboral para atender a los requerimientos que emita el titular del órgano que esta por asumir, así como el comité de enlace, por lo que se obstruye el desempeño del cargo público.

• También, argumentan que el derecho de requerir información “general, particular y específica”, es una antinomia jurídica que fue creada para que los titulares de los órganos que dejan los cargos cometan faltas o irregularidades administrativas, al negarse a dar a conocer al titular entrante información específica que se encuentra reservada al titular del órgano que actualmente ejerce funciones.

• De igual forma, argumentan que en nuestro sistema legal el ejercicio de un encargo culmina hasta su terminación, por lo que no es constitucional crear un régimen transitorio en el proceso de relevación de cargo, en el que el entrante comienza a asumir funciones, entre ellas, revisar la información en poder del órgano saliente y menos cuando no distingue la información reservada o confidencial.

• Refieren que la reforma impugnada faculta al órgano entrante a requerir información específica y particular a su libre arbitrio sin distinción alguna, con el apercibimiento de responsabilidades administrativas y/o penales por la negativa a entregarla, lo que resulta en una indebida intromisión al servicio público e inseguridad jurídica en el desempeño del cargo, así como de la sociedad en general. Para ello, cita como ejemplo el sistema estatal anticorrupción, en el que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior recopilan información de órganos públicos y particulares, asimismo, que tienen la obligación legal de custodiar la información reservada y confidencial que pre constituyen datos de prueba para la instauración de denuncias y procedimientos administrativos y penales; por lo que la ley impugnada genera una evidente contradicción y antinomia con las leyes específicas que regulan la secrecía, confidencialidad y reserva de la información contenida con motivo de investigaciones. Máxime que, el artículo segundo transitorio deroga todas las disposiciones normativas que se opongan al decreto y, con ello, un auditor interno nombrado por la junta de gobierno accederá a información reservada, poniendo en riesgo los fines del derecho penal y disciplinario administrativo, al poder generarse acciones en la responsabilidad penal y administrativa, así como el uso político electoral de la información a que tienen acceso con motivo de la entrega recepción.

• Así, concluyen que la ley en comento permite que un órgano que no forma parte del sistema, es decir, un funcionario público que aún no ha asumido el encargo tenga facultad de revisar y requerir información específica, así como entorpecer el desempeño agotando ocho horas laborales de los servidores públicos que están por salir.

• Segundo concepto de invalidez (en la demanda se menciona como tercero). El Decreto 65-619 que creó la Junta de Gobierno es nulo por haberse aprobado por menos de veinticuatro votos de los treinta y seis integrantes del Congreso, en contravención con la ley interna del congreso.

• El Decreto 65-619 se emitió en una sesión extraordinaria del Congreso de ocho de julio de dos mil veintitrés, convocada por la Diputación Permanente que no tenía quorum al estar presentes solo cuatro de los siete integrantes. Ello, porque de acuerdo con el artículo 37 de la Constitución de dicha entidad federativa, el quorum en periodo ordinario o de receso se forma con la mitad más uno de los integrantes. Luego, el Congreso se conforma por treinta y seis diputados, por ende, se requieren de diecinueve y cinco integrantes para el periodo ordinario y el de receso, respectivamente. Lo anterior, dado que la mitad de siete son tres punto cinco, más uno, son cuatro punto cinco y como se trata de un mínimo legal, no puede ser redondeado a la baja.

• Asimismo, refieren que se vulneró el artículo 43, último párrafo de la Constitución local, que dispone la integración plural de la Mesa Directiva, pero en el caso la Presidencia y las Secretarías fueron ocupadas por el grupo parlamentario Morena.

• De igual forma, indican que se transgredió el artículo 53 de la ley interna relativo a la sobre representación de los grupos parlamentarios, porque en la Diputación Permanente de treinta de junio de dos mil veintitrés, ningún grupo parlamentario contaba con diecinueve diputados, por lo que no podían tener cuatro integrantes de siete en la diputación de receso, solo tres.

• También indican, que el Decreto 65-619, emitido en la sesión de ocho de julio de dos mil veintitrés, únicamente obtuvo veinte votos, por lo que no reunió la mayoría calificada exigida por el diverso 3, en relación con el 109 de la ley interna del congreso y 66 de la Constitución estatal, por lo que es un órgano inconstitucional, al que no debe reconocerse ninguna validez de sus actos.

• Alegan que la circunstancia de que el citado Decreto 65-619, se encuentre impugnado ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 177/2023 y su acumulada 178/2023, no es motivo para que no se pueda analizar su constitucionalidad en la presente acción porque dicho órgano sigue emitiendo actuaciones que son ilegales.

• Finalmente, refieren que resulta imposible que el Poder Ejecutivo haya participado en la promulgación del decreto, así como el Secretario General de Gobierno para realizar el refrendo ministerial, puesto que ninguno de los dos se encontraba en Ciudad Victoria el día que fue recibido y publicado el Decreto en la residencia oficial del Poder Ejecutivo Estatal, como se advierte de las ligas electrónicas que cita en los antecedentes de la demanda.

6. Admisión y turno. Mediante acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, los integrantes de la Comisión de Receso determinaron admitir a trámite la presente acción de inconstitucionalidad.

7. Posteriormente, por acuerdo de dos de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó turnar el expediente a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que instruyera el procedimiento respectivo, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. El doce de febrero de dos mil veinticuatro, el Gobernador del Estado de Tamaulipas, por conducto de Jorge Luís Beas Gámez, en su carácter de Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, de la Secretaría General de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, rindió su informe en el que sostuvo la validez del Decreto impugnado, para lo que expuso los argumentos siguientes:

• Argumentó que es cierto que se promulgo y se publicó el Decreto 65-777, por virtud del cual se reforman diversos artículos de la Ley para la Entrega—Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes Órganos y Ayuntamientos del Estado Tamaulipas, ya que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, promulgó y ordenó la publicación del citado Decreto expedido por el Congreso Local de la propia entidad federativa, con estricto apego a lo que dispone el artículo 91, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, pero tanto la promulgación como la publicación, no fueron impugnados por vicios propios.

• Sobre el primer concepto de invalidez consideró que son infundados, ya que no se transgreden los derechos humanos consagrados en los artículos 5, 14, 16 y 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni se violentan los artículos 41, 49, 113 y 116 constitucionales. Lo anterior, porque el objetivo de la reforma es ampliar el plazo para designar al Comité de Enlace para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado; extender el tiempo de trabajo de cuatro a ocho horas y ampliar el plazo para proporcionar información de treinta a sesenta días, en aras de fortalecer la transparencia, legalidad y eficacia al proceso mediante el cual los servidores públicos, previo a separarse de su cargo o comisión, preparan y entregan a quienes los sustituyen legalmente en sus funciones.

• De ahí que, que se garantice la existencia de un proceso de entrega-recepción que permita cumplir con los fines de la Auditoría Superior del Estado, función que es de orden público e interés social, y esto no vulnera los derechos humanos, ya que la reforma facilita el inicio de la gestión de un servidor público entrante y el término de gestión del servidor público saliente, delimitando los periodos de responsabilidad, garantizando una transición ordenada y eficiente.

• Sobre el segundo concepto de invalidez, indica que carece de fundamento, ya que el Decreto 65-777, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 146 el seis de diciembre del dos mil veintitrés, cumplió con los requisitos establecidos por los artículos 91 fracción V y 95 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, porque el hecho de que existan publicaciones en internet, en Facebook y diversas páginas, en las que el Gobernador del Estado y el Secretario General de Gobierno se encontraban fuera de la entidad federativa, respectivamente, constituyen una afirmación subjetiva y carente de razonamiento jurídico.

9. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. El doce de febrero de dos mil veinticuatro, el Diputado Eliphaleth Gómez Lozano, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Quinta legislatura, rindió su informe sosteniendo la validez del Decreto impugnado, para lo que expuso los argumentos siguientes:

• En el apartado relativo a las causas de improcedencia y sobreseimiento, aduce que las reformas a los artículos 9, 10 párrafos segundo y cuarto, 11 y 31 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes Órganos y Ayuntamientos del Estado Tamaulipas, no implican en el sentido normativo, porque solo amplían los plazos de treinta a sesenta días para la designación del Comité de Enlace, así como el número de sus integrantes; de cuatro a ocho horas el tiempo en que el citado Comité desarrollara sus trabajos, así como el objeto de sus actividades de conocer de manera general, particular y específica los recursos y las responsabilidades que habrán de recibirse; y, de sesenta a noventa días el plazo para que los servidores públicos que concluyen su encargo tengan la obligación de proporcionar a los entrantes la información que requieran y las aclaraciones que soliciten.

• En la primera parte del capitulado de fondo, la autoridad aduce que la accionante no plantea violaciones a la Constitución Federal, sino solo al procedimiento al procedimiento legislativo, por ende, que se debe decretar el sobreseimiento.

• En cuanto al primer concepto de invalidez, sostiene que la reforma impugnada se realizó con el objeto de permitir a las autoridades entrantes coadyuvar de mejor manera con las salientes, para mejorar la calidad y eficiencia del proceso de entrega recepción, para salvaguardar el orden y la conservación de los bienes, documentos y archivos que existan en las dependencias. Además, que los servidores públicos entrantes podrán contar con la información suficiente a fin de dar seguimiento a los trabajos y proyectos sin alterar el funcionamiento normal y el trabajo cotidiano, en su caso, iniciar las acciones conducentes contra los servidores públicos salientes por actos u omisiones que sean materia de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.

• También refiere que la reforma a los artículos 9º; 10º, párrafos segundo y cuarto; 11 y 31 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas, no invaden atribuciones ni entorpecen el procedimiento de entrega recepción ni instala administraciones paralelas, con lo cual las reformas impugnadas no violan los derechos humanos ni el principio de periodicidad, coordinación en el sistema nacional y estatal anticorrupción, ni la separación de poderes.

• Argumenta que los accionantes solo están facultades para denunciar la posible contradicción entre la norma general y la propia Constitución Federal, no así para defenderse de los posibles agravios que les pudiera causar la norma.

• De igual forma, refiere que la identificación, revisión y localización de los bienes y documentos que serán materia de la entrega-recepción son con el fin de conocer de manera general, particular y específica, los recursos y responsabilidades que serán recibidos y facilitar la continuidad de las funciones públicas con motivo de la renovación de sus titulares.

• En cuanto al segundo concepto de invalidez (tercero en la demanda), señala que es infundado porque no hay disposición legal que establezca la publicidad de los acuerdos de la Junta de Gobierno. Indica que en términos del artículo 97, numeral 4 de la Ley de Organización Interna, la Junta de Gobierno acordó que el dictamen que dio origen al decreto impugnado, formara parte de la orden del día, por lo que no tenían que pasar las veinticuatro horas de anticipación.

• El argumento relativo a la emisión del Decreto 65-619 de la sesión extraordinaria de ocho de julio de dos mil veintitrés, es improcedente por extemporáneo, ya que se encuentra fuera del plazo legal para ejercitar la acción de inconstitucionalidad, dado que conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone que el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente en que se hubiere publicado la norma impugnada.

• Por otra parte, argumenta que el artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, establece que las iniciativas adquieren el carácter de ley o decreto cuando es aprobada por la mayoría de las diputaciones presentes, por lo que el decreto impugnado no requería veinticuatro votos a favor, sino solo el voto de la mayoría de las diputaciones presentes en la sesión de cinco de diciembre de dos mil veintitrés.

• Asimismo, argumenta que sí se actuó con el quorum legal, dado que el artículo 37 de la Constitución Política Local, establece la asistencia de más de la mitad de sus integrantes y es aplicable a las sesiones en Pleno, ordinarias o extraordinarias, en cuyo caso, se aplicaría la primera parte del texto invocado para la sesión de la Diputación Permanente. Luego, conforme al artículo 60 de la propia Constitución la composición de la Diputación Permanente es de siete legisladores, por lo que más de la mitad son cuatro diputados para sesionar.

• Finalmente, refiere que es extemporáneo el argumento relativo a la sobre representación de los grupos parlamentarios, porque al momento de designar la Diputación Permanente el treinta de junio de dos mil veintitrés, es un acto de aplicación y no una norma general, por lo que no es impugnable en la acción de inconstitucionalidad. Además, su impugnación es extemporánea.

10. Alegatos. Jorge Luis Beas Gámez, en carácter de Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas y el licenciado Noé Gregorio Huerta de la Torre, en representación de la Cámara de Diputados del Estado de Tamaulipas, mediante escritos presentados el veintitrés de abril y tres de mayo de dos mil veinticuatro, respectivamente, formularon los alegatos que estimaron pertinentes, sin embargo, por auto de seis de mayo de este año se tuvieron por extemporáneos los presentados por la segunda autoridad.

11. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente Acción de Inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal(1) y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(3) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el Decreto 65-777, por virtud del cual se reforman diversos artículos de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas y la Constitución Federal.

13. Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinticuatro,(4) en relación con el Octavo y décimo segundo transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro.(5) II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

14. Del análisis de los escritos de demanda se advierte que los conceptos de invalidez están encaminados a cuestionar el proceso legislativo que dio origen al Decreto 65-777, publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 146, el seis de diciembre del dos mil veintitrés, por el que se reformaron los artículos 9; 10, párrafos segundo y cuarto; 11 y 31 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas; por ello, es tal decreto en su totalidad lo que constituye la materia de la presente resolución.

15. Sin embargo, de la demanda se aprecia que solo se formulan conceptos de invalidez en contra de los artículos 9, 10, párrafo cuarto y 11 de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas. Es decir, respecto de los numerales 10, en su apartado II y 31 de la ley aludida (que también fueron reformados a través del decreto impugnado), no se advierten argumentos que sostengan su invalidez, por ello, de forma específica únicamente se tienen por impugnados los primeros numerales en comento.

16. Por otro lado, es importante indicar que en el tercer concepto de invalidez (en realidad segundo), los actores hacen referencia a los Decretos 65-519 y 65-619, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, para crear la Junta de Gobierno como órgano de dirección política, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el ocho de julio de dos mil veintitrés.

17. Al respecto, debe indicarse que al realizar una búsqueda en la página oficial del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas,(6) el número correcto del decreto a que se hace alusión en la demanda es el 65-619, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.

18. No obstante, se advierte que la intención que subyace a esas menciones no es una impugnación destacada de tales normas, sino únicamente a manera de antecedente legislativo, contexto y en estricta vinculación con la regularidad constitucional del Decreto 65-777 efectivamente impugnado.

19. En efecto, la parte accionante, al cuestionar los vicios al procedimiento del Decreto 65-777, realiza planteamientos relacionados con la creación de la Junta de Gobiernos como órgano de dirección política, empero, ello lo hace solamente para destacar que constituye un “vicio de origen” del procedimiento legislativo que efectivamente controvierte.

20. Incluso, ello se robustece con el hecho de que tal Decreto 65-619 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el ocho de julio de dos mil veintitrés, por lo cual su impugnación como norma destacada resultaría notoriamente extemporánea.(7) Máxime que, en su contra, la minoría parlamentaria promovió la diversa Acción de Inconstitucionalidad radicada bajo el expediente 177/2023 y su acumulada 178/2023, que fue resuelta en sesión de diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, en la que, por mayoría de votos, se declaró la invalidez del citado decreto, lo que no impacta en el presente, porque no tuvo efectos retroactivos.

21. Lo anterior, evidencia que no fue intención de la parte accionante controvertir el referido Decreto 65-619; por tanto, no se tienen como impugnado de forma destacada.

III. OPORTUNIDAD

22. Conforme al artículo 60, párrafo primero de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General de la República(8) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

23. En este la norma cuya inconstitucionalidad se demanda se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas número 146, el seis de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo para promover el presente medio de control Constitucional corrió del siete de diciembre de dos mil veintitrés al cinco de enero de dos mil veinticuatro.

24. Los accionantes presentaron su demanda en la Oficina de Certificación y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, por lo tanto, resulta claro que se promovió de manera oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

25. La acción fue promovida por parte legitimada ya que los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(9) y 62, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria en la materia,(10) establecen que, tratándose de leyes expedidas por las legislaturas de las entidades federativas que se estimen contrarias a la Constitución Federal, al menos el equivalente al treinta y tres por ciento de las diputaciones integrantes del órgano legislativo correspondiente estará legitimado para promover una acción de inconstitucionalidad.

26. De conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas(11) el Congreso de dicha entidad federativa estará integrado por veintidós personas legisladoras según el principio de mayoría relativa y catorce por el principio de representación proporcional, es decir, treinta y seis en total.

27. En el caso, trece de las y los diputados suscribieron la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa,(12) lo que equivale al treinta y seis punto uno por ciento (36.1%) de la legislatura, por lo que las personas promoventes se encuentran legitimadas para hacerlo en términos de lo previsto en los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Federal y 62, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria en la materia.

28. Además, las diputaciones promoventes pretenden controvertir un decreto emitido por la propia legislatura estatal a la que pertenecen, a través de la cual se modificaron los diversos artículos de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y Ayuntamientos del Estado de Tamaulipas.

29. En atención a las consideraciones desarrolladas, la acción se promueve por parte legitimada, a través de personas con atribuciones de representación, de conformidad con la normativa aplicable.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

VI.1. Cambio de sentido normativo.

30. El Presidente de la Mesa Directiva de dicha legislatura, al rendir su informe sostuvo que las reformas a los artículos 9, 10 párrafos segundo y cuarto, 11 y 31 de la Ley para la Entrega—Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes Órganos y Ayuntamientos del Estado Tamaulipas, no implican un cambio en el sentido normativo, porque solo amplían los plazos de treinta a sesenta días para la designación del Comité de Enlace, así como el número de sus integrantes; de cuatro a ocho horas el tiempo en que el citado Comité desarrollara sus trabajos, así como el objeto de sus actividades de conocer de manera general, particular y específica los recursos y las responsabilidades que habrán de recibirse; y, de sesenta a noventa días el plazo para que los servidores públicos que concluyen su encargo tengan la obligación de proporcionar a los entrantes la información que requieran y las aclaraciones que soliciten.

31. Este motivo de improcedencia se desestima.

32. Este Tribunal Pleno ha sostenido que para que se pueda hablar de un nuevo acto legislativo, para efectos de su impugnación o sobreseimiento, deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos:

a. Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y,

b. Que la modificación normativa sea sustantiva o material.

33. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación.

34. El segundo, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo.

35. Con ello se pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa como por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos.

36. Lo anterior, se estableció en la jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.),(13) del título, subtítulo y texto siguientes:

“ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalida

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33662-151a7c92/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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