I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO 65-504, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25, NUMERAL 3, 26, NUMERAL 1, 29, NUMERAL 2, Y 33, NUMERAL 2, DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 66/2023. DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 66/2023, promovida por diversas Diputadas y Diputados Integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas, en contra del Decreto 65-504 publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se reforman los artículos 25, numeral 3, 26, numeral 1, 29 numeral 2, y 33, numeral 2, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si se actualiza o no un cambio de sistema normativo en la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el trece de febrero de dos mil veintitrés, diversas Diputadas y Diputados Integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de Tamaulipas promovieron demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 65-504 publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se reformaron los artículos 25, numeral 3, 26, numeral 1, 29, numeral 2, y 33, numeral 2, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, las Diputadas y Diputados expusieron los siguientes conceptos de invalidez:
a) PRIMERO. La norma impugnada viola los derechos humanos en materia política, al negar el acceso a cargos del servicio público en condiciones de libertad e igualdad ante la ley. Se discrimina por convicciones políticas y se aplica en forma retroactiva. Viola el principio de certeza electoral.
Las reformas a los artículos 29 y 33 de la Ley impugnada excluye e imposibilita acceder a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, al modificar las reglas de acceso a dicho cargo. Mientras que las reformas a la Ley Interna de marzo de dos mil veintidós permitían que fuera el Pleno del Congreso local quien eligiera, mediante voto secreto por cédula, la Presidencia, con la reforma impugnada se elimina tal decisión y la traslada al número de votos recibidos por partido político. De ahí que la única vía de acceso sea a través de la afiliación a cierto partido.
La reforma al artículo 33 de la Ley Interna resta valor al voto de las diputaciones, por conducto del Coordinador del Grupo Parlamentario en la Junta de Coordinación Política, lo que es violatorio del principio de igualdad. Esto, ya que se reconoce valor al voto del Coordinador, un factor externo al Congreso y al Derecho Parlamentario. Así mismo, el otorgar "voto de calidad" en caso de empate a la presidencia de la Junta de Coordinación Política es una injustificada excepción al principio de igualdad.
Por otro lado, se viola el principio de no retroactividad. La reforma de nueve de marzo de dos mil veintidós al artículo 29 de la Ley Interna, en la que se establecía la elección de la Presidencia de la JUCOPO por el voto del Pleno, estableció un derecho adquirido en favor de las diputaciones accionantes (de acceder a dicha Presidencia), el cual se ve privado por la reforma impugnada.
Se viola el principio de certeza electoral, en tanto la elección del seis de junio de dos mil veintiuno fue para elegir a las diputaciones del Estado, no así para elegir indirectamente a la Presidencia de la JUCOPO. Así, no resulta constitucional otorgarle al voto un sentido mayor al definido por la norma.
b) SEGUNDO. La norma viola los artículos 39, 40, 41, 49, 105, fracción II, 116 y 133 de la Constitución Federal, así como 22, 26 y 59, fracción III de la Constitución local, al supeditar la estructura del gobierno interno del Congreso local a un poder ajeno. En tanto traslada el método de selección de un cargo del Congreso, pasando de un elemento interno ("la voluntad del Pleno") a otro externo ("cierto resultado electoral"). Esto quita relevancia a la elección del Pleno del Congreso, desincentivando el diálogo y la negociación al interior de la JUCOPO, rompiendo los procedimientos de gobernabilidad multilateral (tesis P./J. 73/2001).
Esto, además, crea un sistema de inamovilidad de la Presidencia de la JUCOPO. Pues, si diversas diputaciones del Grupo Parlamentario de MORENA abandonaran el grupo, bastaría que conservara tres diputaciones para conservar el carácter de Grupo Parlamentario y, con ello, la Presidencia de la JUCOPO, lo que claramente transgrede el principio de mayorías como órgano colegiado de cualquier democracia.
Si bien el artículo 70 de la Constitución Federal (y 40 de la local) le da autonomía a los Congresos, ésta no puede pasar por encima de la Constitución, ni hacer nugatorio el diseño constitucional.
Por todo esto, se violan las garantías de la democracia representativa y deliberativa del sistema constitucional.
c) TERCERO. Se transgreden los artículos 14, 16, 116 y 133 de la Constitución Federal por violaciones graves al procedimiento legislativo. Esto, al no haberse conseguido el número mínimo de votos necesarios para la aprobación del Decreto impugnado.
De conformidad con una interpretación sistémica de los artículos 64 a 68 de la Constitución local, así como de los artículos 3 y 109 de la Ley Interna, existen diversos modelos de votación para la aprobación de un Decreto (calificada y simple).
Como se desprende de la versión estenográfica de la sesión de trece de enero de dos mil veintitrés, el Presidente de la Mesa Directiva inaplicó el artículo 3 de la Ley Interna (sobre el que está pendiente de resolverse la acción de inconstitucionalidad 101/2021) y tuvo por aprobada la reforma combatida con tan solo diecinueve votos a favor y once en contra. Sin embargo, se debió aprobar por una mayoría calificada de veinticuatro votos, de conformidad con los artículos 19, 21 y 22 de la Ley Interna. Esto, vulnera las garantías de legalidad, certeza y seguridad jurídica, contenidas en el artículo 16 de la Constitución Federal. Cita en su favor, sobre la relevancia de respetar a cabalidad las votaciones exigidas por el marco legal aplicable, las controversias constitucionales 38/2005, 110/2006 y la acción de inconstitucionalidad 124/2020.
La inaplicación por parte del Presidente de la Mesa Directiva es ilegal, pues se arroga facultades propias del poder judicial al interpretar antinomias que no existen.
Por otra parte, resulta ilegal la calificación de urgente y obvia resolución, en tanto no se trataba de un tema menor, sino de una reestructura del sistema parlamentario, y no medió argumento que permitiera a los integrantes del Congreso determinar si se trataba de un asunto de urgente y obvia resolución, así mismo, no se advertía ni se advierte a la fecha que la iniciativa respondiera a alguna situación de emergencia, problema grave o beneficio general a la sociedad, que fuera motivo suficiente para generar la excepcional dispensa de trámites. Cita las tesis P./J. 37/2009 y P./J. 33/2207.
La votación mayoritaria en la Diputación Permanente no convalida la falta de motivación y justificación en la dispensa.
Por otro lado, se aceptó la participación de un miembro de la Diputación Permanente miembro del Grupo Parlamentario de MORENA, en sustitución de uno del PAN. Lo que es contrario al artículo 53 de la Ley Interna, el cual establece que la sustitución de un miembro de la Diputación Permanente debe tener la misma filiación parlamentaria.
Para conseguir la dispensa de trámites se requiere de dos elementos: 1) que se trate de un caso que lo amerite y 2) la aprobación por mayoría calificada (artículos 93 y 148 de la Ley Interna). En la Diputación Permanente, se traduce en cinco de siete de sus integrantes.
Otra violación procesal consiste en que solo se tuvieron tres minutos para analizar la copia del decreto solicitada por una de las diputadas, lo que vacía de contenido al mandato de democracia deliberativa. Así mismo, se violan los artículos 79 y 97 de la Ley Interna, al no permitir conocer con la debida anticipación los proyectos de dictamen (al menos las veinticuatro horas previas al inicio de la sesión en que serán sujetas a discusión y aprobación).
3. Formación de expediente y turno. Por acuerdo de siete de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 66/2023, así como turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que instruyera el procedimiento correspondiente.
4. Por auto de cuatro de abril de dos mil veintitrés, la Ministra Instructora desechó parcialmente la demanda, por lo que hace a:
[...] la ilegal remoción de diversos servidores públicos nombrados por el Presidente de la Junta de Coordinación Política, el uso de los libros de registro y control de los sellos de la Junta de Coordinación Política, y todos aquellos actos administrativos por virtud del cual dicha persona dispone de los recursos financieros, humanos y materiales del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, así como los diversos acuerdos de la Junta de Coordinación Política, que se emitan sin consenso y por mayoría de voto ponderado en virtud de la ejecución de la vigencia del artículo 33 de la Ley impugnada.
5. Esto al considerar manifiesto e indudable que lo impugnado no reviste la categoría de norma general.
6. Por otro lado, respecto a las reformas a los artículos 25, numeral 3, 26, numeral 1, 29, numeral 2, y 33, numeral 2, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, admitió a trámite la demanda, previno a la actora para que enviaran copia fiel y exacta de la documental que acreditara el carácter de Nora Gudelia Hinojosa García, dio vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales para que rindieran el informe correspondiente y, por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su esfera competencial conviniera.
7. Desahogo de la prevención. Por escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés en la oficina de correos local, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el ocho de mayo siguiente, Félix Fernando García Aguilar, ostentándose como representante común de la parte actora, desahogó la prevención realizada a través de la exhibición de copia certificada de la versión estenográfica de la sesión pública ordinaria del Congreso local de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, sesión en la cual, la diputada Nora Gudelia Hinojosa García tomó protesta como tal. Cuestión que fue reconocida mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil veintitrés.
8. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. Por escrito recibido el doce de mayo de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Isidro Jesús Vargas Fernández, en su calidad de Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, rindió el informe correspondiente en el que expresó lo siguiente:
a) Es infundado e inoperante el primer concepto de invalidez. En tanto el decreto impugnado toma en cuenta el mandato ciudadano en las urnas y el derecho de la ciudadanía a participar en la dirección los asuntos públicos (artículo 23 de la CADH y Caso Yamata vs. Nicaragua) en el órgano de dirección política (JUCOPO), directamente o por medio de sus representantes legítimos. Esto persigue un fin constitucional de respeto a la voluntad democrática del pueblo y es proporcional en tanto, las normas impugnadas, reconocen adecuadamente la representación política de los diversos grupos parlamentarios, brindando mayor certeza a la ciudadanía que el modelo anterior, el cual permitía el "chapulineo". Así, no se restringen derechos políticos, si se tiene en cuenta que la ciudadanía mayoritaria decide en las urnas.
En todo caso, queda dentro de la libertad configurativa de las legislaturas locales prever las normas democráticas de elección de la presidencia de la JUCOPO.
Respecto de la irretroactividad, cita la tesis P./J. 90/2011 (9a.) que establece que los integrantes de un Congreso no pueden alegar la aplicación irretroactiva de sus leyes internas, en la acción de inconstitucionalidad, partiendo del supuesto de derechos adquiridos. Además, al no contar con una mayoría calificada, los promoventes contaban solo con una expectativa de derecho, no así un derecho adquirido.
El decreto impugnado garantiza en mejor medida el principio de certeza y seguridad jurídica, en tanto que una vez se tengan lo resultados definitivos de la elección legislativa se sabrá con exactitud quién ocupará la presidencia de la JUCOPO, no solo por contar con el respaldo de la mayoría ciudadana, sino también porque se atiende a los artículos 41 y 70 de la Constitución Federal y 40 de la local, respecto de que la ciudadanía media en la integración de la representación política y se permite la libre expresión de las corrientes ideológicas en la conformación de los grupos parlamentarios según la afiliación de partido de las diputaciones. Es esta aplicación abstracta, impersonal y general la que evidencia la inexistencia de una violación al principio de igualdad.
b) Carece de fundamento el segundo concepto de invalidez. Se garantiza una composición más adecuada de la JUCOPO:
I. Cada fracción parlamentaria, a través de su Coordinador, tendrá derecho a voz y voto. Antes de la reforma solo se tenía derecho al voto ponderado por los coordinadores de grupos con tres o más diputaciones. La reforma es más democrática, plural y garantiza la libre expresión.
II. El voto del Coordinador cuenta por sí mismo, aunado a un voto por cada integrante de su partido. Antes, los representantes de fracciones y representación de partido carecían de voto.
III. Se respeta la voluntad popular al reconocer que el partido con más votos presidirá la JUCOPO, a través de su Coordinador. Antes, al ser una decisión en el Pleno se propiciaba el "chapulineo" y otras prácticas nocivas.
Sobre la violación a la división de poderes resulta infundado, en tanto se trata de una alegación subjetiva, en tanto estamos frente a la Ley Interna del Congreso, la cual fue aprobada por el propio Congreso local y no por otro poder.
La base de la autoridad sobre quién debe presidir la JUCOPO es la voluntad ciudadana expresada en las urnas, por lo que no se sobredimensiona el voto, sino que se atiende al principio igualitario de éste.
El argumento de la inamovilidad del Presidente de a JUCOPO resulta infundado, en tanto puede cambiar con cada renovación de la legislatura, así como con la regulación del grupo parlamentario mayoritario.
No se viola el principio de democracia deliberativa al interior de la Junta, en tanto nada impide que se realicen los procesos de concertación política, al tener garantizada la libertad de expresión de cada corriente ideológica.
Respecto de la cláusula de gobernabilidad, nada tiene que ver con la norma impugnada, pues no se trata de garantizar una sobrerrepresentación que pudiera ser determinante en la integración del Congreso, sino solo para efectos de presidir la JUCOPO.
c) Son infundados e inatendibles los alegatos del tercer concepto de invalidez. No existen las violaciones al procedimiento legislativo alegadas. Se cumplieron todas las fases. Además, dada la temática de reforma a la Ley Interna, la cual es conocida por todas las diputaciones, permite una mayor flexibilidad al tener por cumplidas las fases del procedimiento legislativo sin excesivos formalismo o solemnidades procesales.
El argumento sobre no alcanzar el número de votos requeridos para aprobar la reforma es infundado, en tanto que:
I. La Ley Interna (artículo 111) da la opción de recoger la votación nominal de leyes conforme al sistema electrónico.
II. El Pleno fue convocado a sesión extraordinaria para discutir el dictamen del ahora Decreto impugnado, el cual fue leído, discutido y aprobado por diecinueve votos a favor y once en contra, siendo un total de treinta votos emitidos, pero habiéndose registrado treinta y cinco asistentes. Así, los cinco votos no expresados se deben sumar al de la mayoría que sí lo hicieron (artículo 115.4 de la Ley Interna), lo que da un total de veinticuatro votos a favor, es decir, una mayoría calificada.
III. El artículo 116 de la Constitución Federal dispone una reserva de fuente en las constituciones locales, en cuanto a la organización de los poderes locales, por lo que, ante una antinomia entre el artículo 3.3 de Ley Interna y el artículo 67 de la Constitución local, debe prevalecer la segunda. Así, las iniciativas adquieren el carácter de ley cuando se aprueban por mayoría de los presentes, no así por una mayoría de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso (mayoría que exige la Ley Interna para reformar, adicionar o derogar dicha Ley Interna). Por ello, la Mesa Directiva obró en forma correcta al inaplicar dicho artículo 3.3 de la Ley Interna y declaró aprobada la reforma por diecinueve votos a favor, pues solo era necesaria una mayoría simple, sin perjuicio de que los votos no emitidos se deban considerar a favor.
La inaplicación del artículo 3 de la Ley Interna fue correcta, en tanto se respeta el artículo 133 de la Constitución Federal, pues de éste se desprende que, todas las autoridades que realizan funciones materialmente jurisdiccionales o interpretativas, previo a la aplicación de una norma que pueda estar en contradicción con la Constitución Federal, debe arreglarse a lo establecido en ésta, pudiendo desaplicar las normas inferiores que la confronten. Máxime con la obligación contenida en el artículo 1o. constitucional. Todo lo anterior, en tanto el artículo 19.4, inciso c) de la Ley Interna le permite a la Mesa Directiva del Congreso llevar a cabo la interpretación de la Ley Interna y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera.
Por otro lado, son inatendibles los argumentos sobre la falta de acreditación de la urgente y obvia resolución, en tanto sí existió un dictamen elaborado por la Diputación Permanente previo a la sesión extraordinaria del Pleno del Congreso. Entonces, si hay dictamen de la Diputación Permanente, no hay dispensa de turno a comisiones, aun cuando se haya tenido por aprobada la dispensa solicitada, pues el proceso legislativo realizado en los recesos es distinto al de los periodos ordinarios.
Esto, en tanto el artículo 62, fracción IX de la Constitución local establece que la Diputación Permanente puede resolver sobre las solicitudes de carácter urgente que se le presenten, pero cuando exija la expedición de una Ley se concretará la Diputación a formular dictamen para dar cuenta a la Legislatura. Además, al haberse publicado de inmediato el día anterior al de la sesión extraordinaria, tanto iniciativa como dictamen, es patente que al iniciar la sesión ya se conocían sus contenidos.
De conformidad con el artículo 97, numeral 4 de la Ley Interna, aun si no se hubiera autorizado el dictamen veinticuatro horas antes del inicio de la sesión, el acuerdo de la JUCOPO subsana legalmente cualquier diferencia de temporalidad, no existiendo la aludida violación al procedimiento legislativo. El artículo 74, párrafos cuatro y cinco de la Ley Interna disponen que, al iniciar la sesión extraordinaria del Pleno convocada por la Diputación Permanente, se debe rendir un informe sobre el porqué de la convocatoria y si los asuntos fueron dictaminados por la Diputación, serán leídos y sometidos a discusión y votación.
Por otro lado, al no haberse interpuesto moción suspensiva alguna, es claro que se estuvo de acuerdo con que el trámite legislativo siguiera adelante. De ahí lo inatendible del argumento.
Por último, no hubo infracción al artículo 53 de la Ley Interna con la incorporación del diputado Juan Vital Román Martínez (MORENA) al suplir, con derecho de voz y voto en la Diputación, a la diputada Sandra Luz García Guajardo (PAN), pues el Diputado Félix Fernando García Aguilar, a su vez, suplió la ausencia de la Diputada Linda Mireya González Zúñiga. Por lo cual hubo dos integrantes suplentes de la diputación permanente cubriendo la ausencia de dos integrantes de dicho órgano, conforme al artículo 54, numeral 2 de la Ley Interna.
9. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Por escrito depositado el doce de mayo de dos mil veintitrés en la Oficina de Correos local y recibido el veinticinco siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Jorge Luis Beas Gámez, Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas,(1) rindió el informe requerido en los siguientes términos:
a) Es cierto el acto reclamado consistente en la publicación del Decreto impugnado. Sin embargo, conforme al artículo 40 de la Constitución Local, solo el Poder Legislativo es parte en la presente acción de inconstitucionalidad, ya que, al tratarse de la Ley Interna, no es necesaria la promulgación por parte del Poder Ejecutivo local.
10. Pedimento. En el presente caso no se realizó pedimento alguno.
11. Alegatos. Por sendos escritos recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el nueve y veintisiete de junio de dos mil veintitrés, la parte accionante y el Poder Legislativo local, respectivamente, formularon alegatos.
12. Por escrito presentado en la Oficina de Correos local el catorce de junio de dos mil veintitrés y recibido en la Oficina de Correspondencia y Certificación Judicial de este Alto Tribunal el veintisiete siguiente, Félix Fernando García Aguilar y Luis René Cantú Galván, en su carácter de representantes comunes, rindieron alegatos y ampliaron la demanda.
13. Acuerdo de ampliación. Por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la Ministra instructora Yasmín Esquivel Mossa tuvo por recibidos los escritos de referencia y por lo que hace a la ampliación de la demanda estimó no acordar de manera favorable la petición.
14. Cierre de la instrucción. El veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora consideró que el expediente estaba debidamente integrado y cerró la instrucción para que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
15. Avocamiento. Previo el dictamen de mérito, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.
16. Consecuente, con ello, el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la acción de inconstitucionalidad, así como que el expediente se remitiera a la Ministra ponente para el dictado del proyecto correspondiente.
I. COMPETENCIA
17. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso d) de la Constitución Federal,(2) 10, fracción I(3) y 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) en relación con los puntos Segundo, fracción II, a contrario sensu, y Tercero del Acuerdo General del Tribunal Pleno número 1/2023,(5) en tanto se planteó la posible contradicción entre una norma local y la Constitución Federal.
18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA
19. En términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción I,(6) relacionado con el diverso 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) procede fijar las normas generales objeto de la presente acción de inconstitucionalidad y la apreciación de las pruebas, para tener por demostrada su existencia.
20. Para tal efecto se debe fijar, de forma breve y precisa, las normas generales o actos objeto de la acción y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados, lo cual exige realizar una lectura íntegra de la demanda y armonizar los datos sobre los reclamos que se hagan valer, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, a fin de que la fijación de las normas o actos sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, atendiendo preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión.
21. Del escrito de demanda se advierte que la parte accionante señaló como normas impugnadas los artículos 25, numeral 3, 26, numeral 1, 29, numeral 2, y 33, numeral 2, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, contenidas en el Decreto 65-504 expedido en sesión pública extraordinaria de trece de enero de dos mil veintitrés y publicado en esa misma fecha en el Periódico Oficial del Estado.
22. En ejercicio del mandato precisado en el referido artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez analizada de manera íntegra el escrito de acción de inconstitucionalidad, concluye que es patente que los conceptos de invalidez están encaminados a cuestionar la validez del Decreto 65-504 publicado en el periódico Oficial del Estado el trece de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se reformaron los artículos 25, numeral 3, 26, numeral 1, 29, numeral 2, y 33, numeral 2, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
23. La existencia de estos preceptos legales se tiene por demostrada con la presentación de la copia certificada del ejemplar de la referida publicación oficial correspondiente a esa fecha.
24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.
III. CAUSA DE IMPROCEDENCIA
25. En este caso resulta innecesario pronunciarse sobre la oportunidad y la legitimación de las partes, pues independientemente de que la demanda estuviera en tiempo, o de que hubiese sido presentada por un ente legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad, se actualiza una causa de improcedencia. Ello es razón suficiente para que la Segunda Sala se encuentre impedida para emitir un pronunciamiento de fondo en esta acción de inconstitucionalidad.
26. En efecto, las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquéllas que este Alto Tribunal advierta de oficio, esto último, conforme con lo previsto en los artículos 19, último párrafo, en relación con el 65, ambos, de la Ley Reglamentaria.(8)
III.1 Cesación de Efectos por nuevo acto legislativo
27. En el caso, esta Segunda Sala advierte que los preceptos impugnados fueron reformados a través de los diversos Decretos 65-615 y 65-619 de seis y ocho de julio de dos mil veintitrés, respectivamente, publicados en el Diario Oficial del Estado en esas fechas.
28. Al respecto, el Tribunal Pleno ha sostenido que, para decretar el sobreseimiento por cesación de efectos ante la presencia de un nuevo acto legislativo, debe acreditarse tanto un criterio formal como uno material o sustantivo. Mientras el primero exige que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, el segundo, en cambio, se refiere a que la transformación haya desembocado en un verdadero cambio normativo que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de tal suerte que un nuevo acto legislativo implica necesariamente una modificación al sentido normativo de la disposición.(9)
29. En el caso, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(10) de aplicación supletoria en términos del artículo 1o., de la Ley Reglamentaria de la materia, constituye un hecho notorio que se invoca como tal, que en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, se publicaron los Decretos 65-615 y 65-619 el seis y ocho de julio de dos mil veintitrés, respectivamente, en los cuales se modificó el contenido de las normas impugnadas, como se advierte del siguiente cuadro:
Ver cuadro
30. Como fue detallado con anterioridad, la impugnación de los accionantes se dirigió al contenido de los artículos 25, numeral 3, 26, numeral 1, 29, numeral 2, y 33, numeral 2, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas en la versión reformada mediante el Decreto 65-504.
31. Respecto del artículo 29, numeral 2, esta Segunda Sala estima que en el caso se acreditan los criterios que exige el Tribunal Pleno para el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad. Por una parte, el criterio formal se acredita con la expedición del Decreto 65-615, pues éste es prueba suficiente para
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200918-921b6aed/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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